miércoles, 7 de agosto de 2013

Transferir bombas de gasolina a las comunas para impulsar la economía comunal

Por: Víctor Álvarez R.

La construcción del Estado Comunal requiere que el poder sea ejercido directamente por el pueblo a través de los consejos comunales, comunas y ciudades comunales. Estas diferentes formas de autogobierno comunal, al administrar directamente los recursos públicos, le imprimirán un fuerte impulso a la participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y control de los planes y presupuestos relacionados con los proyectos necesarios para mejorar el bienestar social.

Con este fin, propongo transferir las bombas de gasolina a las Comunas, como instancias de participación que permiten ejercer el gobierno comunitario. Como el subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los más humildes pero, en realidad, solo beneficia a los que más tienen, propongo la realización de un Referendo Consultivo que permita sincerar el precio del combustible y destinar los excedentes que se obtengan al financiamiento de proyectos comunitarios y productivos, los cuales serán directamente administrados por la Comuna, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.

Anualmente se destinan $ 7.500 millones a subsidiar la gasolina. Propongo, entonces que, con el aumento, un porcentaje de este monto se destine a crear y fondear un nuevo Banco de Inversión Comunal y una nueva Sociedad Comunal de Garantías Recíprocas, cuyas agencias funcionarían en cada estación de servicio y pasarían a ser dos poderosos instrumentos para impulsar el Sistema Económico Comunal, dedicado a la producción de bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la comunidad. El primer programa emblemático sería el financiamiento de un sistema comunal de transporte público para ampliar y modernizar las unidades que utilizan las personas que no tienen vehículo, y que para nada se benefician del subsidio a la gasolina.

La administración directa del aumento del combustible asegurará una fuente permanente de recursos financieros para sostener las formas de autogobierno y estimular una creciente participación en las asambleas de ciudadanos, fortaleciendo la autogestión en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que contribuyan a  mejorar la calidad de vida en la Comuna. Asimismo, propiciará una mayor corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión comunal.

Construir la viabilidad de estas propuestas pasa por una campaña informativa que fortalezca la conciencia política y la organización del pueblo para ejercer la contraloría social y asegurar la eficiente inversión de los recursos para el beneficio colectivo. Al activar una fuente permanente de financiamiento que pueda ser administrada directamente por la Comuna, no queda otra que fortalecer su organización para que esté en condiciones de asumir la administración de los servicios y la ejecución de las obras que siguen represadas en las alcaldías, gobernaciones y entes de la administración central. Son propuestas para fortalecer la participación del pueblo organizado en los asuntos públicos y así avanzar hacia el ejercicio pleno de la soberanía popular.  @victoralvarezr

Subsidiar la gasolina es reaccionario y antipopular


Por: Víctor Álvarez R.


En un Informe sobre “Perspectivas energéticas mundiales”, la Agencia Internacional de Energía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que Venezuela subsidia el 75,3% del costo de la gasolina, equivalente a $15.700 millones, 6,9% del PIB y $689,2 por persona. Con base en costos y precios nacionales, estudios locales calculan el subsidio en $ 7.500 millones. En cualquier caso, estamos hablando de montos extraordinariamente altos que pudieran ser reorientados a atender necesidades sociales insatisfechas, tales como el transporte público o viviendas para los refugiados.

El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero que, en realidad, facilita una distribución regresiva del ingreso que solo beneficia a los que más tienen y perjudica a los más humildes. Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada.

El subsidio a la gasolina se está convirtiendo en una medida reaccionaria y antipopular que empieza a provocar un creciente malestar e indignación en los sectores de menores ingresos que no sienten el beneficio de semejante subsidio. Están cada vez más conscientes de que el bajo precio del combustible beneficia sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que los que no tienen carro se ven obligados a desplazarse en autobús o metro y, por lo tanto, en nada se benefician de una gasolina irracionalmente barata. Desde las bases populares se empieza a plantear la necesidad de sincerar el precio del combustible para redistribuir ese ingreso desde los sectores que más carros tienen, hacia los sectores que no tienen un vehículo propio. Eso sería mucho más progresista, justo y equitativo.  

