Ley de Comunas: de la contraloría social al empoderamiento popular

En la Comuna el poder popular puede ser simultáneamente poder constituyente y poder constituido. La dinámica de la Comuna permite superar las reminiscencias de la democracia representativa en la que una vez electos los gobernantes y legisladores, estos se alejan y desvinculan de sus electores y solo reaparecen en la próxima campaña electoral, a pesar de haber incumplido las promesas y compromisos por los cuales fueron elegidos.

Como sabemos, esa manera de entender la democracia representativa terminó siendo una burla para las expectativas y esperanzas del pueblo. De allí la necesidad de avanzar hacia la construcción de una democracia participativa y protagónica que transfiriera poder a las comunidades.

Ahora bien, esto no significa que el nuevo sistema político que en Venezuela se construye se base única y exclusivamente en esquemas de democracia directa o asamblearia. De hecho, en las elecciones del próximo 26 de septiembre se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional que representarán a los electores de sus circuitos.

La clave para una adecuada fórmula de democracia representativa y democracia participactiva está en saber distinguir los asuntos de cobertrura nacional de los problemas a nivel comunal. Cuando se trata de abordar problemas concretos cuya solución está al alcance de la propia comunidad, nada mejor que la amplia y creciente participación de la comunidad. Sobre esta base es que la gente se identifica y compromete con las decisiones que ella misma toma. Por supuesto, no hay que descartar que cuando se trate de un numero muy elevado de comunidades, cuya participación masiva dificulte las deliberaciones y toma de decisiones, las propias comunidades decidan elegir sus mejores representantes que, como ya sabemos, en la experiencia venezolana se han llamado voceros o voceras.

Hay que dejar claro que no se trata de eliminar todo el sistema de representatividad, sino de crear un sistema mucho más eficaz, basado en la participación directa, que impida que los elegidos se separen y olviden de sus electores. Sobre todo, teniendo en cuenta que el poder popular no se expresa sólo en los Consejos Comunales, sino también en los consejos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, etcétera. Así, los voceros en la comuna pueden ser también representantes de todas las expresiones del poder popular.

En este sentido, la Ley de las Comunas es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. A su vez, con este instrumento legal se amplía y fortalece la base legal para impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación de los trabajadores directos y de la comunidad.
La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder.
La comuna dispondrá de un Plan, con líneas estratégicas de desarrollo comunal, a la luz de: a) vocación económica y productiva que determine su dotación natural de recursos agrícolas, forestales, turísticos, mineros, etc; b) características de organización social y tradiciones de lucha; c) cultura, sistema de creencias y conocimiento ancestral; localización en el territorio; y, características generales de su población.
Asimismo, para avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo que libere a los asalariados de la explotación del capital y reconozca al ser humano como la razón de ser de la actividad económica y productiva, la Comuna podrá desarrollar su propio sistema micro-financiero con el fin de impulsar proyectos socio-productivos que aseguren la inversión social de los excedentes, en función de resolver problemas concretos de la comunidad.
Las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna serán la fuente más rica para crear nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal, la cual tiende a ser secuestrada por el burocratismo y administrada como si de una propiedad privada se tratara. No se trata solo de una contraloría social o control obrero contemplativos y sin mayor posibilidad de decisión, sino de profundizar un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, conviertiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

