Razones para sincerar el precio de la gasolina

Víctor Álvarez R.

El presidente Nicolás maduro convocó a un debate nacional para sincerar el precio de la gasolina, anticipando que con la medida se pueden generar ganancias entre Bs 40-100 mil millones, las cuáles pueden ser destinadas a financiar la inversión social y propuso distribuir 20 % para cada una de las siguientes prioridades: Gran Misión Vivienda, becas del sistema universitario, Misión  Amor Mayor, Patria Segura y vialidad.

El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen, pero en realidad origina una redistribución regresiva del ingreso que  beneficia sobre todo a los que más tienen. Los sectores de mayores ingresos que pueden comprarse uno o varios carros no necesitan que se les subsidie nada, mientras que los más pobres que no tienen carro propio y se ven obligados a trasladarse en un precario sistema de transporte público, no se benefician para nada de este subsidio.

El costo de oportunidad

A pesar de tratarse de un subsidio antipopular, el ajuste del precio de la gasolina se ha convertido en un tema tabú, prolongando así un subsidio regresivo que estimula, además, un consumo irracional y despilfarrador del combustible y lleva a que en las ciudades venezolanas se genere un 40% más de gases de efecto invernadero, en comparación con otras ciudades de América Latina, lo cual resulta totalmente contradictorio con el objetivo N° 5 del Plan de la Patria que plantea contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Mientras en países de América Latina con gobiernos de izquierda como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Brasil, el precio de la gasolina no baja de 1 $/litro, en Venezuela  la gasolina de 95 octanos se vende a Bs. 0,097, menos de 2 centavos de dólar por litro. Un guayoyo cuesta 250 veces más que un litro de gasolina. En estos países, llenar un tanque de 60 litros sale en más de 60 dólares, mientras que en Venezuela solo cuesta Bs. 5,80, menos de un dólar a la tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto representa un subsidio de $ 60 dólares, que multiplicado por 52 semanas asciende a $ 3.120 de subsidio que anualmente recibe cada propietario de vehículo. Si multiplicamos este monto por los 4 millones de vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, anualmente se destinan $ 12 mil 480 millones a subsidiar a la minoría que tiene carro propio, mientras que la mayoría que se ve obligada a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente, no se beneficia de semejante subsidio.

El contrabando de extracción

En Colombia, el galón de 3,78 litros cuesta 8.600 pesos; o sea, 2.275 pesos por litro. Con base en una tasa de cambio 1.900 pesos por dólar y 6.30 Bs/$, un bolívar equivale a 301,6 pesos. Si dividimos 2.275 pesos que cuesta el litro entre esta tasa de cambio de 301,6 bolívares por peso, esto significa que un litro de gasolina que se compra en Venezuela a 0.097, en Colombia equivale a Bs. 7,5. A la actual tasa de cambio oficial, en Colombia un litro de gasolina cuesta 78 veces más. Dicho de otra forma, el litro de gasolina que en Colombia cuesta 2.275 pesos, en Venezuela cuesta solo 29 pesos, y esto se traduce en un enorme estímulo para que los vehículos crucen  la frontera y llenen el tanque en las estaciones de servicio venezolanas. En efecto, llenar un tanque de 80 litros de 95 octanos por apenas 2.320 pesos (lo que cuesta un solo litro en Colombia) para luego revenderlo por 182.000 es un negocio muy lucrativo que incentiva el contrabando de extracción. Con un viaje diario de lunes a viernes cualquiera obtiene un ingreso aproximado de $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Esto sin considerar los vehículos de las redes de contrabandistas que han sido acondicionados con tanques con capacidad de 250 litros y más.

Ante semejante diferencial de precios, cualquier control o medida represiva que se tome con la intención de combatir el contrabando de extracción, siempre será insuficiente. La solución no está en más alcabalas y controles sino en erradicar el principal estímulo a tales prácticas perversas e ilegales. Sincerar el precio de la gasolina, sin que esto signifique llevarlo al precio internacional, permitirá reducir este enorme diferencial, que es la principal causa del contrabando de extracción. 

¿Cuál debería ser el precio justo de la gasolina?

Según la ley, un precio justo es aquel que permite cubrir los costos de producción y obtener una ganancia de 30 %. Según la información suministrada por el propio presidente de PDVSA, el costo de refinación está en 2,75 Bs/litro. Si se suman los costos de transporte y comercialización para las estaciones de servicio, equivalentes a 0,28 Bs/litro, más el 30% de ganancias, el precio justo para la gasolina no debería bajar de 4 Bs/litro, que sigue siendo mucho menor que lo que cuesta en los países de América Latina con gobiernos progresistas, y mucho menor aún de lo que cuesta en EE.UU., Europa y Japón, donde el galón de 3,78 litros está en torno a los $ 6.  Si se sincera el precio de la gasolina con base en lo que plantea la Ley de Precios Justos, se obtendrían cerca de Bs.100 mil millones en ganancias que pudieran ser reorientados a las misiones sociales y a la modernización y ampliación del sistema de transporte público, el cual es utilizado justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo propio.

Política cambiaria y régimen cambiario

Víctor Álvarez R.