En efecto, la ciudadanía está cada vez más consciente de la aberración que significa el actual precio de la gasolina y empieza a rechazar un escandaloso subsidio que en nada favorece a los más humildes que se ven obligados a trasladarse en un sistema de transporte público todavía muy deficiente. No se trata de subir el precio al nivel internacional ni de aplicar aumentos de forma brusca y torpe que provoquen malestar y protestas populares. Se trata de sincerar gradualmente el precio del combustible para cubrir los costos de producción y generar un excedente destinado a modernizar la flota de transporte público que ayude a mejorar las precarias condiciones en las que viajan quienes no poseen vehículo. Con este fin, se podrían transferir las bombas de gasolina a las Comunas para que éstas destinen el incremento del combustible a crear empresas de transporte público y ampliar el número de unidades, imprimiendo un poderoso impulso a la nueva economía comunal, bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas. Si el destino del aumento se deja claro, el pueblo venezolano respaldará mayoritariamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina, toda vez que resultará ser el más favorecido.        @victoralvarezr

¿A quién beneficia el subsidio a la gasolina?

Por: Víctor Álvarez R.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino,  anunció que presentará una propuesta de reforma fiscal para aumentar la recaudación de impuestos, lo cual nos lleva a reflexionar sobre las gratuidades y subsidios indebidos que ejercen una fuerte presión sobre el déficit fiscal y, por lo tanto, deberían ser revisados y rectificados con el fin de evolucionar de la actual cultura rentista hacia una nueva cultura tributaria.

Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada. El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero, en realidad, profundiza una distribución regresiva del ingreso que beneficia sobre todo a los que más tienen y muy poco a los más humildes. Las gratuidades indebidas -como la eliminación de los peajes-, y los subsidios perversos -como el de la gasolina-, agravan la distribución regresiva del ingreso, toda vez que las clases de mayores recursos, que tienen la capacidad económica para comprar varios vehículos, son las que realmente se benefician.

Mientras en Venezuela llenar un tanque de 60 litros cuesta un dólar, en la mayoría de los países cuesta 60. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto significa un subsidio por vehículo de $ 3.000 al año. Si se sincera el precio de la gasolina, cada año se obtendrían cerca $ 7.500 millones en ingresos adicionales, los cuales bien pudieran ser invertidos en modernizar y ampliar el sistema de transporte público. Esto si sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el pago de los impuestos indirectos que forman parte del precio de la gasolina lo harían quienes más tienen, aportando ingresos fiscales adicionales para ser invertidos en la ampliación y modernización de la flota de transporte público, la cual es utilizada justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo.

Si queremos superar la cultura rentista, que celebra la eliminación de los peajes, el subsidio a la gasolina, al gas, a la electricidad, al agua y siempre espera que todo lo pague el petróleo, debemos evolucionar hacia una nueva cultura tributaria y estar conscientes de la necesidad de transformar esos subsidios indirectos en impuestos. Como una retribución a los contribuyentes que pagarían un mayor precio por la gasolina, un monto significativo de los ingresos adicionales se debería destinar a mejorar la infraestructura vial que utilizan y así evitar accidentes y daños mecánicos a sus automóviles. Para mantener en buen estado la infraestructura vial, los impuestos indirectos a la gasolina deberían ser mayores en las grandes ciudades, así como en las estaciones de servicio que están a lo largo de las carreteras y autopistas. De esta forma, en el costo del combustible que consumen los vehículos estaría incluida la contribución que cada quien hace para beneficiarse de una infraestructura vial bien pavimentada y con adecuada iluminación, señalización, auxilio vial, etc.  

Que la ciudadanía decida el precio de la gasolina

Por: Víctor Álvarez R.

Mientras en EE.UU., Unión Europea y Japón el precio de la gasolina no baja de $ 3,90 el galón de 3,78 litros, en Venezuela la  gasolina de 91 octanos se vende a 0,07 Bs/litro y la de 95 octanos a 0,097 Bs/litro. Esto es menos de 2 centavos de dólar por litro. En aquellos países, llenar un tanque de 60 litros cuesta más de 60 dólares, mientras que en Venezuela solo vale 5,80 bolívares, menos de un dólar a la tasa de cambio oficial.

