Tenemos que construir un gran acuerdo nacional

5 pasos para renegociar la deuda de Venezuela

ENTREVISTA / Víctor Álvarez en Panorama: “El flujo de divisas ya no alcanza para pagar la deuda”

Expertos urgen a aplicar reformas económicas radicales para frenar la inflación

Especialistas buscan crear programa para reactivar la economía del país (PARTE 2/2)

Especialistas buscan crear programa para reactivar la economía del país 1/2

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Víctor Álvarez: No son necesarias las cifras del BCV para conocer la hiperinflación

Entrevista en el periódico La Razón: “PDVSA está mal. Lo mejor es declarar un default preventivo y acordado con los acreedores”

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Entrevista en GMT RADIO con Carlos Román Chalbaud

Por qué el gobierno no toma las medidas que son de sentido común y amplio consenso?

Entrevista 28 de septiembre periódico TAL CUAL “Este no es un modelo económico sino de expoliación”

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 Entrevista 28 de septiembre periódico TAL CUAL “Este no es un modelo económico sino de expoliación”

¿Cuáles serían las consecuencias de las sanciones contra el gobierno?

El presidente de EE.UU. amenazó conque: "Si el régimen de Maduro impone la Asamblea Constituyente, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas (…) y no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona". Si se instala la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ésta comienza por disolver la Asamblea Nacional (AN) e intervenir la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de Donald Trump seguramente cumplirá su amenaza y escalará las sanciones en contra de altos funcionarios del Estado venezolano, de la economía nacional y del sistema financiero público. Estas sanciones las aplicará gradualmente, comenzará con castigos individuales, luego prohibirá las transacciones comerciales y financieras y, finalmente, suspenderá la compra de petróleo venezolano.

De hecho, un día después que el gobierno de Maduro celebró la elección de la cuestionada ANC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) designó (léase sancionó) al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, argumentó que "Las elecciones ilegítimas confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano".

Días antes, trece altos funcionarios venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. En esa ocasión se trató de miembros actuales o ex funcionarios del gobierno, los cuales fueron clasificados en tres categorías:

·         Por debilitar la democracia y los derechos humanos: Tibisay Lucena, Elías Jaua, Tarek William Saab e Iris Varela.

·         Responsables de violencia y represión: Néstor Reverol, Carlos Pérez Ampueda, Sergio José Rivero, Jesús Suarez Chourio y Franklin García Duque.

·         Por corrupción: Rocco Albisinni, Alejandro Fleming, Simón Zerpa y Carlos Malpica Flores

Ya en mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había congelado los activos en territorio estadounidense de ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al acusarlos de ser responsables de una serie de sentencias que usurparon la autoridad de la AN, razón por la cual se le prohibió a los ciudadanos estadounidenses participar en cualquier negocio o transacción financiera con ellos.

En consecuencia, todos los activos ubicados en la jurisdicción de los EE.UU. pertenecientes a los funcionarios sancionados quedan congelados y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Vale saber que cada vez que la OFAC ejecuta estas sanciones, la lista de personas sancionadas es distribuida a todos los bancos e instituciones financieras que tienen operaciones en Estados Unidos, y si se descubre que éstas mantienen algún tipo de relación con las personas o activos designados podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en EE.UU.  

Consecuencias de las sanciones

Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela. El comercio bilateral totalizó $ 22.9 millardos en 2016. EE.UU. exportó a Venezuela $ 11.2 millardos e importó $ 11.7 millardos. Las ventas de EE.UU se concentraron en combustibles ($1.7 millardos), maquinarias ($ 868 millones), químicos ($ 312 millones) y maquinaria eléctrica ($ 289 millones). Las importaciones de alimentos desde EE.UU. giran en torno a los $ 750 millones e incluyen  maíz ($ 394 millones), soya ($132 millones), trigo ($ 98 millones), arroz ($ 84 millones) y aceite de soya ($ 41 millones). En 2016, las inversiones directas de EE.UU. en Venezuela fueron de $ 9.1 millardos, 20% menos en comparación con 2014. Las inversiones de Venezuela en EE.UU. totalizaron $ 4.2 millardos, concentradas en Pdvsa.

Estas sanciones se traducen en limitaciones a firmas estadounidenses como Chevron, Halliburton, Weatherford, etc. a la hora de hacer negocios con PDVSA, cuestión que afectará la extracción de crudos y la recuperación de la compañía. La sanción puede incluir la prohibición para vender gasolina y los diluyentes que Pdvsa necesita para mejorar los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Pdvsa compra a proveedores de EE.UU. 200.000 barriles por día de diluyentes para mezclarlos y mejorar el crudo pesado venezolano.

También el gobierno de Trump podría prohibir las exportaciones de crudo venezolano a los EE.UU. que están entre 700-800 mil bpd, equivalente al 49% de los barriles que generan liquidez. EE.UU. es prácticamente el único cliente que le paga en efectivo a Pdvsa, por lo que esta sanción provocaría que Venezuela deje de recibir el 75% de sus petrodólares. En tales circunstancias, es previsible que se agrave la escasez de divisas y se desquicie aún más el dólar paralelo.

EE.UU. tiene planificado reducir sus reservas estratégicas de 680 millones de barriles a 500 millones, por lo que la suspensión de las compras a Pdvsa le permitiría reducir 125 millones de barriles. Si EE.UU. deja de comprar la cuota petrolera venezolana, no hay cliente en el mercado internacional que pueda absorber inmediatamente esa cantidad de crudo. Conseguir un nuevo mercado para el petróleo pesado es muy difícil,  toda vez que se trata de crudos con alto nivel sulfúrico que solo procesan refinerías especiales. La suspensión de la compra de petróleo sería un golpe de gracia en el flujo de caja de Pdvsa que colapsaría sus operaciones logísticas, comerciales y financieras.

