martes, 29 de noviembre de 2016
miércoles, 16 de noviembre de 2016
lunes, 31 de octubre de 2016
¿Qué va a pasar en Venezuela?
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
La escasez de alimentos y medicinas, la
especulación e inflación, el empobrecimiento generalizado y la criminalidad
desbordada azotan a la población. Las tensiones en la MUD han impedido
amalgamar el creciente malestar social para convertirlo en una poderosa fuerza
transformadora que permita superar la crisis económica y social. La medida de
casa por cárcel otorgada a Manuel
Rosales y la firma del presupuesto por parte de Eveling Trejo de Rosales, justo
cuando tribunales de cinco estados anularon el 1 % de las firmas y abortaron la
recolección del 20% para activar el RR, pone bajo sospecha a UNT y acrecienta
las fisuras en la MUD.
Inicialmente se creyó que el fulminante
triunfo de la Oposición en las parlamentarias inmovilizaría al Gobierno y lo
obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes el
Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado
anulada al ser declarada en desacato por el TSJ. Las torpezas tácticas de la MUD
han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días
contados si se activaba el RR. Sin embargo, la falta de unidad de criterios la
llevó a perder un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional,
Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio
una excusa perfecta al Gobierno para retrasar el revocatorio para el 2017, con
las consecuencias que ya todos conocemos.
A pesar de que la Oposición logró el
control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la
aplanadora que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario, con
bajísimo respaldo popular. Al tanto de que las salas constitucional y electoral
del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que en cualquier consulta para
dirimir controversias el TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun
así la MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que le ha tirado el
oficialismo. Su peor error táctico fue incorporar a los diputados de Amazonas,
cuya elección fue invalidada por el TSJ. La miopía de la dirigencia opositora convirtió
este asunto en un punto de honor, cuando lo estratégico era preservar la AN para
acumular fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, BCV, CGR, FGR y
otros entes del Estado. Pero la reincorporación de los diputados sirvió de
pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla en la práctica.
Movilizar el descontento para calentar
la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las
guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en
ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con
el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.
Descartado un escenario violento que
desemboque en una salida dictatorial, la solución negociada a la actual crisis está
condicionada por parte de la Oposición a la libertad de los presos políticos, el
retorno de los exiliados, el cese de las persecuciones y la represión, la
autonomía de los poderes públicos y el reconocimiento de la AN para la
renovación del CNE.
Ante la barrida que sufriría el chavismo
en las elecciones de gobernadores y alcaldes, otro escenario que se maneja es
el de la renuncia de Maduro para convocar una mega-elección de presidente,
gobernadores y alcaldes, de tal forma que el oficialismo pueda aprovechar la plataforma
del gobierno central, antes de que esta caiga en manos de la Oposición. Esto
fue revelado por Juan Barreto quien aseguró
que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la
desaparición del chavismo: “al presidente le han recomendado que
renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder el Revocatorio y
de perderlo con 80% podría sepultar al chavismo”.
Luego de los cambios en Argentina
y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur donde cobra
fuerza la aplicación de la Carta Democrática, cuestión que obligaría al
presidente Nicolás Maduro a sentarse en la mesa de negociación para acordar al
menos un Gobierno de Coalición. @victoralvarezr
¿No habrá más elecciones en Venezuela?
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El presidente de la República, Nicolás
Maduro, afirmó recientemente que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De
inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de
excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas,
jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan
restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv,
insistió en que las irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE por
la MUD “mataron” el Referendo Revocatorio y sentenció: “en el 2016, chillen, hagan lo que les dé la gana pero referendo no
hay”. Con la certeza de que esta consulta se propondrá para 2017, Cabello
recorre el país arengando a las bases del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como
Vicepresidente y así asumir finalmente la Presidencia que Chávez le negó. Maduro
ve con desconfianza tan desbordada ambición porque sabe que una vez revocado
será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol caído.
El CNE demoró más de lo debido revisando y
anulando firmas hasta que finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del
RR recolectaron más del 1% requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral validó
el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin competencia
en la materia luego lo anulan? Procedieron como una pandilla al anunciar simultáneamente
su exabrupto y dejaron en evidencia que se trató de una operación planificada y
ejecutada de manera concertada para impedir la recolección del 20% de las
firmas y abortar así el RR. Cinco tribunales del Poder Constituido
desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y negaron a la
ciudadanía su derecho constitucional a evaluar a mitad de período la gestión
gubernamental, tal como lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?
