¿Otra América Latina es posible?: Brasil y China en la nueva geopolítica

China y Brasil en la nueva geopolítica latinoamericana

y

Alternativas al Capitalismo/Colonialismo del siglo XXI

  

Biblioteca CELARG, 11 al 13 de julio 2013

 

La Fundación Rosa Luxemburg, el Foro Social Mundial Temático Venezuela y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG),  tienen el agrado de invitarles a las Jornadas Internacionales ¿Otra América Latina es posible? cuyo objetivo es debatir en presentaciones y talleres de discusión el papel de Brasil y China en la geopolítica global.

 

Jueves 11 de julio

Foro debate público (entrada libre)

 

4 pm.    Brasil y China en la nueva geopolítica latinoamericana

Raúl Zibechi (Uruguay): Brasil potencia. Entre la integración Regional y un nuevo imperialismo.

Javier Gómez (Bolivia): El rol del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en la expansión geopolítica del Brasil.

Edgardo Lander (Venezuela): La influencia de China en América Latina.

Miguel Ángel Contreras (Venezuela): Pensar Venezuela en el marco de estas reconfiguraciones geopolíticas.

 

Viernes 12 de julio

Taller de discusión (previa inscripción, sin costo)

 

9am - 2 pm.       Brasil y China en la nueva geopolítica latinoamericana

Taller sobre los reacomodos globales del sistema mundo capitalista. Los países emergentes del Sur: ¿cuestionamiento o reafirmación de las lógicas dominantes del sistema mundo capitalista? La nueva división internacional del trabajo y de la Naturaleza. El papel de América Latina. ¿Reafirmación de las modalidades coloniales de inserción en la división internacional del trabajo y de la Naturaleza? China y Brasil en esta nueva configuración geopolítica y económica global.

 

Participan: Raúl Zibechi, Edgardo Lander, y Javier Gómez

 

 

                Viernes 12 de julio

Foro debate público (entrada libre)

 

5 pm. Alternativas al capitalismo y colonialismo en el siglo XXI (Evento público)

Presentación del segundo libro del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo  de la Fundación Rosa Luxemburg (Sede Quito):

 

Presentan: Edgardo Lander (Venezuela)

        Manuel Cerezal (Francia/Venezuela)

        Miriam Lang (Alemania/Ecuador)

Comentan: Víctor Álvarez (Venezuela)

                        Raúl Zibechi (Uruguay)

 

El libro será entregado gratuitamente

 

 

Sábado 13 de julio

Taller de discusión (previa inscripción, sin costo)

 

9 am - 2 pm       Taller sobre los retos y propuestas de la transición en América Latina hoy. Énfasis en las experiencias y los debates de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

 

Debate a partir de las propuestas presentadas en el libro “Alternativas al capitalismo y colonialismo  del siglo XXI” y las experiencias venezolanas.

 

 

La Fundación Rosa Luxemburg, el Foro Social Mundial Temático Venezuela y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG),  tienen el agrado de invitarles a las Jornadas Internacionales ¿Otra América Latina es posible? cuyo objetivo es debatir en presentaciones y talleres de discusión el papel de Brasil y China en la geopolítica global.

El capitalismo aprovecha cada crisis para cambiar de cara y relegitimarse. También ha cambiado en la última década en toda América del Sur. Se ha profundizado la dependencia primario exportadora (petróleo, mineral de hierro, cobre, oro, productos forestales, soya), tendencia que ha sido caracterizada como un neo-desarrollismo extractivista. Por su devastador impacto social y ambiental en los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y muchos centros urbanos, así como por su contribución a la crisis climática planetaria, estas actividades  motivan  múltiples resistencias y luchas populares.

Las tensiones existentes en la región se ubican entre los sectores que presentan esta vía como la única posible, y por otro lado, los grupos y organizaciones que trabajan en la generación de alternativas. Cuestionan no solamente al extractivismo, sino también al concepto de desarrollo en sí, tan ampliamente naturalizado.

