jueves, 4 de junio de 2015

¿Cómo exportar desde la Venezuela rentista?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
 
La semana pasada una nota de prensa informó que la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industriales de Carabobo -que en el pasado concentró el 80 % de las exportaciones del sector industrial venezolano- se propone reactivar la producción para exportar. Seguramente se han visto estimulados por la posibilidad que ahora hay de cambiar su ingreso en divisas a la tasa de cambio Simadi, mucho más remunerativa que las tasas de cambio de Cencoex y Sicad, a las cuales los exportadores venezolanos se vieron obligados a convertir el mayor porcentaje de su entrada en divisas por ventas en exterior.

A lo largo de un siglo de extracción y exportación de petróleo, Venezuela pudo captar un creciente plusvalor internacional que inicialmente facilitó los procesos de inversión y conformación del mercado interno. Al ser el Estado el principal perceptor de la renta petrolera, los gobiernos de turno procedieron a distribuir la misma a favor de los agentes económicos, políticos y sociales internos. Como la renta es originada por la exportación de un recurso natural del cual -como venezolanos- somos copropietarios, todos nos sentimos con derecho a una tajada de la misma. Así, agricultores, industriales, comerciantes, importadores, turistas, estudiantes, etc. reclaman la asignación suficiente, oportuna y transparente de divisas, pero pocos se interesan en realizar un sostenido esfuerzo productivo para generar nuevas fuentes de divisas no petroleras.

La sobrevaluación estructural como rasgo de la Venezuela rentista

La renta petrolera ha generado una relación inversa con la economía real. Como el ingreso de divisas no tiene su contrapartida en la diversificación y aumento de la producción nacional, sino en la exportación de un recurso natural, la tasa de cambio a la cual se venden los petrodólares no expresa la productividad de la agricultura o industria, sino la productividad de la industria petrolera. Esto impone una tasa de cambio oficial muy baja que estimula toda clase de importaciones de bienes que perfectamente se pudieran producir con el esfuerzo productivo nacional.

La sobrevaluación de la tasa de cambio derivada de la abundante renta petrolera ejerce efectos contradictorios. En un primer momento puede facilitar la industrialización al abaratar la importación de bienes de capital e insumos industriales; pero, a la larga, la debilidad de los encadenamientos entre los distintos eslabones de la industria manufacturera lleva a la importación de insumos y bienes de capital que compiten ventajosamente con la producción nacional, gracias a esa misma sobrevaluación estructural del bolívar.

Así pues, la escasa integración vertical, el poco avance en la substitución de importaciones y la precaria oferta exportable son rasgos consubstanciales de la tendencia a la sobrevaluación de la tasa de cambio que se entroniza en una economía rentista como la venezolana. La permanente tendencia a la apreciación de la moneda y a la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial también castigó la competitividad cambiaria y desestimuló las exportaciones no petroleras. Es por esta razón que nos mantenemos en un círculo vicioso: importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.

Las experiencias de industrialización exitosa demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones manufactureras debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas y sectoriales bien articuladas. En efecto, la competitividad cambiaria fue sostenida y reforzada con políticas macroeconómicas coherentes, así como adecuadas políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Los ajustes macroeconómicos solo se justificaron para crear un ambiente favorable a la inversión productiva y nunca fueron considerados un fin en sí mismo.

Competitividad cambiaria: necesaria más no suficiente

Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria más no suficiente para estimular las exportaciones manufactureras. Los ajustes cambiarios que han tenido lugar desde 1983 así lo han demostrado. El pobre desempeño de las exportaciones manufactureras no se debe esencialmente a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, sino a la ausencia de una política económica coherente. Los países exportadores de bienes de alto contenido tecnológico tienen claro que una tasa de cambio aislada es insuficiente para sustituir importaciones e incrementar las exportaciones. Se requiere un ambiente macroeconómico adecuado que contribuya a la efectividad de las políticas agrícolas, industriales y tecnológicas que se pongan en marcha para impulsar la transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

De nada vale alardear sobre las ventajas comparativas que el país tiene en materia de energía, petróleo y minerales si estas no son transferidas al sector transformador para agregarles valor. Hasta hace poco, el mayor porcentaje de las exportaciones públicas no petroleras se concentró en las industrias básicas. Con frecuencia, éstas se realizaban en desmedro del abastecimiento del mercado nacional. Al priorizar sus exportaciones, las empresas básicas dejaban sin insumos no solo a las empresas del sector privado, sino también a las propias empresas de la CVG. Así lo demuestra el desabastecimiento que han sufrido empresas como Alunasa, Alucasa y Cabelum que -a pesar de ser empresas del Estado-, no reciben oportunamente el aluminio que debe proveerles Alcasa y Venalum, viéndose obligadas a disminuir y prácticamente paralizar su ritmo de producción por la falta del metal. Actualmente, en las empresas básicas se ha derrumbado la producción, llegándose al extremo de importar el aluminio y el acero que antes se exportaba.   

