viernes, 26 de febrero de 2016

No inventes una guerra si vas a perderla


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Una Revolución verdadera es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. La sincronización de este proceso es clave para no dejar vacíos que faciliten la restauración del viejo orden que, aunque doblegado, nunca quedará del todo erradicado. Destruir la economía capitalista sin construir simultáneamente una eficiente economía socialista terminó siendo el atajo perfecto para hundir al país en este círculo vicioso de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que atormenta a toda la población.

Si la destrucción creativa de lo viejo no termina de sincronizarse con la construcción de lo nuevo, la gente que sufre esos estragos concluirá tajantemente que: “si esta calamidad es el socialismo, mejor me quedo con el capitalismo”. Así se restaurará el orden anterior y pasará mucho tiempo para que la gente sencilla del pueblo vuelva a creer en el socialismo como vía para lograr una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Esto ya pasó en la URSS y los países del llamado socialismo del siglo XX.

La narrativa de la guerra económica ya no convence

Según Hinterlaces, apenas un 35 % de la población -menos del 42 % de la votación que sacó el oficialismo en las elecciones parlamentarias-, cree en la narrativa de la guerra económica. Ya ni los partidarios del gobierno le dan crédito a esta tesis. Por el contrario, un 90 % se pronuncia en favor de un acuerdo entre los sectores público y privado para sacar a Venezuela de la crisis.

Una Revolución verdadera siempre será atacada por los poderosos intereses que golpea y afecta. Por eso, no puede permitir ninguna desviación o error que facilite el hostigamiento de quienes conspiran y pretenden desestabilizarla. Los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación que el gobierno identifica como expresión de la guerra económica, son atribuidos a los enemigos de la Revolución que pretenden dar al traste con el proceso de transformación. Pero el gobierno no reconoce ninguna responsabilidad en las graves desviaciones y errores de su propia política económica.

Son los autogoles del gobierno los que lo ponen en desventaja. Las desviaciones y errores de la política económica, así como los rígidos y prolongados controles de cambio y de precios, crean las condiciones para que se multipliquen los negocios fraudulentos. Así, hasta los buhoneros, bachaqueros y raspacupos que se lucran con los incentivos perversos de la política económica, son considerados como mercenarios al servicio de la guerra económica, sin ser necesariamente enemigos políticos del gobierno.

Desconectado de la realidad, el gobierno se desgasta inútilmente enfrentando su fantasma de la guerra económica  a través de controles, multas y penas de cárcel. Paradójicamente, lanza una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que esos flagelos que azotan a la población son la consecuencia inevitable de las desviaciones y errores de una política económica que luce cada vez más agotada e ineficaz. En lugar de corregir las distorsiones fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, el gobierno se empeña en mantener una política de contingencia, enfocada en controles, operativos, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales. Así, pareciera que el gobierno está cada vez más cerca de perder una guerra que el mismo se inventó.

La importancia de la autoridad moral  

El desplome del PIB por tercer año consecutivo, así como las sucesivas inflaciones de 56 %, 68 % y 200 % entre 2013 y 2015, revelan el fracaso de quienes lanzaron un grito de guerra al capitalismo y la empresa privada, pero no fueron capaces ni siquiera de dirigir con éxito las empresas expropiadas que finalmente terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.

Por muchos motores para la reactivación económica que se anuncien, ni la empresa pública ni la privada podrán despegar en medio de la actual tormenta macroeconómica que aleja la inversión productiva. Un entorno plagado de graves distorsiones cambiarias, monetarias, fiscales, de precios, racionamiento de electricidad, cortes de agua, precaria infraestructura, inseguridad jurídica, fuga de cerebros y conflictividad laboral no es precisamente un ambiente propicio para reactivar la economía y superar los problemas de escasez e inflación que erosionan la calidad de vida y bienestar de los hogares venezolanos.   

Los vientos huracanados que barren con cualquier emprendimiento productivo pudieran desaparecer si se unifica el régimen de cambios múltiples, se sincera el precio de la gasolina, se erradica el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, se flexibilizan los rígidos controles de precios que obligan a vender por debajo del costo de producción, se substituyen los ineficientes subsidios indirectos a los productos por subsidios directos a los hogares pobres, y se reorientan las importaciones gubernamentales  hacia un programa de compras públicas a favor de reactivar la producción agrícola e industrial.

Si quieres resultados diferentes haz las cosas de manera diferente

Está más que claro que la lógica capitalista está orientada a la maximización de las ganancias. La aberración conceptual está en que el gobierno confunde especulación con inflación. Tan así es, que su principal vocero en materia económica afirma que no hay inflación sino una sobre especulación de los empresarios quienes -en su afán de lucrarse al máximo- aumentan incesantemente los precios.