 

Para comprender estos procesos, es indispensable analizar las condiciones políticas y económicas particulares de cada país. Sin embargo esto no es suficiente. Es igualmente necesario el análisis de las nuevas configuraciones geopolíticas y las modalidades de la división internacional del trabajo y de la Naturaleza, dentro de las cuales opera en la actualidad el continente. Sin esto, no sería posible entender el hecho de que este neo-extractivismo es impulsado por los gobiernos de América Latina, prácticamente sin importar su postura política.

 

El acelerado crecimiento económico de las llamadas economías emergentes, especialmente los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sur África) ha re-configurado aceleradamente la geopolítica global y producido transformaciones profundas en la división internacional del trabajo y de la Naturaleza. Para la América Latina hispanoparlante, los dos países emergentes que han tenido, un mayor impacto son Brasil y China. Son estos dos países los que han tenido en años recientes más incidencia en la conformación del patrón primario exportador dominante, en la definición de las mayores obras de infraestructura, y han pasado a ser igualmente las principales fuentes de financiamiento externo.

 

El propósito de estas jornadas es el de realizar un conjunto de presentaciones y debates interrelacionados. Se abordarán las posibilidades de construir alternativas al desarrollo en Venezuela y el continente, incorporando centralmente en el debate el papel que juegan Brasil y China como condicionantes (¿determinantes?) de las nuevas formas de inserción latinoamericana en la economía global.

 

El Mercosur y la industrialización de Venezuela

Víctor Álvarez R.

Un país se ha industrializado cuando la manufactura aporta al menos el 20 % del PIB, rango que superan Argentina y Brasil. En Venezuela, el grado de desarrollo industrial es de 14.4 % y la densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes es de apenas 0.25, mientras que en Argentina es de 1.9 y en Brasil 2.1. Viéndolo en positivo, estos datos revelan el enorme potencial de desarrollo industrial que aún tiene por delante Venezuela.   

Si bien los encuentros bilaterales revelaron un potencial de intercambio comercial desconocido, Venezuela no puede incorporarse al Mercosur solamente como un mercado abierto, dispuesto a comprar todo lo que se le ofrezca. No se trata solo de una integración comercial, sino de un nuevo tipo de integración productiva basado en la transferencia de tecnología, calificación del talento humano, asistencia técnica e incorporación de valor agregado nacional, toda vez que los productos que circulen en el Mercosur deben tener un mínimo de contenido subregional. Solo así la integración a este acuerdo podrá contribuir a la transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador, capaz de sustituir eficientemente importaciones y diversificar exportaciones hacia otros mercados, incluso más allá del Mercosur.

Un tema clave para elevar la densidad de empresas industriales por cada mil habitantes, generar empleo productivo y aumentar la contribución del sector industrial a la conformación del PIB, se refiere a la promoción de inversiones del Mercosur en el territorio nacional, lo cual plantea los siguientes desafíos que es necesario considerar:

·         Sobrevaluación del tipo de cambio, lo cual se traduce en un subsidio al dólar y, por consiguiente, en un subsidio a las compras externas que actualmente se realizan con un dólar barato, haciendo más rentable importar que producir.

·         Inversión en talento humano y fortalecimiento de capacidades tecnológicas para transformar industrialmente los recursos naturales y energéticos, dejando de ser un exportador de productos primarios e importador de manufacturas, para pasar a ser un importador de capitales y tecnologías del Mercosur y exportador de valor agregado.

·         Existencia de grandes asimetrías debido a diferencias en el tamaño de los países, desbalance en sus niveles de desarrollo económico, desigual dotación de recursos naturales, humanos, tecnológicos e infraestructura, lo cual no puede ser superado a través de la simple liberalización comercial.

·         Inestabilidad financiera y monetaria por la crisis económica mundial, la cual repercute en los procesos de complementación económica debido a las manipulaciones de los tipos de cambio y los diferenciales de tasas de interés entre los países.

La armonización de políticas macroeconómicas y sectoriales, así como la inversión en la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad productiva, resultan cruciales para reimpulsar el desarrollo industrial. Este proceso no puede dejarse a merced de las fuerzas ciegas del mercado y requiere el diseño de políticas industriales, tecnológicas y de promoción de inversiones que faciliten el acceso a los avances del desarrollo industrial que ha logrado el Mercosur.

