jueves, 27 de septiembre de 2012

Elementos para el Juicio Popular al Programa de la MUD


Juicio Popular al Programa de la MUD
Sala José Félix Ribas del TTC
27 de septiembre de 2012
Víctor Álvarez R.
Responsable del peritaje en el área económica
del Programa de la MUD
He revisado con supremo cuidado los “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional”, el cual contiene las orientaciones de las políticas y medidas que aplicaría el candidato Capriles Radonski, en caso de ser electo Presidente de la República. A la luz de esta exhaustiva revisión he podido  identificar una gran cantidad de artículos que ponen en un serio peligro el principio de progresividad de los derechos humanos económicos, al desmontar las conquistas logradas por nuestro pueblo a lo largo de la Revolución Bolivariana.
En materia económica, los lineamientos del Programa de la MUD anuncian el desmantelamiento del marco legal y del entorno internacional que ha creado el Gobierno Bolivariano para recuperar la soberanía nacional sobre el petróleo y, sobre esta base, reorientar el ingreso petrolero en función de erradicar los azotes del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
En los artículos 354, 455, 485, 491, 492, 499, 513 y 524 del Programa de la MUD se aprecia claramente la intención de revertir el proceso que permitió rescatar a PDVSA del control de una tecnocracia servil al interés de las grandes potencias despilfarradoras de petróleo, a las cuales interesa una sobreoferta de crudos en el mercado internacional para provocar un descenso  sostenido de los precios del petróleo, lo cual se traduciría en una drástica caída del ingreso petróleo, dejando al gobierno sin posibilidad de seguir financiando la inversión social ni de mantener operativas las Misiones.
En los artículos 485 y 491 se expresa claramente la intención de aumentar arbitrariamente la exportación de petróleo y retomar la producción de Orimulsión, que no es más que vender el petróleo de la Faja del Orinoco a precio de carbón. No olvidemos que, gracias a una política petrolera orientada al restablecimiento del sistema de cuotas, al fortalecimiento de la OPEP y al rescate de PDVSA de la tecnocracia que la mantenía secuestrada, fue posible alcanzar un precio justo para el barril del petróleo, el cual se ha recuperado de  9 dólares hasta lograr romper la barrera de los 100 dólares por barril.
Sin embargo, en abierta contraposición a la política petrolera del Gobierno Bolivariano, en el Programa de la MUD se critica reiteradamente el supuesto “estancamiento” de la producción de PDVSA, y se plantea incrementar cada año en 400 mil barriles la producción diaria de petróleo, hasta llegar a los seis millones de barriles.
En el Programa de la MUD hay sobrados indicios que permiten verificar la intención de volver a la política de la vieja PDVSA, la cual se caracterizó  por los incumplimientos de las cuotas que Venezuela tenía asignadas dentro de la OPEP, lo cual contribuyó al descalabro de los precios del petróleo, que llegaron a caer a 9 dólares el barril.
El Programa de la MUD desprecia el hecho de que en Venezuela, la posibilidad real de financiar la inversión social, otorgar incentivos públicos para hacer crecer el aparato productivo y generar empleos dignos, tiene su principal fuente de recursos en el ingreso petrolero, el cual depende del control de los volúmenes de producción para evitar que se descalabren los precios.
En el curso de la Revolución Bolivariana, además de controlar los volúmenes de producción para evitar el descalabro del precio de los crudos, la renta petrolera también ha aumentado gracias al incremento porcentual de las regalías que se cobran por la extracción de petróleo, así como por la obligación que se impuso a las filiales de PDVSA en el extranjero de comenzar a pagar dividendos a la casa matriz. Pero en los artículos 513 y 514 del Programa de la MUD se plantea “reformar” y “flexibilizar” el marco legal vigente que elevó el cobro de la regalía de 1% a 33% y fijó en un mínimo de 60% la participación accionaria de PDVSA en las empresas mixtas.
En el Programa de la MUD La “Ley Orgánica de Hidrocarburos”, la “Ley de Impuesto sobre la Renta”, la “Ley de Nacionalización de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco”, la “Ley Orgánica que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos”, así como otras leyes, decretos y resoluciones que han permitido rescatar la soberanía nacional sobre el petróleo, en función de reorientar la renta petrolera a la inversión social, aparecen  reiteradamente cuestionadas, por lo que es fácil prever su creciente incumplimiento y desmontaje en un gobierno de Capriles.