Hay que tener muy clara cuál es la causa de la enfermedad para no atacar sólo sus síntomas. La inflación es como la fiebre de la economía, alerta que algo en el organismo está funcionando mal,  pero no es el mal en sí mismo. Cuando aparece la inflación, significa que hay un problema de fondo que urge atacar. Pero si se confunde inflación con especulación y se trata como un delito a través de multas o penas de cárcel, se dejan de corregir las insuficiencias en el aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos, que son las verdaderas causas del problema y por eso la inflación vuelve a brotar.

La pugna por la distribución del ingreso

Según lo establece la LOTTT, cada 1° de mayo se debe aumentar el sueldo mínimo. Estos aumentos suelen hacerse fraccionados. Así, mientras el salario mínimo aumenta una vez al año, generalmente en tres etapas, los precios de la canasta básica aumentan semanalmente. Y en ese ínterin se produce una transferencia neta del ingreso desde los sectores que viven de un sueldo fijo hacia los sectores que dominan los precios.

Pero también es cierto que con cada aumento del salario mínimo, el gobierno solicita a la Asamblea Nacional un crédito adicional para cancelar el incremento. Este aumento del gasto público estimula una demanda que no tiene su debido respaldo en una mayor producción. Al inyectarse este dinero a la circulación, muchos bolívares salen a comprar unos bienes cada vez más escasos, y ese es un factor que propaga la inflación.

Cuando los precios suben los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan la producción y los precios. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor de los sectores que manipulan los precios.

El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Por su parte, el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción. Para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio de venta. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta el próximo 1° de mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.    

La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo privado y es una de las causas de la recesión económica. Al no haber suficiente demanda, en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo, lo que se hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual se empeora aún más la situación. El empeño por trasladar a los precios -de forma inmediata y en una mayor proporción-, cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias.

Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía y ayuda a vencer la recesión. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión.

El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Pero mientras el gobierno no corrija los desequilibrios macroeconómicos que castigan la producción y atizan la inflación, él mismo será el principal responsable de que los aumentos de salarios se vuelvan sal y agua y sean insuficientes para contener el nuevo auge de los precios. Una política antiinflacionaria tiene que sustentarse en tres factores clave: i) reactivación de la agricultura e industria; ii) corrección del déficit fiscal; 3) prohibición de las emisiones de dinero inorgánico.

La responsabilidad del gobierno y del BCV

Pero el gobierno lo que hace es lanzar nuevos gritos de guerra a los empresarios y no entiende que semejante hostilidad aleja la inversión, contrae la producción y genera escasez. Por si fuera poco, se empeña en financiar su déficit fiscal a través  desmesuradas emisiones de dinero en un mercado con productos cada vez más escasos. Así, el propio gobierno junto al BCV son responsables del auge inflacionario que pulveriza los salarios reales. La tragedia está en que el gobierno, en lugar de ofrecer incentivos a la inversión productiva y eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, confunde la inflación con la especulación y la ataca como si se tratara de un delito y no como la consecuencia del colapso de la producción y de los desequilibrios fiscales y monetarios.

La acción más emblemática por lo inocua e ineficaz fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). A pesar de toda la expectativa y despliegue realizado, el gobierno no pudo contener la inflación. Por el contrario, subió de 56,3% en 2013 a 68% en 2014; y, según los atrasados datos que por fin publicó el BCV, solo en alimentos la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 llegó a 254%. Esto comprueba el agotamiento de los controles de cambio y de precios como instrumentos de política antiinflacionaria y anulan el impacto social del enorme sacrificio fiscal que implica mantener una tasa oficial tan baja, así como de los cuantiosos subsidios que no han servido para mantener a raya la inflación.

Y es que no podían ser otros los resultados. Históricamente ha quedado  demostrado que el control de precios, cuando se rigidiza y prolonga en el tiempo, lo que hace es agravar el problema. Al congelar el PVP del producto final pero dejar liberados los precios de las materias primas, insumos, maquinarias, fuerza de trabajo, etc., los crecientes costos superan los precios controlados y, al provocar pérdidas, desestimulan la producción.

Superar la crisis de escasez que tiene obstinada a la población exige interpretar sin dogmas ni prejuicios el papel que puede cumplir la inversión privada nacional y extranjera en la reactivación productiva. Promover la inversión en la agricultura y la industria implica revisar y rectificar las desviaciones de la política económica y promover la cooperación y complementación entre los sectores público y privado. De lo contrario se reeditarán los mismos errores que llevaron al colapso del socialismo del siglo XX, al criminalizar la iniciativa privada, inhibir el espíritu emprendedor y frenar el desarrollo de las fuerzas productivas que desembocaron en los problemas de escasez e inflación que minaron la confianza del pueblo en una dirigencia que nunca cumplió su promesa de asegurarles una vida mejor. @victoralvarezr