El ingreso de Venezuela al Mercosur

Víctor Álvarez R.

Desde 1999, el Presidente Chávez anuncio la decisión de gestionar el ingreso de Venezuela al Mercosur. En 2002 se firma en Brasilia el acuerdo CAN-Mercosur y en 2004 Ecuador, Colombia y Venezuela ingresan como miembros asociados según los Acuerdos de Complementación Económica de ALADI. Truncando este proceso, Colombia y Perú deciden firmar primero un TLC con EE.UU., concediéndole mejores condiciones que a sus socios originales de la CAN. Esta decisión unilateral provocó la retirada de Venezuela del acuerdo andino y centró su interés en el ingreso al Mercosur.

En la Cumbre Presidencial celebrada en Montevideo en 2005, se aprueba el Acuerdo Marco con el que se inicia el ingreso formal de Venezuela al Mercosur. Se crea un Grupo Ad Hoc para negociar bilateralmente el Protocolo de Adhesión y convenir los cronogramas para la implementación de la normativa vigente. En 2006 se firmó en Caracas dicho protocolo, el cual entraría en vigor una vez que los parlamentos de los países miembros lo aprobasen. Desde entonces el Senado de Paraguay se dedicó a impedir este proceso, pero tras la suspensión de ese país del Mercosur debido a la maniobra orquestada para derrocar al Presidente Lugo, fue posible remover el único obstáculo que impedía el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur.

En su formato inicial, este acuerdo se propuso crear un mercado común para la libre circulación de bienes, servicios y personas. A través de un arancel externo común, los países miembros acordaron integrarse entre ellos y protegerse hacia afuera. Pero el objetivo declarado del Gobierno venezolano de priorizar la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social -por encima de la inercia neoliberal interesada sobre todo en firmar los TLC-, desató férreas resistencias a la incorporación de Venezuela al Mercosur. La preferencia en lo social entraba en abierta contradicción con el objetivo de las transnacionales de explotar la fuerza de trabajo barata y los recursos naturales de los países latinoamericanos, como sustento de su producción exportable hacia los diferentes mercados del mundo. Es la idea neoliberal de la integración de los mercados la que choca con la propuesta de la integración de los pueblos. Ese y no otro fue el verdadero obstáculo a la incorporación de Venezuela al Mercosur.

Venezuela es un país rico en recursos petrolíferos, gasíferos y minerales, pero pobre en capacidades tecnológicas e innovativas para transformarlos en productos de mayor valor agregado. Por eso, además de aprovechar el potencial de intercambio comercial, lo más importante del ingreso de Venezuela al Mercosur es la gran oportunidad que surge para complementar capacidades y recursos en función de impulsar un nuevo tipo de integración económica basado en la transferencia de tecnología, calificación del talento humano nacional, asistencia técnica a la economía social e incorporación de un creciente valor agregado nacional en los proyectos de inversión. Solo así Venezuela podrá reconstruir su aparato productivo, generar empleos dignos y bien remunerados, sustituir eficientemente importaciones, diversificar sus exportaciones y mejorar la calidad de vida y el bienestar de su población.  

El modelo extractivista

Víctor Álvarez R.

El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales y energéticos. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a vender tales recursos en lugar de transformarlos industrialmente. Es un modelo depredador del ambiente toda vez que agota los yacimientos. En el caso de los recursos renovables, los extrae a un ritmo superior a la tasa de reposición. Causa enfermedades ocupacionales que afectan gravemente la salud pública y da lugar a un crecimiento desigual de los sectores económicos y regiones.

Este modelo impone un lógica de enclave. Su actividad está aislada del resto de la economía y tiene muy poco impacto sobre desarrollo endógeno. Coexisten sistemas de alta y baja productividad, baja densidad de empresas industriales por cada mil habitantes, poca diversificación e integración industrial y escasa complementariedad que se manifiesta en el alto componente importado y débil encadenamiento local.

Los países con fuerte arraigo extractivista dependen de la captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus necesidades. La abundancia de divisas tiende a sobrevaluar la moneda nacional. Así resulta más rentable importar que producir, razón por la cual los productores se transforman en importadores. Esta tendencia a importar desplaza a la producción nacional: importan porque no producen y no producen porque importan.