La suspensión de la recolección del 20 %
de las firmas para convocar el RR y la posposición para 2017 de las elecciones
de gobernadores y alcaldes acentúan la incertidumbre sobre la suerte que en
adelante podrán correr los diferentes procesos electorales. El Gobierno evade
someterse al escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que
ha erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su
popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna
posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la
Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier
subterfugio para darle largas al RR y a las elecciones de gobernadores y
alcaldes.
El Gobierno camina por
el filo de la legalidad
El artículo 5 de la CRBV señala
claramente que: “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio,
por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la
soberanía popular y a ella están sometidos”.
A través de las elecciones se expresa la
soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema
democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se
comete una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la
Constitución. Una suspensión del RR o un
diferimiento de los comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de
la CRBV y priva a la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.
El único caso en que se justifica
posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural y para esto se
requiere declarar un Estado de Excepción
por Alarma que sea avalado por la AN y validado por el TSJ. Requisito muy
fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó un Estado de Excepción y Emergencia Económica y cuenta con el respaldo
incondicional del TSJ para evadir la aprobación de una AN que, en la práctica,
luce disuelta al ser declarada en desacato por el TSJ.
Estallido
social y hecatombe político-militar
La fuerza transformadora de la inconformidad
permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las
condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un
estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. El Caracazo
estalló por mucho menos que la tragedia nacional que hoy sacude a Venezuela.
¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la del 27 de
Febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como la que
encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?
La creciente incorporación de altos
rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo
los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se
sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esa
zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que
respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y
municipales en las fechas que corresponde.
En la lista de espera se mantienen
militares que aspiran ser colocados al mando de lucrativos negocios que les
permita un retiro confortable. Lejos de estar pensando en la solución de la
actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte del problema que
hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja puede considerar muy
grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones de gobernadores y
alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están subordinados les creen
expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido de sables ni
conspiración de Comacates (comandantes,
mayores, capitanes y tenientes).
La Oposición no termina de capitalizar
el descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta de
constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones
espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización
social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis que ha sufrido.
En lugar de concentrar su energía en salvar el RR, ahora promueven un juicio
político por abandono del cargo contra un presidente que lo que está es
aferrado al poder y lo que menos quiere es abandonar la silla presidencial.
Las excusas del oficialismo lucen cada
vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la
amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco
del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis
comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la
incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe
sin precedentes. @victoralvarezr
Lo que en Venezuela puede pasar: escenarios ante la crisis
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
¿Qué va a pasar en Venezuela? Esta es la
pregunta que se hace el ciudadano de a pie, el funcionario público, el
empresario nacional, el inversionista extranjero, los ministros del gobierno,
los diputados a la Asamblea Nacional y hasta el propio Presidente de la
República.
La crisis económica que se manifiesta a
través de la escasez de alimentos y medicinas, la especulación e inflación; el
desempleo y empobrecimiento generalizado de la población como consecuencia
inevitable de una pésima gestión de gobierno, genera un creciente malestar social.
Las tensiones en el liderazgo opositor han impedido amalgamar el malestar
social para convertirlo en una poderosa fuerza transformadora, capaz de
impulsar los cambios políticos que se requieren para superar la crisis económica
y social.
Si el descontento social no se expresa
en una contundente crisis política que le quite el margen de maniobra que
mantiene con vida al Gobierno, la actual inercia continuará. Inicialmente se
creyó que el fulminante triunfo de la Oposición en las parlamentarias del 6-D
sería el detonante de un conflicto de poderes que inmovilizaría al Gobierno y
lo obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes, el
Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado
anulada al ser declarada en desacato por el TSJ, sin que pueda hacer valer los
mandatos de la Constitución que la habilitan para controlar los actos del Poder
Ejecutivo.
Las torpezas tácticas de la Oposición
han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días
contados si se activaba a tiempo el Referendo Revocatorio (RR). Sin embargo, la
MUD perdió un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional,
Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio
una excusa perfecta al oficialismo para demorar el revocatorio para el 2017,
con las consecuencias que ya todos conocemos.
Al tanto de que las salas constitucional
y electoral del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que ante cualquier
consulta para dirimir las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo el
TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun así la dirigencia de la
MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que con más audacia y
malicia le ha tirado el oficialismo.
