Claves para construir el Nuevo Modelo Productivo

La construcción de un nuevo modelo productivo socialista debe plantearse con claridad al menos los siguientes objetivos:
1. Impulsar nuevas relaciones de poder a partir de un sostenido proceso de cogestión, autogestión, control obrero y apropiación de los productores directos y de la comunidad sobre los medios de producción destinados a generar los bienes y servicios que componen la canasta alimentaria y la canasta básica.
2. Definir los sectores económicos que el Estado se reserva, identificar aquellos en los que se promoverá y protegerá la economía social y en los que se permitirá y estimulará la inversión privada nacional y extranjera.
3. Diversificar la economía con un peso creciente de los sectores de la agricultura y la industria, por ser los que generan los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
4. Impulsar amplia y creciente inclusión social para asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y miembros de la comunidad.
5. Localizar nuevas unidades productivas en municipios y comunidades con PIB per cápita o Indice de Desarrollo Humano por debajo de la media nacional, en función de corregir asimetrías y disparidades regionales.
6. Asegurar sustentabilidad ambiental para evitar el impacto de las emanaciones gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos sobre la salud de los trabajadores y el ambiente comunitario.
7. Estimular eficiencia en el uso de energía, gas, agua, materias primas e insumos básicos con el fin de racionalizar y preservar las fuentes naturales de esos recursos.
8. Promover la integración internacional con base en la transferencia de tecnología, desarrollo del talento humano, asistencia técnica y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.
9. Sustituir eficientemente importaciones por producción nacional y diversificar la oferta exportable competitiva en términos de precio, calidad, cantidad y puntualidad de entrega.
10. Priorizar el otorgamiento de los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica a las empresas de la economía social.
11. Promover nuevos valores de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad.
La célula fundamental del nuevo modelo productivo serán las empresas de la economía social. Estas son unidades productivas sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida y están llamadas a generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a los problemas de los trabajadores y la comunidad.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

Cuando gastamos recursos públicos en pagar expropiaciones, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas, no estamos contribuyendo por esa vía a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo.
El reto es crear más empresas para construir un sólido aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En vez de destinar sumas multimillonarias para pagar a los dueños capitalistas unas expropiaciones que solo permiten convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada, el gran desafío de la política económica bolivariana es aumentar la densidad de empresas productivas por cada mil habitantes, reindustrializando así la economía nacional.
Hay que medir bien las consecuencias
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Fueron los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. -y no las fuerzas del mercado- los que se llevan el mérito de haber impulsado el crecimiento del PIB a lo largo de 22 trimestres consecutivos.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces dimos un bandazo y comenzamos a celebrar la caída del PIB con el argumento de que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Pero en ninguna de estas celebraciones hemos medido bien las consecuencias.
¿Reactivar o transformar la economía?
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Hemos advertido que apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social.
Ninguna persona es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada. Por lo tanto, la sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para compensar la caída de la producción mercantil y reenganchar a las personas que perderán su empleo en las empresas quebradas. La pobreza está asociada a la imposibilidad de tener acceso a los bienes básicos y esenciales para la sobrevivencia humana. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que hambrientos desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. Y en la antesala de unas elecciones cruciales de la Asamblea Nacional es muy cara la factura que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos.
¿Expropiar o democratizar la propiedad?
En el país, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. Ahora que muchas de éstas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad a través de una política que:
· Condicione el acceso de las empresas privadas a los incentivos públicos al cumplimiento de un requisito de venta de un porcentaje de sus acciones a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales.
· Las empresas privadas, en lugar de pedir préstamos a la banca pública, tendrían que activar programas de participación laboral y comunitaria en su estructura accionaria: solo así podrían tener acceso a los incentivos del Estado para reactivar la economía y democratizar la propiedad.
· El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones, utilizaría estos fondos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales para que adquieran su participación accionaria, inyectando por esta vía recursos para reactivar la empresa.
· El mayor porcentaje del excedente que le corresponda a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario.
· Un porcentaje de los dividendos deberá destinarse a pagar al Estado el crédito recibido para comprar las acciones.
De esta forma se impulsaría un modelo de expresas mixtas que, a la par de masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, servirá para preservar las capacidades gerenciales e innovativas que toma tantos años crear y fortalecer y que son claves para garantizar la buena marcha de cualquier empresa.
Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van minando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara.
Cuando todos los trabajadores y miembros de la comunidad posean acciones y se sientan verdaderos propietarios sociales de las empresas donde trabajan, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. Este es el mejor camino para erradicar de una buena vez las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

¿Cómo democratizar la propiedad?

En Venezuela, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. En los últimos años, se dedicaron a operaciones especulativas, revendiendo en cuestión de minutos instrumentos denominados en moneda extranjera: una especie de casinos para jugar a los dados y al póquer electrónico, ávidas del golpe de suerte y la ganancia fácil.
Ahora que muchas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad de los medios de producción fundamentales. Para esto, la próxima AN estaría llamada a aprobar una Ley para Democratizar la Propiedad que establezca la creación de una nueva Bolsa de Valores Socialista, a través de la cual las empresas mercantiles queden obligadas a ofrecer a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales un porcentaje significativo del valor de las empresas.
El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones a los dueños capitalistas, utilizaría estos recursos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales, con la condición de que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda según sea su participación accionaria, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario, así como a pagar el crédito recibido para comprar las acciones. De esta forma, se podrá masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, y los trabajadores y miembros de la comunidad se sentirán verdaderos propietarios sociales de esas empresas.
“O inventamos o erramos”. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara. Por la vía que proponemos, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social sin fines de lucro, pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y de la comunidad.

