Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
La economía es un sistema que
produce bienes y servicios y procura hacerlo de la manera más eficiente y al
menor precio posible. Utilizando unos recursos que son escasos, los factores de
producción (tierra, capital y trabajo) participan a cambio de una remuneración según
el aporte que cada cual hace a la producción. La distribución primaria del
ingreso ocurre en el ciclo económico en el cual los factores de producción se
organizan para producir y vender una determinada oferta de bienes y servicios. La
distribución primaria del ingreso suele favorecer al factor capital. Para la re-distribución
secundaria, el Estado cobra impuestos según el nivel de ingresos con el fin de redistribuirlos
a favor de los menos favorecidos y así corregir la inequitativa distribución
inicial del ingreso.
En este contexto, cuando se habla de la Política de Ingresos se hace
referencia al conjunto de instrumentos y medidas que buscan influir
directamente sobre las distintas formas básicas de ingreso: salarios, ganancias
y renta de la tierra. Este conjunto de medidas se toman para incidir en la
distribución del ingreso y mejorar las proporciones en las que se distribuye la
riqueza entre los diferentes factores que la generan. La política de ingresos
tiende a mediar en la lucha distributiva entre los factores que pujan por
llevarse la mayor tajada del producto. En ella está implícita una definición de
la distribución de la riqueza nacional y del poder económico, razón por la cual
se sitúa en el centro del debate económico.
Pero la Política de Ingresos
es mucho más que la política salarial. No se limita a fijar el salario mínimo.
Tampoco se agota en los programas sociales compensatorios de ayuda a los
sectores sociales rezagados o excluidos. Una visión así sería demasiado
estrecha. Al alterar los niveles de sueldos, ganancias y rentas, las políticas fiscales,
monetarias y cambiarias repercuten de manera directa en la participación de los
factores productivos en la distribución del ingreso. Por eso, la Política de Ingresos
también influye en su redistribución.
BCV: con una mano
da y con la otra quita
La reforma de la
Ley del BCV en 2005 que transfirió parte de las reservas internacionales al
Ejecutivo, aunada a las reformas de 2009-2010 que autorizaron el financiamiento
del déficit fiscal, terminó generando efectos no deseados en la distribución
factorial del ingreso. El
financiamiento monetario de los déficits de las empresas públicas, en el
contexto de una economía estancada, no hace más que erosionar el poder de
compra de la moneda nacional, ya que cada vez hay más bolívares procurando
comprar productos que se hacen muy escasos.
A pesar de que el artículo 320 de la CRBV
señala que “el BCV no estará subordinado
a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas
fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor ha venido
financiando a Pdvsa, debido a que ésta se ha visto perjudicada por una tasa de
cambio oficial que no le rinde suficientes bolívares para pagar su nómina de
más de 140 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y
contratistas, mantener la ayuda a las misiones sociales y cumplir a tiempo con
sus obligaciones fiscales. Pdvsa necesita sanear sus finanzas y
eso pasa por sincerar tanto la tasa de cambio oficial como el precio de la
gasolina.
En los últimos dos años uno de los factores que más ha propagado la
inflación ha sido la emisión de dinero inorgánico para financiar las empresas
públicas deficitarias. Al cierre de 2014, el BCV le ha transferido a Pdvsa más de Bs. 640 mil
millones, sin que haya crecido de manera equivalente la producción de
bienes y servicios. Los
propios datos oficiales revelan que el financiamiento a Pdvsa ha sido la
principal causa de la expansión de la base monetaria, convirtiéndose así en el
principal factor propagador de la inflación que devora los salarios y propicia
una distribución regresiva del ingreso a favor de los factores que pueden
ajustar con mayor velocidad los precios.
Para drenar el exceso de liquidez que él mismo genera, el
BCV incrementa el encaje legal y le cógela a los bancos un creciente porcentaje
del dinero que captan. Aun así, en cifras netas la liquidez no ha bajado, toda
vez que es más el torrente de dinero que con una mano el BCV inyecta a la
circulación doméstica, que el que saca a cuenta gotas con la otra mano a través
del encaje legal.
En un contexto de
control de cambios, la creciente liquidez derivada de la monetización del déficit
fiscal, presiona la cotización del dólar paralelo. Los bancos tienen en sus
bóvedas cuantiosas sumas de bolívares que necesitan prestar, lo cual es aprovechado
por el Ministerio de Finanzas para emitir títulos de Deuda Pública Nacional y
Letras del Tesoro, la cual es comprada por los bancos. A diferencia del
financiamiento monetario que supone la emisión de dinero inorgánico por parte
del BCV, el financiamiento bancario permite reabsorber o reciclar esa misma
liquidez. Sin embargo, la tendencia a incrementar el gasto público en un año
electoral lleva al gobierno a combinar el financiamiento bancario con el
financiamiento monetario, atizando las presiones inflacionarias que no
contribuyen al logro de una distribución progresiva y justa del ingreso.
Los efectos no deseados de la subordinación del BCV
Una persona no es libre mientras no tenga la existencia material
garantizada. Si algo desea la mayoría de trabajadores que viven de un ingreso
fijo es que el incremento salarial sea mayor que el aumento de los precios, y
no al revés como ha ocurrido sobre todo en los últimos dos años, con
inflaciones de 56% y 68%, muy superiores a la compensación salarial. Los trabajadores
que ven como sus salarios se vuelven sal y agua, esperan un BCV
que cumpla con su mandato constitucional y se comprometa a defender el poder de
compra del bolívar y a derrotar la inflación, en lugar de atizarla y
propagarla.
Sin embargo, el financiamiento monetario del déficit fiscal continúa. Es
como si no se entendiera que el actual auge inflacionario es la inevitable
consecuencia de la erosión que ha sufrido el respaldo de la moneda nacional,
debido al errático manejo de las reservas internacionales y a las desmesuradas emisiones
de dinero inorgánico.
El reclamo de la ciudadanía
Una ciudadanía cada vez más consciente tiene
que exigirle al BCV la ejecución de una política monetaria y cambiaria que
aseguren el logro del objetivo antiinflacionario y la protección de los
salarios. Para un eficaz ejercicio de la contraloría social se requiere información
transparente y oportuna sobre las reservas internacionales, el INPC mensual,
los índices de escasez, el comportamiento del PIB, etc. hay que exigirle a las
autoridades monetarias que rindan cuenta al país y expliquen periódicamente las
razones del comportamiento inflacionario y del desempeño económico, así como de
las medidas que es necesario adoptar para corregir cualquier desequilibrio.
La subordinación del BCV al Ejecutivo
nacional definitivamente no arrojó los resultados esperados. Un BCV más
independiente será menos propenso a sacrificar la meta de inflación ante las
presiones gubernamentales para financiar empresas públicas deficitarias como
emisiones de dinero sin respaldo. De allí que un paso clave para recuperar la
fortaleza del bolívar tiene que ver con la recuperación de la autonomía del
BCV, que sabiamente quedó plasmada en los artículos 318, 319, 320 y 321 de la
Constitución de 1999.
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