Pero en Venezuela, la sustitución de importaciones ha estado divorciada de la promoción de exportaciones. No ha habido ni una política industrial ni una política tecnológica que tengan como objetivo sustituir importaciones y aumentar las exportaciones, para lo cual también se requiere una agresiva promoción y financiamiento de la oferta exportable venezolana en los mercados internacionales.

No exporta una empresa: ¡exporta un país!

El ajuste cambiario no es suficiente para comenzar a exportar. En los mercados internacionales se compite con creciente calidad, mejores precios, cantidades adecuadas a los pedidos y puntualidad en la entrega. Si no va acompañado de un conjunto coherente de políticas agrícolas, industriales, tecnológicas, infraestructura y servicios de apoyo al sector exportador, el tipo de cambio se torna insuficiente para impulsar la sustitución de importaciones y aumentar la oferta exportable. Hay que tener en cuenta que no exporta una empresa sino un país. La proeza de colocar en los feroces mercados internacionales un producto hecho en Venezuela es el punto culminante de un largo proceso de construcción nacional de capacidades para la exportación que va más allá de la fábrica e incluye parques industriales con una adecuada dotación de:

ü  Servicios de agua, electricidad y gas industrial

ü  Telecomunicaciones

ü  Plantas de tratamiento

ü  Carreteras, autopistas y ferrovías

ü  Puertos y aeropuertos

ü  Eficiencia y transparencia en las aduanas

ü  Suministro de insumos básicos en adecuadas condiciones de precio, calidad, cantidad y oportunidad de entrega

ü  Formación técnica y productiva de los trabajadores

ü  Capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas

ü  Claridad y estabilidad del marco legal y entorno institucional que rige las operaciones e incentivos al comercio exterior.

Cuando uno de esos eslabones falla se rompe una cadena, un mecanismo y un sistema que deben funcionar a la perfección. En consecuencia, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.

La devaluación fiscalista

Debido al colapso de los precios del petróleo, la importación de materias primas, insumos básicos, maquinarias, equipos y tecnologías para el aparato productivo interno está prácticamente paralizada. Mientras el sector privado no genere sus propias fuentes de divisas seguirá dependiendo de la insuficiente, demorada, discrecional y poco transparente asignación de divisas provenientes de la menguada renta petrolera.

En lugar de seguir exigiendo al Gobierno la liquidación oportuna de divisas petroleras para honrar las deudas con  proveedores extranjeros, el debate entre los sectores público y privado debe estar enfocado en la adopción de una nueva tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria nacionales. Solo así se podrá liberar a la producción nacional de la ruinosa competencia que representan las importaciones gubernamentales y privadas que se hacen a una tasa de cambio artificialmente baja y, a su vez, respaldar la competitividad cambiaria de la oferta exportable nacional en los mercados internacionales.

En Venezuela, el manejo de la política cambiaria nunca ha sido parte de una estrategia de transformación estructural de la economía nacional. Se devalúa para que el gobierno obtenga más bolívares por cada petrodólar recibido y así poder paliar el déficit fiscal. Más no se ajusta la tasa de cambio oficial con el fin de desalentar las importaciones, estimular las exportaciones y cerrar el déficit de la balanza comercial. Momentáneamente, la devaluación del bolívar estimula las ventas en el exterior. El coeficiente de exportaciones con respecto al valor bruto de producción manufacturera se eleva, pero siempre vuelve a caer una vez que se recupera la demanda interna y reaparece la sobrevaluación. Cuando el peso de la agricultura e industria era mayor en la conformación del PIB, la caída de la demanda interna originada por la voracidad inflacionaria era parcialmente compensada con las exportaciones eventuales. Pero más allá de breves períodos de auge, las exportaciones privadas siempre se desploman con los auges de la renta. Actualmente no representan el 2 % del total de las exportaciones totales. De hecho, las exportaciones no petroleras, incluyendo las exportaciones de las empresas básicas, no registran ningún crecimiento sostenido que valga la pena destacar.

En cada auge rentístico, la abundancia de divisas tiende a sobrevaluar nuevamente la moneda y a reeditar los obstáculos cambiarios al desarrollo industrial y al crecimiento de las exportaciones no petroleras. Al ser una economía rentista altamente dependiente de las exportaciones petroleras, la caída de los precios de los crudos siempre desata presiones deficitarias sobre la balanza de pagos y la gestión fiscal. Los reiterados desequilibrios macroeconómicos que origina el comportamiento errático de los precios del petróleo es lo que una y otra vez ha obligado a devaluar.