Por si fuera poco, en los artículos 500, 504 anuncian su pretensión de relanzar la privatización de PDVSA, al asumirla única y exclusivamente como una empresa con fines comerciales y promover la participación en su propiedad de “nuevos accionistas”, que no son otros que el capital privado nacional y extranjero, el cual pretende adueñarse otra vez de ese manjar que gracias a la Revolución Bolivariana hoy pertenece a todos los venezolanos.
En los mencionados artículos se precia claramente el propósito de regresar a la apertura petrolera, la cual tenía como fin la creciente entrega de las actividades y activos más productivos de PDVSA al capital privado nacional y extranjero. Estos  quedarían otra vez prácticamente exonerados de pagar regalías por el petróleo que le extraen al subsuelo venezolano, disfrutando también de las rebajas en el porcentaje del ISR, así como del pago de dividendos, que son precisamente las fuentes del ingreso fiscal petróleo con el que el Estado financia la inversión social y productiva de Venezuela.
En los artículos 499 y 521, el Programa de la MUD plantea suspender los aportes al FONDEN y otros fondos que son administrados por el Gobierno Bolivariano para impulsar el desarrollo económico y social de la Nación. Cuestionan las transferencias sociales de PDVSA y plantean que ésta debe limitarse a operar como una empresa mercantil, eliminando los subsidios a los alimentos, educación, gasolina, vivienda, PDVAL, PDVSA agrícola e industrial, etc.
Para evadir el control del Estado sobre PDVSA, plantean separar el cargo de Ministro de Petróleo de la Presidencia de PDVSA, convirtiéndola nuevamente en un Estado dentro del Estado, que actúa en contra del interés nacional y prefiere convertir cualquier dólar adicional que entre por concepto de exportación de petróleo en beneficios y privilegios para su mal llamada “meritocracia” o invertirlo en negocios sobre los cuales no rinden cuentas, en lugar de transferirlos al fisco nacional para financiar el Presupuesto Público.
Para rematar la entrega de PDVSA a los intereses particulares de los voraces grupos económicos, el Programa de la MUD plantea en los artículos 480 y 482, reducir el control del Poder Ejecutivo en la captación y uso del ingreso petrolero, con lo cual PDVSA sería tomada por la tecnocracia y dejaría de ser la poderosa herramienta que hoy impulsa la construcción de una sociedad de amplia y creciente inclusión social.
Tras semejante fin, en el artículo 521 plantean que la conducción de PSVSA “correspondería a un nuevo ente, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente del fisco nacional, con autonomía física, financiera, organizativa, normativa y administrativa”. Así, PDVSA quedaría nuevamente secuestrada por las élites de Gente de Petróleo, que sabotearon la industria y provocaron pérdidas por más de 14 mil millones de dólares, y a quienes ahora el Programa de la MUD promete reenganchar
La esencia neoliberal en el Programa de la MUD
Mientras el Programa del Candidato de la Patria se basa en una creciente intervención del Estado en la dinámica económica y social, el Programa de la MUD, en sus artículos 354, 372, 417 y 420, plantea el desmontaje de la intervención del Estado para dejar el desarrollo económico según lo indiquen las fuerzas del mercado.
En la visión que reivindica la intervención del Estado, los seres humanos somos valorados como ciudadanos ante los cuales los poderes públicos tienen la obligación de asegurar nuestros derechos al trabajo, alimentación, educación, salud, cultura, recreación, deporte, etc. Pero en la visión que considera al mercado como un mecanismo más eficiente, estos derechos ciudadanos son vistos como “servicios” que provee el mercado. Por lo tanto, las personas somos vistas como “clientes o consumidores” y la satisfacción de nuestras necesidades de alimentación, educación, salud, etc. podrá lograrse según la capacidad de cada cual para generar un ingreso que le permita pagar el precio de los mismos.
Con el mayor cinismo, en el artículo 408 plantean “prohibir al BCV financiar gasto público”, justo después de proponer en el 403 acudir a “la banca internacional y multilateral, y a la comunidad financiera internacional” para solventar las “necesidades previstas de endeudamiento y el cronograma proyectado de pagos y amortizaciones”. En lugar de endeudarse con el BCV, preferirían acudir al FMI y al Banco Mundial, organismos que -como una vez más se demuestra con los paquetazos neoliberales que están aplicando en Europa-, condicionan los auxilios financieros a la reducción drástica del gasto público, con lo cual la inversión social se vería considerablemente reducida.
