Víctor Álvarez R. / Pedagogía Económica y Electoral
En el maratón electoral de 2025 se
elegirán más de 3.300 cargos, a saber: 277 diputados a la Asamblea Nacional, 24
gobernadores, 270 legisladores regionales, 335 alcaldes y 2.470 concejales
municipales. Pero el cuestionado resultado de las Presidenciales del 28 de
julio anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas
abstencionistas que plantean que “en
Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que
“participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del
régimen”. Quienes llaman a la abstención argumentan que no pueden
participar con sus partidos intervenidos y sus
candidatos inhabilitados, presos o en el exilio.
Abstenerse es
mucho más que el simple hecho de no votar. Hay por lo menos diez razones para
participar en las próximas elecciones parlamentarias, regionales y municipales:
1.
Para
independizar las decisiones de participación política en las regiones de una
dirigencia centralista que solo le interesa la presidencia de la República.
2.
Para promover la emergencia de un nuevo liderazgo
regional y municipal del cual surgirá una nueva dirigencia política mejor
conectada con el sentir nacional.
3.
Para preservar la maquinaria electoral y fortalecer
la capacidad de organización y movilización ciudadana.
4.
Para capitalizar electoralmente el enorme descontento
nacional.
5. Para volverse a contar y demostrar una vez más con quien está la soberanía nacional ejercida a través del voto.
6.
Para no convertir en mayoría a la minoría
oficialista.
7.
Para recuperar espacios de resistencia y lucha
institucional.
8.
Para hacerle contrapeso al gobierno e impedir que
siga arrollando y pasando la aplanadora.
9.
Para recuperar la AN que es el foro donde se
designan los rectores del CNE y los magistrados del TSJ y así lograr un árbitro
electoral imparcial y un poder judicial independiente.
10.
Para reinstitucionalizar los poderes públicos,
restaurar la democracia y superar el largo conflicto político venezolano por la
vía electoral y pacífica.
Con el férreo
control político, económico, social, militar y territorial que ha logrado el
régimen, no hay vía rápida para restaurar
la democracia venezolana. Esto será posible cuando el país descontento y
políticamente organizado, acumule suficientes fuerzas para lograr la
reinstitucionalización de los poderes públicos y obligar al gobierno a sentarse
a negociar una solución electoral y pacífica del largo conflicto político
venezolano. Recuperar la alternabilidad en el poder será posible a través de un
sostenido proceso de acumulación de fuerzas. Las elecciones de 2025 ofrecen una
extraordinaria oportunidad para ganar la mayoría de los 3.300 cargos públicos
en disputa y convertirlos en espacios de resistencia y lucha institucional que
le pongan freno a la deriva autoritaria del gobierno.
El oficialismo ya anunció sus candidatos
a gobernadores, pero todavía el país descontento no sabe cuáles serán los
candidatos de la oposición. Después del shock paralizante de las Presidenciales
del 28-J, se sabía que el CNE convocaría de manera apresurada las elecciones
parlamentarias y regionales y así dejar fuera de juego a un sector de la
oposición que se enfocó en reclamar los resultados desglosados de las
Presidenciales del 28-J, pero no reaccionó ni se preparó con tiempo para
participar con candidaturas únicas y unitarias en las elecciones parlamentarias
y regionales que, tomando en cuenta el enorme rechazo a los candidatos
oficialistas, las puede ganar por paliza para demostrar una vez más con quien
está la soberanía nacional ejercida a través del voto.
La Asamblea
Nacional es el foro que designa a los rectores del CNE y a los magistrados del
TSJ, de cuya autonomía e imparcialidad depende la convocatoria a elecciones
competitivas, limpias y transparentes. Pero en las Parlamentarias de 2020, un
sector de la oposición se abstuvo y el otro se presentó divido, regalando al
oficialismo el control de la Asamblea Nacional en la que hace valer su mayoría
para imponer sus candidatos y controlar los demás poderes públicos. Abstenerse
otra vez es repetir el mismo error que condena a la oposición a competir, no
solo contra el ventajismo de los candidatos oficialistas, sino también con un
CNE parcializado y un TSJ funcional al gobierno.
La falta de
contrapesos institucionales fue una de las razones por las cuales en las
Presidenciales del 28-J el país descontento no pudo cobrar su victoria. Y sin
contrapesos institucionales para poner límites al control del gobierno sobre
los demás poderes públicos se deteriora aún más la democracia. Quienes detentan
el Poder Ejecutivo van controlando y subordinando los demás poderes públicos
hasta imponer una hegemonía institucional que es utilizada para intervenir
partidos políticos, inhabilitar candidatos opositores, utilizar los recursos
públicos en sus campañas, y desplegar el aparato represivo del Estado para
perseguir, amedrentar y anular a sus adversarios.
En 2025 también está planteado un
referendo popular para aprobar la reforma constitucional que impulsa el
gobierno. Conjurar esta amenaza exige ser más coherentes en la estrategia
electoral. No se puede participar en las presidenciales para luego llamar a la
abstención en las parlamentarias, regionales y municipales, desmantelando la
maquinaria electoral que fue creada y desmovilizando a los electores, para
luego llamar a votar en contra de la reforma constitucional, sin capacidad
organizativa para movilizar masivamente al electorado. Al desandar la ruta
electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección. Para
evitar una reforma constitucional que desemboque en la implantación de un
modelo político de Partido-Estado, hay que acumular fuerzas que le hagan
contrapeso al gobierno, y eso pasa por participar en las elecciones
parlamentarias, regionales y municipales que se celebrarán a lo largo de 2025.
Ciertamente,
las condiciones
electorales son cada vez más desventajosas, pero no anulan la inigualable
ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del
enorme rechazo a los candidatos oficialistas. Por eso al gobierno le conviene
mantener un CNE espanta votos que
lleve a la desmovilizadora conclusión de que “en Venezuela se vota, pero no se elige”. Para capitalizar
electoralmente el rechazo a los candidatos oficialistas, el país descontento
está llamado a participar con candidaturas únicas y unitarias, y evitar que la
abstención una vez más convierta en mayoría a la decadente minoría oficialista.
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