Al perder el 75% de su caja, la empresa no podría honrar sus pagos de deuda externa, sobre todo en octubre/noviembre cuando tiene vencimientos de capital. El 49,9% de Citgo está comprometido por la deuda con Rosfnet y esta garantía  sería ejecutada. El otro 51 % es la garantía que se ofreció a los acreedores que participaron en el canje del bono 2017 por el bono 2020.

Incluso, el flujo de caja quedaría en peligro, toda vez que los acreedores tratarán de bloquear el despacho de petróleo y exigirlo como pago de su deuda. Si Pdvsa cae en default, los acreedores embargarían los tanqueros de Pdvsa, las cuentas de la compañía en el sistema financiero internacional y las facturas por cobrar a los compradores del petróleo venezolano.

Al gobierno se le agota el margen de maniobra

Con esta presión, el gobierno de los EE.UU. y la comunidad internacional buscarán que la ANC se auto-disuelva para llamar a un Gobierno de Transición. Las sanciones agravarán la crisis humanitaria y acelerarán el deterioro de la precaria base de apoyo social que le queda al gobierno. Aun cuando las sanciones económicas y comerciales sean utilizadas como una excusa del gobierno para atizar su retórica antiimperialista y acusar de traidores a la patria a quienes no se cuadren con Maduro en su enfrentamiento con Trump, lo cierto es que la escasez de alimentos y medicinas viene de mucho antes.

Si la ANC se instala y comienza a sesionar, la Oposición mantendrá las protestas en la calle, la dirigencia será desbordada por la insurrección popular, el caos y la anarquía cundirán por todo el territorio nacional y esto desembocará en un golpe militar. Pero si el gobierno se sienta a negociar, tendrá que acordar la coexistencia de la ANC con la AN, liberar los presos políticos, activar el canal humanitario y anunciar un cronograma electoral.

En este escenario, la MUD se divide toda vez que AD, PJ, UNT y AP deciden participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Estallan escándalos que revelan el financiamiento ilegal a dirigentes de la Oposición y se filtra información sobre los contratos y dádivas que han recibido del Gobierno. Para silenciar el escándalo, los factores de la Oposición involucrados colaboran con el Gobierno, cuestión que acentúa el resquebrajamiento interno de la MUD. El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha la división y, aunque en las elecciones regionales la correlación de fuerzas cambia a favor de la Oposición, el oficialismo evita ser barrido y logra preservar buena parte de las gobernaciones y alcaldías como plataforma para su sobrevivencia y reconstrucción.

Sin lugar a dudas, las sanciones comerciales provocarían una caída en la extracción y exportación de petróleo, cuestión que afectaría las exportaciones venezolanas, colapsaría el ingreso en divisas y llevaría a Pdvsa a caer en un default de su deuda externa. Sin una renegociación pactada de la deuda externa, Venezuela caerá en un default desordenado y caótico. La economía venezolana se hundirá en una recesión mucho más profunda y se desataría una escalada inflacionaria que empobrecería aún más a la población.

La superación de la crisis política solo será posible si se aíslan los factores extremistas del Oficialismo y la Oposición que apuestan a exterminar a su rival. El reencuentro y la reconciliación nacional solo será posible si los factores en pugna deciden cooperar y complementarse para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social. Una vez estabilizado el país, se convocarían elecciones generales para que el nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.

¿Por qué se desquicia el dólar paralelo?

El dólar paralelo se calcula con base en los bolívares que hay que entregar por la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar en Cúcuta. El alza del paralelo se debe a un explosivo coctel que mezcla la escasez de alimentos y medicinas, el desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria, las pésimas expectativas sobre la inflación y el reciente éxodo de venezolanos que cruzan la frontera con bolívares y se apresuran a cambiarlos por pesos para comprar lo necesario para sobrevivir. Esta combinación pulveriza el valor del bolívar, razón por la cual cada vez se necesita una mayor cantidad de la moneda nacional para comprar los pesos que luego se cambian por un dólar en Cúcuta.  

Las subastas del Dicom no han servido para frenar el paralelo. Las bandas se fijan arbitrariamente por debajo del precio que iguala la oferta y la demanda y esto estimula una mayor demanda que, al quedar insatisfecha, sube el precio del paralelo. Al asignar el mayor porcentaje del menguado ingreso petrolero a la tasa Dipro, en lugar de venderlo todo a la tasa Dicom, quedan muy pocas divisas para alimentar las subastas. Así, la demanda sobrepasa a la oferta y tiende a elevar el precio de equilibrio. Y al rezagarse la tasa Dicom en comparación con el paralelo, las subastas no terminan de incentivar la oferta privada, la cual se siente más atraída por el precio que paga el manipulado y poco transparente mercado paralelo.

La coexistencia de varios precios de la divisa estimula la especulación cambiaria. Mientras coexistan Dipro, Dicom y el paralelo, se mantendrán los incentivos perversos para la especulación cambiaria. Al no unificar el régimen de cambios múltiples, el Dicom no será un régimen de subasta clásico, con creciente oferta del sector privado, sino una limitada venta de petrodivisas con un tipo de cambio que no se podrá mantener y tenderá a depreciarse de manera continua.

La tasa paralela no es una cotización real porque no expresa la productividad y competitividad de la economía. Su desquicie es la consecuencia inevitable del abandono de la política cambiaria y monetaria. EL BCV no ha utilizado la tasa interés para drenar el exceso de circulante que se dirige a la compra de dólares. El mal manejo del encaje legal y de las tasas de interés que el BCV fija a los bancos, también ha contribuido al comportamiento errático del paralelo. El desbordamiento de los agregados monetarios atiza las bruscas oscilaciones del paralelo. La base monetaria ha aumentado entre julio 2016 y julio 2017 de 5 billones a 22 billones de bolívares, fundamentalmente para financiar el déficit de Pdvsa y el Gobierno.