El contrabando de extracción

Venezuela consume 330.000 barriles diarios de gasolina. La salida ilegal del combustible tiene su causa en el inmenso diferencial entre el precio en Venezuela y el que se cobra en la frontera. Es tan elevada la salida ilegal del combustible que la producción nacional ya no alcanza, lo cual presiona la necesidad de importar componentes para satisfacer semejante demanda.

En Colombia, el galón de 3,78 litros cuesta 8.600 pesos, 2.275 pesos por litro. Con base en una tasa de cambio 1.900 pesos por dólar y 6.30 Bs/$, un bolívar equivale a 301,6 pesos. Si dividimos 2.275 pesos que cuesta el litro entre esta tasa de cambio de 301,6 bolívares por peso, esto significa que un litro de gasolina que se compra en Venezuela a 0.097 se puede vender en Colombia al equivalente de Bs. 7,5. Calculado en pesos colombianos, el litro que en Venezuela cuesta solo 29 pesos, en Colombia se vende a 2.275, y esto es un tremendo incentivo para los traficantes de gasolina. Llenar un tanque de 80 litros de 95 octanos por apenas 2.320 pesos (lo que cuesta un solo litro en Colombia) para luego revenderlo por 182.000 es un negocio muy lucrativo que incentiva el contrabando de extracción. Con un viaje diario de lunes a viernes cualquiera obtiene un ingreso de $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Esto sin considerar los vehículos de las redes de contrabandistas que han sido acondicionados con tanques con capacidad de 250 litros y más.

Fallos del mercado vs. fallas del Estado

Ante semejante diferencial de precios, cualquier control o medida represiva que se tome con la intención de combatir el contrabando de extracción, siempre será insuficiente. La solución no está en más alcabalas y controles sino en erradicar el principal estímulo a tales prácticas perversas e ilegales. Sincerar el precio de la gasolina, sin que esto signifique llevarlo al precio internacional, permitirá reducir este enorme diferencial que es la principal causa del contrabando de extracción. 

En el caso de la gasolina subyace la misma lógica que explica la ninfomanía del dólar. El precio oficial se mantiene anclado por varios años, mientras que el  precio que se forma en el mercado se va alejando de la cotización oficial. El dólar de Cadivi, e incluso el de las subastas del Sicad, resultan muy baratos en comparación con el precio que la gente está dispuesta a pagar por la divisa en el mercado paralelo. Semejante brecha entre uno y otro precio es lo que estimula una insaciable demanda de las divisas subsidiadas a la tasa de cambio oficial.

En el caso de la gasolina, su precio en la frontera se distorsiona aún más debido al anclaje cambiario. En todo caso, tanto el creciente diferencial del precio del combustible en la frontera, como la brecha entre el precio oficial del dólar y su cotización en el mercado paralelo, se traducen en un incentivo a la corrupción, el cual ya ha sido denunciado por ministros y altos funcionarios del Estado. Paradójicamente, la cura de la ninfomanía del dólar y la solución al contrabando de extracción no dependen de la mano invisible del mercado, sino de la mano que firma la decisión gubernamental para sincerar tanto el precio de la gasolina como el precio del dólar. 

Los problemas relacionados con el contrabando de gasolina y la especulación con las divisas no se debe a fallos del mercado, sino a fallas de las decisiones gubernamentales que han optado por congelar el precio de la gasolina y mantener anclada la tasa oficial de cambio, en un contexto inflacionario. La reciente crisis económica mundial dejó claro los estragos que causan las fuerzas ciegas del mercado cuando se dejan sin regulación ni control, pero también las regulaciones arbitrarias y rígidas han demostrado el terrible daño que le hace a la economía y el bienestar de una Nación, el desconocimiento e incomprensión de las leyes que rigen la dinámica económica.

