Por: Víctor
Álvarez R.
Las recientes protestas en Brasil explotaron a raíz del aumento de los
pasajes del transporte público y han servido para recordar los terribles
sucesos del Caracazo, cuyo detonante fue precisamente el aumento de la gasolina
y su impacto en el incremento de los pasajes.
Desde entonces, buena parte de la dirigencia política está convencida
de que cualquier incremento en el precio del combustible automáticamente desatará
una protesta popular. Pero resulta que en
1989, el aumento de la gasolina fue el detonante más no la causa de las
protestas. Las mismas estallaron debido al creciente descontento por la
aplicación del paquetazo neoliberal, conformado por medidas antipopulares tales
como: liberación de precios, aumento de las tasas de interés, eliminación del
control de cambio con su impacto inflacionario, apertura a las importaciones
que barrieron con el aparato productivo y privatización de empresas del Estado
con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy
distinta, a lo largo de la Revolución Bolivariana los sectores populares han
recibido el beneficio de la inversión social de la renta petrolera y está en
condiciones de pronunciarse conscientemente en un referendo consultivo sobre la
conveniencia de sincerar el precio de la gasolina, a fin de reorientar hacia la
inversión social este subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que
más tienen -particularmente a los propietarios de vehículos con alto consumo de
gasolina-, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte
público cada vez más deficiente.
En otros países, llenar un tanque de 60
litros cuesta $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. En EE.UU. y la U.E. un litro cuesta cerca
de un dólar, en Venezuela se vende a menos de 2 centavos. Un café cuesta 30 veces más. El
diferencial de precios entre Venezuela y Colombia estimula el contrabando de
extracción en pequeños barriles y grandes camiones-cisterna. Se estima que
hacia los países vecinos salen ilegalmente 25.000 barriles diarios de
combustible. Al precio de $ 90 por barril, el contrabando llega a los $ 800
millones anuales. Si comparamos el precio interno con el valor de exportación, el subsidio es
de $ 7.500 millones anuales. Si la comparación se hace con los precios
internacionales el subsidio sube a $ 15.700 millones.
Pero no se trata de regalar la gasolina ni de
venderla al precio internacional. El quid de la cuestión radica en asegurar el
apoyo popular a una medida destinada a reorientar, a favor de la inversión
social, este pernicioso subsidio, que además induce a despilfarrar la gasolina, colapsar el tráfico
terrestre y a contaminar el ambiente. Por ser esta una materia de especial trascendencia
nacional, debería ser sometida a referendo consultivo por parte del Presidente
de la República. Si se deja claro que el mayor porcentaje de la recaudación por
el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de
transporte público en todo el país y que el precio de los pasajes no se
incrementará, el pueblo venezolano respaldará masivamente la decisión de
sincerar el precio de la gasolina.
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