De hecho, en los días previos a la elección de la ANC, Pdvsa pagó con bolívares deudas en dólares que tenía con contratistas y proveedores. Para proteger su poder de compra, estos corrieron al mercado paralelo a convertir semejante masa de bolívares en divisas. Por supuesto, la tasa de cambio no oficial estalló y trepó hasta 18.982,93 Bs/$, para caer en los días siguientes en torno a los 10.000 Bs/$ y volver a subir hasta los 16.256 Bs/$ a los que se cotiza al momento de escribir este artículo. Estas bruscas oscilaciones revelan claramente la naturaleza especulativa del dólar paralelo. Quienes vendieron cara la restringida ofertada de divisas, luego tumban el precio para comprar barato lo que luego vuelven a vender caro.

Son muy pocos los agentes económicos que ofertan divisas en el paralelo, mientras sigue siendo desmesurada la cantidad de bolívares que se le inyecta a la economía. Así, en cuestión de días los especuladores cambiarios acumulan millardarias ganancias al precio de desquiciar la formación de precios y la dinámica de los mercados. El desequilibrio entre oferta y demanda de dólares dispara el paralelo a niveles tales que ningún comerciante está en capacidad de ajustar los precios a la velocidad con la que se mueve el dólar paralelo, que es la tasa de cambio a la que reponen los inventarios y calculan los precios de venta. Y si lo hiciera, los precios serían tan exorbitantes que liquidaría su mercado y se quedaría sin clientela, que es justamente lo que viene ocurriendo.

Esta volatilidad del dólar paralelo se prolongará mientras no se despeje la incertidumbre económica, política y social. La emisión de dinero creció más de 300 %, mientras que el PIB continúa en una prolongada contracción. Y mucha plata detrás de pocos bienes agrava la inflación, razón por la cual las personas y empresas corren a protegerse en el dólar paralelo. Las tensiones políticas se agudizan, las presiones internacionales a raíz de la elección de la ANC se multiplican y hasta comienzan a sonar amenazas de intervención extranjera, incluyendo la militar. El empobrecimiento generalizado y la posibilidad de un estallido social contribuyen a este ambiente de incertidumbre que atiza la migración de miles de venezolanos que venden en sus casas, vehículos y demás activos en dólares, y quien los compra tiene que comprarlos en el mercado paralelo, lo cual representa una permanente presión al alza del precio no oficial de la divisa.

Por si fuera poco, la amenaza de un embargo a las compras de petróleo, la escasez de divisas y el riesgo de caer en un default, crean incertidumbre y temor en las empresas y agentes económicos que necesitan divisas para operar. Al acercarse los pagos de la deuda, las subastas del Dicom tienen los días contados. Las posibilidades de adquirir divisas a un tercio de lo que cobra el paralelo, sencillamente desaparecerán. El gobierno priorizará los pagos de la deuda externa y recortará la oferta de petrodólares en las subastas. Es previsible, entonces, que estas subastas apenas duren un par de meses más, y esta demanda se trasladará nuevamente al mercado no oficial, presionando así nuevas alzas del dólar paralelo

Venezuela necesita un Gobierno de Coalición

La amenaza de Washington de suspender la compra de 700 mil barriles diarios de petróleo y la cercanía de los próximos pagos de la deuda externa se conjugan para presionar al gobierno a replantear el diálogo político con miras a suspender o disolver la ANC y así poder conjurar el inminente colapso que se le avecina. La pérdida del mercado estadounidense aceleraría la implosión del gobierno al no contar con los $ 5 millardos que necesita para pagar los vencimientos de deuda externa previstos para el último trimestre del año. Si esto sucede, los acreedores demandarían a Pdvsa cuyos tanqueros y cuentas en el exterior serían embargados, cuestión que afectaría las operaciones de la compañía y haría más difícil la obtención de financiamiento externo, incluso en países como China, Rusia e Irán.

¿Qué pasa si Maduro suspende la ANC?

La ANC no le dará a Nicolás Maduro ningún poder adicional al que ya tiene como Presidente de la República. Todo lo contrario. Al ser un supra poder, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC, la cual no solo terminará de desalojar a la AN del Hemiciclo, sino que también destituirá a la FGR, terminará de encarcelar a los magistrados del TSJ recientemente electos, así como a los dirigentes de la Oposición que han liderado las protestas. Y hasta el propio Nicolás Maduro quedaría desplazado por la todopoderosa ANC, toda vez que quien la presida será, de hecho, el nuevo Presidente de la República.

Ante la amenaza de una ANC dominada por su archirrival interno, que aún no se repone de no haber sido el escogido como sucesor del Comandante Supremo, Maduro puede en el último minuto suspender la elección de los constituyentes. Su esperanza de vida como Presidente de la República es mayor si cancela la ANC con el argumento de lograr el reencuentro, la reconciliación y la paz nacional. Si bien ello se traduciría en una clara derrota política frente a sus adversarios de la Oposición, abortaría la intriga interna de quienes pretenden desplazarlo del poder a través del control de la ANC.

El sectarismo y el fanatismo

Lo peor para un país es estar liderado por una dirigencia política fanática, incapaz de darse cuenta del destino trágico al que están llevando a Venezuela, por culpa de su ceguera y tozudez. El sectarismo y el fanatismo han enfermado a buena parte de la dirigencia política del país que sufre de graves distorsiones cognitivas y los convierten en personas delirantes, incapaces de reflexionar para deponer actitudes intransigentes, que impiden que el país encuentre solución a la crisis.