La estrategia antiinflacionaria

Todo ajuste cambiario tiene efectos positivos y negativos. La devaluación proporciona un alivio al productor local, al no tener que competir con importaciones baratas por un dólar subsidiado. Los exportadores reciben más bolívares por cada dólar y así disponen de un margen mayor para cubrir los costos internos. El lado malo es su impacto en la estructura de costos y en el comportamiento de los precios en una economía que opera con un alto componente importado. Sobre todo cuando la devaluación no se complementa con una estrategia antiinflacionaria que permita armonizar el aumento de la demanda, derivada de un mayor gasto público, con un aumento equivalente en la oferta nacional. En lo que va de año, este desequilibrio se ha visto acentuado por una contracción del aparato productivo que ya acumula cinco trimestres consecutivos.
Para no anular los efectos positivos del ajuste cambiario es necesario cortar el círculo vicioso inflación-sobrevaluación-devaluación-inflación. Ciertamente, buena parte de este impacto inflacionario ya fue absorbido en el año 2009. Debido a la exclusión de muchos códigos arancelarios del tipo de cambio oficial, los importadores se trasladaron al mercado paralelo y ya habían transferido este impacto cambiario a la estructura de costos y los precios al consumidor. También los retrasos en la liquidación de divisas obligaron a las empresas a comprarlas en el mercado paralelo y a trasladar este incremento al precio final.
Una acertada estrategia antiinflacionaria pasa por distinguir las causas de la inflación de las consecuencias que la misma genera. Es un error definir la inflación como un aumento de los precios, cuando en realidad es una pérdida del poder de compra de la moneda. Unos explican la inflación en la esfera de la circulación. La ven como un fenómeno monetario que provoca un desbordamiento de la demanda superior a la oferta. Acusan al gasto público y proponen su reducción. Otros ven su origen en la esfera de la producción. Sostienen que se debe a la escasa oferta nacional y proponen incentivar la producción de bienes y servicios. En nuestro caso no es ni lo uno ni lo otro sino ambas dos.
Lo cierto es que ya no hay dólares a 2.15. En lo que va de año, el dólar oficial se ha vendido a 2.60 y 4.30 y esto inevitablemente ha repercutido en el costo de los insumos importados. Por otra parte, los ingresos adicionales que PDVSA y el fisco obtienen al vender los dólares más caros han servido para aumentar el gasto público. Y si no se reactiva en el segundo semestre la economía para poder respaldar el incremento de la cantidad de bolívares en circulación con un aumento equivalente de la producción, se profundizará el desequilibrio entre oferta y demanda y se atizará la inflación.
El control de precios ha servido para contener la especulación pero ha mostrado sus límites para atacar las causas estructurales de la inflación. Se controla el precio final y se mantiene congelado por largos períodos que van más allá de un año. Pero si anualmente se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias, transporte y otros servicios, más temprano que tarde la rigidez del control se revierte contra una sana lógica económica de recuperar los costos de producción para asegurar la sustentabilidad y viabilidad económica y financiera de las empresas. Cuando los precios controlados se rezagan en comparación con la evolución de la estructuira de costos, no solo el margen de ganancia y rentabilidad se ve afectado. Al quedarse el precio controlado por debajo del costo de producción, las empresas comienzas a sufrir pérdidas. Y así, ni las cooperativas, EPS y empresas más solidarias de la economía social, popular y comunal pueden sostenerse. Cuando los costos de producción superan el precio controlado inevitablemente se desestimula la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez y la especulación. Entonces importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica.
Cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo reclama mecanismos más eficaces. En lugar de seguir quemando Reservas Internacionales con las “subastas” y otro tipo de intervenciones, es preferible autorizar a los exportadores a vender su ingreso en divisas en el mercado paralelo. Este aumento de la oferta privada aliviará la carga que recae sobre el BCV y las Reservas Internacionales, toda vez que operaría como un mecanismo de convergencia entre ambos tipos de cambio, evitando que el dólar paralelo se despegue y siga siendo el tipo de cambio marcador en la formación de los precios de la economía venezolana.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.
Pero en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública en la economía.
La caída del PIB en Venezuela es una ocasión propicia para revisar la política económica. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación cualitativa de la economía. Esta transformación tiene dos ejes clave:
1) Creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.
2) Transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Los apoyos del Estado a la producción local son una condición básica para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de acertadas políticas y estrategias orientadas a la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista.

¿Reactivar o transformar la economía?

Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van desgastando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente.
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces comenzamos a celebrar la caída del PIB, argumentando que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. En la antesala de unas elecciones de la AN es muy cara la factura política que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero no será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Hoy más que nunca, se requiere el diseño y ejecución de una sabia y oportuna estrategia de reactivación y transformación estructural de la economía venezolana.

La economía del conocimiento

En los años 90, los grandes países consumidores de petróleo impusieron la creencia de que el petróleo tenía sus días contados como principal fuente de energía. Ante la reivindicación en los precios de los crudos que lograron los países de la OPEP en los años 70 y 80, las potencias industrializadas reaccionaron llevando a cabo un descomunal esfuerzo por desarrollar fuentes alternas de energía que supuestamente desplazarían al petróleo como el fundamento de la gran producción en serie.
Las tensiones en la OPEP no se hicieron esperar. Por un lado, los países miembros que sufrían un progresivo agotamiento de sus reservas apostaron a controlar la producción con el fin de vender al mayor precio posible sus decrecientes reservas. Por la otra, los países con abundantes reservas, haciéndose eco del argumento de las grandes potencias de que las fuentes alternas de energía se encontraban a la vuelta de la esquina, se apuraron a romper las cuotas de producción y a rematar sus reservas antes de que se quedaran en el subsuelo.
El resultado fue que a comienzos de los años 2000 los precios del petróleo se encontraban por el piso y la OPEP estaba prácticamente desmembrada. A lo largo de la última década, esta organización se ha reconstruido y ha logrado reivindicar precios justos para el petróleo. La cotización de los crudos ha mejorado y las reservas probadas que Venezuela tiene son las más grandes del mundo. A diferencia de otros países que necesitan realizar un enorme esfuerzo productivo para generar las fuentes de divisas que requieren para comprar las materias primas y recursos energéticos que no poseen, Venezuela percibe una cuantiosa renta petrolera que le permite comprar al resto del mundo los bienes y servicios que bien pudiera estar produciendo internamente.
En aquellas naciones, la falta de recursos naturales, lejos de ser una restricción insalvable para el desarrollo, más bien ha sido un acicate. Ejemplos claros son los de Japón, China y los países industrializados del sudeste asiático. Sin poseer mayores reservas de materias primas y energía han logrado desarrollar una portentosa industria manufacturera de base tecnológica que ha invadido al mundo entero con una producción de creciente calidad y precios cada vez más competitivos, demostrando así que poseer recursos naturales es necesario más no suficiente para la prosperidad de una nación, de la misma forma que carecer de ellos no es un obstáculo para desarrollarse.
Las transforma­ciones tecnológicas en curso han alterado el patrón de ventajas comparativas que sustentaron la inserción de Venezuela en la Economía mundial. Las ventajas competitivas derivadas de las capacidades para producir y utilizar conocimientos han desplazado las ventajas comparativas heredadas de la naturaleza. De la ventaja basada en recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas con base en el dominio tecnológi­co. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron los recursos naturales y el petróleo barato para el viejo modelo productivo es semejante al que hoy tiene el conoci­miento científico y tecnológico para el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos.

