jueves, 17 de marzo de 2016

El extractivismo empobrecedor


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a exportar tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente. Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales al mejor precio posible. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando colapsan los precios del petróleo, minerales y materias primas, toda vez que para obtener el mismo nivel de ingreso en divisas hay que intensificar la explotación de los yacimientos, lo cual acelera su agotamiento.  

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja.

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social.

Arco Minero: neo-extractivismo empobrecedor

El Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco. Así, el neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista.

En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al no ahorrar nada y acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez.

El impacto ambiental del extractivismo minero

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.

En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.  @victoralvarezr 

La explotación del oro: Maduro desanda el camino de Chávez


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Cuando las transnacionales comenzaron a operar en Venezuela, el régimen legal para la extracción del oro aseguraba los derechos del inversionista a explotar las concesiones durante décadas. Este marco legal aplicable a la explotación y ventas de oro estaban recogidos en la Ley de Minas y la Resolución BCV N.° 96-12-06, del Banco Central de Venezuela (BCV), en la Ley del BCV, del 17 de octubre de 2002, el Decreto 1.234 del 6 de marzo de 2001 y el Instructivo del BCV sobre los Regímenes de Operaciones con Oro, del 30 de enero de 1997.  De conformidad con este régimen, los productores de oro podían vender libremente el oro en el mercado local a compradores particulares y a precios convenidos libremente. Pero las exportaciones de oro estaban sujetas a la autorización del BCV, el cual exigía como requisito presentar la prueba de que la empresa minera había vendido por lo menos el 15% de su producción trimestral en el mercado local.

En noviembre de 2008, el Gobierno de Venezuela anunció la nacionalización de Las Cristinas, uno de los mayores yacimientos auríferos del mundo, cuya operación había sido dada en concesión a la canadiense Crystallex, iniciando así el proceso que más tarde culminaría con la nacionalización total del oro. En abril de 2009 el gobierno adoptó la Resolución N° 09-04-03, con la cual exigía que todos los productores de oro de Venezuela vendieran el 70% de su producción trimestral en el mercado local, ofreciendo el 60% al BCV a un precio calculado con base en la tasa de cambio oficial. Esta resolución permitía exportar el 30% restante con previa autorización del BCV. El oro al que se negara la autorización de exportación debía venderse al BCV al Tipo de Cambio Oficial. Como resultado de esta modificación, Venezuela limitó las exportaciones de oro.

En junio de 2009, Venezuela adoptó dos resoluciones adicionales para establecer exenciones preferentes para empresas auríferas en las que Venezuela tuviera una participación de por lo menos 50%. Así,  las empresas de oro estatales solamente debían ofrecer al BCV el 25% de su producción. El 75% restante podía venderse libremente a precios de mercado.

El Convenio Cambiario N° 12 impuso la obligación de vender al BCV todas las divisas producto de operaciones de exportación de oro, al Tipo de Cambio Oficial, eliminando así el 10% del producto de las exportaciones que la Resolución del BCV de Abril de 2009 había permitido mantener en sus cuentas extranjeras. Esta medida no afectó a las empresas del Estado venezolano, las cuales si podían conservar en cuentas bancarias del exterior las divisas provenientes de sus ventas de exportación y utilizar el producto para efectuar pagos directos sin límite en moneda extranjera.


El 16 de septiembre de 2011, Venezuela dictó el Decreto N° 8.413 a través del cual se aprobó un nuevo marco regulatorio para la minería y los yacimientos de oro en Venezuela y “reservó al Estado” las actividades de exploración y explotación de oro. Todos los activos y las operaciones asociados a la minería y la explotación del oro en Venezuela fueron declarados de “utilidad pública e interés social”.

El decreto estableció el control estatal de la propiedad de todas las empresas productoras de oro y sus derechos mineros. A partir de septiembre de 2011, todas las actividades primarias, conexas y auxiliares (es decir, la exploración, la producción, el almacenamiento, la posesión y el transporte, ventas y comercialización nacional o internacional) en relación con la minería de oro solamente podían ser realizadas:

ü  Por el Estado o empresas de propiedad total del Estado o sus filiales.

ü  Por empresas mixtas en las que el Estado tuviera una participación mínima de 55% y ejerciera el control de la sociedad.