La creciente brecha entre el impetuoso ritmo de la inflación doméstica en comparación con una inflación mucho más baja en los países que son los principales socios comerciales de Venezuela acelera la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial y opera como un subsidio a las importaciones que castiga severamente la competitividad cambiaria de la producción nacional, toda vez que resulta mucho más barato importar que producir.
La corrección de la sobrevaluación estructural del bolívar es un requisito clave para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. Pero encontrar una tasa cambiaria que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, requiere la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real. La ausencia de estas políticas ha influido en la baja contribución de la agricultura y la manufactura en la conformación del PIB y en las exportaciones no tradicionales.  Y sin producción nacional no es posible sustituir importaciones, ni mucho menos exportar.

¿Se pueden recuperar las empresas básicas?


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Al analizar los Estados Financieros auditados de las empresas básicas, cualquiera puede verificar que la mayoría atravesó por un período de notable recuperación productiva y financiera entre los años 2003-2009. Los crecientes precios de los minerales e insumos básicos en los mercados internacionales, la reactivación de la economía nacional, el ajuste cambiario que permitió obtener más bolívares por dólar exportado, la reducción de la conflictividad laboral, y una gerencia con capacidad técnica y compromiso político explican en gran medida el buen desempeño y las ganancias obtenidas en ese lapso.

Actualmente los Estados Financieros registran una caída de la producción que se traduce en pérdidas sin precedentes en la mayoría de las empresas básicas. Incluso, se ha llegado al extremo de importar acero y aluminio. Entre las causas que explican este deterioro figuran: la crisis eléctrica que afectó considerablemente los niveles de producción, la crisis económica internacional y su repercusión sobre los precios de los metales, la contracción del aparato productivo interno, la sobrevaluación del tipo de cambio que castigó la competitividad de las exportaciones, el sabotaje al experimento de Control Obrero por parte de grupos sindicales en pugna, así como el desplazamiento de la gerencia profesional por cuadros políticos.

Crisis eléctrica: detonante de la crisis

Con la creación de las empresas básicas Venezuela se propuso aprovechar las ventajas comparativas del país, derivadas de la dotación de recursos minerales, el potencial hidroeléctrico del Río Caroní, abundante fuerza de trabajo barata y una privilegiada posición geográfica. Venezuela se insertó en este esquema como un proveedor de insumos básicos que serían transformados en productos de mayor valor agregado en las grandes potencias industrializadas.

En gran medida, la problemática estructural de las empresas básicas tiene sus causas en el agotamiento de un modelo productivo basado en la vieja idea de las ventajas comparativas sustentadas en la explotación de materias primas, energía y fuerza de trabajo, cuando hoy en día la clave radica  en la creación de ventajas competitivas sustentadas en el desarrollo de capacidades para generar, transferir, difundir y utilizar nuevos conocimientos. Este cambio de paradigma está ocurriendo de manera acelerada. La eficiencia en el uso de materias primas y energía ha sido posible gracias a un creciente uso de información y conocimientos en los procesos productivos.

El intenso consumo de energía que caracteriza a las actividades basadas en la extracción y procesamiento de minerales, más que un factor coadyuvante de la actual crisis eléctrica que afecta a Venezuela es, más bien,  una de las causas principales, toda vez que en las empresas básicas de Guayana se devora un tercio de la energía que se requiere para evitar los apagones que se repiten con frecuencia en el resto de territorio nacional. De allí la necesidad de promover un debate en torno al verdadero aporte que hace al país un modelo de industrialización basado en la extracción de minerales a gran escala, cuya transformación en insumos básicos se basa en un consumo intensivo de la electricidad que los demás sectores productivos y sociales del país también demandan.

La presión laboral y sindical

La disminución del número de establecimientos industriales y de la densidad empresarial en general se ha traducido en un aumento de la demanda de trabajo en torno a las empresas básicas, cuyas nóminas no  dejan de crecer.

El problema está en que el incremento de los costos laborales no tiene como respaldo un incremento de la producción. Y esta situación compromete seriamente la capacidad de generar los ingresos necesarios para mantener al día no solo el pago a los proveedores, sino sobre todo la cancelación oportuna de los beneficios laborales, en función de evitar situaciones de tensión y conflictividad.

Una cosa es dar empleo y otra muy distinta es generar trabajo productivo. Aliviar las pesadas nóminas de las empresas básicas pasa por promover nuevas formas de propiedad social a través de las cuales los trabajadores y la comunidad se conviertan en los nuevos copropietarios de esas empresas y velen por su viabilidad, impulsando nuevos proyectos productivos dedicados a la transformación de los insumos básicos en productos de mayor valor agregado.