El comunismo del Cardenal Urosa

Como era de esperarse en la antesala de todo proceso electoral, algún vocero de la oligarquía tenía que salir a tratar de meterle miedo al pueblo desempolvando la cantaleta anticomunista. Esta vez el escogido fue el Cardenal Urosa.
Si el Cardenal se tomara un tiempo para revisar algunos datos, se percataría de que en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre 2003-2009 el desempleo se redujo de 16.8 % a 7.5 %; el sector informal bajó de 52.7% a 44 %; el porcentaje de hogares pobres cayó de 55.1 a 23.8, mientras que la pobreza extrema se redujo de 25 % a 5.9 %. Si eso es comunismo, entonces: ¡Bienvenido sea el comunismo!.
Sin embargo, a pesar de sus proclamas anticomunistas, el peso del sector capitalista en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente aumentó. Pasó de 64.7 % en 1998 a cerca de 70 % en 2009, mientras que el sector público cayó de 35 % a 30 %. Es bueno que el Cardenal Urosa se entere que en ese sector capitalista de la economía, que tácitamente defiende, se ha recrudecido la explotación de los trabajadores: en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital, diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Así pues, tanto la estructura del PIB como el nivel de empleo están fuertemente marcados por el abrumador peso que todavía tiene la economía capitalista, siendo ésta la que define la naturaleza explotadora y depredadora del modelo productivo que aún impera en Venezuela, el cual hay que transformar en un nuevo modelo productivo socialista para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social.
El impacto social de este capitalismo salvaje se ha visto mitigado gracias a la inversión social de la renta petrolera: es lo que ha permitido compensar una distribución del ingreso favorable al sector capitalista. Pero en Venezuela hemos entendido que una auténtica Revolución Socialista no se limita a asegurar el acceso gratuito de los pobres a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales. Ahora nos proponemos ir más allá de la inversión social de la renta petrolera y transformar radicalmente el régimen de propiedad para transferir a los pobres el poder sobre los procesos de producción de los bienes básicos y esenciales que se necesitan para garantizar la supervivencia humana.

¿Control obrero o empoderamiento popular?

Pendiente está el reto de aumentar el peso de la economía social en el PIB. Hay maneras de lograrlo. Una: concentrando incentivos públicos en este sector para hacerlo crecer a un ritmo superior al resto de la economía. Otra: incubando la economía social en el seno de la propia economía pública y privada. O las dos al mismo tiempo.
En este sentido, es interesante la propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores para lograr su participación protagónica en los procesos productivos, profundizar la formación sociopolítica y crear las bases para el desarrollo de las relaciones socialistas de producción.
Pero no se trata solo de Consejos que obliguen a los patronos a permitir el acceso a la información sobre los procesos productivos, administrativos, tecnológicos, etc. de la empresa: la clave está en lograr un verdadero empoderamiento popular. El control de los centros de trabajo también tiene que ser comunitario. Y esto es posible si a los Consejos Comunales se les reconoce su condición de copropietarios sociales para que asuman, conjuntamente con los trabajadores, las políticas para mejorar las condiciones de trabajo y del entorno comunitario, a través de la inversión social de las ganancias.
La mencionada propuesta de Ley debe ser complementada con otra para democratizar la propiedad, que condicione el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de un requisito de copropiedad de los Consejos de Trabajadores y Comunales, los cuales serían los únicos autorizados para tramitar los apoyos públicos a favor de la empresa de la cual son copropietarios. Ambos recibirían préstamos del Estado para comprar su participación accionaria, dejando claro que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda no será distribuido como ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario. Su complementación permitirá fortalecer su unidad y elevar el nivel de organización para avanzar, no solo en la cogestión y contraloría social, sino en un verdadero empoderamiento popular que resuelva a favor del pueblo la contradicción fundamental del capitalismo, la cual se expresa en la producción social de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, versus la apropiación individual de la riqueza que se deriva del esfuerzo productivo de toda la sociedad.