La MUD:
estrategia sin táctica
El peor error táctico de la MUD fue incorporar
a los diputados del estado Amazonas, cuya elección fue invalidada por el TSJ. Convirtió
en un punto de honor la juramentación de los diputados de Amazonas, cuando lo
estratégico era preservar la AN que ya había sido sentenciada por el Gobierno a
comienzos del año. En lugar de incorporarse a la AN, estos han debido recorrer
el mundo para denunciar la arbitrariedad cometida en contra de la
representación indígena en el Parlamento. Pero su reincorporación sirvió de
pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla para efectos prácticos,
ya que ahora el Gobierno puede actuar sin pasar por el control parlamentario. A
su vez, el TSJ tiene una razón adicional para declarar inconstitucionales las
decisiones de la mayoría opositora en la AN.
A pesar de que la Oposición logró el
control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la
aplanadora con la que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario
con bajísimo respaldo popular. Ni siquiera pudo impedir el tiro de gracia que
significó la decisión del TSJ de declararla en desacato y disolverla en la práctica.
Con tantos errores tácticos, la MUD desaprovecho la mayoría parlamentaria para acumular
más fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, el BCV, la CGR y otros
entes del Estado. Las torpezas cometidas por algunos factores de la MUD en su desesperación
por revocar el mandato de Nicolás Maduro le ha costado muy caro a toda la
Oposición y ha defraudado las expectativas de diálogo y entendimiento que tenía
el electorado cuando les dio el control de la AN por abrumadora mayoría.
Escenarios
ante la crisis
Movilizar el descontento para calentar
la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las
guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en
ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con
el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.
Descartado un escenario violento que
desemboque en una salida militarista y dictatorial, la solución negociada a la
actual crisis nacional está condicionada por parte de la Oposición a la libertad
de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de las
persecuciones y la represión, la autonomía de los poderes públicos y el reconocimiento de la AN para la renovación
del CNE y la reinstitucionalización del Estado. Aquí el juego está trancado a
pesar de la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos
y Leonel Fernández.
Ante la barrida que sufrirían el chavismo
en las elecciones de gobernadores y alcaldes si estas se realizan después del
RR, otro escenario que se maneja es el de la renuncia de Maduro para convocar
una mega-elección de presidente, gobernadores y alcaldes, de tal forma que el
oficialismo pueda aprovechar la plataforma del gobierno central, antes de que esta
caiga en manos de la Oposición. Este
escenario fue adelantado por
Juan Barreto, ex alcalde metropolitano y coordinador nacional de REDES, quien aseguró
que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la desaparición
del chavismo: “al presidente le han recomendado que renuncie para que
no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente el Revocatorio y de
perderlo con 80% podría sepultar al chavismo”.
Otro escenario se
refiere a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, lo cual implica que
el Secretario General o un Estado miembro soliciten nuevamente la convocatoria
del Consejo Permanente para verificar la "alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático". Los estados miembros tendrían
que pronunciarse en la Asamblea General o en la consulta a los cancilleres para
determinar si finalmente se aplicará la suspensión de
Venezuela en la OEA, lo cual terminaría en su aislamiento internacional. Luego de los cambios de
gobierno en Argentina y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur
desde donde sopla viento a favor de la aplicación de la Carta Democrática,
cuestión que obligaría a Maduro a sentarse en la mesa de negociación para
acordar al menos un Gobierno de Coalición. @victoralvarezr
Venezuela: democracia de baja intensidad
Víctor
Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El CNE demoró más de lo debido revisando y anulando firmas hasta que
finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del Referendo Revocatorio (RR)
recolectaron más del 1% mínimo requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral
validó el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin
competencia en la materia luego lo anulan? De manera grotesca procedieron como
una pandilla y al anunciar su exabrupto simultáneamente dejaron en evidencia
que se trató de una operación planificada y ejecutada de manera concertada para
impedir la recolección del 20% de las firmas y abortar así el RR.
Cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana
del Poder Constituyente y Originario y negaron a la ciudadanía su derecho
constitucional a evaluar a mitad de período la gestión gubernamental, tal como
lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?
Legitimidad de origen: necesaria más no suficiente
La ruptura del orden
constitucional no ocurre únicamente cuando se perpetra un golpe de estado contra
un gobierno electo en las urnas. La legitimidad de origen también se pierde
cuando ese mismo gobierno inicialmente electo por la mayoría luego no garantiza
los derechos democráticos y constitucionales, tales como el respeto a los
derechos humanos, sometimiento al estado de derecho, elecciones oportunas y transparentes,
consulta popular para evaluar la gestión de gobierno, separación e independencia
de los poderes públicos, transparencia en la administración del presupuesto
nacional, libertad de expresión, etc.