Que decida la ciudadanía
El exagerado y prolongado subsidio a la gasolina estimula el despilfarro del combustible, con el consiguiente impacto en la contaminación del aire que todos respiramos, el colapso del tráfico en todas las ciudades y la irrecuperable pérdida de millones de horas de trabajo y descanso. Pero no se trata de aplicar un aumento brusco y torpemente ejecutado, que provoque malestar y protestas populares, sino de sincerar gradualmente el precio de la gasolina, reorientando los ingresos que se obtengan por el aumento a modernizar y ampliar la flota de transporte público. El artículo 71 de la Constitución plantea claramente que “las materias de especial trascendencia nacional pueden ser sometidas a referendo consultivo”. Es hora de promover un amplio debate nacional para que sea la ciudadanía, en el marco de la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución, la que decida si se debe aumentar el precio de la gasolina, en qué monto y dónde se deberían invertir los miles de millones de dólares que anualmente se perciban por el ajuste del precio del combustible.   @victoralvarezr

Referendo consultivo para la gasolina


Por: Víctor Álvarez R.
Las recientes protestas en Brasil explotaron a raíz del aumento de los pasajes del transporte público y han servido para recordar los terribles sucesos del Caracazo, cuyo detonante fue precisamente el aumento de la gasolina y su impacto en el incremento de los pasajes.

Desde entonces, buena parte de la dirigencia política está convencida de que cualquier incremento en el precio del combustible automáticamente desatará una protesta popular. Pero resulta que en 1989, el aumento de la gasolina fue el detonante más no la causa de las protestas. Las mismas estallaron debido al creciente descontento por la aplicación del paquetazo neoliberal, conformado por medidas antipopulares tales como: liberación de precios, aumento de las tasas de interés, eliminación del control de cambio con su impacto inflacionario, apertura a las importaciones que barrieron con el aparato productivo y privatización de empresas del Estado con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy distinta, a lo largo de la Revolución Bolivariana los sectores populares han recibido el beneficio de la inversión social de la renta petrolera y está en condiciones de pronunciarse conscientemente en un referendo consultivo sobre la conveniencia de sincerar el precio de la gasolina, a fin de reorientar hacia la inversión social este subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que más tienen -particularmente a los propietarios de vehículos con alto consumo de gasolina-, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte público cada vez más deficiente.

En otros países, llenar un tanque de 60 litros cuesta $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. En EE.UU. y la U.E. un litro cuesta cerca de un dólar, en Venezuela se vende a menos de 2 centavos. Un café cuesta 30 veces más. El diferencial de precios entre Venezuela y Colombia estimula el contrabando de extracción en pequeños barriles y grandes camiones-cisterna. Se estima que hacia los países vecinos salen ilegalmente 25.000 barriles diarios de combustible. Al precio de $ 90 por barril, el contrabando llega a los $ 800 millones anuales. Si comparamos el precio interno con el valor de exportación, el subsidio es de $ 7.500 millones anuales. Si la comparación se hace con los precios internacionales el subsidio sube a $ 15.700 millones.

Pero no se trata de regalar la gasolina ni de venderla al precio internacional. El quid de la cuestión radica en asegurar el apoyo popular a una medida destinada a reorientar, a favor de la inversión social, este pernicioso subsidio, que además induce a despilfarrar la gasolina, colapsar el tráfico terrestre y a contaminar el ambiente. Por ser esta una materia de especial trascendencia nacional, debería ser sometida a referendo consultivo por parte del Presidente de la República. Si se deja claro que el mayor porcentaje de la recaudación por el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de transporte público en todo el país y que el precio de los pasajes no se incrementará, el pueblo venezolano respaldará masivamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina. @victoralvarezr

¿Qué pasaría si aumentan el precio de la gasolina?


Por: Víctor Álvarez R.
En el imaginario venezolano está muy arraigada la idea de vivir en un país rico que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. Por eso considera natural que el precio de la gasolina sea barato. Sin embargo, se trata de un subsidio regresivo que favorece sobre todo a los propietarios de vehículos con alto consumo de gasolina, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte público cada vez más deficiente.

En otros países, para llenar un tanque de 60 litros hay que pagar casi $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. En EE.UU. y la U.E. un litro cuesta cerca de un dólar, en Venezuela se vende a menos de 2 centavos: apenas Bs. 0,097 el litro de 95 octanos. Una botellita de agua cuesta 20 veces más. El diferencial de precios entre Venezuela y Colombia es de 20 veces, lo cual estimula el contrabando de extracción en pequeños barriles y grandes camiones-cisterna. Se estima que hacia los países vecinos salen ilegalmente 25.000 barriles diarios de combustible. A un precio de $ 90 por barril, el contrabando llega a los $ 800 millones anuales.

