Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El presidente de la República, Nicolás
Maduro, afirmó recientemente que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De
inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de
excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas,
jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan
restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv,
insistió en que las irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE por
la MUD “mataron” el Referendo Revocatorio y sentenció: “en el 2016, chillen, hagan lo que les dé la gana pero referendo no
hay”. Con la certeza de que esta consulta se propondrá para 2017, Cabello
recorre el país arengando a las bases del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como
Vicepresidente y así asumir finalmente la Presidencia que Chávez le negó. Maduro
ve con desconfianza tan desbordada ambición porque sabe que una vez revocado
será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol caído.
El CNE demoró más de lo debido revisando y
anulando firmas hasta que finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del
RR recolectaron más del 1% requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral validó
el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin competencia
en la materia luego lo anulan? Procedieron como una pandilla al anunciar simultáneamente
su exabrupto y dejaron en evidencia que se trató de una operación planificada y
ejecutada de manera concertada para impedir la recolección del 20% de las
firmas y abortar así el RR. Cinco tribunales del Poder Constituido
desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y negaron a la
ciudadanía su derecho constitucional a evaluar a mitad de período la gestión
gubernamental, tal como lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?
La suspensión de la recolección del 20 %
de las firmas para convocar el RR y la posposición para 2017 de las elecciones
de gobernadores y alcaldes acentúan la incertidumbre sobre la suerte que en
adelante podrán correr los diferentes procesos electorales. El Gobierno evade
someterse al escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que
ha erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su
popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna
posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la
Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier
subterfugio para darle largas al RR y a las elecciones de gobernadores y
alcaldes.
El Gobierno camina por
el filo de la legalidad
El artículo 5 de la CRBV señala
claramente que: “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio,
por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la
soberanía popular y a ella están sometidos”.
A través de las elecciones se expresa la
soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema
democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se
comete una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la
Constitución. Una suspensión del RR o un
diferimiento de los comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de
la CRBV y priva a la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.
El único caso en que se justifica
posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural y para esto se
requiere declarar un Estado de Excepción
por Alarma que sea avalado por la AN y validado por el TSJ. Requisito muy
fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó un Estado de Excepción y Emergencia Económica y cuenta con el respaldo
incondicional del TSJ para evadir la aprobación de una AN que, en la práctica,
luce disuelta al ser declarada en desacato por el TSJ.
Estallido
social y hecatombe político-militar
La fuerza transformadora de la inconformidad
permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las
condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un
estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. El Caracazo
estalló por mucho menos que la tragedia nacional que hoy sacude a Venezuela.
¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la del 27 de
Febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como la que
encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?
La creciente incorporación de altos
rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo
los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se
sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esa
zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que
respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y
municipales en las fechas que corresponde.
En la lista de espera se mantienen
militares que aspiran ser colocados al mando de lucrativos negocios que les
permita un retiro confortable. Lejos de estar pensando en la solución de la
actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte del problema que
hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja puede considerar muy
grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones de gobernadores y
alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están subordinados les creen
expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido de sables ni
conspiración de Comacates (comandantes,
mayores, capitanes y tenientes).
La Oposición no termina de capitalizar
el descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta de
constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones
espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización
social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis que ha sufrido.
En lugar de concentrar su energía en salvar el RR, ahora promueven un juicio
político por abandono del cargo contra un presidente que lo que está es
aferrado al poder y lo que menos quiere es abandonar la silla presidencial.
Las excusas del oficialismo lucen cada
vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la
amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco
del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis
comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la
incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe
sin precedentes. @victoralvarezr
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