El Estado aprovecha la renta para transformarse en empresario. No construye alianzas con el sector privado ni crea nuevas empresas. Expropia las que existen e indemniza a sus propietarios. Esto reduce la base empresarial y, al no haber suficiente producción nacional, el Estado se convierte en importador para combatir la escasez y la especulación. La mala asignación de los factores productivos distorsiona la dinámica económica, el  comercio y los servicios tienden a cobrar más importancia que la agricultura y la industria, que son los sectores en los que descansa la soberanía productiva, al proveer los bienes que se requieren para satisfacer las necesidades de la población.

Los modelos extractivistas son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de prácticas caudillistas, autoritarias y mesiánicas. Al ser el Estado el dueño de las riquezas del subsuelo y del ingreso rentístico, esto crea una base objetiva para centralizar el poder político y facilita un uso discrecional de los recursos. No hay demandas de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, sino presión de grupos de poder para captar renta. La cooptación debilita la participación ciudadana. Se multiplica el clientelismo y se usa la renta para neutralizar presiones, más no se alteran las relaciones de poder.  

La apología a las cuantiosas reservas crea una ilusión de prosperidad, una sensación de seguridad. Pero se mantiene la vulnerabilidad fiscal por la alta dependencia del ingreso rentístico. Esto hace crisis cuando los precios de los recursos naturales se desploman, ya no ingresa la misma cantidad de divisas y los gobiernos se ven en la obligación de devaluar, generando así inflación, desempleo, pobreza y exclusión.

El Neo-rentismo del siglo XXI

Escribe: Víctor Álvarez R.

En varios países de América Latina se observa un incremento considerable de las actividades extractivas y una disminución del peso de la industria en la conformación del PIB. Esta reprimarización de las economías está vinculada al impetuoso crecimiento de la economía china y su necesidad de asegurar a largo plazo proveedores de energía y materias primas que su pujante industria necesita.

El extractivismo es la fuente de una renta que no tiene como contrapartida el desarrollo de las actividades productivas internas. Esta renta no la pagan los factores nacionales sino los países consumidores del recurso que se exporta. La manera como se distribuye suele dar origen a sistemas de gobierno que alimentan una cultura clientelar y debilitan las instituciones y organizaciones sociales. Semejante ingreso permite neutralizar presiones y desactivar conflictos a través de un manejo cada vez más discrecional del mismo. Se va moldeando así una cultura rentista sustentada en la captura de un plusvalor internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos y sociales internos. Y estos últimos, en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas en el uso de la renta, se interesan más en captar la mayor tajada de ésta.

Los Estados neo-rentistas intensifican sus estrategias para maximizar el cobro de la renta y convertirla en una creciente fuente de recursos para financiar el presupuesto público. A diferencia de lo que ocurre en otros países donde se pecha con impuestos a los que más ganan para redistribuirlos en beneficio de quienes menos tienen, en los modelos neo-rentistas lo más importante no es la redistribución del ingreso que se genera a raíz del esfuerzo productivo, sino la distribución de la renta que se captura en el mercado internacional. La pugna por la distribución del ingreso entre los factores capital-trabajo queda amortiguada por el reparto que se hace de la renta, sin que ninguno de ellos se vea afectado por el pago de nuevos impuestos directos o indirectos. El mayor ingreso fiscal permite aumentar la inversión social sin afectar las transferencias al capital, ampliando así la base de apoyo al proyecto político dominante.

El principal obstáculo para superar el neo-rentismo es cultural. La ilusión de prosperidad se ve exacerbada cuando se certifican importantes reservas que pueden ser explotadas durante siglos. Esto brinda una sensación de autosuficiencia y seguridad que exacerba la cultura extractivista-rentista-consumista y posterga los esfuerzos por construir un modelo productivo que asegure independencia y soberanía. La cultura rentista que espera vivir de las transferencias del Estado debilita el valor del trabajo y el espíritu emprendedor. Cae la inversión productiva, se desintegra el tejido empresarial, el Estado pasa a ser el principal empleador y la gobernabilidad se logra a través de políticas asistencialistas y compensatorias que se financian con la renta. El neo-rentismo es el camino a la servidumbre de una sociedad sometida a un modelo de dominación que gradualmente se va imponiendo, gracias a la extraordinaria capacidad de financiamiento, mediatización y cooptación que otorga el abundante ingreso rentístico.