Tal es la gravedad de la distorsión cognitiva que proponen una constituyente democrática pero la convocan sin consultar a la soberanía popular a través del voto universal, libre, directo y secreto. Presentan la ANC como un mecanismo para el diálogo y la paz, pero sentencian que meterán en prisión a los líderes de la oposición, la Fiscal de la República y los nuevos magistrados electos por la AN. Convocan una constituyente para la paz y simultáneamente lanzan la amenaza de defender con las armas lo que no logren con los votos. Aseguran que con la ANC derrotarán la guerra económica para reactivar la producción de alimentos, pero amenazan que no entregarán la bolsa Clap a los que no voten el 30 de julio. Reprimen brutalmente las protestas sin reparar en el inconmensurable costo de vidas humanas y daños materiales, que es lo que final y tardíamente lleva a los pueblos a tomar consciencia de que por mucho tiempo estuvieron siguiendo a sectarios y fanáticos, y no a verdaderos líderes.

Para aferrarse al poder, el oficialismo operó como una secta articulada capaz de colonizar los espacios de poder e instituciones que eventualmente pudiera perder. Así fue como creó una alcaldía paralela cuando perdió la Alcaldía Mayor, creó gobernaciones paralelas cada vez que perdía una elección, y vació de funciones a la AN a la cual ahora pretende terminar de lapidar con la convocatoria a una ANC fraudulenta.

Para someter los poderes públicos a la arbitrariedad de sus designios, el gobierno, colonizó el CNE, el TSJ, la CGR y la DP con ex diputados, ex ministros, ex gobernadores y fichas del PSUV, sin ninguna trayectoria de independencia e imparcialidad. Ubicó en esas instituciones públicas a operadores de la secta, capaces de guardar obediencia absoluta a la voluntad del jefe, donde cualquier crítica es considerada como un acto de indisciplina, insubordinación y traición.

Así, la secta  fue degenerando en una especie de mafia a la que se puede entrar, pero de la que no se puede salir. Quien lo hace es considerado un traidor que suele ser perseguido, calumniado y hasta encarcelado. Por eso, la secta termina conformada por fanáticos con los cuales no se puede dialogar, negociar ni mucho menos llegar a acuerdos.

Definitivamente, el fanatismo es una enfermedad cuyas consecuencias no las sufre quien la padece, sino la sociedad entera que paga el alto costo de la crisis política, económica y social. El fanatismo político se expresa en un pensamiento rígido que no es capaz de recapacitar, a pesar de que la realidad le diga todo lo contrario de lo que afirma y profesa. Fanfarronean con una épica de hazañas y heroicidades, hablan de estar dispuestos a hacer los más grandes sacrificios por la patria y el pueblo, pero llevan una vida ostentosa, muy alejada del padecer y sufrir de las grandes mayorías. Por eso, los fanáticos no tienen autoridad moral y no pueden ser líderes de ningún proceso de cambio y transformación.

Un Gobierno de Coalición

Para detener la degeneración dictatorial del régimen hay que comprender y aprovechar las divisiones internas del oficialismo. Las fuerzas democráticas van mucho más allá de la MUD e incluyen a los factores del chavismo crítico y a los despolarizados. El bloqueo estadounidense al petróleo venezolano y la inminencia de una intervención militar, le permitiría al Gobierno recuperar el apoyo del chavismo crítico. Si la nomenklatura oficialista cierra filas con la cúpula de la FANB, recuperar la dinámica electoral y democrática en Venezuela llevará mucho más tiempo. Por lo tanto, de cara a propiciar un clima de entendimiento nacional que abra paso a nuevas alianzas, no se trata simplemente de dividir al adversario sino de saber unirse con estos factores que también defienden la Constitución de 1999.

El Gobierno solo cederá espacios de poder si un sector importante dentro del chavismo y FANB plantea con firmeza la necesidad de un Gobierno de Coalición para evitar que se agrave la espiral de violencia, con su estela de odio y venganza que luego será muy difícil de contener. Este cruento escenario ahogaría en sangre al país. Evitar este desenlace exige que el Oficialismo y la Oposición se abran a la posibilidad de formar un Gobierno de Coalición para salvar la paz.

Las sanciones de Washington a funcionarios del gobierno venezolano y el consiguiente riesgo de extradición atemorizan a la nomenklatura oficialista. Ésta solo cederá espacios de poder si se les garantiza que no se desate una cacería de brujas en su contra. Se miran en el espejo de Nicolás Ceausesco y de Muamar Gadafi y les aterra pensar que puedan ser víctimas de los linchamientos criminales que suelen cometer quienes se toman la justicia por su propia mano.

De allí que el planteamiento de un Gobierno de Coalición vendrá acompañado de la exigencia de garantías mínimas por parte de los actuales gobernantes. No es fácil esta concesión, sobre todo cuando sobre las principales figuras del régimen pesan acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, lavado de dinero, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Pero mientras se recupera la autonomía de los poderes públicos y se fortalece el marco legal e institucional del país, esta tregua será necesaria para detener la espiral de violencia y alejar al país de la amenaza de una guerra civil.

Para el gobierno ya no hay más tiempo, se agotó su margen de maniobra. Esto abre vías para la construcción de un acuerdo básico entre los moderados del PSUV y de la MUD, sobre todo cuando ninguna de estas fuerzas cuenta con el liderazgo para controlar la protesta social que se ha desbordado y no responde ya a los lineamientos de la dirigencia política. Un llamado unilateral a enfriar la calle está asociado a un alto riesgo político que no quieren pagar nuevamente quienes ya fueron burlados en la primera convocatoria del diálogo.