La erosión de la legitimidad de origen se acelera cuando el oficialismo pierde
el control de la Asamblea Nacional (AN) y de inmediato pone en práctica una
serie de maniobras para
despojarla de sus funciones constitucionales que son usurpadas por el Tribunal
Supremo de Justicia )TSJ). Cuando el oficialismo controlaba la AN, cada vez que
era derrotado en una elección, aprobaba una la ley para vaciar de funciones a
la institución perdida, así lo hizo con la Alcaldía Mayor de Caracas y con la
Gobernación de Miranda. Luego de la derrota sufrida en las parlamentarias del
6-D, el gobierno ordenó a la AN todavía bajo su control, colonizar con
magistrados pro-gobierno el TSJ, quienes tendrían la misión de vaciar de
funciones a la nueva AN para debilitar su control sobre el gobierno. Así, un
TSJ subordinado al Poder Ejecutivo ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes
aprobadas por el Poder Legislativo y se ha pronunciado a favor del gobierno en
cada controversia por la interpretación de la Constitución.
El debilitamiento de las instituciones democráticas se ha
consumado con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para lograr
mayorías espurias, como se hizo antes; o con la anulación judicial de la
elección de diputados que ya habían sido proclamados por la máxima autoridad
electoral, como se hizo más recientemente para romper la mayoría calificada de
la oposición.
La desnaturalización
autoritaria del gobierno se comprueba en el ensañamiento contra gobernadores y
alcaldes democráticamente electos, quienes son acosados con citaciones que
luego concluyen en su arbitraria destitución e inmediata sustitución a dedo por
operadores del oficialismo. Por si fuera poco, el gobierno socava la democracia
cuando en cada proceso electoral ordena inhabilitar y sacar de la contienda
electoral a candidatos rivales que pudieran resultar ganadores.
Al someter a sus directrices al CNE, TSJ, CGR,
FGR y BCV, el gobierno ha contravenido el principio básico de 'la separación
e independencia de los poderes públicos'". Una y otra vez el Poder Ejecutivo le ha solicitado en tono de instrucción al Poder
Judicial, no que analice, sino que declare la inconstitucionalidad de las leyes
aprobadas por el Poder Legislativo. Esta subordinación del Poder Judicial al Poder
Ejecutivo ha llegado al extremo de declarar en desacato a la AN para vaciarla
de funciones y anularla en los hechos.
Se descargan las baterías democráticas del gobierno
Una sociedad no es realmente
libre mientras no garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y
esenciales. Cuando la vida cotidiana se vuelve un suplicio por los azotes de la
escasez, el acaparamiento y la especulación; por la inflación y alto costo de
la vida; por el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; por el colapso
del sistema educativo y hospitalario; por los robos, secuestro, homicidios y demás
atrocidades de la criminalidad; en tales condiciones, el gobierno de turno –aun
cuando haya sido electo por mayoría- demuestra su incapacidad y el mismo pueblo
que lo eligió lo puede revocar y cambiar.
Con frecuencia, la mala
gestión gubernamental se origina en la corrupción y despilfarro de los
presupuestos públicos; en el tráfico de influencias en el nombramiento de altos
cargos que terminan en manos de incapaces y corruptos; en la colonización de
los demás poderes públicos que no ejercen su debido control sobre la gestión
gubernamental.
El
ejercicio autoritario del poder genera un creciente malestar que se expresa en
la intensificación del descontento y de las manifestaciones de calle, las
cuales a su vez son reprimidas. Así se criminaliza la crítica y recrudecen las
persecuciones, allanamientos y encarcelamientos de quienes piensan diferente y
protestan. Se desata una ola represiva que persigue y encarcela a dirigentes
estudiantiles, sindicales y políticos que se le oponen; amedrenta a periodistas
y medios de comunicación para que no informen la verdad; y que llega al extremo
con el uso armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.
Todos estos son indicadores de
la pérdida de legitimidad de un gobierno originalmente electo en las urnas pero
que al degenerar en prácticas autoritarias y represivas pone en entredicho su
esencia democrática. El abuso de poder llega al extremo al decretar estados de
excepción que suspenden las garantías constitucionales y erosionan los derechos
democráticos de la ciudadanía. Al cerrar las vías constitucionales, electorales
y pacíficas para resolver la actual crisis de gobernabilidad el gobierno tiende
la alfombra a los violentos y abona el camino para las salidas militaristas y
dictatoriales.
