sábado, 25 de noviembre de 2023
martes, 21 de noviembre de 2023
Pacto de Convivencia: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano
Víctor Álvarez R. /
@victoralvarezr
Director del Proyecto
Pedagogía Económica y Electoral
La
clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores
condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El
oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si
esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su
gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al
poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando
político.
El
chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con
convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno
de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria
y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a
riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se
convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos
que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así
convertir en mayoría su precario apoyo electoral.
Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es
necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Sin no
cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros
dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su
derrota electoral se convierta en una tragedia. Por lo tanto, la clave para
convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el
poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los
presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite
las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna,
incluyendo a
los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y
condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el
reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra
Venezuela y haber invocado una
intervención externa a través del TIAR.
Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios pero no
suficientes y tienen que ser complementados con un Acuerdo de Convivencia
Pacífica que contribuya a des-radicalizar el discurso de la polarización y
violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral. A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del
conflicto venezolano que permita la
alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional
e internacional favorable a un Pacto de
Convivencia Pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de
todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y
persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego
sea difícil de controlar y detener
Un
Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición
política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios
macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una
industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de
los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico,
telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social
en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están
colapsados. En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está
llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y
drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y
conflictividad que puede hacer ingobernable al país.
Un
Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad
post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y
abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar
gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del Presidente de la
República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el
chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que
obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario
acometer para que el país salga de la crisis.
Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política,
de la cohabitación y cooperación entre los poderes públicos, para asegurar el
respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional,
estadal y municipal. Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un
candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que
coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así
como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control
del chavismo.
Un
Pacto de Convivencia Pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la
Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está
subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional
sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación
política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los
mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para
que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en
el mando político.
Un Pacto de
Convivencia Pacífica pasa por
una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el
candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad
parlamentaria por delitos políticos durante un
período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos
de salida -sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel- para que el
chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten
la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.
Venezuela
necesita un Pacto de Convivencia Pacífica como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el
esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas,
la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro
de la Nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del
crecimiento económico y del bienestar social.
Te
invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de
Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/079dx
¿Cuál es el impacto geopolítico de flexibilizar las sanciones?
Por: Víctor Álvarez R.
Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
A raíz del endurecimiento de las sanciones económicas de EEUU, la relación entre Venezuela y Rusia pasó de la esfera comercial a la dimensión energética, militar y geopolítica. Lejos de quedar aislados, los países sancionados por EEUU se juntan y estrechan sus lazos de cooperación y colaboración para contrarrestar el efecto negativo de las sanciones. Esto genera efectos geopolíticos que no fueron calculados por los sancionadores estadounidenses y europeos.
Los vínculos comerciales
y militares entre Rusia y Venezuela se acentuaron a raíz del veto impuesto por EEUU a la venta de
repuestos para la flota de aviones F-16, y del bloqueo a la venta de lanchas de
vigilancia costera por parte de España por incluir dispositivos hechos en EEUU.
Al perder estos proveedores, Venezuela buscó sustitutos y compró 24 aviones
caza rusos modelo Su-30Mk2 Sukhoi para sustituir a los F-16; también compró 100.000
fusiles Ak-103 Kalashnikov, sistemas antimisiles S-300, 50 helicópteros, tanques
de guerra y anunció la instalación de una fábrica de fusiles rusos en Venezuela.
Lo que empezó como una relación comercial para la adquisición de equipo
militar, a la larga se transformó en una relación geopolítica. El acercamiento
del gobierno ruso a países en la zona de influencia de EEUU se interpreta como
la respuesta geopolítica del Kremlin en respuesta al ingreso a la OTAN de países
vecinos que tienen frontera con Rusia, lo cual consideran una amenaza. En el
marco del conflicto Rusia-Ucrania, el Kremlin le subió el volumen a su desafío
a
Occidente al no descartar un despliegue militar ruso en Venezuela si aumentan
las tensiones con EEUU. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov,
declaró que no podía confirmar ni
excluir la posibilidad de que Rusia estableciera una infraestructura militar en
Cuba y Venezuela.
Rusia y
Venezuela han ejecutado maniobras militares navales a una distancia de 20-50
millas de las costas venezolanas. En la operación combinada Ven-Rus participaron
buques rusos junto a fragatas venezolanas. En diciembre de 2021, la
Asamblea Nacional aprobó la Ley
Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el uso del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos.
