Por: Víctor Álvarez R.
El debate
sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales de los
exagerados subsidios a los servicios públicos de agua, electricidad, gas,
combustibles y peajes es un tema pendiente en Venezuela, cuya otrora abundante
renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo, y esto obliga a establecer
prioridades. Encarar con honestidad esta discusión demostrará el grado de
madurez de la sociedad y de responsabilidad del gobierno que no puede seguir
evadiendo las decisiones que hay que tomar con el argumento del costo político que
las mismas pueden generar.
Es hora de
analizar la conveniencia y viabilidad de reorientar o eliminar los subsidios
que no están beneficiando a los grupos más empobrecidos de la sociedad,
comenzando por el subsidio a la gasolina y peajes, así como a la electricidad,
agua y gas en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo. Sobre
todo si tomamos en cuenta que el exorbitante monto de recursos que absorben estos
subsidios pudieran ser reorientados a atender las urgentes necesidades de
educación, salud, vivienda y seguridad.
Subsidios antipopulares
Los subsidios
como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las
familias, son un instrumento de la política social y requieren una
administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la
desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no
beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los
necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. Sobre todo si se tiene en cuenta
que el susidio a los combustibles y servicios públicos favorece más a los
sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por
lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso.
Por eso, muchos
de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda vez que
estimulan el contrabando de extracción hacia países vecinos que disfrutan de
los bajos precios de los combustibles y alimentos que no se consiguen en el
mercado nacional. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios
exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados
están arrojando. Así por ejemplo, en lugar de mantener un escandaloso subsidio
a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y subsidiar la
modernización y ampliación del transporte público con un porcentaje del monto
que se recaude. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para
subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado
el diesel para ese tipo de transporte.
La cultura rentista
Los subsidios
se mantienen como una forma de distribuir la renta petrolera en beneficio de la
sociedad que se considera dueña de dichos recursos. Lo que en esencia es una
actitud paternalista del Estado, suele ser presentada como una conquista de las
luchas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos
subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas
condiciones de escasez cuestan mucho, incrementan la inequidad y pueden ser
empleados de mejor manera. Por lo tanto, deben eliminarse o reorientarse, con
la condición básica de que cualquier decisión que al respecto se tome no genere
un solo pobre más.
En Venezuela,
los subsidios son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de
ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. En adelante, para que
sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben
aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos: i) aunque siempre será más
difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio
origen; ii) para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el
subsidio debe estar focalizado y
canalizado directamente a las personas que realmente los necesitan; iii) ante
el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes restricciones
presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias
sobre la gestión fiscal.
La reforma fiscal
A diferencia
de los años de la política neoliberal cuando se recurrió a sucesivas alzas en
los precios de los servicios públicos y combustibles para lograr el equilibrio
fiscal y no tener que gravar con nuevos impuestos a la inversión nacional y
extranjera, en la actualidad la corrección del déficit fiscal pasa por evolucionar
de la cultura rentista que espera que todo lo pague el petróleo, hacia una
verdadera cultura tributaria que exprese la corresponsabilidad ciudadana en el
financiamiento de los servicios públicos.
Para evitar el
impacto inflacionario de devaluar nuevamente el bolívar con fines de
recaudación fiscal, un asunto pendiente se refiere a la reforma tributaria. Hay
que comenzar por perfeccionar los mecanismos de recaudación, para luego transformar
los impuestos indirectos y regresivos como el IVA, en impuestos directos y progresivos
como el impuesto a la renta, al lujo, a los activos empresariales y a las
grandes herencias.
Además de aumentar los impuestos de los
contribuyentes, el gobierno también está emplazado a racionalizar el gasto
público para corregir el déficit fiscal. Esto pasa por lograr una certera focalización
de los subsidios y así poder lograr más y mejores resultados en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social.