Cuando tantos excesos se
cometen contra los derechos constitucionales de la ciudadanía ha llegado la
hora de cambiar. Un gobierno así merece ser revocado por el mismo pueblo que lo
eligió. @victoralvarezr
¿Por qué no estalla Venezuela?
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El Gobierno evade someterse al
escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que ha
erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su
popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna
posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la
Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier
subterfugio para darle largas al Referendo Revocatorio (RR) y a las elecciones
de gobernadores y alcaldes.
El presidente de la República, Nicolás
Maduro, llegó al extremo de afirmar que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De
inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de
excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas,
jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan
restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, insistió
en que las múltiples irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE
por la MUD en mayo “mataron” el RR.
Deshilachan la
Constitución: Gobierno en el límite de la legalidad
El artículo 5 de la CRBV señala
claramente que: “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la
soberanía popular y a ella están sometidos”.
A través de las elecciones se expresa la
soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema
democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se comete
una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la Constitución. Una suspensión del RR o un diferimiento de los
comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de la CRBV y priva a
la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.
El único caso en que se justifica
posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural. En tales
circunstancias se requiere la declaratoria de un Estado de Excepción por Alarma que sea avalado por la Asamblea
Nacional (AN) y validado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ). Requisito muy fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó
un Estado de Excepción y Emergencia
Económica y cuenta con el respaldo incondicional del TSJ para evadir la
aprobación de la AN, la cual en la práctica fue disuelta al ser declarada en
desacato por el máximo tribunal del país.
¿Por qué
no estalla Venezuela?
La fuerza transformadora de la inconformidad
permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las
condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un
estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. Por mucho
menos que la tragedia nacional que actualmente Venezuela está sufriendo estalló
El Caracazo. ¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la
del 27 de Febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como
la que encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?
La creciente incorporación de altos
rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo
los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se
sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esta
zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que
respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y
municipales en las fechas que corresponde.
En la lista de espera se mantienen efectivos
militares que también aspiran a ser colocados al mando de lucrativos negocios que
les permita un retiro próspero y confortable. Lejos de estar pensando en la
solución de la actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte
del problema que hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja
puede considerar muy grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones
de gobernadores y alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están
subordinados les creen expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido
de sables ni conspiración de Comacates
(comandantes, mayores, capitanes y tenientes).
Malestar
social sin liderazgo político
La Oposición no termina de capitalizar el
creciente descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta
de constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones
espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización
social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis humanitaria
que ha sufrido y ha desembocado en una diáspora de su gente.
A solo unos días para la recolección del
20% de las firmas se mantiene el temor sobre una maniobra de última hora para
abortar la consulta popular. Han circulado rumores sobre una supuesta medida cautelar
que prepara la Sala Constitucional del TSJ para anular la recolección de firmas
prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre. Si el país no ha explotado aún
ante la severa escasez de alimentos y medicinas, ante la voraz inflación que
pulveriza el poder adquisitivo del ingreso familiar, ante la impune criminalidad
que aterra a la ciudadanía, conculcar entre gallos y medianoche el derecho
ciudadano de decidir si revoca o no el mandato presidencial, podría ser el
detonante del estallido social que no termina de ocurrir.
A todas estas, aprovechando la maniobra
de correr el RR para el 2017, Diosdado Cabello recorre el país arengando a las
bases clientelares del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como Vicepresidente y así asumir
finalmente la Presidencia de la República que Chávez le negó. Nicolás Maduro ve
con desconfianza y recelo esta ambición desbordada porque sabe que una vez
revocado será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol
caído.
Las excusas del oficialismo lucen cada
vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la
amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco
del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis
comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la
incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe
sin precedentes. @victoralvarezr
lunes, 17 de octubre de 2016
Lecciones del rentismo: lo que Venezuela no debe olvidar
Tanto el
capitalismo rentístico como el neo-rentismo socialista son expresiones
distintas del mismo modelo de acumulación extractivista, sustentado en la explotación
del petróleo depositado en el subsuelo.
En el debate nacional dos énfasis se distinguen en torno al destino
que debe tener la renta petrolera derivada del modelo extractivista:
·
En el capitalismo
rentístico, la siembra del petróleo consistió en financiar el proceso de acumulación
a través de préstamos blandos a las empresas, así como la construcción de
autopistas, ferrovías, puentes, centrales eléctricas y demás obras de
infraestructura que requiere la actividad económica.