La crítica al gasto público que resalta en el programa de la MUD significa que los subsidios a los alimentos, salud, educación, cultura, vivienda, seguridad social, etc. serían eliminados por un gobierno de la derecha, transformando estos servicios públicos gratuitos en mercancías que ofrecería la empresa privada, y por cuyo acceso los ciudadanos -ahora convertidos en clientes o consumidores-, tendríamos que pagar un precio cada vez más elevado, quedando excluidos de su disfrute quienes no tengan suficiente o ningún ingreso para costearlos.
En su afán de limitar el gasto público, un gobierno de derecha reeditaría la historia de la privatización de empresas públicas, así como la liquidación y fusión de entes públicos, con la consiguiente ola de despidos de lo que ellos llaman “burócratas improductivos”, desconociendo así la importante función que como empleador debe cumplir el Estado, mientras la economía crece y logra generar trabajo digno para toda la población que se encuentra en condiciones y necesidad de trabajar.  
El desmontaje de los controles y el imperio del mercado
En los artículos 124 y 380 el Programa de la MUD plantea avanzar en el desmontaje de los controles y las legislaciones que ahuyentan la inversión, argumentando que “no corresponde al Estado fijar los precios” sino que estos deben ser fijados por la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado, como si no hubiera sobradas demostraciones de las prácticas monopólicas y oligopólicas que imponen altos precios a quienes viven de un ingreso fijo. Expresando el interés de los grupos económicos que acaparan y especulan en contra de la población, en el artículo 124 del Programa de la MUD se propone “revisar la Ley de Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios”, desmantelando así la protección que este marco legal brinda a los sectores más vulnerables del pueblo venezolano.
En el Programa der la MUD abundan las críticas al control cambiario y otros controles de precios, y se promete desmontarlos tan pronto lleguen al poder. Ahora bien, qué controles desmontaría Capriles y cuáles serían las consecuencias que sufriría el pueblo:
Para permitir a los capitalistas obtener crecientes ganancias, tal como se deduce del artículo 379, desmontarían el control de precios sobre los productos de primera necesitad para dejarlos a merced de las fuerzas ciegas de la oferta y la demanda, atizando así la inflación que devora el poder adquisitivo de los salarios.
Para satisfacer la voracidad del sector financiero especulativo, liberarían las tasas de interés, con lo cual encarecerían los créditos hipotecarios y al consumo, muchas familias no podrían mantenerse al día en los pagos de sus viviendas o vehículos, y sus hipotecas y garantías serían ejecutadas, dejándolas en la calle, tal como ha pasado en EE.EE. y Europa. La clase media que utiliza TDC también sufriría un incremento desmesurado de las tasas de interés.
Para satisfacer las ambiciones de los mercados cambiarios, en el artículo 406 plantean erradicar el control de cambios, llevando el dólar oficial al precio del mercado paralelo. Con esto prenderían fuego a la inflación al encarecer las importaciones de alimentos, medicinas, maquinarias que se hacen a 4.30.
Para atraer inversiones, los gobiernos neoliberales compiten ofreciendo los salarios más bajos, por eso un gobierno de la MUD eliminaría los aumentos de sueldos por decreto, dejando que sea la oferta y demanda de trabajo en el mercado laboral la que defina el nivel de sueldos. Y ya sabemos que así los trabajadores llevan todas las de perder.
En conclusión
El Programa de la MUD rompería los acuerdos de la OPEP y se convertiría en el detonante de una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional que causaría un derrumbe en los precios del petróleo.
Y con precios del petróleo hacia la baja se reduciría drásticamente el ingreso fiscal petrolero que ha servido para financiar la inversión social y productiva.
La política petrolera de Capriles haría inviable a su propio gobierno. El pueblo se resistiría a que lo despojen pasivamente de su derechos y se movilizaría indignado  en defensa de lo que hoy por hoy son sus conquistas sagradas.
En este peritaje hemos demostrado la esencia neoliberal del Programa de la MUD. Es un programa de gobierno que expresa el interés de los grandes grupos económicos y corporaciones transnacionales interesadas en asegurarse abundantes fuentes de petróleo cada vez más barato. De llegar a aplicarse, haría retroceder al país a los alarmantes niveles de desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión social que azotaban a la población venezolana en los últimos años de la IV República. Por lo tanto, es incompatible con el Estado Social de Derecho y de Justicia contemplado en la CRBV, toda vez que está en abierta contradicción con el principio de progresividad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo. Sin lugar a dudas, el Programa de la MUD constituye un verdadero peligro que puede descalabrar y barrer con todas las conquistas de la Revolución Bolivariana.