Tanto las empresas básicas como Sidor, las briqueteras y la mayoría de las empresas que fueron expropiadas y estatizadas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.

La posibilidad real de que estas empresas puedan ser recuperadas pasa por su desestatización, que no es lo mismo que privatización. No se trata de rematarlas a precio de gallina flaca para proceder luego a un severo ajuste de nóminas, sino de impulsar nuevas formas de propiedad social bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas, quienes pasarían a ser los nuevos copropietarios sociales de esas empresas y, en alianza con el sector privado y las universidades, fortalecer las capacidades gerenciales y tecnológicas para asegurar su viabilidad económica y financiera.

Al ser copropietarios sociales, trabajadores y comunidad serían dolientes de esas empresas y evitarían que se cometan los excesos que las tienen quebradas, toda vez que de los dividendos que consejos comunales y de trabajadores reciban, dependerá la fuente de financiamiento de los proyectos de interés laboral y comunitario.

Empresas básicas: ¿alternativa no petrolera o más extractivismo minero?

En las actividades extractivas relacionadas con las industrias básicas de Guayana es mucho más fácil demostrar los graves daños ambientales y sociales que ocasionan, en comparación con la poca contribución que hacen en términos económico,  financieros y fiscales. Esto es importante tenerlo muy en cuenta para fundamentar los debates que contribuyan a impulsar una estrategia encaminada a superar el modelo extractivista que se empeña en presentar a las empresas básicas como la alternativa no petrolera para Venezuela.  

El grave impacto ambiental del extractivismo minero, así como los irreparables daños que ocasionan sobre la salud de los mineros y obreros de las empresas básicas se recrudece con las salvajes prácticas de la minería ilegal del oro. Se trata de técnicas arcaicas y devastadoras, con uso de mercurio y embarcaciones ilegales que -para separar el oro- disparan poderosos misiles al fondo de los ríos más importantes de Guayana o utilizan poderosas bombas hidroneumáticas para extraer el mineral. Esta manera de extraer el oro no solo genera un grave daño al ambiente y los ecosistemas, sino que también causan mortales enfermedades en los mineros que resultan contaminados por el mercurio y otros productos químicos, además de las lamentables víctimas que mueren tapiadas bajo los taludes que suelen precipitarse debido a las inseguros y riesgosos métodos que se utilizan.

El drama de los mineros que han resultado contaminados por mercurio, la malformación en los fetos de mujeres embarazadas, los desórdenes neurológicos las poblaciones indígenas contaminadas a más de 200 kilómetros del punto de descarga, así como la problemática de los enfermos ocupacionales como consecuencia de las precarias condiciones de trabajo constituyen la expresión más contradictoria y dolorosa del extractivismo minero para alimentar unas industrias básicas cada vez más obsoletas; que –de paso- consumen vorazmente buena parte de la energía que el resto del país necesita, y que ni siquiera son capaces de compensar su impacto devastador con una contribución significativa a la conformación del PIB, al ingreso fiscal o la generación de divisas.

Repensar el modelo

La terrible tragedia de la destrucción de bosques, el aumento de la carga de sedimentos en los ríos, el deterioro de la calidad de las aguas, la ruina de los hábitats naturales, la pérdida de la biodiversidad acuática, la creciente contaminación por minerales pesados, los daños irreparables en la salud de los mineros, el desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades campesinas son, entre muchos otros, las consecuencias más terribles de este modelo extractivista-rentista.

Estos son parte de los temas que tienen que ser ampliamente difundidos y debatidos con el fin de fortalecer la conciencia ciudadana y la sensibilidad social sobre los terribles e irreparables daños que causa el modelo extractivista-rentista y, sobre esta base, trazar una nueva estrategia con objetivos y metas claramente definidos, orientada a superar este modelo explotador del ser humano y depredador de la naturaleza.

El principal obstáculo para superar el extractivismo petrolero y minero es cultural. Tiene que ver con la necesidad de superar una falsa ilusión de riqueza y prosperidad, a la cual contribuye sobremanera la abundante dotación de recursos minerales y la certificación de 300 mil millones de barriles de petróleo que convierten a Venezuela en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Por si fuera poco, sus reservas de gas se encuentran también entre las más grandes de América Latina y el mundo. Todo esto brinda una sensación de autosuficiencia y seguridad que exacerba la cultura extractivista-rentista y desacelera o posterga los esfuerzos por construir un nuevo modelo productivo que haga posible la inserción independiente y soberana de Venezuela en la economía mundial.