La política cambiaria tiene que ver con el nivel al que se fija el precio de la divisa para lograr los objetivos de la política económica, los cuales pueden ir desde vencer la inflación hasta impulsar el crecimiento del PIB, pasando por fortalecer la competitividad cambiaria de las exportaciones. A diferencia, el régimen cambiario se refiere a los requisitos, procedimientos y restricciones para tener acceso a las divisas. El precio se fija a través de los convenios cambiarios, mientras que el régimen se aplica  con las providencias. Si bien esta distinción conceptual es bastante clara, en la práctica los cambios en las reglas de acceso suelen alterar el precio establecido en la política cambiaria. En efecto, lo engorroso y lento que puedan resultar los trámites para liquidar de manera transparente, oportuna y suficiente las divisas, termina encareciendo el precio al que finalmente se compran las mismas.

Cadivi, Sitme, Cencoex, Sicad 1 y 2 han devenido en un complicado régimen cambiario que, al dificultar el acceso a la divisa oficial, traslada la demanda insatisfecha al mercado paralelo, cuestión que tiende a ampliar la brecha cambiaria. Así,  el régimen de restricciones obliga a comprar las divisas más caras y termina anulando la tasa de cambio oficial que se fija para cumplir los objetivos de la política económica. Cuando falla el régimen cambiario (liquidación transparente, oportuna y suficiente de divisas) los objetivos de la política cambiaria se ven, entonces, afectados.

Al priorizar el objetivo antiinflacionario, la política cambiaria optó por el anclaje cambiario, bajo el supuesto de que así se abarataba el componente importado. Pero los hechos han demostrado que la rigidez cambiaria no es garantía de estabilidad de precios si ésta no va a acompañado de disciplina fiscal, monetaria y financiera. Ante el fracaso de la meta de inflación, la prioridad en adelante debe ser asegurar el crecimiento del PIB y diversificar las exportaciones. Esto exige fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del sector transable, respalde la competitividad cambiaria de las exportaciones, estimule la inversión extranjera y sea atractiva para el turismo internacional. 

El desequilibrio monetario

La expansión monetaria de origen fiscal dio al traste con los objetivos antiinflacionarios de la política de anclaje cambiario. El financiamiento del BCV al déficit de Pdvsa y otras empresas públicas con desmesuradas emisiones de dinero base, ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria y esta enorme masa de dinero en circulación ejerce una permanente presión sobre el mercado cambiario. Lo más absurdo y patético es que el torrencial incremento de la liquidez monetaria que el propio BCV se ha encargado de desquiciar, pretende ser recogido a cuenta gotas a través de sucesivos aumentos del encaje legal.

Otro factor que presiona el mercado cambiario es que –en un contexto de abundante liquidez pero tasas de interés por debajo de la inflación-, los agentes económicos prefieren proteger el poder de compra de sus ahorros comprando divisas, lo cual genera una fuerte demanda de dólares escasos que no hace más que ampliar la descomunal brecha entre la tasa oficial y el dólar paralelo. Mientras no se corrija el déficit fiscal y se regule la expansión monetaria, continuarán las presiones inflacionarias en el mercado interno. No se trata simplemente de tratar de absorber la liquidez a través de aumentos del encaje legal o la emisión de bonos, sino de limitar la tendencia a incrementar el gasto público a través de la práctica de los créditos adicionales y de financiar el déficit de PDVSA y otras empresas públicas a través del endeudamiento con el BCV.  

La unificación cambiaria

El actual régimen de cambios múltiples ofrece incentivos a la corrupción y especulación. Al atizar una demanda artificial, entorpece la administración racional de las divisas según las prioridades del país. Crear un ambiente propicio a la reactivación e inversión productivas pasa por adecuar el marco regulatorio e institucional en materia cambiaria, a fin de asegurar un acceso ágil y oportuno a las divisas que requiere el aparato productivo para poder conjurar la actual amenaza de estancamiento e inflación. Solo si la implantación de un nuevo régimen cambiario despeja la incertidumbre sobre la tasa de cambio futura y resuelve los problemas que han dificultado el acceso oportuno a las divisas, las presiones sobre el mercado paralelo se aliviarán, las múltiples tasas comenzarán a converger, y de esta forma se corregirán las distorsiones que está provocando las ineficiencias del actual régimen cambiario.

Así como la tasa de cambio de Cencoex está considerablemente sobrevaluada, la tasa de cambio de Sicad 2 está muy subvaluada. Si finalmente se concreta la anunciada unificación cambiaria, el nuevo precio del dólar estará entre esos dos extremos, toda vez que la tasa de 6,30 Bs/$ sería eliminada, así como las tasas de Sicad 1 y Sicad 2. El actual régimen de cambios múltiples desaparecería para darle paso a un solo tipo de cambio. La nueva tasa debería colocarse por encima de Cencoex y Sicad 1 y por debajo de Sicad 2, en torno a los 25 Bs/$ que es donde se estima está el tipo de cambio de equilibrio. Con la unificación cambiaria, el dólar paralelo caería, tal como ocurrió cuando se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios y se activó el Sicad 2. Para entonces, el paralelo cayó de casi 100 Bs/$ a menos de 70 Bs/$.