Referendo consultivo para decidir precio de la gasolina

Por: Víctor Álvarez R.

Las recientes protestas en Brasil explotaron a raíz del aumento de los pasajes del transporte público y han servido para recordar los terribles sucesos del Caracazo, cuyo detonante fue precisamente el aumento de la gasolina y su impacto en el incremento de los pasajes.

Desde entonces, buena parte de la dirigencia política está convencida de que cualquier incremento en el precio del combustible automáticamente desatará una protesta popular. Pero resulta que en 1989, el aumento de la gasolina fue el detonante más no la causa de las protestas. Las mismas estallaron debido al creciente descontento por la aplicación del paquetazo neoliberal, conformado por medidas antipopulares tales como: liberación de precios, aumento de las tasas de interés, eliminación del control de cambio con su impacto inflacionario, apertura a las importaciones que barrieron con el aparato productivo y privatización de empresas del Estado con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy distinta, a lo largo de la Revolución Bolivariana los sectores populares han recibido el beneficio de la inversión social de la renta petrolera y está en condiciones de pronunciarse conscientemente en un referendo consultivo sobre la conveniencia de sincerar el precio de la gasolina, a fin de reorientar hacia la inversión social este subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que más tienen -particularmente a los propietarios de vehículos con alto consumo de gasolina-, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte público cada vez más deficiente.

En otros países, llenar un tanque de 60 litros cuesta $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. En EE.UU. y la U.E. un litro cuesta cerca de un dólar, en Venezuela se vende a menos de 2 centavos. Un café cuesta 30 veces más. El diferencial de precios entre Venezuela y Colombia estimula el contrabando de extracción en pequeños barriles y grandes camiones-cisterna. Se estima que hacia los países vecinos salen ilegalmente 25.000 barriles diarios de combustible. Al precio de $ 90 por barril, el contrabando llega a los $ 800 millones anuales. Si comparamos el precio interno con el valor de exportación, el subsidio es de $ 7.500 millones anuales. Si la comparación se hace con los precios internacionales el subsidio sube a $ 15.700 millones.

Pero no se trata de regalar la gasolina ni de venderla al precio internacional. El quid de la cuestión radica en asegurar el apoyo popular a una medida destinada a reorientar, a favor de la inversión social, este pernicioso subsidio, que además induce a despilfarrar la gasolina, colapsar el tráfico terrestre y a contaminar el ambiente. Por ser esta una materia de especial trascendencia nacional, debería ser sometida a referendo consultivo por parte del Presidente de la República. Si se deja claro que el mayor porcentaje de la recaudación por el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de transporte público en todo el país y que el precio de los pasajes no se incrementará, el pueblo venezolano respaldará masivamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina.

Reinventar las empresas básicas

Por: Víctor Álvarez R.

Al analizar los Estados Financieros de las empresas básicas, cualquiera puede verificar que la mayoría atravesó por un período de notable recuperación entre los años 2003-2009. Los crecientes precios de los minerales e insumos básicos en los mercados internacionales, la reactivación de la economía nacional, el ajuste cambiario que permitió obtener más bolívares por dólar exportado, la reducción de la conflictividad laboral, y una gerencia con alta capacidad técnica explican en gran medida el buen desempeño en ese lapso. Tan así fue que, a pesar de los frecuentes cambios de ministros y presidentes de la CVG, la mayoría de los presidentes de las empresas básicas fueron ratificados en sus cargos.