Es hora de repensar y redimensionar el modelo de empresas básicas basado en el depredador extractivismo minero. En lugar de generar los ingresos fiscales y en divisas que permitan justificar la extracción de minerales y el alto consumo de energía, en su gran mayoría están generando pérdidas y solo podrán mantenerse a través de la transferencia de recursos que reciben del gobierno central, lo cual resta fondos para la inversión social y otros requerimientos del Presupuesto Nacional. Por si fuera poco, un tercio de la energía hidroeléctrica que se genera en Guayana es devorada en procesos productivos cada vez más obsoletos e ineficientes, mientras en las empresas y hogares venezolanos los frecuentes apagones y violentas fluctuaciones funden los artefactos electrodomésticos, equipos y maquinarias, generando pérdidas y un creciente malestar.
A la luz de los nuevos paradigmas intensivos en información y conocimiento, las empresas básicas lucen cada vez más rezagadas y no podrán sobrevivir si no se modernizan. Tienen que acometer un profundo proceso de reconversión tecnológica y fortalecer su capacidad gerencial para incursionar en proyectos productivos aguas abajo. De esta forma podrán transformar los insumos básicos en productos con creciente valor agregado para sustituir importaciones y exportar productos manufacturados que pueden ser vendidos a un precio 10 y 20 veces superior al que se cotizan los insumos básicos. Es así como las empresas básicas podrán crear  nuevas oportunidades de trabajo productivo, aliviar sus nóminas y mejorar su desempeño.

¡La guerra no es económica, es contra el tiempo!

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Precios del petróleo relativamente bajos seguirán dominando la escena económica a lo largo del 2015. Al derrumbe de los ingresos fiscales de origen petrolero y la propensión a financiar el déficit de Pdvsa con emisiones inflacionarias de dinero inorgánico, hay que añadir un nivel de reservas internacionales muy por debajo del óptimo, la brecha cambiara que estimula la especulación y la corrupción, el peso de los pagos de la deuda externa, la “caotización” del sistema de precios relativos y la debilidad del aparato productivo por más de una década de importaciones subsidiadas y rígidos controles de precios. En conjunto, estos son los grandes problemas que el gobierno tendrá que encarar. Pero en lugar de corregir las distorsiones y errores de política económica que se han convertido en el principal incentivos de las perversas prácticas del acaparamiento, especulación y contrabando que agravan la escasez, el gobierno atribuye estos problemas a una guerra económica que bien pudiera ganar si rompe la inercia y supera la inacción.  

En efecto, en lugar de corregir las distorsiones fiscales monetarias, cambiarias y de precios, la política económica sigue siendo de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de controles, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales. Prolifera la creación de Estados Mayores, Comandos, Comisiones Especiales y pelotones de fiscales que se lanzan contra las cadenas productivas y de comercialización a buscar la prueba del delito para sancionar, imponer multas, cerrar establecimientos y encarcelar a los supuestos responsables de los delitos de desabastecimiento y escasez que, definitivamente, son causados por los desincentivos a la producción y actividad económica. Y cuando se comprueban delitos, la mayoría son cometidos no por enemigos políticos que quieren derrocar al gobierno, sino por factores económicos, sociales, políticos y militares, incluyendo bachaqueros y buhoneros, que aprovechan los incentivos perversos de los errores de la política económica para acumular cuantiosas ganancias sin mayor inversión ni esfuerzo productivo.   

Si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo

Hasta ahora los hechos demuestran que las medidas y acciones tomadas no han arrojado los resultados esperados. El gobierno lanzó una ofensiva a través de  la Ley Habilitante con el fin de reforzar las regulaciones y controles sobre la economía. La acción más emblemática fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Sundde. Pero a pesar de toda la expectativa y despliegue que se generó, luego de un año tales medidas no pudieron contener la inflación, escasez, acaparamiento y especulación.

El gobierno confundió especulación con inflación y -al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que generan la presión alcista sobre los precios-, atacó el problema como si de un delito se tratara, cuando la inflación en realidad es un fenómeno económico causado por las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que aún no han sido corregidas.


Incluso en un año en el que se ha derrumbado el ingreso petrolero, el gobierno se empeña en estimular el ritmo de actividad a través de la expansión fiscal y anuncia una serie de gastos que no cuentan con fuentes de ingresos fiscales para financiarlos. Esto puede generar un déficit como mínimo de 18,0% del PIB, el cual seguramente será financiado  a través de la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV. Un poco más de un tercio de este déficit fiscal (7%) lo causa el desequilibrio del gobierno central, pero la mayor proporción de este creciente déficit (11%) se debe a los problemas financieros de PDVSA, la cual se ha visto muy perjudicada al ser obligada a vender la mayor proporción de sus divisas a una tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$.

