viernes, 30 de mayo de 2014

Propuesta 7 a la CEP: Reformar la LOCTI


Víctor Álvarez R.
En la nueva fase de la Ofensiva Económica, el Presidente Nicolás Maduro ha planteado reactivar la producción para aumentar el abastecimiento y estabilizar los precios, los llamados objetivos PAP. Hasta ahora, las medidas para lograrlo giran en torno a agilizar la entrega de divisas y ofrecer nuevas fuentes de financiamiento. Pero una producción de calidad y bajos precios requiere, adicionalmente, incentivos para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas, a fin de incrementar la productividad y reducir de forma drástica los costos. El acceso oportuno a los recursos que requieren las empresas para mejorar los productos y procesos tecnológicos, pasa por reformar la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).
Balance de la Locti
Uno de los propósitos de la Locti fue generar recursos de las empresas para  financiar sus propios proyectos de investigación e innovación y así generar un conocimiento útil que les ayudara a mejorar su calidad, productividad y competitividad. De esta forma se liberarían recursos públicos para ser reorientados al financiamiento de los proyectos de universidades y centros de investigación.
Cuando se aprobó la Locti, las empresas podían escoger entre invertir su aporte puertas adentro, financiar proyectos de universidades o entregarlo al Mcti. A pesar de que la ley identificaba más de diez formas de vinculación universidad-empresa, el 95% de los aportes se quedó en las compañías, no pocas veces para pagar la fiesta de navidad de la empresa, argumentando que habían sido invertidos en la organización de un evento sobre nuevas tecnologías. Solo el 4% se destinó a financiar proyectos con universidades y apenas 1% fue depositado en el Ministerio.
Para evitar el desvío de recursos, con la reforma de 2010 todos los aportes empresariales se centralizaron en el Fonacit. Sin embargo, la producción científica y tecnológica -medida a través de los indicadores tradicionales de proyectos de investigación, artículos publicados en revistas indexadas, eventos científicos y patentes registradas-, no aumentó en la misma proporción de los fondos Locti. Por el contrario, en muchos casos se redujo. Solo el número de investigadores y tecnólogos se incrementó, aunque paradójicamente la caída en los demás indicadores se atribuye a los bajos salarios, realidad que obliga a muchos investigadores a renunciar para buscar trabajos mejor remunerados.
El logro de los objetivos PAP requiere una reforma de la Locti que facilite la inversión empresarial en el fortalecimiento de su productividad, calidad y competitividad. De esta forma, el insuficiente número de laboratorios universitarios se complementaría haciendo de cada empresa un centro de investigación e innovación. Adicionalmente se crearía una infraestructura de uso común para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo, el cual remuneraría con mejores sueldos y beneficios a los profesionales con nivel de maestría y doctorado que se dedican a la investigación, pero que de acuerdo a las tablas oficiales apenas reciben 1,2 salarios mínimos.
Empresa: locus de la innovación
Los aportes Locti de las empresas no pueden ser catalogados por sí mismos como una inversión. Si así fuera, el monto de 2 % del PIB que se recauda nos ubicaría a nivel de Japón y Alemania, pero está claro que no hemos alcanzado el grado de desarrollo científico ni mucho menos económico de esos países. El ritmo innovador no depende simplemente de la escala de los aportes a la Locti sino del modo en que dichos recursos son invertidos, dirigidos y aprovechados. Semejante volumen de recursos no puede ser absorbido únicamente por las universidades. Y la debilidad del sistema nacional de innovación conduce a malgastar muchos recursos debido a la insistencia en modelos ya superados que aún sostienen que las tecnologías se desarrollan en las universidades y luego son transferidas a las empresas.
De allí la necesidad de activar nuevos espacios para realizar proyectos de investigación e innovación cada vez más pertinentes con la problemática real del aparato productivo. Es aquí donde la empresa pública y privada está llamada a abrirse como locus de una actividad científica y tecnológica que sustente una abundante producción de calidad y precios solidarios. En los aportes que las empresas hacen a la Locti están los fondos necesarios para mejorar sus  productos y procesos. Con estos recursos se financiaría la incorporación del talento humano en la planta física de las propias empresas, las cuales pasarían a ser el epicentro de una actividad de innovación conectada con las necesidades reales de la producción de bienes y servicios. Así, cada empresa se convertiría en un centro de investigación y, adicionalmente, se invertirían fondos en la creación de una infraestructura de laboratorios y centros de servicios tecnológicos de uso común para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo nacional.
Repensar vinculación universidad-empresa                                                  
Tomando en cuenta que los fondos Locti son aportes empresariales, estos deben invertirse en el desarrollo de una actividad de investigación e innovación cada vez más vinculada a las necesidades del aparato productivo nacional. Esto implica repensar la vinculación universidad-empresa para asumir la actividad productiva como eje dinámico que guía los procesos de generación, transferencia, difusión y uso de conocimientos científicos y tecnológicos.
Ahora bien, la mejora incremental y radical de los productos, procesos productivos y sistemas de organización de la producción, distribución y comercialización requiere relanzar el compromiso de la empresa con el buen uso de sus aportes Locti. Asimismo, se necesita una reforma de la ley a fin de permitir la inversión directa de los aportes que hacen las empresas en el fortalecimiento de su productividad. Esta reforma contribuiría a generar una abundante producción a buenos precios de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer holgadamente las necesidades básicas y esenciales de toda la población.  @victoralvarezr
 