Todo el oro debía venderse al Gobierno quién reivindicó así la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos y asumió el control sobre la comercialización del oro venezolano. Los proyectos y las inversiones a través de concesiones, autorizaciones para la práctica de pequeña minería o contratos otorgados con anterioridad al dictado del Decreto de Nacionalización, se transferirían a Empresas Mixtas. El Decreto de Nacionalización incluyó negociaciones entre las empresas titulares de derechos mineros y el Gobierno, con miras a facilitar la migración al nuevo régimen de Empresas Mixtas. La falta de acuerdo para la migración con arreglo al nuevo régimen dentro del período de negociaciones daría lugar a la extinción de pleno derecho de las concesiones y los contratos mineros relativos a las Actividades Reservadas, y la República asumiría el control de los activos y las operaciones en cuestión una vez finalizado el plazo de negociación. De no llegar a ningún acuerdo, el Decreto contemplaba el pago del valor en libro de las inversiones en concepto de indemnización y los titulares de derechos mineros debían cooperar para el traspaso pacífico y ordenado de todas las operaciones, las instalaciones, los documentos y los activos. La falta de cooperación daría lugar a la aplicación de sanciones administrativas y penales.

El Decreto de Nacionalización estableció lo siguiente:

ü  Las Empresas Mixtas podían constituirse únicamente con aprobación de la Asamblea Nacional, y el Ministerio de Minas sería responsable de determinar las condiciones por las que se regiría la realización de las Actividades Reservadas por parte de las Empresas Mixtas (artículo 6).

ü  El Ejecutivo Nacional quedaba facultado para transferir a las Empresas Mixtas el derecho a ejercer todas o parte de las Actividades Reservadas, así como a transferir la propiedad u otros derechos sobre “bienes del dominio privado” de la República requeridos para el ejercicio eficiente de dichas actividades. El Ejecutivo Nacional quedaba facultado para revocar esos derechos toda vez que las empresas incumplieran las obligaciones impuestas en el Decreto de Nacionalización o que así conviniera al interés nacional (artículo 9).

ü  El Ministerio de Minas asignaría las áreas correspondientes a cada Empresa Mixta por el plazo de 20 años, prorrogables por no más de dos períodos de 10 años. Las prórrogas debían solicitarse con tres años de anticipación al vencimiento del plazo (artículo 8).

El período de negociaciones venció el 14 de marzo de 2012 sin que las concesionarias y el Gobierno hubieran llegado a un acuerdo. En consecuencia, todos los Derechos Mineros se extinguieron de pleno derecho el 15 de marzo de 2012, razón por la cual el Estado venezolano quedó facultado a tomar posesión de las propiedades y el control de las operaciones que hasta entonces habían pertenecido a las concesionarias.

El 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Petróleo y Minería dictó la Resolución N.° 177, a través de la cual transfería a PDVSA el área minera recién creada en el Estado Bolívar. De conformidad con esa Resolución, PDVSA (a través de la Corporación Minera de Venezuela que quedó adscrita a PDVSA Industrial) en adelante se encargará de las actividades mineras en el área, por el plazo de veinte años, con posibilidad de sucesivas prórrogas.

Maduro desanda el camino de Chávez

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón. Estas decisiones fueron la bandera de su discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en diferentes foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes.

A raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra la suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez,  Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez

Con ese fin, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. Maduro dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.

Los cálculos más optimistas estiman en 7.000 toneladas las reservas de oro que al precio actual representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares. Ante la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras. @victoralvarezr

La minería como alternativa no petrolera: más extractivismo


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.

En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.

Tras "un pleito y un conflicto que teníamos ahora somos socios para el ganar, ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares", dijo Maduro en un giro del discurso anticapitalista y antiimperialista que caracterizó a los principales líderes del Gobierno mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Después de la ola de expropiaciones que alejó de Venezuela a los inversionistas extranjeros, el Ministro de Petróleo y Minería señaló que el acuerdo con Gold Reserve "demuestra al país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver las discrepancias que se hayan sucedido y no solo eso, sino que hemos convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa porque hemos firmado también aquí el acuerdo de inversión por 5.000 millones de dólares".

La convocatoria a explotar el Arco Minero representa un cambio en el discurso oficial. Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al no ahorrar nada y acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez.

El impacto ambiental del extractivismo minero

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.

En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.

¿Extractivismo o pobreza?

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a vender en el mercado internacional tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente. Se trata de un modelo que anula otras opciones, tales como el turismo, las fuentes alternas de energía o la agroecología, debido a los daños ambientales y sociales que ocasiona la actividad extractiva.

Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales al mejor precio posible. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando aumentan los precios del petróleo y minerales, toda vez que el mayor ingreso en divisas fortalece la capacidad de importación, postergando la diversificación del aparato productivo.

