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Por: Víctor
Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
Director
del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
Un Pacto de
Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y
encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria
por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno
paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una
intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el
exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de
funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento
internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un
Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser
amnistiados.
La alternabilidad democrática será posible si se
garantizan los derechos políticos, no
solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en
caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático
para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible
poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los
militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer
posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército,
ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una
persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que
bajar los costos de salida de los gobernantes
salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De
lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía
electoral y pacífica.
En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma
constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que
resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por
delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas
garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y
enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a
cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones,
juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la
protección de los derechos políticos de los perdedores.
Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y
condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá
elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera
presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se
convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará
todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales
y cárcel.
Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios
para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una
solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que
están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las
elecciones.
Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación
La solución del
conflicto no puede ser el exterminio del contrario o la
rendición incondicional del otro. En caso de un
cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una
Asamblea Nacional (AN), un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una Contraloría
General de la República (CGR), una Defensoría del Pueblo (DP) y la mayoría de
las gobernaciones y alcaldías que todavía se mantendrían bajo el control del
chavismo. Con todos ellos tendría que entenderse. Para poder gobernar tendrá
que reconocer a su adversario e interactuar con los
demás poderes públicos y niveles de gobierno que no controla. Venezuela necesita un acuerdo político que convierta
en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través de una fórmula
incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que
al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los
factores en pugna están llamados a impulsar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se
comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.
Reformas Económicas y
Programas Sociales Compensatorios
Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la
situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá
que hacerle
frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable,
electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles,
deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de
educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos
que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en
ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera
suficientes puestos de trabajo. Familias completas huyen del hambre en una incesante
diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá
resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra
vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.
Para
corregir los graves desequilibrios que generan la inflación, contraen la
producción e impiden la generación de empleo, el nuevo gobierno tendrá que
aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores
más vulnerables que protestan con mucha razón cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del
ajuste. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con
emisiones de dinero inflacionario tendrá que reestructurar de toda la
administración pública para reducir el exagerado número de ministerios,
liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas públicas que
terminaron secuestradas y quebradas por la corrupción; tendrá que reducir los
subsidios y sincerar las tarifas de los servicios públicos a fin de generar
ingresos propios para su mantenimiento y repotenciación; y tendrá que hacerlo
en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la
canasta alimentaria, mucho menos para cubrir el costo de los demás servicios.
A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo
político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. El creciente
descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo
del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en
Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador y la ola de protestas en Colombia que
desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. En Argentina, Javier Milei
enfrenta un creciente malestar social por el drástico ajuste que está llevando
a cabo. En Venezuela, la viabilidad económica de una transición política, sin
marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social
para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste. Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para
evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de
gobernabilidad. En vez de apostar al fracaso del otro, los actores
en pugna están llamados a cooperar y compartir las críticas y méritos por las
medidas de ajuste que será necesario aplicar para hacer posible la
reconstrucción nacional.
Conformación de un
Gobierno de Coalición
Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de
coexistencia y cogobierno entre adversarios que no sólo fueron parte activa de
las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó
de las elecciones. En Venezuela,
esto comienza por la incorporación de la oposición al actual gobierno; y –en
caso de un cambio en el mando político,- la incorporación al nuevo gobierno de
quien pase a la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de
reformas previamente pactado, los cual facilitará la gobernabilidad
poselectoral.
Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán
claves para la conformación de un Gobierno
de Coalición. La mejora de
las condiciones electorales puede ser incentivada no solo con la
flexibilización de las sanciones, sino también con la rebaja y reestructuración
de la deuda externa, la
reinserción de Venezuela en los mercados financieros y las inversiones
extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato
productivo. Con estos incentivos el Gobierno
de Coalición podrá llevar a cabo las reformas económicas, sociales e
institucionales necesarias para que el nuevo gobierno que surja de unas
elecciones competitivas -con garantías de no persecución a quien resulte
perdedor-, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y
social, reciba una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una
sociedad desarmada que se pueda gobernar.
Reinstitucionalización
de los poderes públicos
En Venezuela no hay autonomía ni independencia de
los poderes públicos, su actuación es funcional al Poder Ejecutivo. La designación de funcionarios vinculados al
partido de gobierno genera mucha desconfianza e inseguridad jurídica. Antes de
cumplir su período legal, magistrados del TSJ y rectores del CNE suelen ser cambiados por el gobierno cuando no
responden a sus directrices. Al frente de los
poderes de las instituciones públicas deben quedar ilustres venezolanos,
reconocidos por su imparcialidad y neutralidad. Un Pacto de Convivencia Pacífica pasa por reinstitucionalizar
los poderes públicos controlados por el Gobierno,
Renovación del CNE. El oficialismo sufre un enorme rechazo entre los electores. Para recrudecer la apatía
electoral y la abstención que lo ponga
a ganar, maniobra para designar un árbitro electoral que
luzca parcializado. Unas elecciones competitivas tienen que ser organizadas y dirigidas por un árbitro
imparcial, con rectores del CNE reconocidos por su capacidad técnica, prestigio
e imparcialidad.
Renovación de la CGR. Dirigentes políticos que
no han sido funcionarios públicos pero que son candidatos potencialmente
ganadores han sido inhabilitados por la CGR, sin un expediente administrativo y
sin haber sido notificados para que puedan presentar alegatos y pruebas a su
favor en una instancia competente.
Constitucionalmente, la limitación de los derechos políticos no es viable por
decisiones administrativas, solo es posible mediante un juicio donde se respete
el debido proceso y el derecho a la defensa del enjuiciado. Hay que renovar la CGR para impedir
inhabilitaciones administrativas e inconstitucionales.
Renovación del TSJ. Constitucionalmente, la
inhabilitación política no puede ser por la vía de un acto administrativo sino
por un tribunal que dicta sentencia firme por un delito. Sin embargo, el TSJ ha
ratificado inhabilitaciones administrativas, sin que la persona afectada haya
sido notificada para que pueda defenderse en un juicio. Aun así, se exige a los
inhabilitados demandar la nulidad de actos inexistentes. Se
requiere un poder judicial que
no se preste a maniobras para impugnar resultados electorales, romper la
mayoría lograda por la oposición en la AN, judicializar e intervenir partidos
políticos e inhabilitar candidatos de la oposición que pueden ganar una
elección.
Justicia
transicional. La aplicación
exagerada de la justicia puede hacer inviable retomar
la paz política, el crecimiento económico y el bienestar social. El otro
extremo es la impunidad y el olvido de la justicia que reclaman las víctimas de
violaciones a sus derechos humanos, lo cual dejaría abiertas muchas heridas y
afanes de venganza. Las medidas excepcionales de la justicia transicional deben
estar condicionadas al esclarecimiento de la
verdad, la reparación de daños y la no repetición de la tragedia. Solo así será
posible el perdón que lleve al reencuentro y la reconciliación nacional.
Te
invitamos a escuchar el análisis completo en el nuevo podcast de
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