El Programa de la MUD no se puede aplicar
El 7 de Octubre entre vencer o morir hay que optar por VENCER

jueves, 20 de septiembre de 2012

¿Ciudadanos o consumidores?: lo que se decide el 7-O

Mientras el Programa de Hugo Chávez se basa en una creciente intervención del Estado en la dinámica económica y social, el programa de Capriles Radonski plantea el desmontaje de la intervención del Estado para dejar el desarrollo económico según lo indiquen las fuerzas del mercado. En la visión que reivindica la intervención del Estado, los seres humanos son valorados como ciudadanos ante los cuales los poderes públicos tienen la obligación de asegurar sus derechos al trabajo, alimentación, educación, salud, etc. En la visión que considera al mercado como un mecanismo más eficiente, estos derechos ciudadanos son vistos como “servicios” que provee el mercado; por lo tanto, las personas son vistas como “clientes o consumidores” y la satisfacción de sus necesidades de alimentación, educación, salud, etc. podrá lograrse según la capacidad de cada cual para generar un ingreso que le permita pagar el precio de los mismos.
Estado vs mercado
Las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de intervención estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo. La idea de una ausencia total de regulación estatal es una con­cepción tan absurda e irreal como la de concebir una socie­dad donde la iniciativa privada no tenga cabida. En la construcción de la nueva sociedad, el Estado sustituye al mercado como rector y soberano, pero no como un mecanismo a través del cual se realiza la producción y comercialización. Más bien, la acción del Estado lo complementa y reorienta hacia las prioridades nacionales, a través de diferentes incentivos y regulaciones.  
Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de intervención pública para apoyar con éxito no solo la construcción socialista; sino incluso, el propio desarrollo capitalista. No se trata de asumir posiciones extremas, sino de abrirle paso a un Estado rector que fije directrices claras y estables para estimular un crecimiento sano de la economía y un desarrollo integral de la sociedad.
La transformación del modelo rentista e importador en un nuevo modelo productivo exportador requiere de una sabia rectoría del Estado como planificador (a través de planes globales, secto­riales, etc.), como empresario (a través de empresas estatales en sectores estratégicos), como inversionista (a través de la inversión en infraestructura y servicios), como regulador (a través de la regulación de precios, monopolios, inversión extranjera, etc.), como benefactor (a través de la inversión social en educación, salud, vivienda, etc.) y como banquero (a través de una política financiera de impulso a la actividad productiva).
Es muy importante crear condiciones para que la economía venezolana funcione al margen de arbitrarias decisiones burocráticas y discrecionales, pero esto no quiere decir que el Estado tenga que renunciar a intervenir en los asuntos económicos. El desarrollo económico y social de Venezuela no será obra del mercado, no serán las leyes de la oferta y la demanda ni el mecanismo de los precios las fuerzas motrices que aseguren el progreso ni el bienestar de la sociedad venezolana. Se requiere una intervención inteligente de los poderes públicos para concertar cuáles son los objetivos que desea alcanzar la sociedad e identificar los instrumentos más efectivos para lograrlos.
El desmontaje del Estado en el Programa de la MUD
Sin embargo, en el Programa de la MUD se plantea el objetivo de  “Avanzar en el desmontaje de los controles del Estado y las legislaciones que ahuyentan a la inversión”. Capriles ha prometido que -de llegar a Presidente-, “erradicaría el control a la compra-venta de divisas, los controles de precios y de la economía”. Así, para permitir a los mercados de bienes registrar crecientes ganancias, desmontaría el control de precios sobre los productos de primera necesitad, atizando la inflación que devora el poder adquisitivo de los salarios. Para satisfacer a los mercados financieros, liberarían las tasas de interés, con lo cual encarecerían los créditos hipotecarios y al consumo, muchas familias no podrían mantenerse al día en los pagos de sus viviendas o vehículos, y sus hipotecas y garantías serían ejecutadas, dejándolas en la calle, tal como ha pasado en EE.EE. y Europa. Para satisfacer a los mercados cambiarios, erradicarían el control de cambios, el dólar se dispararía al precio del mercado paralelo, encareciendo las importaciones que se hacen a 4.30, agravando aún más la inflación.