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja. El  neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista.

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social. @victoralvarezr 

El Arco Minero: mas de lo mismo


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.

En un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero la convocatoria a explotar el Arco Minero representa un bandazo en el discurso oficial.

Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, como no se ahorró nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica sino que gastó toda la renta a través del Fonden, ahora Nicolás Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y reactivar el extractivismo minero, convencido de que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez. Pero Maduro dio instrucciones tajantes para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las transnacionales y empresas locales que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.

 

La alternativa no petrolera: más de lo mismo

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a exportar tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente.

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales a cualquier precio. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando se desploman los precios del petróleo y se recrudece el extractivismo minero para compensar el derrumbe de la renta. En efecto, para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja.

El  neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, a la larga representan pan “para hoy y hambre para mañana”, toda vez que se trata de un uso anticipado de la renta que corresponde a las generaciones futuras.   

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social.

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera. @victoralvarezr 

Cuando el oro se tiñe de sangre


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La masacre de 28 mineros en Tumeremo no es la primera que ocurre en Venezuela. La búsqueda del oro comienza con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Tras la codicia del oro, millares de indígenas que se resistieron a la dominación y el saqueo fueron masacrados y los pueblos originarios terminaron diezmados. Después de más de cinco siglos del extractivismo minero, la muerte sigue tiñendo de sangre la extracción de oro y los asesinatos de indígenas, campesinos y mineros se repiten con frecuencia.

Cuando se planteó la nacionalización del oro en el año 2010, Chávez anunció: “Vamos aprobar una Ley Habilitante para tomar la zona del oro y ahí cuento con ustedes porque eso sigue ahí con anarquía, mafias y eso es una gran riqueza, oro, piedras preciosas, la bauxita, el hierro. Vamos a convertir eso en reservas internacionales porque el oro sigue incrementado su valor” [1].

Para entonces el dólar perdía valor mientras que los precios internacionales del oro aumentaban constantemente y representaban la mejor opción para proteger la capacidad de compra de las reservas. Por eso, el gobierno anunció la monetización del oro para  asignarle un valor que permitiera compensar la caída de las reservas internacionales debido al descalabro de los precios del petróleo. Luego de varios años, las mafias siguen imponiendo su anarquía y siembran de terror y muerte los territorios indígenas, sin que las toneladas de oro extraídas se hayan monetizado para levantar las reservas internacionales. Por el contrario, actualmente se encuentran en el nivel más bajo en los años de Revolución bolivariana.


El interés del gobierno bolivariano en torno a la explotación del oro cambia según sea el comportamiento de los precios del petróleo. Cada vez que se desploma la renta petrolera con la que el gobierno se financia, se retoma la explotación del oro y otros minerales como la alternativa no petrolera para compensar la caída del ingreso petróleo y revertir la caída de las reservas internacionales. Justamente, esto fue lo que hizo el fallecido presidente Chávez cuando decidió la nacionalización de la industria del oro mediante una nueva ley que impulsó con el objetivo de incorporar la producción aurífera a las reservas internacionales.

Nada se ha avanzado desde entonces. En el año 2009, el gobierno estableció la venta obligatoria de oro al BCV como parte de una estrategia para acrecentar las reservas de divisas del Estado: “… es más seguro para las arcas nacionales contar con el respaldo del oro que del dólar o del euro, en momentos de la actual crisis financiera internacional”[2]

Con este fin, el gobierno sustituyó el marco legal liberal con unas nuevas reglas que obligaban a las concesionarias del oro a vender prácticamente la totalidad de la producción al Estado, a un precio determinado con base en la tasa de cambio oficial, restringiendo el acceso a las divisas, así como su transferencia al exterior. Finalmente, en 2011 el gobierno nacionalizó la industria del oro.

El Arco Minero y la resistencia de los pueblos

En la actualidad la explotación aurífera del país se da principalmente en el estado Bolívar, siendo las poblaciones más representativas de esta actividad: El Callao, Guaniamo, El Dorado, Guasipati, Tumeremo, Las Claritas-Km 88, La Paragua y Santa Elena de Uairén. La explotación aurífera primaria en el Estado Bolívar  puede darse por:

1) Yacimientos epigenéticos: conformado por regiones mineralizadas en las que el oro se encuentra en vetas mineralizados en la edad precámbrica.

2) Yacimientos singenéticos: el oro está en los aluviones que explota la minería ilegal con el uso de hidrobombas y mercurio con un alto impacto ambiental.