En efecto, la cantidad de bolívares que PDVSA recibe a esta tasa de cambio tan baja no le rinde para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y contratistas, transferir fondos a las misiones sociales, ni mantener al día sus obligaciones fiscales, razón por la cual entrega pagarés al Tesoro Nacional que luego éste intercambia por efectivo en el BCV, propiciando así un desproporcionado crecimiento de la liquidez monetaria en un mercado con  creciente escasez. Esto atiza la inflación, eleva la demanda de divisas y ensancha cada vez más la brecha entre la tasa oficial y el paralelo.

En lugar de ahorrar en tiempos de bonanza para encarar los tiempos de escasez, el gobierno mantuvo una política fiscal pro-cíclica con aumentos del gasto público cada vez que aumenta el ingreso petrolero y recortes presupuestarios cuando cae el ingreso. El mandato constitucional de activar el Fondo de Estabilización Macroeconómica -concebido para estabilizar los gastos del Estado ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios-, no se ha cumplido. En ausencia de este mecanismo amortiguador, la economía venezolana sigue expuesta a los shocks externos que se presentan debido al comportamiento errático del mercado petrolero.


A pesar de que el artículo 320 de la Constitución señala que “el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor ha venido financiando a PDVSA. Según datos oficiales, a finales de 2014 el BCV había transferido a la compañía petrolera Bs. 664.000 millones[i], sin que haya aumentado la producción en la misma proporción. Esta política de expansión monetaria, lejos de estimular la economía generó una mayor presión sobre los precios, apreciación del tipo de cambio real y agotamiento de las reservas internacionales.

La inyección de dinero sin respaldo en el contexto de una economía con altos índices de escasez, no hace más que erosionar el poder de compra de la moneda nacional. Adicionalmente, La relación entre tasas activas y pasivas fijadas por el BCV no contribuye a contener las presiones de demanda que generan inflación. Las  tasas de interés vigentes son negativas, no compensan la inflación, penalizan el ahorro e incentivan el consumo, atizando aún más la inflación.  


El anclaje cambiario y la sobrevaluación del bolívar terminaron siendo un costoso subsidio que ya no soporta ni PDVSA ni el fisco. El régimen de cambios múltiples está muy distorsionado. La existencia de cuatro tasas de cambio, tres oficiales y una  paralela, exacerban la especulación cambiaria y la fuga de capitales. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las empresas de maletín, los “raspacupos” son estimulados por la enorme brecha que existe entre las diferentes tasas de cambio.

El dólar en el mercado paralelo rompió la barrera psicológica de 200 Bs/$ y se empina hacia los 300 Bs/$, mientras que la tasa de cambio oficial que rige para la mayoría de la divisas es de solo 6,30 Bs/$. En otras palabras, la tasa oficial es 27 veces más barata que la tasa del Sistema Marginal de Divisas  (SIMADI) y 38 veces menos que la cotización del dólar paralelo. Esto es un verdadero manjar para los especuladores cambiarios y cazadores de renta que -en complicidad con funcionarios corruptos- controlan y capturan buena parte de la asignación de las divisas oficiales. Estos fraudes impiden que el subsidio cambiario se traslade plenamente al precio de venta al público, al impedir que la totalidad de los dólares preferenciales se traduzca en una mayor oferta a precios solidarios para el trabajador.


Lejos de lograr un aumento en el PIB, las políticas fiscales deficitarias lo que ha hecho es atizar cada vez más la inflación. Con inflaciones de 56.3% en 2013 y 68,5 % en 2014, la inercia inflacionaria amenaza con deteriorar aún más los precarios salarios reales que ya no alcanzan ni para comprar una canasta alimentaria. Este auge inflacionario es la inevitable consecuencia del desmantelamiento del aparato productivo interno y de una política fiscal deficitaria que se financia con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV. Al subestimar el impacto que la expansión monetaria origina en una economía signada por crecientes índices de escasez, los precios se han desquiciado.

Al prolongar las distorsiones del régimen de cambios múltiple, los controles de precios y los ineficientes subsidios, el propio gobierno facilita los ataques de los especuladores, contrabandistas y corruptos que lo quieren derrocar. Mientras el gobierno no corte por lo sano y corrija estas distorsiones, se mantendrán las causas que desestimulan la producción y generan desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación. El tiempo pasa, los urgentes correctivos no terminan de aplicarse y así la situación económica se sigue deteriorando, sin que el gobierno termine de entender que la guerra no es económica sino contra el tiempo.