Las 25 medidas que le faltaron anunciar a Nicolás Maduro


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Una Revolución verdadera siempre será atacada por los poderosos intereses que golpea y afecta. Por eso, no se puede permitir ninguna inacción o error que ayude a quienes conspiran y pretenden desestabilizarla. Los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación que el gobierno atribuye a la guerra económica, son en gran medida generados por las desviaciones y errores de su propia política económica.
Así, hasta los buhoneros, bachaqueros y raspacupos que se lucran con los incentivos perversos de la política económica, son considerados como agentes al servicio de la guerra económica, sin ser necesariamente enemigos políticos del gobierno. Por el contrario, lejos de querer tumbarlo desean que siga gobernando de esa forma para aumentar aún más sus escandalosas ganancias.
Los rígidos y prolongados controles de cambio y de precios, así como los ruinosos subsidios a la gasolina, alimentos y servicios ya no dan ningún resultado. Paradójicamente, crean las condiciones para que prolifere el contrabando de extracción, la reventa a precios exorbitantes de los productos subsidiados, la especulación cambiaria y, en general, se multipliquen los negocios fraudulentos.
En este contexto, las medidas que finalmente aprobó el presidente Nicolás Maduro se quedaron muy por debajo de la enorme expectativa que había generado la creciente espera por el anuncio de las mismas. El gobierno tiene un margen de maniobra mucho mayor para superar la crisis y enderezar el rumbo de la economía. Pero ni siquiera los nuevos ministros del equipo económico han podido romper la inercia y sacar al gobierno de su larga inacción. A continuación presentamos al menos 25 medidas que el presidente Nicolás Maduro tiene al alcance de la mano y pudo haber anunciado en larga alocución del pasado miércoles 17 de febrero, pero no lo hizo, a riesgo de que la situación se siga deteriorando aceleradamente, se agrave la espiral hiperinflacionaria y surjan las condiciones para un estallido social que desemboque en una grave crisis de gobernabilidad.
Medidas cambiarias
1) Unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Esto ayudará a sustituir importaciones por producción nacional, diversificar las exportaciones no petroleras, promover la inversión extranjera, repatriar capitales y atraer turismo internacional. Como el Estado es el perceptor directo del 95% del ingreso en divisas, al obtener más bolívares por cada dólar recibirá suficientes recursos para mantener los programas sociales que activen una válvula de escape ante el enorme descontento social.
Medidas fiscales
2) Reformular el Presupuesto 2016 -que fue calculado con base en un barril de petróleo a 40 $/b- al nuevo precio de 25 $/b.
3) Ahora que no hay reservas excedentarias ni precios exorbitantes del petróleo que alimenten al FONDEN para financiar el presupuesto paralelo, hay que retomar la sana práctica de un solo presupuesto aprobado por la AN, ahorrando en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) el 50% del ingreso que entre por encima del precio del petróleo establecido en el Presupuesto.
4) Arroparse hasta donde llegue la cobija, implantando una rigurosa disciplina fiscal que evite incurrir en un déficit superior al 5% del PIB.
5) Reactivar el cobro de peajes, exonerando únicamente al transporte público, para aliviar el déficit fiscal y generar los recursos que se requieren para repotenciar la deteriorada vialidad pública.
6) Sincerar las tarifas de servicios públicos para generar los recursos necesarios para sufragar las inversiones básicas de mantenimiento que erradiquen los frecuentes cortes de agua, electricidad y gas que tanto malestar generan en la población.
Medidas monetarias
7) Restituir la autonomía del BCV en el manejo de las reservas internacionales, la emisión de billetes y el control de la creación de dinero bancario que aceleran el crecimiento inflacionario de la liquidez monetaria.
8) Prohibir expresamente el financiamiento del BCV al déficit de PDVSA, empresas públicas, ministerios, entes adscritos y misiones, erradicando la inyección a la circulación doméstica de desmesuradas cantidades de dinero sin respaldo que buscan comprar productos y dólares cada vez más escasos, razón por la cual se disparan los precios y la cotización del dólar paralelo.
9) Corregir las tasas de interés reales negativas que desestimulan el ahorro y exacerban el consumo, lo cual refuerza aún más las presiones inflacionarias que se quieren abatir.
Medidas de precios
10) Eliminar los rígidos e ineficientes controles que congelan el PVP por debajo de los costos de producción, lo cual desestimula la producción y causa escasez, ya que nadie produce para perder.
11) Sustituir los ineficientes subsidios indirectos a los productos que luego se revenden a través del contrabando de extracción, por subsidios directos a los hogares pobres.
12) Igualar el precio de los alimentos y medicinas al precio que tienen estos bienes en los países vecinos, para así evitar el contrabando de extracción que estimula la abismal diferencia de precios y anula totalmente la eficiencia social de los subsidios, al no conseguirse el producto en el país.
13) Igualar el precio de la gasolina al que tiene en la frontera para erradicar el contrabando de extracción, permitiendo a PDVSA recuperar los costos de refinación, transporte y comercialización.
 