La Revolución tiene dos caras

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar con mucho simplismo que lo que está cayendo es el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles con fines de lucro han reducido su nivel de ventas y producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre y quiebra de pequeñas, medianas y grandes empresas; y, por lo tanto, de un incremento del desempleo.
No habría ningún tipo de riesgo y amenaza si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía nacional se viera inmediatamente compensado con el crecimiento vertiginoso de la economía social. Pero esto no es así. Después de una década de Revolución y amplio apoyo a las cooperativas, Fundos Zamoranos y EPS, la economía solidaria representa menos del 2% del PIB.
No se trata de celebrar ingenuamente la caída del PIB, ni de expropiar luego las empresas cerradas para transformarlas en propiedad estatal. En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa en la burocracia estatal, están dadas las condiciones para mantener al rojo vivo la inflación, toda vez que este es un empleo improductivo cuyos salarios no tienen su debida contrapartida en una abundante producción. Para muestra un botón: el último aumento del salario mínimo significa la inyección de casi 10 millardos de Bs. F. que no tienen respaldo en un aumento equivalente de la producción. El reto no puede estar, entonces, en quebrar las empresas existentes sino en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.
De cara a la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión, el objetivo ahora -más que reactivar el PIB-, es transformar su estructura y evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2009, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Al concentrarse en la reactivación y no en la transformación de lo que había, la propia política económica bolivariana fue la que contribuyó a que el sector capitalista de la economía creciera a una velocidad mayor que la economía pública y la economía social.
Una Revolución verdadera es una permanente contradicción dialéctica entre dos procesos que se excluyen entre sí, pero a la vez se presuponen. Por lo tanto, tiene dos caras: la cara de la superación del viejo orden capitalista, explotador e inferior; y, la cara de la construcción del nuevo orden socialista, obligado a demostrar que es realmente superior.
La secuencia y sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de revitalizar y restaurar el dominio del viejo orden; el cual, aunque pueda ser finalmente superado, nunca quedará del todo desaparecido.
El capitalismo: ¿un mal necesario?
A pesar de la creciente crítica al capitalismo, el peso de este sector lejos de disminuir más bien ha aumentado. Pasó de 64.7 % en 1998 a 70 % en 2009. El sector público cayó de 35 % a 30 %, mientras que la participación de la economía social, contabilizada como componente del sector privado, es de apenas 1.6 %. El sector mercantil sigue siendo mayoritario y, por lo tanto, define la naturaleza capitalista de la economía, lo cual es totalmente contradictorio con los objetivos del Gobierno de construir un modelo productivo socialista.
Ante la frustración que ocasionan estos resultados, no se puede cometer ahora la ingenuidad de destruir el actual patrimonio productivo con la pretensión de construir sobre sus ruinas la economía solidaria. Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan llevar comida todos los días en la mesa de su casa. Destruir la economía capitalista sin que se haya construido la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de recesión, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar social. Si la cara de la destrucción creativa no se sincroniza con la cara de la construcción revolucionaria la gente que se ha quedado sin empleo y sufre los estragos de la inflación terminará concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer” y se corre el riesgo de restaurar el orden anterior.
El Socialismo rentista
En Venezuela, los avances en materia de reducción de desempleo, pobreza y exclusión han sido gracias a la inversión social de la renta petrolera, la cual también ha permitido compensar y disimular una distribución regresiva del ingreso en el sector privado de la economía, donde la participación del capital se ha incrementado en desmedro de lo que reciben los trabajadores.
En 1998 al factor trabajo le tocaba el 39.7% del valor creado, superior al 36.2 % que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Esto quiere decir que en Venezuela, la lucha por lograr una mejor distribución del ingreso no se dirige a capturar una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera.
Justamente, la naturaleza rentista del socialismo venezolano es lo que explica que la pugna por la distribución del ingreso no se caracterice por cruentos conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas. Sin embargo, cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. La rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más violenta si los precios del petróleo mantienen un comportamiento errático y la economía no se reactiva en el corto plazo.
En cualquier caso, un trabajador con familia que mantener, preferirá estar como asalariado en una empresa capitalista, en lugar de estar anotado en una lista, a la espera de que se abra una empresa de la economía social.

La destrucción creativa

La Revolución es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. La sincronización de este proceso es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de restaurar el viejo orden.

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar que está cayendo el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles han reducido su nivel de producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre de muchas empresas y, por lo tanto, de un incremento del desempleo. No habría ningún tipo de riesgo si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía se viera inmediatamente compensado con el crecimiento de la economía social. Pero ésta representa menos del 2% del PIB.

En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa empleada en la burocracia estatal, el reto está en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. La economía social no crecerá como resultado de las leyes de la oferta y la demanda. Su desarrollo será el resultado de las políticas que se lleven a cabo para incentivar una nueva actividad económica guiada por principios de solidaridad y cooperación.

Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan poner comida todos los días en la mesa de su casa. Apostar a destruir la economía capitalista sin que se haya construido aún la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar que erosione la base de apoyo social de la Revolución. La amenaza de la restauración capitalista no depende solo de los enemigos de la Revolución, también nuestros errores le pueden hacer un gran favor. La Revolución como proceso de destrucción creativa tiene que estar perfectamente sincronizado. De lo contrario los que se quedan sin trabajo y sufren los estragos de la inflación terminarán concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer”.

La intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo del comercio y la inversión bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. En su libro “El malestar en la globalización”, Joseph Stiglitz, al referirse al Milagro del Este Asiático-, reconoce que: “La razón era obvia: los países habían tenido éxito no sólo a pesar del hecho de no haber seguido los dictados del Consenso de Washington, sino justamente porque no lo habían hecho”.

Reactivar, modernizar y ampliar el parque productivo nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional.

Y no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.