El llamado a un Gobierno de Coalición permitirá crear una amplia coalición entre factores moderados del oficialismo, la oposición, el chavismo crítico y los despolarizados para que lideren juntos el reencuentro y la reconciliación nacional. Con este propósito, los moderados han venido dialogando sin hacer mucho ruido ni desatar férreas resistencias en los extremistas que consideran el diálogo como una traición. Pero solo el cumplimiento del gobierno con la agenda que quedó pendiente podrá darle credibilidad a una nueva etapa del proceso de diálogo.

Un pacto de gobernabilidad para la reconciliación nacional requiere grandeza humana, elevación espiritual y capacidad de perdón. Para que el país se reencuentre y reconcilie, los interlocutores de ambos lados tienen que ser otros muy distintos a los que se odian y no pueden verse ni en pintura. Un esfuerzo semejante, llamado a conjurar la amenaza de una guerra civil, no puede ser liderado por tramposos y resentidos, gobernados por el odio y afán de venganza. Esta es la clave para impulsar un Gobierno de Coalición en el que las fuerzas en pugna, en lugar de apostar a exterminarse, más bien se complementen para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social, de tal forma que un nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.  

Entrevista en Criterios con Germán Ferrer 25.06.17

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Lo que puede desencadenar una Constituyente anticonstitucional

Cada vez es más amplia y variada la gama de voces del oficialismo, titulares de los poderes públicos, ex constituyentes y diputados que se desmarcan del Gobierno a raíz de la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin consultar al pueblo.

Las voces críticas se multiplican ante el anuncio de unas bases comiciales en las que tampoco se contempla someter a consideración del soberano la Carta Magna que sustituirá a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual fue aprobada por referendo popular en 1999.

Por si fuera poco, los términos de la representación territorial anunciados -al imponer un constituyente por municipio, en lugar de uno por cada cierto número de habitantes o electores-, atenta contra la representación proporcional del pueblo en la ANC. Al establecer un diputado por municipio sin tomar en cuenta el número de habitantes, se sobreestima la representación de los municipios con baja densidad poblacional y se subestima la representación ciudadana en los municipios con mayor número de habitantes.

Los partidos de la MUD que han denunciado como fraudulenta y anticonstitucional esta convocatoria, se estarían desdiciendo si finalmente postulan candidatos a la ANC. Para los militantes y activistas más radicales que no quieren abandonar la calle hasta que se convoquen unas elecciones generales, participar en la ANC significaría hacerle el juego al Gobierno interesado en ganar tiempo y en terminar de fracturar la coalición opositora. Los factores moderados de la Oposición plantean que -de abstenerse a participar en la ANC-, se estaría repitiendo el mismo error que se cometió en las Parlamentarias de 2005, cuando la abstención de la Oposición le entregó el control total y absoluto de la Asamblea Nacional (AN) al Gobierno.

Los desenlaces de una Constituyente anticonstitucional se modifican en dependencia de las tendencias radicales o moderadas que finalmente se impongan. Analicemos algunos de los escenarios más probables:

Escenario 1: Se imponen los radicales

Los radicales no están solo en el Gobierno que intenta imponer una ANC hecha a su medida. También se encuentran en la MUD que -a pesar de la abrumadora mayoría que las encuestas le atribuyen-, calcula que podría perder este respaldo si decide postular candidatos a una ANC que ha denunciado como fraudulenta y anticonstitucional. El ala radical no está dispuesta a enfriar la calle y correr el riesgo de recibir una nueva y lapidaria condena por parte de sus seguidores.

Sobre los radicales del Gobierno recae la responsabilidad de la crisis política nacional: crearon corporaciones paralelas a las gobernaciones y alcaldías que perdieron, abortaron el referendo revocatorio, pospusieron las elecciones regionales, manipularon el diálogo político, inhabilitan a gobernadores y alcaldes de la MUD y, para ganar tiempo y dividir a la Oposición, ahora convocan una cuestionada ANC que ha caldeado aún más los ánimos.

Los radicales del oficialismo se aferran al poder, no solo por una ambición desmesurada y desmedida, sino por el terror a las consecuencias que generaría perderlo. Tienen la certeza de que al día siguiente de entregar los mandos serán enjuiciados y extraditados por los delitos de los que son y serán acusados. Están convencidos de que para ellos la única opción es la cárcel y consideran cualquier posición conciliatoria como una traición.

En este escenario, debido a la abstención de los radicales de la Oposición, los radicales del Gobierno controlan la ANC y aprueban otra Constitución sin someterla a referendo y la Oposición intensifica la movilización en la calle denunciando un fraude constitucional. Posibles consecuencias:

En lo político:

-Si la MUD se abstiene de participar entregaría al Oficialismo el control absoluto de la ANC, la cual se encargaría de transformar la estructura del Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar otra Constitución que respondan al proyecto político del Gobierno.

-Se constitucionaliza el Estado Comunal que sustituye la división política-administrativa de gobernaciones y alcaldías.

-Se sustituyen las elecciones de gobernadores y alcaldes a través del voto universal, directo y secreto, por elecciones de Consejos Comunales y Comunas.

-Los delegados de las Comunas y Consejos Comunales participan en elecciones de segundo grado para elegir el Parlamento Comunal que sustituye a la Asamblea Nacional.

-El TSJ, CNE, FGR, CGR y DF son recolonizados y quedan subordinados al Gobierno.

-La nueva Constitución es aprobada única y exclusivamente por los miembros de la ANC, sin ser sometida a referendo popular.

-La ingobernabilidad del país se agrava debido al rechazo a una Constituyente que se considera fraudulenta.

En lo económico:

-Para evitar el llamado a huelga empresarial, el Gobierno amenaza con tomar las empresas paradas.

-Acentúa el uso de los controles de cambio y de precios como instrumentos de dominación política para quebrar la resistencia empresarial.