Actualmente los Estados Financieros registran una caída de la producción que se traduce en pérdidas en la mayoría de las empresas básicas. Entre las causas que explican este deterioro figuran: la grave crisis eléctrica que afectó considerablemente los niveles de producción, la recesión económica internacional y su repercusión sobre los precios de los metales, la contracción del aparato productivo interno, la sobrevaluación del tipo de cambio, el sabotaje a la experiencia de Control Obrero por parte de grupos sindicales en pugna, así como los frecuentes cambios en los equipos gerenciales. Todos estos factores se han conjugado para crear un difícil cuadro en el que la mayoría de las empresas básicas, en lugar de generar ingresos fiscales y en divisas que permitan justificar la extracción de minerales y el alto consumo de energía que el resto del país necesita, por el contrario están generando pérdidas y solo podrán sostenerse a través de la transferencia de recursos del gobierno central, lo cual resta fondos para la inversión social y otros requerimientos del Presupuesto Nacional.

La creación de las empresas básicas responde a un proceso de división internacional del trabajo en el que Venezuela se insertó como un proveedor de insumos básicos intensivos en la explotación de recursos minerales, energía eléctrica y fuerza de trabajo barata. Pero en la actualidad, la actividad productiva se ha hecho cada vez más intensiva en conocimientos científicos y tecnológicos, lo cual tiende a desplazar el uso de las materias primas e insumos básicos tradicionales. El viejo modelo basado en la noción de ventajas comparativas está siendo desplazado por un esquema distinto, sustentado en la creación de ventajas competitivas sustentadas en el desarrollo de capacidades para generar, transferir, difundir y utilizar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

Es hora de repensar el modelo de desarrollo industrial que dio origen a las empresas básicas y acometer un profundo proceso de reconversión tecnológica y de fortalecimiento de la capacidad gerencial, con el fin de incursionar en proyectos aguas abajo que transformen los insumos básicos en productos con creciente valor agregado. Al sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable, las empresas básicas podrán mejorar su desempeño económico y financiero, crear nuevas oportunidades de trabajo y contribuir al desarrollo económico y social de la Nación.

Urge una estrategia antiinflacionaria

Víctor Álvarez R.

Según el BCV la inflación en mayo fue de 6,1%, la acumulada  19,4% y la anualizada 35,2%. De seguir esta tendencia, la inflación puede superar el 40%, cifra muy superior a la meta de 16% de este año. El PIB prácticamente se estancó al crecer solo 0,7%. Cuando no había suficiente producción nacional se compraba afuera, pero ante la restricción de divisas ya no se puede importar la misma cantidad. Aparece entonces la escasez, la cual llegó a 20,5%.

El 70% del PIB lo produce el sector privado que se rige por la lógica de la ganancia. El control de precios ha mostrado sus límites para frenar la inflación. Se controla el precio final pero se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias. Así, los costos de producción superan el precio controlado y desestimulan la producción. Como nadie produce para perder, la consiguiente escasez se ve agravada por las perversas prácticas del acaparamiento y especulación.

La pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el intercambio de sueldos por inflación. En dependencia de cuál aumento sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso. Los trabajadores reclaman aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos y, para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente los traslada al precio. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta que se decrete un aumento salarial o se concrete la nueva contratación colectiva. Al ser mayor la inflación que el aumento de sueldos, se produce una transferencia neta de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del capital que ajusta con rapidez la mayoría de los precios. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación, ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan los precios.

Cuando se castigan los sueldos se castiga también la actividad económica. Al caer la demanda, en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo, el capital disminuye el nivel de producción y reduce las nóminas, con lo cual empeora aún más la situación. El salario no es sólo un costo de producción más. Es la principal fuerza motriz del consumo privado, componente clave de la demanda agregada. El factor trabajo, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando recibe aumento de sueldos tiende a gastarlo todo. No tiene capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la del capital, el cual tiene todas sus necesidades satisfechas. Los aumentos de sueldos impulsarán la reactivación económica siempre y cuando no sean trasladados de inmediato a los precios. Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica. Es hora de entender que proteger el aumento de los sueldos es lo que puede reactivar la economía y vencer la actual amenaza de estanflación.             

¿Importar o industrializar?

Escribe: Víctor Álvarez R.