·
Mientras que en el
neo-rentismo socialista, la siembra del petróleo se enfocó en el financiamiento
de la inversión social para reducir los niveles de desempleo, pobreza y
exclusión, a través de una amplia gama de misiones sociales en los campos de la
alimentación, educación, vivienda, salud, etc.
El capitalismo rentístico desembocó en una desviación desarrollista que favoreció sobre todos a
las empresas y contratistas que recibieron los créditos baratos y la ejecución
de las grandes obras.
Mientras que el neo-rentismo socialista degeneró en prácticas populistas y clientelares para mantener
la lealtad política de la gente humilde, mediatizada y sometida por las
gratuidades y asignaciones de la política asistencialista.
En una
apretada síntesis podemos decir que, en en capitalismo rentístico de la IV República, la
renta petrolera financió las inversiones de capital para producir bienes privados;
mientras que, en el neo-rentismo socialista de la V República, el énfasis se
puso en la inversión social para generar servicios públicos.
El capitalismo rentístico
En la IV República un alto
porcentaje del ingreso petrolero se destinó a financiar el capitalismo
rentístico con préstamos a bajas tasas de interés y largos plazos; la
asignación de petrodólares baratos para importar maquinarías, insumos y
tecnología; así como compras gubernamentales en condiciones muy favorables para
la producción nacional.
El
capitalismo rentístico colapsó cuando la sobrevaluación de la tasa de cambio
agotó la capacidad de absorción de la renta en actividades productivas. Un
petrodólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones que
desplazaron a la agricultura e industria.
La
sobrevaluación reveló la estrechez del mercado interno y obstaculizó el crecimiento hacia afuera al castigar la
competitividad cambiaria de las exportaciones.
El
margen para sembrar el petróleo se
agotó porque los incrementos en la producción no encontraron espacio en el
mercado interno, ni mucho menos en los reñidos mercados internacionales.
La
industrialización no se consolidó y el país finalmente se transformó en un
importador de lo que antes producía.
En
lugar de esterilizar el impacto negativo de la renta petrolera, su inyección a
la circulación doméstica desató una creciente demanda que no tuvo su debido
respaldo en el incremento de la producción interna.
Como la
sobrevaluación limita la absorción productiva de la renta, la rigidez de la
oferta -aunada al incremento de la demanda-, desata una persistente inflación
que erosiona la capacidad adquisitiva de los salarios y empobrece a la
población.
El neo-rentismo socialista
En la V República el mayor porcentaje
de los ingresos petroleros se utilizó para financiar el neo-rentismo socialista
como un modelo de
dominación sustentado en el uso del ingreso petrolero para financiar la
inversión social y crear una red clientelar que le sirve de apoyo político.
En la
retórica del modelo se puso el énfasis en pagar la deuda social a través de
políticas asistencialistas, pero se acostumbró a la población más vulnerable a
vivir de gratuidades en el acceso a bienes y servicios que solo podían pagarse
y sostenerse en períodos de altos precios del petróleo.
Debido a la
contracción del aparato productivo interno y su incapacidad para generar
empleos al ritmo de la población económicamente activa, el neo-rentismo
socialista tiende a acentuar el papel empleador-clientelar del Estado.
Este modelo no
generara un trabajo emancipador, toda vez que éste queda mediatizado por la
lógica opresiva del Estado burocrático que funcionariza y somete a la fuerza de
trabajo.
Más de lo mismo
El capitalismo
rentístico y el neo-rentismo socialista son expresiones distintas del mismo
modelo de acumulación extractivista. Los
actores económicos, políticos y sociales se acostumbran a obtener ganancias e
ingresos que no son fruto de su propia inversión ni de su trabajo productivo.
El reparto
clientelar de los subsidios erosiona la
dignidad del pueblo al desestimular el esfuerzo productivo que cada quien debe
hacer para ganarse su sustento. Así, la dominación se logra a través de un sistema de
premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores políticos,
comprar la simpatía de los vacilantes y castigar o disuadir a los adversarios.
Las dos caras del extractivismo funcionan a la perfección mientras el
ingreso petrolero alcanza para financiar la acumulación del capital y la
inversión social. Pero al colapsar los precios del petróleo y reducirse la
extracción de crudos, el gobierno de turno pierde su capacidad de mediatización
y por eso entra en crisis.
El reto es preparar a Venezuela para que pueda
encarar la próxima crisis de abundancia y no cometa los mismos errores. Las
alternativas que vemos las abordaremos en una próxima entrega. Hasta entonces
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