No olvidemos que para atraer inversiones, los gobiernos neoliberales compiten ofreciendo los salarios más bajos. Por eso un gobierno favorable a dejar en libertad los mecanismos del mercado eliminaría los aumentos de sueldos por decreto, dejando que sea la libre oferta y demanda de trabajo en el mercado laboral la que defina el nivel de sueldos. Así, quienes viven de un ingreso fijo llevan todas las de perder, ya que sus salarios se congelan porque hay mucho desempleo, o el aumento que concede la dinámica del mercado laboral se queda por debajo de la inflación.
Ese “desacuerdo con los controles del Estado” es la esencia neoliberal del Programa de Capriles Radonski y constituye un verdadero peligro que puede descalabrar y barrer con todas las conquistas que -gracias a la intervención del Estado-, se han logrado para reducir el desempleo y la pobreza, e impulsar la inclusión social de un creciente número de personas en el trabajo, la alimentación, educación, salud, cultura, deporte, vivienda, etc. Los mecanismos del mercado exigen pagar un precio cada vez mayor por tener acceso a tales “servicios” y, en consecuencia, excluyen a todo aquel “cliente o consumidor” que no cuente con un ingreso suficiente que le permita cubrir el costo de los mismos.
Eliminación de los subsidios y reducción del gasto público
El gasto público, particularmente el “gasto” social improductivo”, tan cuestionado por las políticas neoliberales se vería considerablemente reducido, a favor de la inversión pública, toda vez que ésta última supone millonarios contratos y compras de bienes a favor de los poderosos grupos económicos, los cuales logran capturar por esa vía un mayor porcentaje de la renta petrolera.
Nada más contrario a la lógina neoliberal que los subsidios que distorsionan los precios del mercado. Para dejar que sea el mecanismo de los precios los que regulen la oferta y la demanda de los bienes y servicios, los subsidios a los alimentos, electricidad, agua, gasolina, vivienda, etc. serían eliminados. 
Tal como lo suelen aplicar todos los gobiernos neoliberales-, los presupuestos destinados a la educación, salud, cultura, deporte, ciencia y tecnología, etc. se verían drásticamente mermados. Por si fuera poco, para reducir el gasto público, se reeditaría la historia de la privatización de empresas públicas, así como la liquidación y fusión de entes públicos, con la consiguiente ola de despidos de “burócratas improductivos”, desconociendo así la importante función que como empleador debe cumplir el Estado, mientras la economía crece y logra generar trabajo digno, estable y bien remunerado para toda la población que se encuentra en condiciones y necesidad de trabajar.  
Ahora más que nunca se necesita un Estado capaz de implementar políticas transparentes y estables, en función de mantener bajo control las fuerzas ciegas del mercado, propiciar adecuadas condiciones para el desarrollo integral de la Nación y asegurar así una mejor calidad de vida y bienestar para todos los venezolanos.
¿Ciudadanos o consumidores?
Estado vs mercado. ¿Ciudadanos o consumidores?. Estas son las dos visiones que se enfrentan en las elecciones del 7 de Octubre. Al día siguiente sabremos si los venezolanos y venezolanas seguiremos siendo ciudadanos con derecho al trabajo, educación, salud, deporte cultura, vivienda, etc. o seremos transformados en clientes y consumidores, cuyas necesidades básicas y esenciales solo podremos satisfacer a través de los bienes y servicios que podamos adquirir con nuestro ingreso, a los precios que fije la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado.   
En las presidenciales de 2006 Chávez ganó con 7.309.080 votos, el 62.84% del total. Manuel Rosales obtuvo 4.292.466 votos, el 36.90%. Sumando los votos a otros candidatos y los nulos, votaron 11.790.397 electores.
Para las presidenciales de 2012 el patrón electoral está cercano a los 18 millones. Previendo un escenario de alta participación, se espera una votación del 70%. Esto significa que irían a votar 12.600.000 electores. La abstención no superaría el 30%, lo cual es muy significativo en términos de legitimación, si lo comparamos con los procesos electorales en América Latina, EE.UU. y Europa, donde la abstención está entre 40 y 50 %.
De mantenerse esa correlación de fuerzas de 62.84 % vs 36.90%, el Candidato de la patria  debería sacar al menos 7.917.000 mil votos y Capriles 4.649.000. En las primarias del 12 de febrero la oposición movilizó 3 millones de electores, equivalente al 70% del total de votos alcanzados por Rosales en las presidenciales de 2006.