De acuerdo a la Ley de minas vigente, la minería puede practicarse en el país bajo las siguientes modalidades:

ü  Directamente por el ejecutivo Nacional

ü  A través de concesiones de exploración y subsiguiente explotación

ü  Pequeña minería y minería tradicional

Desde que se anunció la explotación del Arco Minero en el año 2012, los pueblos indígenas han exigido la demarcación de sus territorios para prohibir allí el modelo minero-extractivista y así poder reestablecer relaciones armoniosas entre el hombre y la naturaleza.

Diferentes organizaciones, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas, han expresado su preocupación por el proyecto Arco Minero del Orinoco y han planteado que el gobierno debe abrir una mesa de diálogo para revisar de manera conjunta los proyectos y evitar nuevas intrusiones en los territorios indígenas.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas cuestionan el modelo minero extractivista que rompe totalmente con sus patrones culturales de vivir armoniosamente con la naturaleza y denuncian los grandes daños ambientales que implica el recrudecimiento del extractivismo minero en sus territorios ancestrales.

 

Maduro desanda el camino de Chávez

El fallecido Presidente Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Estas decisiones fueron bandera de su discurso ambientalista que desplegó en diferentes foros internacionales y dejó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero a raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra su suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez,  Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos extractivistas que habían sido suspendidos por Chávez

Con ese fin, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

Ante la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se podrán generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis que lo agobia, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras. Será “pan para hoy y hambre para mañana”.

Para concluir, si bien con la nacionalización del oro se reivindicó frente a las transnacionales mineras la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos, la falta de vigilancia y control convirtió las áreas mineras en tierra de nadie, cuestión que incrementó vertiginosamente la actividad ilegal, con el brutal impacto ambiental que se expresa en miles de hectáreas de reserva forestal que fueron arrasadas y acuíferos contaminados. Y lamentablemente, los trágicos sucesos de Tumeremo nuevamente vuelven la mirada sobre la depredación y masacres que siguen ocurriendo en la Amazonía venezolana, tal como comenzó hace cinco siglos con la irrupción de la conquista y la colonización. @victoralvarezr

 



[1] http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/300354/chavez-anuncia-una-nueva-ley-habilitante-vamos-a-nacionalizar-el-oro/
 
[2] Viceministro de Minas: “70% de la producción de oro será para el mercado interno”, publicado en El Universal, del 5 de mayo de 2009.
 

El extractivismo minero: camino a la indigencia


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La crisis ambiental que se expresa en el cambio climático y recalentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los suelos, el agotamiento de las fuentes de aguas y de muchos recursos naturales, impone redefinir las estrategias economicistas y productivistas de desarrollo que han terminado por comprometer seriamente la esperanza de vida en el planeta, toda vez que representa un grave peligro para las generaciones futuras.  

Al asumir la defensa de la vida no podemos limitarnos única y exclusivamente a la vida humana. Se impone también defender a la naturaleza de la cual formamos parte inseparable, y cuya protección es una condición imprescindible para garantizar la existencia de todas las personas. Por tanto, implica reconocer los derechos de la naturaleza por encima de los objetivos y metas de desarrollo económico.

Venezuela es uno los principales reservorios de recursos naturales, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, además de gas y minerales, fuentes de agua dulce, bosques, biodiversidad y ecosistemas, tierras aptas para la producción agrícola, fuentes primarias de energía y un gran potencial para la producción de energías limpias. Un país que tiene todo lo que se necesita para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Pero tiene pendiente aún concertar políticas y estrategias de interés común que le permitan convertir el aprovechamiento racional de esas riquezas, en la condición básica para erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. 

Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos

Una y otra vez se ha planteado que nuestra mayor riqueza son los recursos naturales y que debemos explotarlos para luchar contra el hambre. Para justificar la intensificación del extractivismo se nos dice que no podemos seguir como el mendigo sentado sobre un saco de oro. Ante la urgencia de obtener los recursos financieros que permitan financiar los programas destinados a reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social, se justifica el modelo extractivista-rentista, pero se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso del cual resulta cada vez más difícil salir.

Ciertamente, la renta captada por la exportación de recursos naturales ha permitido financiar la inversión social, pero no ha estimulado un crecimiento económico de calidad ni una distribución progresiva del ingreso. Por el contrario, ha traído como consecuencia un proceso de reprimarización de la economía. Como la renta no la pagan los productores ni consumidores nacionales, sino que la pagan los consumidores internacionales, la misma constituye la captación de un plusvalor internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos y sociales internos.