Los auges del ingreso petrolero suelen tener un impacto negativo sobre el aparato productivo nacional. La creciente renta confiere un extraordinario poder de compra externo que permite adquirir en el resto del mundo lo que se debería estar produciendo internamente. Esta tendencia se ve acentuada por el anclaje de la tasa de cambio oficial que -en comparación con el tipo de cambio de mercado-, se revela como un subsidio al dólar que estimula la importación masiva de toda clase de bienes. Esta es la verdadera causa de que el mejor negocio en Venezuela siga siendo importar, en lugar de producir para sustituir importaciones o exportar.

La cultura rentística tiende a consumir, en lugar de invertir, el ingreso petrolero. Mientras Venezuela perciba un significativo ingreso en divisas por concepto de exportaciones petroleras, aun cuando resulte necesario diversificar la economía para alcanzar la soberanía productiva, este proceso no tiene un carácter urgente o impostergable. De hecho, para conjurar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación,  permanentemente se apela a la importación de los productos más elementales que deberían abastecerse con el esfuerzo productivo interno.

Todavía lo urgente desplaza lo importante. A la mentalidad rentista siempre le será más fácil importar, en lugar de producir. Los problemas que confrontan la agricultura e industria para responder oportunamente a una creciente demanda -atizada por la inyección permanente de la renta petrolera a la dinámica interna-, se agravan ante las permanentes y crecientes importaciones que desplazan la producción nacional. Solo cuando se han desplomado los precios del petróleo es que se ha planteado en serio el desarrollo de la agricultura y la industria.

En definitiva, importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Salir de este círculo vicioso exige impulsar la industrialización socialista, en lugar de reeditar el fallido intento de una industrialización basada en la explotación del trabajo ajeno, el uso intensivo de materias primas y energía, la depredación del ambiente y los desequilibrios territoriales. Se impone ahora impulsar un nuevo tipo de industrialización sustentado en diferentes formas de propiedad social, nuevos principios para la justa remuneración del trabajo y la inversión social de los excedentes, el uso intensivo de información y conocimientos científicos y tecnológicos, la preservación del ambiente y el desarrollo armónico de las regiones.

La industrialización socialista es un proceso que no puede quedar sometido a las fuerzas ciegas del mercado. Por el contrario, debe ser deliberadamente promovido y apoyado por el Estado, a través de toda una gama de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, capacitación productiva, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas. Solo así será posible impulsar un nuevo tipo de desarrollo industrial en armonía con la naturaleza, capaz de asegurar la producción de los bienes que se requieren para satisfacer plenamente las necesidades básicas  y esenciales de la sociedad.                                                                                     

Alerta económica

Por: Víctor Álvarez R.

El empeño de la derecha por desestabilizar el país debe ser contrarrestado por el nuevo equipo ministerial, garantizando, entre otras cosas, la gobernabilidad económica. No se le pueden dar pretextos para calentar la calle, explotando los problemas de inflación, acaparamiento y especulación que afectan a la población.

En el primer trimestre la inflación acumulada llegó a 7.9 %. Si este ritmo se mantiene el resto del año, la inflación puede escalar al 30 %. El control de precios ha mostrado sus límites. Se controla el precio final pero se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias. Así, los costos superan el precio controlado y desestimulan la producción. Es típico que en la antesala de un proceso electoral surjan brotes de acaparamiento y especulación con el objetivo de causar malestar en el electorado. Pero los sostenidos índices de escasez en Venezuela se deben a un problema estructural. Incluso, en la red Mercal y PDVAL –que no fueron creadas para acaparar ni especular-, se observan anaqueles vacíos, evidencia de una escasez que tiene su causa en la debilidad del aparato productivo.

Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV se convierte en una práctica reiterada, las consecuencias pueden ser nefastas. La expansión de la liquidez monetaria sin su correspondiente respaldo en el aumento de la oferta de bienes y servicios, se traduce en un deterioro del poder de compra de la moneda. De hecho, la monetización del déficit fiscal mediante el financiamiento del BCV ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria. Y ésta es una de las causas propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad adquisitiva de los sectores que viven de un sueldo fijo. Se debe poner freno a la expansión de dinero sin respaldo, toda vez que esto nos llevaría a sufrir una inflación cada vez mayor.