[i] http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp

¿Cómo superar sin traumas el control de cambios?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El control de cambios luce totalmente agotado y no pudo lograr los objetivos que hace doce años se propuso:
·         El nivel de reservas internacionales es muy crítico y pone en peligro el normal desenvolvimiento de la actividad económica y el cumplimiento de los compromisos internacionales.
·         El otrora dólar abundante y barato desplazó la producción nacional y ahora que ya no hay divisas para importar tampoco estamos en capacidad de producir, cuestión que explica en gran medida los problemas de desabastecimiento y escasez.
·         La sobrevaluación castigó la competitividad de las exportaciones no tradicionales y por eso perdimos los pocos mercados externos que se habían conquistado, lo cual nos ha hecho más dependientes de la renta petrolera.
·         El poder de compra del bolívar fuerte se ha deteriorado aceleradamente y eso induce a una compra desesperada de divisas para proteger los ahorros, desquiciando el dólar paralelo y estimulando la fuga de capitales.
·         El sacrificio fiscal que implica vender dólares a 6,30 o 12 Bs/$ cuando el gobierno está urgido de recursos para financiar los programas sociales que eviten una debacle en las elecciones parlamentarias, terminará siendo la estocada final del régimen de cambios múltiples. Por cada millardo de dólares que venda en el Simadi, obtendrá ingresos por 173 millardos de bolívares, en comparación con apenas 6,3 millardos que obtiene actualmente.  
Para unificar y estabilizar la tasa de cambio, erradicar los incentivos perversos a la especulación cambiaria y la corrupción, recuperar el poder de compra del bolívar y fortalecer las reservas internacionales es necesario fijar una nueva tasa de cambio oficial que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional, eliminando la discrecionalidad y falta de transparencia que prevalecen a la hora de tener acceso a las divisas de Cencoex o Sicad. Pero desmontar sin traumas el régimen de cambios múltiples exige crear adecuadas condiciones fiscales, monetarias y de precios. Veamos:
En primera lugar, hay que cerrar el déficit fiscal y mejorar la calidad del presupuesto público. En 2015 se calcula un déficit fiscal del 18 % del PIB. Si el último dato oficial indica que el PIB 2013 fue de $ 438.200 millones, esto quiere decir que 1 punto/PIB equivales a $ 4.382 millones. Por lo tanto, un déficit de 18 puntos/PIB asciende a $ 78 millardos. Corregir este exceso de gastos y su impacto inflacionario implica:
·         Acordar una regla fiscal para que la Asamblea Nacional ni siquiera reciba o considere proyectos de Presupuesto Anual con un déficit mayor al 5 % PIB, ni mucho menos aprobar créditos adicionales que perforen este límite.
·         Eliminar el presupuesto paralelo para ahorrar en el Fondo de Estabilización Macroeconómica todo dólar adicional por encima del precio presupuestado del barril de petróleo que hasta ahora se viene gastando a través del FONDEN.
·         En lugar de financiar con créditos adicionales los proyectos que surjan del Gobierno de Calle en el curso del año, éste tiene que ser una modalidad del presupuesto participativo que se realice previamente a la presentación a la Asamblea Nacional del Proyecto Anual de Presupuesto. Así se evitarán nuevas presiones deficitarias sobre la gestión fiscal del año en curso.
·         Desestatización (no privatización) de las empresas expropiadas que hoy se encuentran secuestradas por el burocratismo y la corrupción, cuya propiedad debe ser transferida a los consejos comunales y de trabajadores para que sean eficientemente gerenciadas a través de alianzas con el sector privado y las universidades. Así, estas empresas dejarían de depender del presupuesto nacional y, en lugar de recibir créditos adicionales para cubrir sus pérdidas y poder sostenerse, comenzarían a pagar ISR.
·         Eliminar el gasto superfluo en publicidad, remodelaciones de oficinas y sedes de instituciones o empresas públicas, compra de vehículos, viajes, viáticos, etcétera. 
Adicionalmente, se requiere aumentar los ingresos, lo cual es perfectamente posible a través de:
·         Sincerar el precio de la gasolina. En Venezuela, un litro de gasolina de 95 octanos cuesta Bs. 0,097, algo más de un centavo de dólar a la tasa de 6,30 Bs/$. En EE.UU o la Unión Europea puede llegar a costar 2 $/litro. En países con gobiernos de izquierda el galón de 3.78 litros cuesta $ 3.90, por encima de 1 $/litro. Allí llenar un tanque de 60 litros cuesta $ 60, pero aquí 60 litros x 0,097 Bs/litro sale en solo Bs 5,82, menos de 1 $ a la tasa de cambio de 6,30 Bs/$. Esto equivale a un subsidio de $ 60 cada vez que se llena el tanque, que en promedio es una vez a la semana. Si multiplicamos $ 60 por 52 semanas, por cada vehículo se recibe $ 3.120 de subsidio anual. Y si multiplicamos $ 3.120 por 4 millones de vehículos que circulan en el territorio nacional, el costo de oportunidad –o lo que se deja de percibir- asciende a $ 12.480 millones.  para aprovechar $ 12.400 millardos anuales que es el costo de oportunidad de mantener el escandaloso subsidio a los combustibles.