Si comparamos el precio interno con el de exportación, el subsidio es de $ 6.500 millones anuales. Si la comparación se hace con los precios internacionales el subsidio sube a $ 15.700 millones, más que las transferencias de Pdvsa a las misiones sociales, las cuales son de $ 14.000 millones. Con un ajuste imperceptible del precio, se podría reorientar este subsidio regresivo a la inversión social.

No se trata de regalar la gasolina ni de venderla al precio internacional, pero al menos su precio debe cubrir los costos. El mejor momento para corregir este rezago es una coyuntura de buenos precios del petróleo. No hay que esperar una caída en la cotización de los crudos semejante a la del año 2009, cuando la situación fiscal se tornó tan crítica que obligó al gobierno a devaluar el bolívar en un 100 % y a subir el IVA de 9 a 12%. En esas circunstancias, un aumento de la gasolina sería el detonante de la protesta popular, tal como ocurrió en 1989, cuando el alza de la gasolina fue la chispa que encendió el Caracazo. Más esto no quiere decir que un incremento en el precio del combustible automáticamente desatará un caos. En 1989, el aumento de la gasolina fue el detonante más no la causa de las protestas. Las mismas estallaron debido al descontento acumulado por la aplicación de un conjunto de medidas antipopulares, tales como: liberación de precios de los alimentos, eliminación del control de cambio, aumento de las tasas de interés, apertura a las importaciones que barrieron con el aparato productivo y la privatización de empresas del Estado con la consiguiente pérdida de millares de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy distinta, los sectores populares reciben el beneficio de la inversión social de la renta petrolera y su identificación con el gobierno permitiría sincerar el precio de la gasolina para desalentar así el despilfarro de gasolina, aliviar el pesado tráfico terrestre, reducir el impacto ambiental, reorientar el subsidio a la inversión social y mejorar las cuentas de Pdvsa, sin la más mínima probabilidad de que se produzca un segundo Caracazo.

El costo político de una devaluación


Por: Víctor Álvarez R.

¿Cuál puede ser el costo político de abandonar un anclaje cambiario que ha resultado inocuo para contener la inflación, pero eficaz para alentar la insaciabilidad de divisas e importar lo que bien se pudiera estar produciendo en Venezuela?

Sin lugar a dudas, todo gobierno es un actor político que busca minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias por cada decisión que tome, calculadas en términos de popularidad, elecciones ganadas, porcentaje de votos con los que se triunfa, etc. Por lo tanto, en un año electoral, el gobierno adoptará las medidas en materia cambiaria, a la luz del costo-beneficio político, más que por rigurosas consideraciones de teoría o política económica.

En efecto, a pesar de que la tragedia de Venezuela no es la devaluación del bolívar, sino la sobrevaluación que resulta del anclaje cambiario en un contexto inflacionario, en vísperas de las elecciones municipales el costo político de una devaluación puede ser muy alto, y descarta de plano que este año se lleve a cabo un nuevo ajuste de la tasa oficial. Pero más allá del año electoral, se impone reorientar la política cambiaria como un instrumento para transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

Mientras se mantenga la política de anclaje cambiario, cada devaluación será interpretada como un fracaso del gobierno. A diferencia, en un régimen cambiario flexible, las fluctuaciones de la tasa de cambio serán atribuidas a la dinámica del mercado y, por lo tanto, tendrán un costo político menor.

Las distorsiones del anclaje cambiario

El logro de la soberanía productiva implica sustituir importaciones y, a la vez, exportar. Pero la rigidez cambiaria solo conduce a la apreciación de la tasa de cambio oficial, lo cual abarata y estimula las importaciones, a la vez que encarece y castiga la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Al priorizar la lucha contra la inflación, la política cambiaria se ha inclinado por el anclaje cambiario, bajo la convicción de que así se evita el encarecimiento del componente importado. Pero los hechos han demostrado que la rigidez cambiaria no es garantía de estabilidad de precios si la misma no va acompañada de disciplina fiscal, monetaria y financiera. Los desequilibrios macroeconómicos se expresan en una espiral inflacionaria que lleva a los regímenes cambiarios fijos a caer en el círculo vicioso de anclaje-sobrevaluación-devaluación-inflación-anclaje.