 

 

viernes, 16 de mayo de 2014

¡No me suban más el sueldo pero paren la inflación!


Por: Víctor Álvarez R.

Desde que entró en vigencia la Reconversión Monetaria la inflación acumulada alcanza el 448,3%. Esto significa que aquel bolívar fuerte hoy equivale a solo 0,1823 céntimos. La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo de las personas y es una de las causas de la actual desaceleración que sufre la economía venezolana. El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Mientras que el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción y, para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio de venta. Los trabajadores en cambio tienen que esperar cada 1° de mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.    
El empeño por trasladar a los precios cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. Al caer la demanda, la racionalidad capitalista -en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo-, lo que hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeoran aún más la situación. El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios.
Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades básicas y no básicas satisfechas. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión.
El resultado de la pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el saldo neto del intercambio entre aumento de salarios por inflación. En dependencia de cuál sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso. Como la inflación promedio anual sigue siendo superior al aumento de sueldos, quien resulta ganando es el capital. Una inflación mayor que el incremento salarial es uno de los factores que explica la distribución regresiva del ingreso que se observa en la economía venezolana. Cuando los precios suben, los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa toda la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del factor capital.
Mientras la inflación suba por el ascensor y los salarios lo hagan por la escalera, seguirá ganando el capital. Si esa es la jugada, yo prefiero que no me suban más el sueldo pero que paren la inflación.

Noruega: país petrolero que ya disfruta lo que aspira lograr el socialismo del SXXI


Por: Víctor Álvarez R.

El socialismo del siglo XXI no se podrá construir con las armas melladas del socialismo del siglo XX. Nostalgiamos con lo que pudo haber sido la URSS o el bloque de países socialistas europeos, buscamos inspiración en el socialismo de mercado chino, sin darnos cuenta que en Europa hay realidades más parecidas a la venezolana. Allá está el caso de Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa y pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más desarrollada e igualitaria del mundo. La explicación: el papel  del petróleo para financiar la inversión social y productiva y, sobre todo, el ahorro de un porcentaje de la renta para atender las necesidades futuras. Analizar la experiencia de un país petrolero como Noruega puede ser muy útil de cara al reto que tiene la Revolución Bolivariana de construir un nuevo modelo productivo que, al reservar al Estado la soberanía sobre los recursos naturales, minimice el extractivismo depredador a medida que la inversión social y productiva de la renta impulse el desarrollo de una pujante economía social y solidaria.

Con el fin de  financiar a largo plazo su Estado de bienestar, Noruega deposita en el Banco Noruego de Inversiones casi toda la renta petrolera que recauda a través de impuestos al sector petrolero, regalías por yacimientos y dividendos por su participación mayoritaria en Statoil, la petrolera noruega. Maneja más de 800 mil millones de dólares, una suma que duplica la economía venezolana.

A comienzos de los 70, Noruega construyó un gran acuerdo nacional y estableció una regla que limita a 4% -el equivalente al rendimiento esperado del Fondo- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, el cual se nutre fundamentalmente del ingreso fiscal no petrolero. Gracias a esta decisión, Noruega logró los niveles más altos del mundo en calidad de vida e igualdad de oportunidades para su población. El mercado laboral está casi siempre en los niveles de pleno empleo y la educación es pública y gratuita. La ciudadanía tiene garantizado el derecho a la salud, lo que ha elevado la esperanza de vida al nacer a 81 años. No hay pobreza ni exclusión social. Con la mirada puesta en el largo plazo, Noruega creó en 1990 el Fondo Global de Pensiones para contrarrestar la merma futura de ingresos, aislar la volatilidad del precio del petróleo y garantizar el pago de las jubilaciones futuras.

Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, en términos absolutos representa una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para financiar el gasto del gobierno.

Mientras la mayoría de los países de la Unión Europea no terminan de superar la brutal crisis que los sacude desde hace cinco años, el reto de Noruega radica en utilizar su millardario Fondo sin perjudicar la economía, tal como ocurre en las economías rentistas donde la sobrevaluación de la moneda implanta una perniciosa tendencia a importar todo lo que se debiera estar generando con el esfuerzo productivo interno.
Esta realidad sugiere que Noruega disfruta ya de los logros que el socialismo del siglo XXI se plantea alcanzar. Una experiencia digna de observar.

Propuesta 6 a la CEP: Un Pacto Antiinflacionario


Por: Víctor Alvarez R.

En su programa En contacto con Maduro, el Presidente de la República planteó que "debemos tener una economía sana, tanto en lo productivo como en los precios: esa es la mayor garantía de estabilidad social del país". Desde que entró en vigencia la Reconversión Monetaria la inflación acumulada alcanza el 448,3%. Esto significa que el bolívar de hoy equivale a solo 0,1823 céntimos del bolívar fuerte que comenzó a circular en enero de 2008. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre llegó a 10,1%. En la Comisión Económica para la Paz (CEP) se pudieran echar las bases para un Pacto Antiinflacionario como expresión de la corresponsabilidad que los sectores público y privado están dispuestos a asumir para derrotar este terrible flagelo que está empobreciendo y arruinado al país. La inflación no solo devora el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también se revierte contra la lógica empresarial de aumentar las ventas para mejorar su rentabilidad.

Hacia un Pacto Antiinflacionario

Derrotar la inflación pasa por reconocer la corresponsabilidad que tienen los sectores público y privado en el desquicie de los precios. La empresa privada tiene que entender que si los aumentos de sueldos son trasladados inmediatamente y en una mayor proporción al precio de venta, esto termina revirtiéndose contra la propia lógica empresarial de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo de las personas y es una de las causas de la actual desaceleración que sufre la economía venezolana. El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades satisfechas. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios.
A su vez, el gobierno tiene que entender que el financiamiento del BCV a Pdvsa y otras empresas públicas deficitarias ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria. Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV se convierte en una práctica reiterada, podríamos caer en una perversa expansión de la oferta monetaria con nefastas consecuencias, toda vez que se agravaría el actual desequilibrio entre la liquidez monetaria y la oferta de bienes y servicios. Esto deteriora el poder de compra de la moneda, lo cual se expresa en una permanente inflación que es imposible de vencer con controles de precios. Así, un gobierno que se ha declarado socialista, paradójicamente estaría atizando la inflación y facilitando un proceso de redistribución regresiva del ingreso que perjudica abiertamente a los trabajadores que viven de un ingreso fijo.
El Art. 318 de la CRBV establece que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”. A su vez, el Art. 320 señala que “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.
La ilusión monetaria
Por su parte, los sindicatos deben comprender que no tienen sentido aumentos de salarios que se vuelven sal y agua con la inflación. Aunque monetariamente se gane más, realmente se puede comprar menos. Una inflación mayor que el incremento salarial es uno de los factores que explica la redistribución regresiva del ingreso. Cuando los precios suben, los salarios no lo hacen de inmediato. Los trabajadores tienen que esperar cada 1° de Mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso por los factores que manipulan los precios. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa toda la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del factor capital. En esas circunstancias es preferible que no suban los sueldos pero que paren la inflación.
Indexar aumentos a la productividad
El incremento de los salarios en Venezuela se ha sustentado en la distribución de la renta petrolera. Como parte del Pacto Antiinflacionario, el incremento salarial debería ir en correspondencia con el aumento de la productividad que, en el caso de la economía venezolana, está muy por debajo del promedio de América Latina. Superar este rezago requiere la incorporación de los trabajadores en las deliberaciones de la CEP para que aseguren su justa participación en la distribución de los beneficios que se deriven de la transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

viernes, 2 de mayo de 2014

Propuesta 5 a la CEP: Unificar múltiples tasas de cambio en una sola tasa flotante entre bandas


Por. Víctor Álvarez R.

La existencia de varios tipos de cambio es un incentivo perverso para comprar dólares baratos y luego venderlos caros. Largas e interminables colas se hacen en las agencias de Conviasa para viajar al extranjero y gastar el cupo de la TDC, el cual será pagado luego con la reventa al cambio paralelo de los $ 500 en efectivo y de los retiros en cajeros automáticos del país visitado.

