Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 Descargue la revista haciendo click en la portada

Conversaciones con Antonio Ecarri sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Para superar la crisis hace falta un Gobierno de Coalición

 

Víctor Álvarez R. 

La solución del conflicto venezolano no puede pretender la capitulación o rendición incondicional del adversario, ni mucho menos el exterminio del contrario. En caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una AN en contra, el CNE, TSJ, CGR y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrían bajo el control del oficialismo. Con todos ellos el nuevo presidente está llamado a entenderse. Por lo tanto, para poder gobernar tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.

Venezuela necesita un acuerdo de gobernabilidad que convierta en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los factores en pugna están llamados a concertar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, el cual se comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.

Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de coexistencia y cogobierno entre adversarios que no sólo fueron parte activa de las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de las elecciones. Al interés nacional le conviene la incorporación de la oposición al actual gobierno; y –en caso de un cambio en el mando político,- la incorporación al nuevo gobierno de quien pase a ser la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas previamente pactado, lo cual facilitará la gobernabilidad poselectoral.

Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán claves para un Gobierno de Coalición, cuya conformación puede ser estimulada e incentivada no solo con la flexibilización de las sanciones, sino también con la rebaja y reestructuración de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. Con estos incentivos, un Gobierno de Coalición podrá llevar a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales necesarias para que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones presidenciales, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.  

Los cambios políticos por si mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.

Principios rectores de un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Víctor Álvarez R. 

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los Acuerdos Parciales de Barbados, aún a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

2) ¿Cuál sería el marco del *Pacto de Convivencia Pacífica* y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no? 

4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?

5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?

6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?

7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?

8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?

10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un Pacto de Convivencia Pacífica?

Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien estará respondiendo todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral => https://t1p.de/0zqu6

 

No hay que subestimar la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo

 

Por: Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Una oposición dividida, desorganizada, sin un candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que estimule a votar, es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas.

La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada urna frente a la poderosa maquinaria electoral oficialista que correrá con ventaja al utilizar a su favor los recursos del Estado.

Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de movilizar masivamente el descontento nacional, no podrá capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que le otorga el enorme rechazo al gobierno.

Quienes tienen la certeza que con la inhabilitación de María Corina Machado (MCM) por el TSJ será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Pero ahora resulta que, según MCM[1], Sergio Garrido resultó ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones en Barinas y por eso no lo inhabilitó y lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”. Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD. Y con esta incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo, hay un creciente riesgo de que la moraleja de Barinas sea dejada a un lado si no se consigue pronto un sucesor.

Ante el reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco,  le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun  a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Revista Pedagogía Económica y Electoral N° 10

Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos 

ÍNDICE

Editorial: ¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto venezolano?

Coexistencia Pacífica: Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos

• Si quieres resultados diferentes hay que cambiar la forma de relacionarse

• La mejor manera de salir de un rival es transformarlo en un aliado

• Canje de condiciones electorales por sanciones: necesario para la oposición pero insuficiente para el gobierno

• Con recompensas y sin garantías de no persecución no habrá elecciones competitivas

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

• La paz no es solo el fin del conflicto político

• Las víctimas más numerosas del conflicto venezolano son los migrantes

• La prioridad: proteger DDHH

• Verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición

Pacto de Convivencia Pacífica: la clave para realizar unas elecciones competitivas

• Viabilidad económica de la transición política

• Estabilidad y gobernabilidad poselectoral

¿Cuál es la clave para realizar unas elecciones libres, trasparentes y competitivas en Venezuela?

 

Por: Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Un Pacto de Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

La alternabilidad democrática será posible si se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército, ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones, juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la protección de los derechos políticos de los perdedores.

Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales y cárcel.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones.

Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación

Para escoger un candidato de consenso hay que despersonalizar la opción política y dejar a un lado el culto a la personalidad

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Ante el creciente reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya y sus voceros ahora hablan del mes de mayo. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

MCM ha dicho sin mí no habrá elecciones e insiste en mantener su candidatura hasta el final. Y sus seguidores dejan oír su voz: o es MCM o no es nadie. Sin embargo, quienes piensan que con la inhabilitación del TSJ ya será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Esa nueva candidatura de consenso todavía no existe y hay que construirla. Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Mantener viva la posibilidad de cambio pasa por convenir lo antes posible un mecanismo para escoger un sucesor, mecanismo en el cual MCM debe participar activamente. Sin su decidido apoyo a la nueva candidatura aumenta la probabilidad de que la oposición se divida, se abstenga y sea derrotada. El reto para la PUD es transformar la indignación que causa la inhabilitación de MCM en una inspiración para movilizar a un electorado que necesita un sustituto que -al votar por él- sientan que están votando por ella.

Los partidos de la PUD que reconocieron el triunfo de MCM en la Primaria presidencial han dicho que una cosa es la candidatura unitaria y otra cosa muy distinta es el liderazgo político de la coalición opositora. Esta tensión impidió consolidar una unidad sincera en torno a MCM. Se nota un distanciamiento y falta de comunicación entre la candidata y los líderes de la PUD que la han dejado prácticamente sola. MCM también los subestima y no los convoca porque los 12 aspirantes que le disputaron la candidatura presidencial no sumaron juntos el 8 % de los votos escrutados, y los hechos dicen que le suman muy poco a su propio caudal electoral.