Mientras más crece la población y el consumo, mayores son las necesidades de importación y mayor el imperativo de extraer más recursos naturales para captar la renta que permita financiar las importaciones que el precario aparato productivo interno no está en capacidad de sustituir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, se intensifica la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que se capta una más renta y se inyecta a la circulación doméstica, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual se frena la producción nacional.

No se puede seguir apostando al extractivismo con el falso argumento de que éste financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. La renta derivada de las actividades extractivas no podrá financiar una verdadera estrategia de desarrollo. El extractivismo genera una abundante fuente de recursos que se destina a importar y, por lo tanto, desestimula el esfuerzo productivo nacional. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.

En defensa de una economía emancipadora y soberana

El aprovechamiento de los recursos naturales y su incidencia en las condiciones sociales y la vida humana constituyen un aspecto crucial en la construcción de una sociedad libre de pobreza, donde la reproducción de las condiciones materiales haga posible la reproducción de la especie humana. Una condición básica para derrotar la pobreza es superar la visión extractivista que explota a gran escala los recursos naturales para exportarlos sin mayor grado de transformación, sin generar ningún estímulo para el fortalecimiento de la industria ni de las capacidades tecnológicas e innovativas locales.

La soberanía es la capacidad de ejercer el dominio y disposición del territorio, por encima de cualquier otro poder. En esta noción, los recursos naturales son parte integrante del territorio y, en consecuencia, representan una base importante para el desarrollo económico y social. Pero aun cuando su explotación sea realizada por empresas estatales o nacionales, el extractivismo refuerza la dependencia de los centros de poder mundial y reproduce los mecanismos de colonización y explotación económica que nos impusieron desde la colonia. La soberanía productiva solo se podrá lograr si la vieja práctica de exportar materias primas se sustituye por su transformación interna en productos de mayor valor agregado que permitan sustituir importaciones, diversificar la oferta exportable y generar trabajo digno y bien remunerado para nuestros pueblos.

Desde la leyenda del Dorado han transcurrido más de cinco siglos de extractivismo minero y ningún país que transitó esta ruta alcanzó su bienestar social. Aumentar la exportación de recursos naturales sin valor agregado prolonga la frontera del extractivismo y refuerza la mentalidad rentista que induce a apoyar la liquidación acelerada de los yacimientos como fuente de las rentas que se destinan a aliviar la pobreza, más no a erradicar las causas estructurales que la generan. Al no invertirse en la agricultura, industria y demás sectores productivos, a la larga se genera más pobreza, toda vez que al agotarse los yacimientos, las fuentes de agua, la biodiversidad, destruir las culturas ancestrales y generar pasivos ambientales, el extractivismo deja una herencia de desempleo, pobreza y exclusión social.

El extractivismo minero es el camino a la indigencia de las naciones que quedan sometidas a ser simples proveedores de materias primas de los grandes centros industrializados, los cuales las transforman en productos de mayor valor agregado y luego nos las venden a un precio infinitamente superior. Con la reactivación del extractivismo minero seguiremos exportando la harina para importar la arepa.

Esta fatalidad solo se podrá erradicar a medida que se impulse la construcción de una nueva economía emancipadora y solidaria bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada. Pendiente sigue superar la cultura extractivista-rentista y sustituirla por una cultura del trabajo, centrada en la creación de valor y riqueza, como fundamento de un nuevo modelo productivo capaz de integrar las actividades económicas a la vida social, en función de producir los bienes y servicios básicos y esenciales que resultan imprescindibles para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de la gente. @victoralvarezr

El Arco Minero y la vuelta del extractivismo depredador


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.

En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve Inc. y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.

Tras "un pleito y un conflicto que teníamos ahora somos socios para el ganar, ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares", dijo Maduro en un giro del discurso anticapitalista y antiimperialista que caracterizó a los principales líderes del Gobierno mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Después de la ola de expropiaciones que alejó de Venezuela a los inversionistas extranjeros, el Ministro de Petróleo y Minería señaló que el acuerdo con Gold Reserve "demuestra al país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver las discrepancias que se hayan sucedido y no solo eso, sino que hemos convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa porque hemos firmado también aquí el acuerdo de inversión por 5.000 millones de dólares".

La convocatoria a explotar el Arco Minero representa un cambio en el discurso oficial. Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y, al no ahorrar nada, verse Maduro obligado a decretar la emergencia económica, queda claro que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen e inviertan en los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez, al extremo incluso de "reactivar toda la producción de carbón".