-Manipula la administración de las licencias de importación, exoneraciones de impuestos, contratos gubernamentales, etc. para premiar a los incondicionales, comprar a los vacilantes y castigar a sus adversarios.

-El nuevo marco constitucional y jurídico le permite al gobierno superar las trabas para concretar la creación de las empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

-El PIB agrícola e industrial sufre otra severa contracción y se agravan los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación.

-La producción de petróleo sigue declinando y los precios  de los crudos no logran recuperarse.

-Las reservas internacionales bajan a niveles sin precedentes, el Gobierno se queda sin suficientes divisas y, a pesar de su voluntad de pagar la deuda externa, finalmente cae en un default y al país se le cierran las puertas del financiamiento internacional.

-En el momento más severo de este escenario, los acreedores embargan las cuentas, tanqueros y demás activos de Pdvsa en el exterior, y ejecutan las garantías que fueron entregadas por Citgo.

En lo social:

-La profunda contracción del PIB destruye puestos de trabajo y se agrava la problemática del desempleo y el creciente sector informal.

-Se deterioran los indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar y empobrecimiento generalizado de la población.

-El Gobierno utiliza la distribución de alimentos a través de las bolsas Clap como un instrumento de control y dominación social.

-Se recrudece la conflictividad social, se criminaliza la protesta, se multiplican los juicios de civiles en tribunales militares, la persecución a dirigentes sociales, periodistas, y el control y censura a medios de comunicación y redes sociales.

-Los radicales imponen el miedo y el terror a través del despliegue de los colectivos armados que sirven de fachada a los militares que no quieren reprimir directamente para evitar ser acusados de delitos de lesa humanidad.

Escenario 2: Se imponen los moderados

Las tendencias moderadas del Oficialismo y la Oposición retoman la negociación y acuerdan participar en la ANC siempre y cuando el nuevo texto se someta a referendo popular. El proceso de diálogo y negociación trasciende a los actores políticos e incorpora a organizaciones de trabajadores, empresarios y movimientos sociales mucho más dispuestos a aceptar las concesiones necesarias para superar la crisis y avanzar hacia el reencuentro y la reconciliación nacional, sin impunidad.

A medida que las tensiones y fracturas internas del oficialismo se profundizan, se abren vías para construir nuevas alianzas en función de impulsar una agenda de interés nacional. Los dirigentes y funcionarios del oficialismo que no temen ser acusados por hechos de corrupción, narcotráfico o delitos de lesa humanidad, son los más propensos a dialogar y negociar con los factores moderados de una Oposición que incluye pero va más allá de la MUD. Las tendencias moderadas del Oficialismo asumen que el único costo que tendrían que pagar es perder el poder y luego activar políticamente desde la oposición.

A medida que los grupos moderados del Oficialismo y la Oposición complementen sus capacidades y recursos, podrán construir una nueva correlación de fuerzas que aísle a los factores más radicales y extremistas. Un catalizador de este escenario podría ser la ruptura de al menos tres diputados del GPP/PSUV, quienes asumirían una posición independiente para crear una nueva mayoría calificada de 2/3 en la AN. En este nuevo contexto, la Oposición moderada decide participar en la ANC con el fin de lograr una correlación de fuerzas equilibrada que evite el control total y absoluto del Gobierno. Las posibles consecuencias de un escenario donde se imponen las tendencias moderadas serían las siguientes:

En lo político:

-Reimpulso del proceso de diálogo entre los sectores despolarizados y moderados del Oficialismo y la Oposición.

-La ANC coexiste con la AN, a la cual se le restituyen y respetan sus atribuciones y funciones constitucionales.

-Renovación del TSJ, CNE y BCV para superar el conflicto de poderes y poner fin a la crisis institucional.

-Se liberan los presos políticos y rehabilitan a los gobernadores y alcaldes que  fueron sancionados y destituidos.

-Se convocan elecciones de gobernadores y alcaldes para diciembre 2017.

-Se dejan las elecciones presidenciales para diciembre de 2018.

-Se elimina el referendo revocatorio y la reelección indefinida.

-Se recorta el período presidencial a 4 años con una sola e inmediata reelección.

En lo económico:

-Unificación cambiaria para erradicar los incentivos perversos a la especulación y la corrupción.

-Eliminación del control de precios como instrumentos de dominación política sobre el sector empresarial.

-Se sincera el precio de la gasolina para erradicar el contrabando de extracción y aliviar las finanzas de Pdvsa.

-Se impulsa un programa básico de estabilización económica.

-Se acuerda una agenda legislativa para estimular la inversión.

-Comienza la recuperación del PIB.

-Se acuerda con los acreedores un default preventivo para comenzar un proceso ordenado de reestructuración de la deuda externa.

En lo social:

-La recuperación de la actividad económica ayuda a superar los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que azotan a la población.

-Se comienzan a generar nuevos empleos con la consiguiente reducción del sector informal.

-Se sustituyen los subsidios indirectos a los productos por subsidios directos a los hogares en condición de pobreza.

-Se eliminación las bolsas clap como instrumento de control social y fuente de corrupción.

-Se dinamizan los canales de distribución y comercialización de alimentos y medicinas.

-Se acuerda mantener las misiones sociales y mejorar su eficiencia.

Escenario 3: Se imponen los militares

La crisis económica y social empeora. Las protestas continúan. En las redes sociales queda registrada la violencia con la que se reprime el descontento popular. Los militares acusan cansancio, decepción, culpa y remordimiento. Se sienten malditos por Bolívar, traidores al Legado de Chávez y temen ser enjuiciados por violación de los derechos humanos y condenados a largas penas de cárcel por haber cometido delitos de lesa humanidad.