14) Invertir las ganancias que se deriven del precio justo de la gasolina en la modernización y ampliación del sistema de transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país, garantizando la estabilidad de las tarifas y, por tanto un impacto positivo de la medida sobre la mayoría de la población que no tiene vehículo propio
Medidas para el manejo inteligente del menguado ingreso en divisas
15) Limitar el Convenio con Cuba y países del Alba a la cooperación en salud para reducir a su mínima expresión el envío de petróleo que se cobra en especies e impide la generación de un ingreso neto en divisas.  
16) Adecuar PetroCaribe a las nuevas restricciones presupuestarias, cobrando en 180 días el 100 % de la factura que se financia a 20 años, sin pagos en especies porque esos bienes y servicios se pueden producir nacionalmente.
17) Ahorrar divisas sustituyendo las importaciones gubernamentales por un programa de compras públicas en favor de la producción nacional, con garantía de pronto pago para evitar problemas de liquidez de la producción agrícola e industrial y así lograr su reactivación estable y sostenida.
18) Reducir y reorientar el gasto militar hacia la adquisición de maquinarias y equipos para reactivar la agricultura e industria y aumentar la producción nacional de alimentos y medicinas.
19) Gestionar nuevo financiamiento externo con garantía de reservas en oro, el cual será destinado únicamente y exclusivamente a reactivar las exportaciones no petroleras, de tal forma que se garantice la generación de divisas para cancelar el préstamo y recuperar un nivel adecuado de reservas internacionales.
Medidas para el manejo de la deuda externa financiera y comercial
20) Recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 40% de su valor nominal y así aliviar los próximos pagos de capital e intereses.
21) Reprogramar el pago del componente en divisas de las obras de infraestructura contratadas a Brasil, China, Irán, etc., los cuales serán cancelados con los bonos de la deuda externa recomprados, hasta tanto mejoren los precios del petróleo y se activen nuevas fuentes de divisas.
22) Negociar con los proveedores internacionales el pago con bonos de la República el monto de la deuda comercial que aún está pendiente, con el fin de reactivar el suministro de materias primas, bienes intermedios, maquinarias y tecnología que no se producen en el país y se requieren con urgencia para reactivar la producción nacional de alimentos, medicinas y repuestos.
Medidas para reactivar la producción agrícola e industrial
23) Desestatizar a través de la Bolsa Pública de Valores las empresas secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción, impulsando nuevas formas de propiedad social mixta que permitan la participación accionaria de los consejos de trabajadores, consejos comunales e inversión privada nacional y extranjera.
24) Financiamiento extraordinario de la banca pública en montos suficientes, bajas tasas de interés, largos plazos y garantías flexibles para la reactivación urgente de la agricultura y la industria manufacturera.
25) Programa especial de suministro de insumos básicos a la industria transformadora, en condiciones adecuadas de precios, condiciones de pago, calidad, volúmenes y oportunidad de entrega.  @victoralvarezr
 


Sin producción no hay oferta exportable


Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias


Sin haber resuelto los graves problemas de escasez que azotan a la mayoría de la población, el Gobierno se plantea ahora promover las exportaciones no tradicionales para diversificar las fuentes de divisas y compensar el descalabro del ingreso petrolero. Pero lo cierto es que sin producción nacional no es posible sustituir importaciones, ni mucho menos exportar. Por eso, la promoción de exportaciones no petroleras exige como primer paso una política de reactivación, reconversión y reindustrialización. Y esto pasa por corregir las distorsiones macroeconómicas, institucionales y sectoriales que castigan la producción y la competitividad de la oferta exportable venezolana.

Tasa de cambio competitiva: necesaria más no suficiente

La creciente brecha entre el impetuoso ritmo de la inflación doméstica en comparación con una inflación mucho más baja en los países que son los principales socios comerciales de Venezuela, tiende a sobrevaluar la tasa de cambio oficial y castiga severamente la competitividad cambiaria de la producción nacional.  

Corregir la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial es un requisito clave para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. Pero encontrar una tasa cambiaria que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, requiere la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real.

Los países exportadores de bienes de alto contenido tecnológico tienen claro que una tasa de cambio aislada es insuficiente para sustituir importaciones e incrementar las exportaciones. Los países con estrategias de exportación exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas y sectoriales bien articuladas. Los ajustes macroeconómicos se justificaron para crear un ambiente favorable a la inversión productiva y nunca fueron considerados un fin en sí mismo.

Pero en Venezuela, el pobre desempeño de las exportaciones no petroleras manufactureras se debe a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, agravado por la ausencia de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas coherentes. Se requiere un ambiente macroeconómico adecuado que contribuya a la efectividad de las políticas sectoriales para impulsar la transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

Unificación cambiaria: fin de los negocios rentistas

Aunque algunos de los nuevos ministros del área económica han hablado de “simplificación cambiaria”, refiriéndose a la unificación de las tasas de Cencoex y Sicad y manteniendo la tasa Simadi. Pero mantener dos tipos de cambio seguirá operando como un incentivo perverso a los especuladores y corruptos que siempre logran la manera de capturar los dólares baratos para después venderlos caros. Un régimen de cambios múltiples es el caldo de cultivo perfecto para que fermenten los delitos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones, empresas de maletín y los más asombrosos ilícitos que se cometen con el uso indebido del cupo electrónico y las tarjetas de crédito.

