Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Cuba promulgó la Ley de Inversión
Extranjera N° 118 con el objetivo de captar un creciente flujo de inversiones
extranjeras y sobre esta base impulsar su precaria economía. A pesar de no representar
ninguna alteración profunda en el sistema económico bajo control del Estado,
esta ley constituye un paso muy importante en la actualización de su modelo
económico. Ante la urgente necesidad de recibir capitales que le permitan enfrentar
su crónica insuficiencia de inversión productiva y los problemas de escasez y
racionamiento que durante más de medio siglo han castigado a su población, Cuba
cambia de paradigma y decide otorgar ventajas sin precedentes a los
inversionistas extranjeros.
Además del turismo, se espera que
estas inversiones contribuyan a mejorar los servicios públicos, la
infraestructura y la producción agrícola, minera e industrial. Con esta Ley,
Cuba reconoce la importancia de la inversión extranjera para la transferencia
tecnológica, la generación de empleos y la capacitación técnica y gerencial,
todo lo cual contribuirá a diversificar la actividad económica local. De allí
su determinación de mejorar el clima de inversiones a través de atractivos
incentivos fiscales, así como estabilidad y paz laboral.
Con la promulgación de esa Ley, La Habana tiene el
reto de alcanzar un grado de aceptación de las condiciones que ha fijado. La posibilidad real de tener acceso a las fuentes de
financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y mercados para sus productos
está estrechamente vinculada a la credibilidad de los incentivos y condiciones que
sea capaz de ofrecer y cumplir para atraer nuevas y crecientes inversiones. Esto pasa por honrar oportunamente sus compromisos
financieros con la comunidad internacional y crear un ambiente en el que
coexista armónicamente la propiedad estatal y mixta con las ventajosas
oportunidades que ahora ofrece a la
inversión extranjera.
Principios
rectores
Los principios rectores de la actualización del
modelo económico cubano deslindan campos para que los mecanismos del mercado
puedan operar. Estos conceptos deberán regir las relaciones entre el Consejo de
Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las
Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). En tal sentido se
plantea:
·
Separar
las funciones estatales de las empresariales y aumentar las atribuciones de la
empresa en el uso eficiente de los recursos.
·
Los OACE
solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones que
únicamente realizan funciones de carácter empresarial.
·
Las
Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar a las
OSDE, con el fin de exigir eficiencia y cumplimiento de la legislación.
·
Preparación
de todos los dirigentes que llevan a la práctica la reorganización
institucional para evitar errores por incompetencia e impericia.
·
Crear condiciones
para la unificación monetaria y cambiaria a fin de restablecer el valor del
peso cubano, sus funciones como dinero y la medición correcta de los resultados
económicos.
·
Perfeccionamiento
del sistema de salarios, pensiones y otros ingresos para garantizar que cada
cual reciba un salario acorde con su trabajo.
·
Gradualidad
en el proceso para evitar improvisaciones y contramarchas.
Lecciones para Venezuela
El 95% de
las divisas que entran a Venezuela son generadas por la factura petrolera de
Pdvsa. Pero con el colapso de los precios del petróleo este ingreso se desplomó
a la mitad y en adelante la oferta de divisas seguirá dependiendo de la
menguada renta petrolera y de la precaria disponibilidad del BCV, el cual ha
visto caer el nivel de reservas internacionales a su nivel más bajo en la
última década.
Difícilmente los inversionistas extranjeros
encuentren otro país con una tasa de cambio más favorable que la del Simadi, un
verdadero estímulo cambiario para hacer rendir sus divisas en moneda local. En
adelante, obtendrán más bolívares por
cada dólar, lo cual va a disminuir la cantidad de divisas que necesitan para
cubrir los gastos domésticos.
Pero bajo un régimen de
cambios múltiples (Cencoex, Sicad, Simadi) un asunto que hay que
aclarar es la tasa de cambio a la cual los inversionistas extranjeros podrán repatriar los dividendos. Para las nuevas inversiones sería
Simadi, pero si esta tasa se aplica a los dividendos pendientes de inversiones
anteriores, las pérdidas cambiarias serían considerables, toda vez que al
entrar al país convirtieron sus divisas a tasa Cadivi-Cencoex, mientras que
para salir o remitir dividendos tendrían que comprar las divisas a la tasa
Simadi, 30 veces más caras. Y ante tal falta de claridad e inseguridad
cambiaria nadie va a invertir en Venezuela. Por eso Cuba corrige
las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.
La tasa Simadi constituye
un poderoso incentivo que mejorará sustancialmente el flujo de caja en
bolívares de los actuales inversionistas extranjeros. Sin embargo, este incentivo cambiario es necesario
más no suficiente. La inversión no fluirá en la escala que el país necesita
mientras no se logre estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica,
transparencia y flexibilidad en los controles, paz laboral, así como
disponibilidad de insumos básicos, infraestructura y servicios de calidad para
la inversión productiva.
Hasta la Cuba comunista lo ha reconocido en su
nueva Ley de Inversión Extranjera. La dirigencia
cubana asume a la inversión extranjera no como el invasor imperialista que restaurará el capitalismo sino como un socio estratégico en la actualización
del modelo económico de la Revolución. Con ese fin, ofrece incentivos fiscales,
seguridad jurídica, servicios de calidad y paz laboral en sus zonas especiales
de desarrollo. Adicionalmente, reforma y abre a la inversión extranjera la
empresa estatal socialista, corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la
unificación monetaria.
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