Las
implicaciones geopolíticas de esta relación comercial-militar se amplían con la
creciente presencia rusa en la actividad petrolera y gasífera en Venezuela, que
tradicionalmente han tenido como destino los mercados estadounidenses y europeos.
Venezuela y Rusia firmaron convenios para la certificación de reservas en la
Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) con miras a la explotación de petróleo por
parte de empresas rusas como Gazprom, Rosneft y Lukoil que han participado en proyectos
de gas y en la exploración y explotación de crudos en la plataforma submarina
del Delta del Orinoco y en la FPO. Rusia
ha aumentado su participación en la exploración de petróleo en la FPO a través
de empresas mixtas como: Boquerón, Petroperijá y Petromonagas.
Guerras en Europa y Medio Oriente renuevan interés de EEUU por Venezuela
miércoles, 15 de noviembre de 2023
viernes, 10 de noviembre de 2023
En la aritmética oficialista EEUU pierde más que Venezuela si la Casa Blanca decide reactivar las sanciones
Víctor Álvarez R.
Con la
prolongación de la guerra en Ucrania y el escalamiento del conflicto bélico en
el Medio Oriente, se acentúa la presión al alza en los precios del petróleo,
cuestión que ha obligado a EEUU a recalcular las sanciones petroleras contra Venezuela.
De cara a las Presidenciales de 2024 en EEUU, la Administración Biden necesita evitar
el costo electoral que puede generar el alza en los precios de los combustibles
y la energía. Como el petróleo venezolano puede contribuir a este objetivo, la
OFAC flexibiliza las sanciones y abre nuevamente el mercado estadounidense a
los crudos de Pdvsa.
Pero la
Administración Biden no solo se plantea
conjurar la amenaza de un shock de precios de los combustibles y la energía en EEUU
que pueda poner en peligro su reelección,
también se propone reorientar los crudos venezolanos hacia occidente, alejar
a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir
la influencia rusa en Venezuela, que ya no es solo comercial sino también militar
y geopolítica. De hecho, en la licencia de la OFAC Rusia queda por fuera:
“Esta
licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y
cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con
entidades de la Federación Rusa”.
Con la
flexibilización de las sanciones, Pdvsa recibirá mayores ingresos por la misma
cantidad de petróleo y esto alejará al gobierno venezolano de los auxilios
comerciales y financieros rusos. Recordemos que los crudos venezolanos se
venden con ruinosos descuentos en los mercados asiáticos y, sin sanciones, pueden
ser colocados a precios de mercado en EEUU. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios
actuales, esto generará $ 4 mil millones adicionales para alimentar el mercado
cambiario, estabilizar el dólar, bajar la inflación e importar bienes y
servicios esenciales para reimpulsar la economía en pleno año electoral.
Los
acuerdos directos entre EEUU y Venezuela representan un acto de pragmatismo
entre dos gobiernos que necesitan entenderse. Pero como la posibilidad real de lograrlo
iba más allá del poder de decisión de los negociadores de la oposición -que no
tienen atribuciones para decidir sobre sanciones, desbloqueo de fondos, ni acceso
a los mercados petroleros internacionales-, la Casa Blanca decidió gestionar
directamente con Miraflores el alcance de los acuerdos petroleros.
En un acto de hiperrealismo político, dos gobiernos
antagónicos encontraron puntos de interés común y lograron una serie de
acuerdos con efectos económicos y geopolíticos que no se pueden poner en
peligro por la diatriba política. Para bajarle el volumen al escándalo desatado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) de suspender los efectos de la Primaria presidencial, la
propia María Corina Machado (MCM) -ahora líder y candidata de la Plataforma
Unitaria-, se encargó de silenciar el escándalo al declarar: “el Tribunal puede decir lo que le la gana,
pero el hecho fáctico está allí y es irreversible, de modo que no creo que se
ha violado el Acuerdo de Barbados, el régimen está presionando y tensando la
liga pero al Acuerdo aún no se ha roto”.
Los acuerdos petroleros están guiados por objetivos de interés común entre Washington y Caracas. Al reabrir el mercado estadounidense al petróleo venezolano, queda alineado el interés de la Casa Blanca de asegurar un suministro estable de petróleo, con el interés de Miraflores de vender ese petróleo sin los ruinosos descuentos que tiene que conceder en los mercados asiáticos. Al menos tres impactos se derivan de este acuerdo:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)