La unificación cambiaria haría innecesaria la actual norma que obliga a los exportadores a enterar un porcentaje de las divisas originadas en las operaciones de exportación a la tasa de cambio oficial. Y en caso de mantener un régimen de cambios múltiples, hay que evitar la repetición de los negocios rentistas de  pseudo exportadores que solicitan dólares preferenciales para importar componentes e insumos que luego ensamblan o empaquetan sin mayor valor agregado, y pretenden que se les permita convertir todo el ingreso por exportaciones a la tasa más alta.

Si se prolonga el régimen de cambios múltiples, estos exportadores quedarían obligados a devolver al BCV las divisas preferenciales que se asignen, y solo podrán vender a un precio mayor las divisas equivalentes al valor agregado que generen. Esto sería un poderoso estímulo al proceso de industrialización, toda vez que a mayor valor agregado mayor sería el porcentaje de divisas del que los exportadores pueden disponer.

De pedir dólares a generar divisas

Debido al colapso de los precios del petróleo, la importación de materias primas, insumos básicos, maquinarias, equipos y tecnologías para el aparato productivo interno está prácticamente paralizada. Mientras el sector privado no genere sus propias fuentes de divisas seguirá dependiendo de la insuficiente, demorada, discrecional y poco transparente asignación de divisas provenientes de la menguada renta petrolera.

En lugar de seguir exigiendo al Gobierno la liquidación oportuna de divisas petroleras para honrar las deudas con proveedores extranjeros, el debate entre los sectores público y privado debe estar enfocado en la adopción de una nueva tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria nacionales. Solo así se podrá liberar a la producción nacional de la ruinosa competencia que representan las importaciones gubernamentales y privadas que se hacen a una tasa de cambio artificialmente baja y, a su vez, respaldar la competitividad cambiaria de la oferta exportable nacional en los mercados internacionales. @victoralvarezr

 

Lo que se necesita es un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Un gobierno puede equivocarse, pero solo ha fracasado cuando empieza a culpar a otros de sus propios errores. En los supuestos del Decreto de Emergencia Económica se afirma erróneamente que “las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo”. Esta interpretación ignora el comportamiento cíclico de los precios del petróleo, cuya causa esencialmente se debe al curso de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo, así como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.

Lo que está “afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo siempre seguirían subiendo llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero, en lugar de alimentar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tal como lo ordena el artículo 321 de la CRBV.

Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa, pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más igualitaria del mundo. La explicación: el ahorro de la renta petrolera para atender las necesidades futuras. En lugar de crear fondos para gastar las reservas excedentarias o todo el ingreso petrolero que se reciba por encima de precio presupuestado del barril de petróleo, Noruega creó fondos para ahorrar dinero como un mecanismo de previsión para encarar los malos tiempos y evitar carencias para las generaciones futuras. Con este fin, construyó un gran acuerdo nacional y estableció una regla que limita a 4% -el equivalente al rendimiento esperado del Fondo- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, el cual se nutre fundamentalmente del ingreso fiscal no petrolero. En otras palabras, el ingreso petrolero no se gasta sino que se invierte, y el Gobierno solo puede hacer uso de los rendimientos. Actualmente maneja un monto superior a los 850 mil millones de dólares. Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, cuando se calcula sobre semejante monto, se traduce en términos absolutos en una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para completar el gasto del gobierno que se financia sobre todo con impuestos.

Pero en Venezuela, en lugar de comenzar por sincerar el Presupuesto 2016, calculado con base en un precio de 40 $/b, y presentar una nueva regla fiscal en la que el Poder Ejecutivo se compromete a no presentar proyectos de presupuesto con un déficit superior al 5% del PIB y, adicionalmente, ahorrar en el FEM el 50% de todo dólar adicional que el país reciba por encima de 25 $/b, lo que hace es tensar aún más las relación con la AN al presentar un Decreto de Emergencia Económica con el que, entre otros fines, pretende hacer un uso discrecional de los saldos del presupuesto 2015 y del 2016, sin mayores controles por parte de la AN.

Es un Decreto lleno de contradicciones que agravará la crisis. Paradójicamente, mientras en el numeral 10 del artículo 2 del mencionado Decreto se plantea: “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos” -y justo cuando acaba de crear un nuevo Ministerio para la Inversión Extranjera-, en el numeral anterior (9) incluye una medida que espanta y aleja al inversor al plantear que “el Ejecutivo Nacional podrá requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.

El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del Decreto. En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-, en el numeral 8 plantea sin pudor autocrítico “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.