Un régimen con múltiples tasas de cambio alienta la especulación de quienes tienen acceso al dólar preferencial y luego fijan el PVP con base en un dólar más caro. Esta práctica ha reaparecido toda vez que el propio gobierno ha anunciado que continuará la migración de rubros de Cencoex a Sicad I. Ante la incertidumbre de no saber a cuál tasa de cambio se hará la reposición de inventarios, los agentes económicos se anticipan y -aunque hayan recibido divisas a 6.30 Bs/$-, calculan el PVP con base en Sicad I, II o dólar paralelo.

La sobrefacturación de importaciones y la invención de deudas nunca contraídas son otra manera de echarle mano a los dólares preferenciales. Algunos exportadores han planteado que se les autorice a vender todo su ingreso en divisas en el Sicad II, lo cual sería otro negocio propio de la cultura rentista, basado en tramitar dólares baratos en Cencoex para adquirir partes y piezas que serán luego ensambladas y exportadas, o alimentos y bebidas al granel que son empaquetados y envasados para ser vendidos en los países vecinos, y cuyo ingreso en divisas sería vendido ocho veces más caro a la tasa del Sicad II. A los exportadores se les debería autorizar a vender en el Sicad II únicamente el equivalente al valor agregado que generen. Las divisas obtenidas a través de Cencoex o Sicad I deben ser reintegradas al mismo precio al que las compraron.

Sin precios justos ni Sundde

La labor que pueda realizar la Sundde para fijar precios justos para consumidores y productores quedará prácticamente anulada cada vez que se deslice un rubro de Cencoex a Sicad I. Se perderá todo el trabajo de análisis de la estructura de costos realizado para calcular un precio justo, y la Superintendencia seguramente colapsará al tener que hacer innumerables revisiones de los costos para actualizar los precios.

Mientras coexistan tantas tasas de cambio se mantendrán los incentivos a la especulación cambiaria y la corrupción. Solo a través de la unificación cambiaria se erradicarán las perversas prácticas de tramitar dólares de Cencoex para fijar el PVP con base en un dólar más caro; sobrefacturar importaciones para obtener más divisas que las mercancías que realmente ingresan al país; inventar deudas para capturar dólares preferenciales; y, eliminar a los traficantes de cupos de TDC y compras por internet que no dejan de inventar nuevas y asombrosas modalidades para defraudar a la Nación.

Unificar la tasa de cambio

La solución no está en eliminar el control de cambios sino en abandonar el anclaje cambiario y los múltiples tipos de cambio, en función de fijar una sola tasa de cambio fluctuante, pero controlada entre dos bandas bajo el estricto seguimiento del BCV. Con el fin de sustituir por producción nacional el enorme volumen de importaciones que actualmente se realiza con una tasa de cambio sobrevaluada y barata, esta nueva tasa de cambio deberá expresar la verdadera productividad de la agricultura e industria, así como respaldar la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras a fin de generar nuevas fuentes de ingresos en divisas.

El uso de la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria está totalmente agotado. Así lo demuestra el 56,2 % de inflación del año 2013 y el 10,1% acumulado en el primer trimestre de 2014. En adelante, la política cambiaria deberá priorizar la transformación estructural de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador. Es hora de entender que el principal castigo al esfuerzo productivo nacional lo impone la sobrevaluación de la tasa de cambio, toda vez que esta se traduce en un subsidio a las importaciones que se hacen con un dólar barato, con lo cual se frena y desplaza la producción agrícola e industrial.

Flotación libre con bandas

A través de un sistema de flotación libre con bandas será factible armonizar el objetivo de estabilizar los precios con los objetivos de estimular la actividad productiva nacional, respaldar las exportaciones no petroleras, promover el turismo internacional, estimular la inversión extranjera y repatriar los capitales de origen venezolano que se encuentran depositados en la banca internacional. Así se podrá evolucionar de una política cambiaria que estimula una demanda voraz de la renta petrolera, hacia una nueva política que estimule una creciente oferta de divisas no petroleras.
Cuando el incremento en la oferta total de divisas abarate el dólar y amenace con romper la banda inferior, para evitar que se perjudiquen las exportaciones no petroleras, la inversión extranjera y el turismo internacional, el BCV intervendrá comprando el exceso de divisas. Pero ante una eventual escasez de divisas, para evitar que el ascenso de la tasa de cambio amenace con perforar la banda superior, encarecer el componente importado y dar al traste con la estabilización de los precios, el BCV intervendría para inyectar el monto de divisas  que haga falta y así mantener bajo control el impacto en los costos de la fluctuación de la tasa de cambio.