Se multiplican las voces de militares institucionalistas que se niegan a reprimir a los manifestantes que inundan las calles, calculan los costos penales y no están dispuestos a pagarlos por sostener a un gobierno que no goza del respaldo popular. No quieren guardar silencio cómplice ante la represión desatada por las bandas armadas y se pronuncian por salvar la honra y dignidad de sus instituciones. 

En este escenario, se multiplican las voces nacionales e internacionales que piden a la FANB asumir una posición institucionalista frente al empobrecimiento de la población que ha generado una ola de violencia que no puede ser contenida. Los oficiales se miran en el espejo de los militares chilenos y argentinos a quienes -luego de consolidada la democracia-, les reabrieron juicios y a muy avanzada edad terminaron en la cárcel. El Gobierno se tambalea y apenas logra mantenerse por la represión de los colectivos violentos. Las posibles consecuencias de un escenario donde se imponen los militares institucionalistas pudieran ser las siguientes:

En lo político:

-El Gobierno pierde el apoyo de los militares que deciden hacerse cargo de la situación e imponen un Vicepresidente de consenso nacional y aceptación internacional para luego forzar la renuncia de Maduro.

-La confrontación llega al punto de no retorno y la nomenklatura oficialista cede a los militares el resto del poder.

-Se forma un Gobierno de Transición con amplia participación de civiles.

-Se suspende la ANC y se reactivan las sesiones de la Asamblea Nacional.

-Se convocan elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y presidente a lo largo de 2018.

En lo económico:

-El PIB sufre una profunda contracción, aumenta el desempleo y se empobrece aún más la población.

-Cae la recaudación de impuestos y el gasto público se financia con emisiones de dinero sin respaldo que desatan la hiperinflación.

-Los precios del petróleo se mantienen estancados, las reservas internacionales se agotan y el default se hace inminente.

-Los militares acuerdan replegarse del gobierno central y no postular candidatos a las  gobernaciones y alcaldías a cambio de un mayor control sobre la FPO y el AMO, a través de la participación accionaria en las empresas mixtas de entes militares como: Ipsfa, Banfanb, Seguros Horizonte, Cavim, Caminpeg, etc.

En lo social:

-La problemática del desempleo y empobrecimiento no logra superarse.

-La hiperinflación devora el poder adquisitivo de los salarios.

-Las misiones sociales cumplen más un papel empleador que de inclusión social en los derechos ciudadanos.

-Se prioriza la Gran Misión Abastecimiento Soberano

-Se mantiene la entrega de bolsas clap para bajar la presión social.

-Se sustituyen los subsidios indirectos a la producción por subsidios directos a las familias pobres.

-Brotes de protestas se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional.

Escenario 4: Se forma un Gobierno de Coalición

El estallido social desborda a la dirigencia política y obliga al Oficialismo, Oposición y FANB a acordar y apoyar un Gobierno de Coalición. En este escenario, se retoma el diálogo político y quedan aislados los extremistas de ambos lados. Para garantizar la coexistencia pacífica de las fuerzas en pugna, se inicia una etapa de concesiones mutuas. Los acuerdos más relevantes en este escenario serían los siguientes:

En lo político:

-Se evita una cacería de brujas contra funcionarios y militares que no han cometido faltas graves ni delitos de lesa humanidad.

-Se liberan los presos políticos, se restituyen gobernadores y alcaldes inhabilitados y se permite el retorno de los exiliados políticos.

-Se renueva el TSJ y el CNE con miembros independientes e imparciales.

-Se restaura la independencia y equilibrio entre los poderes públicos.

-Se elimina la reelección indefinida y el referendo revocatorio, y se acuerda recortar el mandato presidencial a 4 años con una sola e inmediata reelección.

-Se convoca mega elecciones de presidente, gobernadores, alcaldes y diputados.

En lo económico:

-Se aplican los ajustes cambiarios, fiscales, monetarios, de precios.

-Se reprograman los pagos de la deuda y se gestiona financiamiento internacional.

-Poderes ejecutivo y legislativo convienen reformar un conjunto de leyes para ofrecer seguridad jurídica y estimular la inversión nacional y extranjera.

-Se inicia un proceso de desestatización y privatización de empresas públicas quebradas por el burocratismo y la corrupción.

-Las tierras expropiadas e improductivas se subastan o ceden a inversionistas del campo, con metas claras de recuperación de la producción de alimentos

-Se reactivan flujos de inversión extranjera en la FPO y el AMO.

-Aumenta la oferta de divisas y se estabiliza la cotización del dólar.

-La caída del PIB toca fondo y comienza su paulatina recuperación.

-Mejoran los índices de escasez y se van disolviendo las prácticas del acaparamiento y especulación

-Comienzan a ceder las presiones inflacionarias

En lo social:

-Recuperación de la oferta de trabajo en el sector privado.

-Se detiene el deterioro del poder de compra del ingreso familiar.

-Se sustituyen los subsidios indirectos por ayudas directas a los hogares pobres.

-Se prioriza la repotenciación de la infraestructura hospitalaria y educativa.

-Se mantienen las misiones sociales dirigidas a la población más vulnerable.

-El país recupera el clima de paz social, reencuentro ciudadano y reconciliación nacional.

El poder constituyente es uno solo y no se puede sectorizar

La Constitución de 1961 fue redactada por una comisión designada del seno del Congreso Nacional. Así, un poder constituido se arrogó el poder constituyente originario, cuyo único depositario y custodio es el pueblo venezolano. A diferencia, la Constitución de 1999 fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyos miembros fueron electos en circunscripciones territoriales que garantizaron la representación de toda la sociedad venezolana, sin ningún tipo de sectorización o discriminación por clase social, ideología, religión, raza, discapacidad, edad, sexo o preferencia social. La Constituyente de 1999 fue un proceso originario, ya que tanto la convocatoria a la ANC, como también la Constitución redactada, fueron actos decididos y refrendados por la voluntad popular a través del voto universal, directo y secreto.