Por otra parte, la solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar recursos extraordinarios a proyectos aunque no estén previstos en el presupuesto, así como la dispensa de los requisitos y controles con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la inercia de un gobierno acostumbrado a administrar los recursos públicos sin mayores controles por parte del Poder Legislativo. Con este Decreto, el Ejecutivo intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal que rige la actividad económica y evitar el análisis de créditos adicionales y contratos que deben ser aprobados por la AN, la cual ahora está controlada por la Oposición.

No es necesario un Decreto de Emergencia Económica

Según la CRBV y la Ley de Estados de Excepción, la emergencia económica es una forma de estado de excepción que permite al Gobierno dictar medidas que pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada. El Gobierno aspira que la AN apruebe por unanimidad el Estado de Emergencia Económica para “adoptar las medidas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana”.

Pero para adoptar las medidas necesarias para superar la crisis no se necesita ningún Decreto de Emergencia Económica, sino voluntad política para superar la inercia y romper la inacción de un equipo de gobierno que pareciera no comprender la naturaleza de la crisis, ni saber utilizar el importante margen de maniobra que aún tiene el Ejecutivo Nacional para enderezar el rumbo económico del país y evitar perores consecuencias que las ya sufridas por la inmensa mayoría de la población.

En lugar de un Decreto de Emergencia Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, el reto que deben asumir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social. El Gobierno tiene al alcance de la mano un conjunto de medidas que lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. Entre estas medidas se destacan las siguientes:

Medidas de Política Cambiaria

El dogma económico que rige la interpretación oficial atribuye al ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste ya ha sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno en el mercado que se calcule con base a las tasas de Cencoex o Sicad. Ni siquiera a la de Simadi, porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado por lo que indiquen los desvaríos del dólar paralelo. Para muestra un botón: en el sector alimentos que es el más favorecido con la asignación de dólares preferenciales, la inflación de 2014 llegó a 102 %, muy superior al 68 % registrado por el INPC, lo cual revela la ineficacia del anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. El BCV acaba de publicar la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 y la misma escaló a 141,5%

La irracionalidad de las tasas Cencoex y Sicad recaen con toda su fuerza sobre Pdvsa. Obligada a vender el mayor porcentaje de su ingreso en divisas a las bajas tasas de 6,30 y 12 Bs /$, la compañía no logra recoger suficientes bolívares para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Pero basta con unificar el régimen de cambios múltiples a un nivel tal que los bolívares que PDVSA reciba por la venta de sus divisas le alcancen para mantener al día sus compromisos. Sincerar la tasa de cambio evitaría que la compañía tenga que endeudarse con el BCV y así éste no se vería presionado por el Gobierno a realizar las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo con las que financia el déficit fiscal.

Medidas de Política Fiscal

Un acuerdo básico para corregir  el déficit fiscal comienza por reformular y mejorar la calidad del Presupuesto 2016, el cual fue calculado con base a un precio del petróleo de 40 $/b, pero el mismo ya se acerca a 25 $/b. Esto pasa por reducir en 100% los gastos suntuarios en remodelaciones, vehículos, publicidad, viajes, etc.; erradicar la práctica del Gobierno de Calle que da origen a otro presupuesto paralelo. Se trata ahora de implantar una rigurosa regla fiscal para que la AN no reciba ningún Proyecto de Presupuesto ni apruebe créditos adicionales que impliquen un déficit mayor al 5% del PIB.

El colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA debido a la contracción económica obligan a retomar la sana práctica de un solo presupuesto, adecuando el marco legal que fue creado para hacer uso de las llamadas reservas excedentarias y precios exorbitantes. En adelante, todo ingreso superior a los 40 $/b -en lugar de ser gastado a través del Fonden-, debe ser ahorrado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual solo podrá ser usado cuando el precio del petróleo caiga por debajo del precio proyectado en el Presupuesto Anual de la Nación.

Corregir el déficit fiscal implica erradicar los subsidios ineficientes que no llegan al consumidor y lo que hacen es estimular el derroche, el contrabando de extracción y la especulación. Se trata de sustituir los subsidios indirectos a los productos y servicios por subsidios directos a las familias en condición de pobreza. Esto incluye desde sincerar el precio de la gasolina hasta la racionalización de las tarifas de servicios públicos, pasando por la sustitución de los subsidios directos a los alimentos y medicinas por subsidios directos a los hogares pobres. Solo en gasolina, el subsidio representa un costo de oportunidad de $ 12 mil millones, mientras que el contrabando de extracción supera los 3.500 millones. Sincerar las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua y gas) significa corregir al menos 6,5 puntos del déficit fiscal. Reactivar el cobro de peajes generará recursos propios para  repotenciar el sistema vial y ayudará a corregir el déficit fiscal.

Evitar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impulsar nuevas formas de propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores directos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera, condicionando ésta última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación del talento humano, asistencia técnica a las Pymes y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.