Derrotar este círculo vicioso exige ir más allá de los ajustes nominales en la tasa de cambio para aproximarse a un tipo de cambio real competitivo. Esto implica cerrar el diferencial inflacionario entre Venezuela y sus principales socios comerciales. De lo contrario, se seguirán estimulando las importaciones que desplazan las inversiones productivas, impidiendo así la transferencia tecnológica, la formación del talento humano, la asistencia técnica a la industria nacional y la incorporación de contenido nacional en los proyectos de inversión.

Política cambiaria para la transformación productiva

Al fijar conjuntamente la tasa de cambio, el Ministerio de Finanzas y el BCV influyen sobre los costos de los productos importados, los flujos de inversión nacional y extranjera que dinamizan el PIB, la remuneración en bolívares de los exportadores, la capacidad de pago de la deuda externa y el nivel de reservas internacionales.

Una nueva política cambiaria que facilite el tránsito de una economía rentista e importadora hacia un nuevo modelo productivo exportador se puede diseñar haciendo uso del criterio con el que se aplica el arancel. Cuando el objetivo es estimular y proteger el valor agregado nacional, el arancel suele ser alto para los productos de consumo final, medio para la importación de maquinarias y equipos, y bajo para las materias primas que serán transformadas por la industria nacional.

En consecuencia, mientras mayor sea el grado de manufactura del producto a importar, mayor será la tasa de cambio que se aplique. Así se desestimula la importación de productos con mayor grado de industrialización, favoreciendo su producción nacional, lo cual se traduce en un ahorro de divisas. Por otro lado, con el fin de reactivar el PIB y diversificar la oferta exportable, es necesaria  una tasa de cambio real que refuerce la competitividad internacional, sin que por esto se renuncie el objetivo de estabilizar los precios

Ante el fracaso del anclaje cambiario como política antiinflacionaria, y observando las distorsiones provocadas en el aparato productivo interno, la única justificación para mantener la rigidez del régimen cambiario es el control político que se puede ejercer sobre los agentes económicos que demandan la divisa. En adelante la prioridad debe ser el crecimiento del PIB y la diversificación de las exportaciones, fijando una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del sector transable y un régimen cambiario flexible que ayude a atraer nuevas inversiones, desestimule las importaciones y fortalezca la competitividad cambiaria del sector exportador, en función de generar nuevas fuentes de divisas que ayuden a cerrar la brecha entre la tasa oficial y el mercado paralelo.

@victoralvarezr

Del anclaje cambiario al sistema de bandas

Víctor Álvarez R.
Después de una década de control de cambio, cada vez se hace más difícil sostener un régimen cambiario fijo. Hasta ahora, se ha atornillado el precio oficial de la divisa durante varios años, para luego aplicar maxidevaluaciones de 100% y $46,5%, con el alto impacto inflacionario que esta medida genera en una economía con un creciente componente importado. Es hora de analizar la viabilidad y conveniencia de flexibilizar el régimen cambiario a través de un sistema de bandas, conducente a una paridad que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, alivie las presiones sobre las reservas internacionales y contribuya así al logro de la estabilidad macroeconómica.

Un gobierno que comprende los riesgos de los desequilibrios macroeconómicos está llamado a corregir el déficit fiscal, evitar emisiones de dinero inorgánico, minimizar el endeudamiento externo y hacer un manejo inteligente de la política cambiaria para ahorrar divisas a través de la sustitución de importaciones, diversificar la oferta exportable para aumentar el ingreso de divisas no petroleras, y mejorar la posición de reservas internacionales que respaldan el bolívar.

Costos y beneficios de la rigidez y flexibilidad cambiaria

La política cambiaria es un elemento clave para la evolución del PIB, toda vez que influye sobre las importaciones y exportaciones, sobre la inversión extranjera e, incluso, sobre la fuga de capitales.  A su vez, la competitividad de la producción nacional se puede ver respaldada o castigada por la sobrevaluación o devaluación del bolívar, estimulando las importaciones o exportaciones, según sea el caso.

En los primeros años, el anclaje cambiario contribuyó a aliviar la presión inflacionaria, pero a la larga ha devenido en un factor desestabilizador, cuya superación reclama mayor flexibilidad. Solo así podrá corregirse oportunamente la diferencia entre la inflación nacional y la de los principales socios internacionales que da origen a la sobrevaluación del bolívar. En los hechos, el anclaje cambiario se traduce en un subsidio al dólar oficial, lo cual estimula masivas importaciones que desplazan la producción nacional y destruyen el empleo productivo.