Construir un nuevo modelo productivo exige una eficiente intervención del Estado para orientar un proceso que no puede quedar a merced de las fuerzas ciegas del mercado. Sin embargo, las contradicciones entre las políticas macroeconómicas y sectoriales con frecuencia anulan los incentivos gubernamentales a la producción. Es el caso del anclaje cambiario que, al congelar por años el precio oficial de la divisa, se traduce en un subsidio al dólar y a las importaciones que desplazan la producción nacional. Corregir esta problemática requiere una política cambiaria dinámica y flexible, con ajustes periódicos en el precio oficial del dólar. El reto está en encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad real de la agricultura y la industria.

Por lo tanto, para impulsar la transformación productiva es necesario armonizar la política fiscal, cambiaria, monetaria y financiera con la política agrícola, industrial y tecnológica, con el fin de propiciar las transformaciones estructurales en el aparato productivo que permitan sustituir importaciones, diversificar exportaciones y lograr la soberanía productiva que nos libere de la voracidad inflacionaria y de las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación.

El rescate de PDVSA

Escribe: Víctor Álvarez R.

Para comprender los violentos sucesos que hace once años estremecieron a Venezuela, es necesario explicar la esencia del conflicto entre el Gobierno de Chávez y las poderosas élites de la tecnoburocracia que se habían apoderado de PDVSA. Los gerentes petroleros de la IV República, antes de entregar al fisco cualquier incremento en el ingreso petrolero, preferían destinarlo a aumentar las capacidades de extracción, aún si esto pudiese quebrantar la disciplina de cuotas de la OPEP y provocar considerables bajas en los precios del crudo. La gerencia de PDVSA llevó a cabo una política orientada a maximizar los volúmenes de producción, rompiendo una y otra vez la disciplina de cuotas de la OPEP. Precisamente, esta fue una de las principales causas del derrumbe de los precios petroleros en los años previo a la llegada de Chávez al gobierno.

Así fue como PDVSA se fue convirtiendo en un Estado dentro del Estado y se concentró en su propia agenda: evadir los controles del gobierno para maximizar los volúmenes de producción -incluso por encima de la cuota de la OPEP-, y evitar por todos los medios pagar al fisco cualquier ingreso adicional en forma de regalías, impuestos o dividendos. La mal llamada meritocracia también se propuso  capturar un considerable porcentaje del ingreso petrolero para aumentar sus remuneraciones, beneficios y privilegios.

Tan pronto asumió el gobierno en 1999, Chávez puso en marcha una política dirigida a recomponer la disciplina de cuotas en el seno de la OPEP, en función de reivindicar un precio justo e implantar un nuevo régimen fiscal a favor de la Nación que permitiera recuperar el ingreso petrolero. Con este fin, organizó en Caracas, en septiembre del año 2000, la Segunda Cumbre de Jefes de Estados de la OPEP, en la que se construyó un exitoso acuerdo para restablecer el sistema de cuotas y recuperar los precios del petróleo. Y en efecto, estos comenzaron a ascender de 7 dólares el barril hasta perforar el umbral de 100.

A partir de entonces, los ingresos petroleros del país ascendieron de manera sostenida. Además del ISR que paga PDVSA, se comenzaron a cobrar los dividendos que las filiales en el extranjero habían dejado de cancelar al Estado venezolano, en su condición de propietario y accionista. Se aumentó el cobro de la regalía petrolera de 16,5% a 33%, que es la tasa de compensación que recibe el Estado por la liquidación de un recurso natural no renovable. En el caso de la Faja esta subió desde 1% a 33%. Todo esto proporcionó los recursos necesarios para financiar la inversión social, gracias a la cual se logró una drástica reducción de los altos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social.

La decisión de fortalecer la OPEP, restablecer el sistema de cuotas, implantar un nuevo régimen fiscal petrolero y rescatar PDVSA con el fin de maximizar la renta y poder financiar la inversión social que permitiera derrotar los flagelos sociales heredados de la IV República, constituyó el detonante de los cruentos conflictos que dieron origen al Golpe de Estado que derrocó temporalmente a Chávez en abril del año 2002. Hoy, 14 de abril, se cumplen 11 años del retorno de Chávez a la Presidencia, en los hombros de un pueblo que cantó: “volvió, volvió, volvió”.