La Reforma Fiscal debe ser completada con el ajuste del IVA y del  ISR,  racionalización del arancel de aduanas, implantación del impuesto al débito bancario y a las transacciones financieras, aumento de la unidad tributaria, timbres fiscales, impuestos a licores y cigarrillos e impuesto al lujo. Una vez que se reactive la economía y se estabilice su crecimiento será necesario reactivar el Impuesto a los Activos Empresariales y aumentar el ISR a las grandes ganancias.

Medidas de Política Monetaria

La perversa complicidad entre el déficit fiscal y el desequilibrio monetario generan una voraz inflación que pulveriza el poder de compra de los salarios. Por eso, la superación de la emergencia económica no es viable si no se recupera la autonomía del BCV en el manejo de reservas internacionales y la emisión de dinero. Solo así se podrá erradicar definitivamente el financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo del déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Sin lugar a dudas, éste es el principal factor propagador de la inflación.

Esto permitirá centralizar las posiciones en divisas y reservas internacionales en BCV y asegurar un manejo coherente del encaje legal y de las tasas de interés que contribuya a recuperar la estabilidad y confianza en sistema monetario y financiero.

Unificar el régimen de cambios múltiples permitirá sanear las finanzas de Pdvsa, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del BCV. Al recibir más bolívares por cada dólar, la autoridad monetaria drenará el exceso de liquidez que presiona al alza los precios, incluyendo la cotización del dólar paralelo. Y todavía mejor, un solo tipo de cambio erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los cazadores de renta, especuladores y corruptos, quienes inventan cualquier trampa para captar los dólares baratos de Cencoex y Sicad para después venderlos más caros.

Medidas para el manejo de la deuda Externa

Venezuela tiene margen de maniobra para evitar caer en un default que lleve al embargo de los activos de Pdvsa y la República. Puede recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 50 % de su valor nominal; adecuar PetroCaribe a las restricciones presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 15-20 años; reorientar las importaciones gubernamentales en favor de la producción nacional; reprogramar el pago del componente en divisas de las obras contratadas a Brasil, Irán y otros países, cancelándoles el saldo con los bonos de la deuda externa recomprados con descuento, o sustituyendo los pagos vencidos con nuevas emisiones de deuda. Otro margen nada despreciable para liberar divisas se encuentra en la reducción de gasto militar.

Medidas para evitar la liquidación de las reservas internacionales

Afirman que la liberación cambiaria se traducirá en una indetenible fuga de divisas que liquidará las reservas internacionales, pero resulta ser que es todo lo contrario. La unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo más bien activará nuevas fuentes de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones no petroleras, repatriación de capitales y el turismo internacional.

Claro está que la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente. Las inversiones extranjeras como nueva fuente de divisas no petroleras exigen un clima de seguridad jurídica y paz laboral y esto pasa por la adecuación del marco legal, particularmente la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Mercado de Capitales, la Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

Este nuevo marco legal contribuirá a crear un mejor clima para promover inversiones en la repotenciación de la infraestructura en parques industriales, la mejora de los servicios de electricidad, agua, gas, plantas de tratamiento, la gestión de puertos, aeropuertos y almacenes. Particularmente la reforma de la LOCTI deberá estar orientada a facilitar la inversión empresarial directa en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para mejorar sus productos y procesos de cara al fortalecimiento de la calidad, productividad y competitividad internacional. @victoralvarezr

La ilusión monetaria

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El BCV por fin publicó el informe anual sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en el cual revela que la inflación acumulada durante 2015 alcanzó el 180,9%, la más alta desde el año 1996 cuando finalizó en 103,3%. Los precios de los alimentos se incrementaron 315%, muy superior al 102,2% registrado en 2014. Por sexto año consecutivo, la inflación en alimentos fue superior a la inflación anual promedio. De los 12 meses de 2015, cinco registraron tasas de inflación de dos dígitos. El mes en el que más subieron los alimentos fue en agosto, con 17,4%. Con 12 meses de inflación mensual al ritmo actual de 20%, las mediciones del propio BCV le van a terminar dando la razón al pronóstico de 720% de inflación que anunció el FMI. De hecho, la frecuencia de tiempo a la cual se duplican los precios es cada vez más corta y justamente eso es lo que anuncia la inminencia del proceso hiperinflacionario.  

Para compensar el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores que viven de un ingreso fijo, Nicolás Maduro anunció el aumento número 11 en los 3 años que van de su período presidencial. El salario mínimo pasa de Bs.9.649 a Bs. 11.578, con un incremento del 20%. También aumentó la base de cálculo del bono de alimentación que sube de 1,5 a 2,5 de la Unidad Tributaria y pasa de Bs. 6.750 a Bs. 13.275. Sumando salario y bono, el ingreso nominal de los trabajadores pasará de 16.399 a 24.853 bolívares.