Pero también hay costos políticos. Los desequilibrios macroeconómicos se manifiestan en la voracidad inflacionaria que puede ser penada por el electorado en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Cuando el elector sufre la ineficacia de la política económica para contener el alza de los precios y superar el malestar del desabastecimiento, lo invaden expectativas inflacionarias que lo llevan a hacer compras nerviosas, atizando aún más los altos niveles de inflación y la escasez. Y la erosión que sufre la capacidad adquisitiva de los hogares, suele ser severamente castigada a la hora de votar.

Hacia un sistema de bandas

A través de un sistema de bandas, el tipo de cambio puede variar dentro de límites previamente determinados. Cuando el precio de la divisa amenace con perforar los extremos de la banda y ponga en riesgo los objetivos de la política cambiaria, entonces la autoridad monetaria y el gobierno intervienen para mantener las aguas en su cauce. Como el Estado es el dueño del 96% de las divisas, el mecanismo puede funcionar a través de un sistema de flotación administrada por el BCV, el cual interviene para asegurar la evolución de la paridad cambiaria a la luz de los objetivos de política económica. Bajo expectativas racionales, la certeza de que el BCV intervendrá eficazmente cuando la cotización alcance los límites de la banda, impedirá que se desboque el mercado paralelo. Así, la apreciación o depreciación esperada es perfectamente predecible dentro de unos márgenes manejables. En el límite inferior de la banda las expectativas serán de depreciación, mientras que en el límite superior serán de apreciación.

La importancia de la credibilidad

Tradicionalmente, el régimen cambiario venezolano ha quedado sometido a los designios de la política fiscal. Al devaluar con fines fiscales se encarece el componente importado. Si a esto se suma el daño que le causan al poder de compra del bolívar las emisiones inorgánicas de dinero para financiar el déficit, resulta que el manejo errático de las políticas fiscal y monetaria terminan siendo un factor propagador del auge inflacionario.

Los desequilibrios macroeconómicos que se expresan en el estancamiento del PIB, el déficit fiscal, la emisión de dinero inorgánico, el auge inflacionario y la caída de las reservas internacionales, son interpretados por los agentes económicos como la antesala de una inminente devaluación, y esto les induce a compras nerviosas de divisas. En gran medida, esto es lo que explica el desquicie del mercado paralelo, con la consiguiente ampliación de la brecha entre ambos precios de la divisa.

De allí que la coordinación y armonización de las políticas macroeconómicas sea un factor clave para lograr la viabilidad y credibilidad del sistema de bandas. Estas también dependerán de los precios del petróleo y su impacto sobre la disponibilidad de reservas internacionales, así como de reglas claras que sean respetadas por las autoridades y sometidas a la contraloría frecuente de la Asamblea Nacional. Todo esto reforzará la credibilidad del sistema de bandas, en función de avanzar a una nueva etapa de la política cambiaria, más abocada a inducir las transformaciones de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

¿Cómo salir del estancamiento con inflación?


Por: Víctor Álvarez R.
El estancamiento del PIB, aunado al auge inflacionario, son síntomas claros de los problemas que actualmente afectan a la economía venezolana. Evitar su agravamiento exige un diagnóstico acertado para aplicar el tratamiento adecuado. Veamos que dice el examen de sangre:
En comparación con el mismo período del año pasado, el PIB del primer trimestre del 2013 (IT2013) prácticamente se estancó, al crecer apenas 0.7%. La inflación hasta mayo supera el 16% y deja atrás el máximo que se esperaba para el año 2013. El alza de los precios deteriora la capacidad adquisitiva, cuestión que se expresa en una merma del consumo privado de 3,2%, en comparación con el aumento de 5,9% registrado en el IT2012.