El impacto ambiental del extractivismo minero

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.

En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.

La alternativa no petrolera del Arco Minero: más extractivismo


Para verificar la vigencia que tiene el modelo extractivista-rentista en el mapa mental de las élites gobernantes de Venezuela, resulta pertinente comentar el Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual se presenta como “la alternativa no petrolera”, cuando en esencia se trata de una manifestación más de la misma lógica extractivista, explotadora del ser humano y depredadora de la naturaleza,

En su contenido se plantea que “las potencialidades mineras con que cuenta el país, fundamentalmente en la Región Guayana, se convierten en una potencialidad estratégica para encaminar al país hacia la soberanía nacional, a la vez que permite sentar las bases para contribuir con el desarrollo económico y social de la Nación”.[1]

En Venezuela la principal riqueza minera se encuentra en el macizo guayanés, ubicado en su mayor extensión en el estado Bolívar, al sur de Venezuela,  un área que ha sido históricamente el escenario de la extracción de hierro, bauxita, oro y diamantes, minerales metálicos y no metálicos, tanto por empresas nacionales, transnacionales y mineros ilegales o no permisados. Los planes del gobierno se orientan a la explotación intensiva de las potencialidades mineras (minerales metálicos y no metálicos y sus lineamientos más importantes son los siguientes:

ü  Fortalecer la industria minera como parte del proceso de consolidación del aparato productivo nacional diversificando la economía, garantizando el  incremento de las reservas internacionales, el abastecimiento de materias  primas requeridas en los procesos medulares industriales.

ü  Fortalecer y ejecutar el plan de exploración geológica, cuantificación y certificación de reservas para el incremento del inventario de los recursos minerales de la Nación.

ü  Promover la conformación e instalación de la Comisión Interministerial Permanente para coordinar y facilitar el ejercicio de las competencias en materia ambiental, tributaria y de seguridad y defensa, relacionadas con la actividad minera.

ü  Aprovechar la diversidad de minerales metálicos y no metálicos, de carácter estratégico (oro, diamante, hierro, coltán, entre otros), con multiplicidad de usos para contribuir con el desarrollo de los sectores agrícola, minero, construcción, industria en general (aluminio, siderurgia, aeronáutica, naval, telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial).

Las figuras planteadas para acometer los nuevos proyectos mineros, ahora bajo control estatal, son los Contratos de Alianzas Estratégicas y las Empresas Mixtas.

El extractivismo minero y la crisis eléctrica de Venezuela

Aunque la deficiencia del sistema nacional de energía se puso en evidencia desde el 2009 con el sostenido incremento de las interrupciones no programadas, los problemas de electricidad en Venezuela no has sido superados y su agravamiento está cada vez más asociado a la prolongación del extractivismo minero que sustenta un modelo de industrialización básica intensivo en el consumo de electricidad.

Hasta hace poco, Venezuela se vanaglorió de contar con un Sistema Eléctrico basado en la generación de hidroelectricidad, cuyo crecimiento permitía cerrar plantas termoeléctricas y liberar petróleo para exportar. Pero la dependencia de factores climatológicos difíciles de controlar reveló la vulnerabilidad de este modelo.  El detonante fue la caída de la generación de energía eléctrica a raíz del fenómeno climático de El Niño que se hizo sentir en Venezuela en julio de 2009, y que ahora reaparece nuevamente con toda su fuerza. Este se expresó en una prolongada sequía que reduce el caudal de agua a los embalses de las plantas hidroeléctricas,  que caen a niveles tan críticos que resulta imposible mover las turbinas para mantener la generación del sistema eléctrico nacional.

La gravedad de la crisis obligó a las empresas extractivas y procesadoras de hierro, bauxita y oro a reducir considerablemente su actividad. A su vez, el consumo de energía eléctrica residencial y comercial se atacó a través de programas y sanciones dirigidos a la población a fin de estimular el uso eficiente y el ahorro de electricidad. La extensión del problema a todo el territorio nacional condujo a decretar la situación de emergencia eléctrica nacional el 21 de diciembre de 2009. A partir de entonces, el país ha sufrido un largo calvario de frecuentes apagones no programados que afectan el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y la vida en los hogares venezolanos. En estas circunstancias, cualquier proyecto productivo intensivo en el uso y consumo de electricidad, como es el caso de la extracción de minerales y su procesamiento, entrará en conflicto con las necesidades del consumo residencial y comercial. @victoralvarezr 



[1] Ver Plan de Desarrollo Minero y Plan de Desarrollo Económico y Social 2014-2020.