·         Adicionalmente, es necesario igualar en la frontera el precio de los combustibles. Pdvsa ha calculado en 149 mil barriles diarios el contrabando de extracción que, multiplicado por 365 días y por 90 $/barril, indica que el país perdió anualmente al menos $ 4.894 millones por contrabando.
·         Al igualar el precio de los combustibles en la frontera no solo se erradicará el contrabando de extracción sino que se aliviará la principal presión sobre el dólar paralelo en las casas de cambio en Cúcuta. Tengamos en cuenta que con un bolívar se compran 10 litros de gasolina, si el paralelo está a 200 Bs/$, con un dólar se compran 2000 litros que luego se venden por $ 2000, a razón de 1 $/litro. Con 1 $ se obtienen $ 2000, ni el narcotráfico es tan rentable.   
·         La unificación cambiaria de las tasas Cencoex y Sicad debería comenzar en torno a 50 Bs/$, lo cual reportará ingresos fiscales adicionales por cada dólar petrolero vendido. El Estado, en lugar de recibir Bs 6.300 millardos por cada millardo de dólares, recibirá Bs 50 millardos. Adicionalmente, obtendrá el equivalente en bolívares de lo que decida vender en el Simadi. Así, la unificación cambiaria también permitirá recoger el exceso de liquidez que presiona la inflación y el alza del paralelo.
En segundo lugar, hay que corregir el desequilibrio monetario. En un contexto de abundante liquidez, pero tasas de interés por debajo de la inflación, los agentes económicos protegen el poder de compra de sus ahorros comprando bienes o divisas, lo cual presiona la inflación y genera una fuerte demanda de dólares escasos que amplía la brecha entre la tasa oficial y el paralelo. La disciplina monetaria es clave para la credibilidad y estabilidad de una nueva tasa de cambio libre y flotante. Esto exige:
·         Prohibir expresamente los subterfugios que han sido utilizados para financiar el déficit fiscal a través de emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV. Son inútiles los intentos por absorber el exceso de liquidez a través de la emisión de bonos o aumentos del encaje legal si no se erradica el financiamiento monetario del déficit de Pdvsa y las empresas públicas.
·         Estabilizar la relación entre liquidez monetaria y reservas internacionales y así asegurar que los bolívares en circulación cuenten con su debido respaldo en reservas internacionales. Mientras más dinero se inyecte a la economía pero el nivel de reservas sea igual o menor, el respaldo en divisas de la moneda nacional se deteriorará. Esto resta credibilidad a la tasa de cambio oficial y refuerza la certeza de que más temprano que tarde habrá una devaluación.
·         Fijar tasas de interés reales positivas para incentivar el ahorro en bolívares, desalentar el consumo y bajar la demanda de dólares. Al no monetizar el déficit fiscal se aliviarán las presiones inflacionarias y así el ahorro interno se verá estimulado, toda vez que las tasas de interés finalmente compensarán  el poder de compra que se pierde por la inflación.
En tercer lugar, hay que revisar y rectificar la política de controles de precios, toda vez que el PVP se fija sobre el producto final pero se dejan liberados los precios de los insumos y fuerza de trabajo. Esto implica:
·         Sincronizar ajuste de los precios con la evolución de los costos para evitar que los aumentos en las materias primas, insumos básicos, maquinarias, equipos y fuerza de trabajo superen el PVP, lo cual causa pérdidas y desincentiva la producción, generando escasez, acaparamiento y especulación.
·         Vincular el aumento salarial a los incrementos en la productividad del trabajo para evitar la presión inflacionaria que representa el desequilibrio entre un creciente consumo privado y una declinante oferta de bienes y servicios en el mercado nacional.
·         Corregir la brecha de inflación entre Venezuela y sus principales socios comerciales para evitar la sobrevaluación del poder de compra externo del bolívar. Esto implanta una propensión a comprar en el exterior lo que bien pudiera producirse internamente, lo que desplaza y arruina la producción nacional.
La creación de estas condiciones fiscales, monetarias y de precios permitirá evolucionar sin traumas del régimen de cambios múltiples a un solo tipo de cambio flexible que evite la sobrevaluación de la moneda nacional e impida una demanda artificial de divisas. Al alcanzar una nueva tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria será posible sustituir importaciones, aumentar las exportaciones no petroleras, ahorra y generar divisas y mejorar el balance externo de Venezuela. Solo así será posible estabilizar la tasa de cambio, evitar la fuga de divisas, fortalecer las reservas internacionales y defender el poder de compra del bolívar, objetivos que no fueron logrados luego de 12 años de control de cambios.