La producción de bienes y servicios que se requiere para respaldar la fortaleza de la moneda nacional se ha visto afectada, tal como lo revela el reciente informe del BCV sobre el PIB. La manufactura, que genera productos claves para satisfacer necesidades básicas y esenciales, se contrajo -3.6%, y el porcentaje de capacidad utilizada cayó del 59,5% en el IVT2012 a 52,82% en el IT2013. La Minería se contrajo -25,3% y el Sector Construcción registró una disminución de 1,2%, en comparación con el aumento de 31,4% que reflejó el primer trimestre del año pasado. El respaldo en divisas de la Liquidez Monetaria también ha desmejorado, toda vez que mientras ésta asciende a Bs.793.842.681mm, las Reservas Internacionales disminuyen $4.820mm, al pasar de $29.890mm a $25.070mm. Es decir, una caída de 16,12%. Hay muchos bolívares persiguiendo pocos bienes y pocas divisas y esto significa un bolívar que se va quedando sin respaldo. Y una moneda sin capacidad de intercambio o poder de compra se manifiesta en un auge inflacionario.

La brecha entre una demanda que crecía al 3.8% anual y una producción per cápita que solo crecía al ritmo de 0.8%, se venía cubriendo a través de la abundancia de divisas derivadas del ingreso petrolero. Entre las causas que explican la actual escasez de divisas que repercuten sobre el desabastecimiento y la especulación, encontramos la caída de las exportaciones totales de $25.739 millones en el IT2012 a $22.200 millones en el IT2013, una disminución $3.539mm, equivalente al 13,8%. También repercuten en el ingreso neto en divisas los acuerdos de Alba y PetroCaribe-, ya que buena parte de las exportaciones petroleras no son pagadas en efectivo, sino con bienes y servicios. Por otra parte hay que restar las divisas que absorbe el pago de la deuda. Si bien las exportaciones petroleras desde 1999 hasta el IT2013 ascienden a $720.174mm, el pasivo total de PDVSA subió a $142.596mm al cierre de 2012. Por su parte, la Deuda Pública externa ascendió a $105.656mm. En conjunto, todo esto supone mayores pagos de capital e intereses.

El país se ha hecho cada vez más dependiente del petróleo al subir el peso de las exportaciones de crudos en el total de exportaciones de 68,8% a 96,3%. Las exportaciones no petroleras representan solo el 3.7% de las exportaciones totales. El petróleo es un recurso que siempre se vende, pero su cotización no deja de ser errática. Minimizar el impacto económico y social de los altibajos del precio del petróleo exige generar fuentes alternas de divisas y de menor fluctuación.

La superación de esta crisis de estancamiento con inflación tiene que encontrarse por el lado de la oferta. Es decir, a través de una reorientación de la política económica de importación masiva y endeudamiento externo, hacia la reactivación de las capacidades productivas ya instaladas que se encuentran ociosas, debido al desplazamiento que ha sufrido la producción nacional por las crecientes importaciones que se hacen con un dólar oficial subsidiado. Al reactivar el aparato productivo interno se podrán crear millares de puestos de trabajos productivos que generarán una abundante oferta de bienes y servicios nacionales, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable, con un saldo de divisas favorable. También contribuirá a aliviar la presión de empleo que se mantiene sobre la nómina pública y reducir las presiones sobre el déficit fiscal.

Por otra parte hay que reducir a su mínima expresión el financiamiento del gasto público a través del BCV, evitando las emisiones de dinero inorgánico que propagan la inflación. Si la monetización del déficit fiscal se convierte en una práctica reiterada, las consecuencias inevitablemente son inflacionarias. La expansión de la liquidez monetaria sin respaldo en el aumento de la oferta de bienes y servicios, se traduce en un deterioro del poder de compra de la moneda. En la práctica se trata de un impuesto inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los sectores que viven de un salario fijo.

Lograr estos objetivos pasa por plantearse metas muy claras. El aporte de la manufactura al PIB debería subir del 14% actual, al 20% que recomiendan los indicadores de desarrollo industrial. Asimismo, la agricultura debería pasar de 4.4% a 12% del PIB, para así lograr los objetivos de seguridad y soberanía alimentarias. A través de una adecuada combinación de incentivos de política económica sería posible llevar el indicador de densidad industrial de 0.25 establecimientos industriales por cada mil habitantes, a un establecimiento por cada mil en los próximos años. Esto se traduciría en la abundante producción nacional que se requiere para conjurar la actual amenaza de estancamiento con inflación.  

@victoralvarezr