Supongamos que debido al inevitable desgaste que sufre cualquier gobierno luego de 12 años de gestión, esta correlación cambia a favor de la oposición. Supongamos también que por cada votante de la oposición en las primarias del 12-F, uno se quedó en casa y no fue a votar. Con base en estos supuestos, el candidato opositor pudiera obtener 6 millones de los 12 millones 600 mil electores que irían a votar. Es decir, en el escenario más favorable para Capriles, de todas maneras Chávez le ganaría con 6 millones 600 mil votos. Es decir, 52 % del total, frente a 48 % de Capriles.
Ante un resultado tan apretado la oposición no vacilaría en cantar fraude. Afortunadamente, la mayoría de las encuentas dan como ganador al Candidato de la Patria por un amplio margen. Hasta Datanálisis, dirigida por un reconocido opositor al Gobierno Bolivariano, reconoce como inminente ganador a Chávez por más de 14 puntos: 43.8 % vs 29.1 % a favor de Capriles. Sin embargo, ante pronósticos tan favorables, la peor estrategia sería cantar victoria y asumir una actitud triunfalista. Por lo tanto, todos los factores que apoyamos la candidatura de Chávez estamos llamados a desplegar el mejor de los esfuerzos para que nadie se quede sin ir a votar y amanezcamos el 8 de Octubre con la certeza de seguir siendo ciudadanos con derechos y haber conjurado así la pretensión neoliberal de transformarnos en simples clientes o consumidores.

viernes, 7 de septiembre de 2012

Libro "Claves para la industrialización socialista" recibe Mención Honorífica del Premio Internacional Libertador

(Prensa CIM)  Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacioal Miranda (CIM), recibirá Mención Honorífica del Premio Internacional "Libertador" al Pensamiento Crítico por su obra "Claves para la industrialización socialista". El acto de premiación se realizará en la Sala "Ríos Reyna" del Teatro Teresa Carreño, el sábado 8 de septiembre a las 7.00 pm, y contará con la presencia e intervención del Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez Frías.
 
"Claves para la industrialización socialista" es un análisis crítico del proceso de industrialización en las condiciones del capitalismo rentístico venezolano. El autor cuestiona la sustitución ineficiente de importaciones que condena a los trabajadores y consumidores a adquirir productos de inferior calidad y precios superiores a los importados, pero al mismo tiempo se opone a la apertura neoliberal que somete a los productores locales a una feroz competencia con las importaciones procedentes de las principales potencias industrializadas. Como alternativa entre estas dos opciones extremas, fundamenta la importancia de las políticas industriales y tecnológicas en el contenido de la política económica para profundizar la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional, en el marco de los cambios estructurales en la economía mundial, caracterizados por una incesante relocalización industrial, el auge de las industrias del conocimiento y las tensiones entre los procesos de globalización e integración latinoamericana.

Álvarez  define la industrialización socialista como un proceso llamado a sustituir la industrialización basada en la explotación del trabajo ajeno, el uso intensivo de materias primas y energía, la depredación del ambiente y los desequilibrios territoriales, por un nuevo tipo de industrialización basado en diferentes formas de propiedad social, la aplicación de nuevos principios para la justa remuneración del trabajo productivo y la inversión social de los excedentes, el uso intensivo de información y conocimientos científicos y tecnológicos, la preservación del ambiente y el desarrollo armónico y proporcional de las regiones. Con este fin, propone un conjunto de principios rectores de la industrialización socialista e identifica diferentes formas de intervención del Estado para orientar un proceso que no puede quedar sometido a las fuerzas ciegas del mercado. Argumenta que la industrialización socialista debe apoyarse en un Estado en manos de los trabajadores y de la comunidad, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. Solo así será posible impulsar un nuevo tipo de desarrollo industrial, capaz de asegurar una creciente producción de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer plenamente las necesidades básicas y esenciales de la sociedad.
Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda  (CIM). recibió antes la Mención Honorífica del Premio Internacional "Libertador" al Pensamiento Crítico y Premio Municipal "Gustavo Machado" al Pensamiento Político por su libro "Venezuela: ¿Hacia dónde va el Modelo Productivo". Fue reconocido con el "Botón de Honor" de la Ciudad de Valencia (experiencia piloto de la Ciudad Comunal)  por la serie "Cuadernos de Educación Comunal", y recientemente fue condecorado con la "Orden Arturo Michelena" por su libro "Del Estado burocrático al Estado comunal".