En adelante, lo que no previó la Constitución de 1961 para convocar una ANC lo dejó muy claro la Constitución de 1999, la cual establece el ejercicio directo de la soberanía popular a través de los referendos, como fundamento de la democracia participativa y protagónica, y de la construcción de una nueva sociedad donde el poder constituyente tenga la supremacía sobre el poder constituido. El artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece mecanismos de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, tales como el referendo popular a través de la votación universal, directa y secreta. Y el artículo 347 deja claro que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, y en ejercicio de ese poder es el único que puede convocar a una ANC.

Hasta el propio Chávez se limitó a promover la ANC, la cual fue finalmente aprobada por el pueblo mediante referendo celebrado el 15 de abril de 1999. Ese día, la mayoría de los ciudadanos que participaron en la consulta respondió afirmativamente a la pregunta: "¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?” Adicionalmente, en el referendo de 1999 también se preguntó a cada ciudadano si aprobaba o no las bases comiciales que regirían la elección de los miembros de la ANC y las pautas de su funcionamiento.

La convocatoria a una ANC por un poder constituido sería un fraude a la Constitución y a la democracia. Si un poder constituido se atreve a convocar una ANC para transformar la estructura del Estado, cambiar el orden jurídico y redactar una nueva Constitución, sin tener las facultades para ello, ese poder estaría usurpando la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, según lo establece el artículo 5 de la CRBV.

La iniciativa de Nicolás Maduro ha generado demasiadas dudas y resistencias al no plantear desde un primer momento que tanto la convocatoria como las bases comiciales serán sometidas a la consideración y aprobación del pueblo mediante un referendo. El CNE, como poder constituido, debe convocar al poder constituyente para que sea éste quien decida mediante votación universal, directa y secreta, si convoca o no a una ANC y si aprueba o rechaza las bases comiciales para elegir a sus miembros, así como también los principios que regirán su funcionamiento.

Para no someterse a una consulta popular que sabe va a perder, el Oficialismo confunde la propuesta de una ANC con la convocatoria per se de la misma. El cuestionamiento a la propuesta gubernamental se exacerba por la interpretación interesada del artículo 349 de la Constitución que deja al descubierto la pretensión autoritaria y dictatorial del Oficialismo. Al poner el énfasis en la norma que establece que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente” queda claro que el primer objetivo que el Gobierno se plantea es eliminar el contrapeso de los cinco poderes constituidos para imponer el omnímodo poder de la ANC. En otras palabras, una ANC que termine de sacar del juego a la Asamblea Nacional y a la incómoda Fiscalía General de la República. Toda una maniobra para despejar el camino y aferrarse al poder.

¿Sufragio universal o selección corporativista?

El poder constituyente es único e indivisible. Es originario porque antecede al poder constituido. Este último, al ser un poder derivado, debe quedar subordinado al poder constituyente y, por lo tanto, no podrá fraccionarlo en sectores separados.

Sin embargo, el Presidente de la República adelantó que se elegirán “unos 500 constituyentistas, aproximadamente, unos 200 o 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas, de los campesinos, de los barrios, de los movimientos sociales” a través de un proceso electoral que se convocaría dentro de las misiones, comunas, clap y demás organizaciones sectoriales que controla el Gobierno.

Sustituir el sufragio universal por la selección corporativista luce como una maniobra para imponer a la mayor parte de los constituyentistas. Estos miembros de la ANC no serían designados por elección directa según el principio “un ciudadano, un voto”, sino mediante elecciones de segundo grado, a contrapelo de las votaciones universales, directas y secretas que establece la Constitución.

Desconocer la universalidad del sufragio abre margen para manipular a grupos de electores sometidos a los mecanismos de dominación del gobierno. Esto iría a contrapelo del  sufragio universal como una gran conquista histórica que dejó obsoleto el voto corporativo discriminatorio y excluyente.

TSJ puede declarar anticonstitucional la convocatoria

A la luz del debate generado, la ciudadanía ha refrescado la consciencia de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que, en su condición de poder constituyente originario, es el único que puede convocar a una ANC para definir el destino que quiere darse. Por eso está en las calles.

Si un poder constituido se arroga la facultad que solo corresponde al poder constituyente se estaría degenerando y pervirtiendo la figura de la ANC, toda vez que ésta última quedaría reducida a un instrumento que unilateralmente el Ejecutivo o el Legislativo pudieran en adelante manipular a su antojo para controlar todos los espacios de poder.

En el TSJ se han introducido una serie de recursos de nulidad del decreto presidencial que convoca a una ANC. Esto le otorga al TSJ la posibilidad de reivindicar la justicia constitucional al evitar que se consume un retroceso histórico que definitivamente dé al traste con la aspiración de construir una democracia participativa y protagónica.

Muchas sombras y dudas se tejen sobre el TSJ a raíz de sus polémicas decisiones que impugnaron la elección de los diputados de Amazonas, vaciaron de funciones a la AN, amenazaron la inmunidad parlamentaria y atribuyeron al Poder Ejecutivo las funciones que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, cuestión que llegó a ser calificada por la FGR como una “ruptura del orden constitucional”.

Sin embargo, ante la necesidad que tiene el TSJ de limpiar su honor, es posible que los magistrados que no quieren seguir enlodando su nombre, levanten su voz para abstenerse o dejar sin efecto un acto anticonstitucional a través del cual un poder constituido pretende usurpar las facultades que únicamente corresponden al poder constituyente. Ante el imperativo de reivindicar la justicia constitucional, la Sala Constitucional del TSJ podría anular la cuestionada convocatoria a la ANC, tal como se lo ordena el artículo 334 de la CRBV:

“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”.