Claves para el éxito de la unificación cambiaria

Víctor Álvarez R.

El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, anunció que se tiene prevista la unificación cambiaria  en el corto plazo. Esta medida cobra fuerza a partir de la salida de Jorge Giordani, quien como Ministro de Planificación y luego de Economía y Finanzas, fue el principal defensor del anclaje cambiario. Congelar el precio de la divisa fue asumido como un instrumento de política antiinflacionaria, pero a la larga generó graves distorsiones fiscales y monetarias. La propia PDVSA terminó siendo una de las grandes afectadas, toda vez que al tipo de cambio de 6.30 Bs/$ ya no puede obtener suficientes bolívares para mantener al día el pago de una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar deudas con proveedores y contratistas, transferir fondos a las misiones sociales y cancelar a tiempo sus obligaciones con el fisco.

Por si fuera poco, el anclaje cambiario, en medio de una inflación superior a los dos dígitos, provocó la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial, lo cual incentivó un creciente volumen de importaciones que desplazaron a la producción nacional y provocó una drástica caída del aporte de la agricultura e industria en la conformación del PIB. Al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones privadas, el anclaje hizo más dependiente al fisco y a las reservas internaciones de la renta petrolera y acentuó los rasgos de una economía de puertos.

Después de más de una década de control de cambios los resultados no fueron los esperados. El anclaje no sirvió para controlar la inflación, toda vez que la cotización del paralelo terminó siendo la tasa marcadora en la formación de precios y, al arrastrar la tasa de cambio oficial, con cada nueva devaluación se recrudeció la inflación. Tampoco sirvió para controlar la fuga de capitales, según la CEPAL entre 2004-2013 la transferencia neta de divisas al exterior fue de $ 234 millardos. El déficit fiscal, originado en gran medida por el ingreso que el Estado deja de percibir al vender los dólares a un precio artificialmente inferior, se está financiado con emisiones de dinero inorgánico en un mercado con crecientes índices de escasez, lo cual desquicia la inflación. La deuda de PDVSA con el BCV se incrementó 189%, lo que representa Bs 475 millardos, equivalentes a $ 75,4 millardos al tipo de cambio oficial de 6,30 Bs/$.

Aunque es una medida a todas luces necesaria, el gobierno no termina de adoptar la unificación cambiaria por temor al impacto inflacionario que pueda tener, si la nueva tasa se aleja demasiado del precio al que se vende el dólar a través de Cencoex y Sicad 1, que son las tasas que rigen para más del 80% del total de importaciones que el país realiza. Conjurar la amenaza inflacionaria de la unificación cambiaria dependerá de las medidas complementarias para estimular una creciente oferta de divisas no petroleras. La clave está en poner en marcha un conjunto de nuevas políticas de repatriación de capitales, promoción de inversiones extranjeras, diversificación de exportaciones y estímulo al turismo internacional, las cuales están llamadas a ser las nuevas fuentes de divisas que complementen el ingreso petrolero.

Según datos del BCV, en el exterior hay depósitos privados de origen venezolano que superan los $160 millardos. Con un cuerpo básico de incentivos fiscales y financieros bien articulados que estimulen la repatriación de estos activos para su inversión productiva, podría volver al país un porcentaje considerable de esos depósitos. Asumamos que no se va a repatriar ni el 100% ni el 50%, pero conque solo retorne el 5% ya estamos hablando de $ 8 millardos que, sumados a una inversión extranjera en el orden de $ 10 millardos al año, más $ 5 millardos por exportaciones privadas (monto inferior a los $ 7 millardos que Venezuela ya demostró que puede exportar) y $ 4 millardos por visitantes internacionales (apenas la mitad de lo que los venezolanos gastamos el año pasado en el exterior) estamos hablando de una oferta privada de $ 27 millardos que, sumados al presupuesto público de $ 42 millardos de origen petrolero, representa un gran total de $69 millardos, cantidad más que suficiente para satisfacer holgadamente las necesidades de divisas, aliviar el actual déficit en el mercado cambiario, pulverizar el paralelo y mantener así el precio del dólar entre las tasas de Cencoex y Sicad 1, como bandas mínima y máxima entre las cuales fluctuaría un único tipo de cambio.    

La idea de implantar un crawling peg, a través del cual la tasa de cambio experimentaría una devaluación continua pero moderada, estaría condenada al fracaso si no se activa una oferta de divisas privadas, toda vez que la oferta de dólares procedente de la renta petrolera seguirá limitada.  Al no funcionar como régimen de fijación de precio y ajuste de cantidades, resultará en un control de cambios en el que se vende una cantidad racionada a un precio determinado que no podrá suplir la demanda inercial de divisas. Así, el paralelo subirá más rápido que el crawling peg y los incentivos a la especulación generados por las rentas del diferencial cambiario se mantendrían, aún después de la unificación.

Hay que advertir que, si bien la unificación aliviará las cuentas de PDVSA, si no se corrige el déficit del gobierno central y de las empresas estatales, y éste se sigue financiado con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, los efectos positivos de la unificación cambiaria pueden verse rápidamente anulados.