Pero recordemos que un aumento de los ingresos nominales que no esté respaldado con su correspondiente aumento en la productividad y la producción, se traduce en una mayor inflación que anula el aumento. El ajuste salarial con el que se pretende compensar la erosión de la inflación no está asociado a incrementos en la productividad del trabajo y se realiza en una economía caracterizada por crecientes índices de escasez debido a que el aparato productivo no termina de reactivarse en un contexto de inseguridad jurídica, amenazas de expropiación y conflictividad laboral. A su vez, la escasez de divisas sentencia que las importaciones serán cada vez menores.

Así, la caída de la producción nacional combinada con menores importaciones se traduce en mayor escasez y grandes presiones en la formación de precios. En una economía con una alta inflación de costos y de demanda, y una creciente escasez estructural, este aumento incrementará el circulante monetario sin el correspondiente aumento de la cantidad de bienes y servicios. Esto presionará aún más los precios. Con un déficit fiscal de más de 20 % del PIB y el financiamiento de este déficit con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, Venezuela se encuentra en la antesala de la hiperinflación, un fenómeno que fue entendido y superado en todo del mundo, pero que en Venezuela amenaza con empobrecer aún más a los hogares.

El Gobierno no ha logrado controlar el incremento sostenido y vertiginoso de los precios. Y en la carrera de los salarios contra la inflación, siempre salen perdiendo los salarios. Este nuevo aumento se queda corto frente a la inflación y, paradójicamente, genera más inflación porque se paga con la emisión de bolívares que no tienen respaldo y no refleja un incremento real en la productividad. En efecto, para poder pagar el aumento en ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías, etc., el Gobierno tendrá que tramitar un crédito adicional cuya inyección a la circulación doméstica no tiene el debido respaldo en un aumento de la producción. En consecuencia, la presión de demanda adicional que significa más dinero en una economía con menos mercancías que comprar, desembocará en una inflación mayor al incremento del salario mínimo y del bono de alimentación.  

Una vez más, el aumento salarial “será pan para hoy y hambre para mañana”, porque la consiguiente inflación volverá sal y agua el aumento. Pura ilusión monetaria porque las familias que viven de un ingreso fijo nominalmente ganarán más bolívares, pero realmente podrán comprar menos bienes y así buena parte de sus necesidades básicas quedará insatisfecha. @victoralvarezr

 

Medidas económicas: insuficientes e inocuas


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Los anuncios del presidente Nicolás Maduro han generado reacciones contradictoras. Entre los seguidores del oficialismo preocupados por la prolongada inacción gubernamental, estas medidas han sido celebradas como un signo de recuperación de una política económica en estado de coma. Mientras que en la oposición, los anuncios han sido valorados como un paquetazo rojo que encarecerá el transporte, alimentos y medicinas y, por tanto, empobrecerá más a la Nación.

Desde mi perspectiva, las medidas son insuficientes e inocuas para erradicar las causas estructurales de la caída de la producción y los consiguientes problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que devoran los salarios reales y destruyen el bienestar de la población.

Reconocer que “la red de mercados Bicentenarios se pudrió” tuvo que estar acompañado de un cambio radical de la agotada política de controles de precios e ineficientes subsidios que, al prolongarse exageradamente en el tiempo, degeneraron en una gama de incentivos perversos al desvío de alimentos y medicinas a los mercados informales e ilegales de buhoneros, bachaqueros y contrabandistas que encontraron la oportunidad de lucrarse aprovechando las desviaciones de la política económica. Sin embargo, la solución es inocua, toda vez que se basa en la creación de una Mega-corporación de Alimentos que será mucho más difícil de controlar, sus procedimientos serán muy opacos y terminará siendo otro caldo de cultivo para nuevos escándalos de corrupción. Mientras se sigan atacando las consecuencias del problema pero no se erradiquen las verdaderas causas, el remedio será peor que la enfermedad.

La creación de un estado Mayor para la fijación de precios tampoco resuelve el problema. Parte de un diagnóstico equivocado que confunde la especulación con la inflación. Creer que los precios suben porque inescrupulosos empresarios especuladores lograron vulnerar el sistema de controles y en adelante lo que toca es reforzarlos, ignora que el actual auge inflacionario es causado por el colapso del aparato productivo nacional que fue barrido por las importaciones baratas que se hicieron a lo largo de una década en la que prevaleció una tasa de cambio sobrevaluada que estimuló toda clase de importaciones que desplazaron y arruinaron la producción agrícola e industrial. Cuando se mezcla la escasez con el desbordamiento de la demanda que es causada por el financiamiento del déficit fiscal con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo, esta masa de dinero al ser inyectada a la circulación doméstica, salen a comprar productos y dólares cada vez más escasos, todo lo cual se traduce en una alza sostenida de los precios, así como del dólar paralelo. Si el PMVP se mantiene congelado mientras aumentan los precios de las materias primas, maquinarias, fuerza de trabajo, etc., llega un momento en que los costos de producción superan los precios congelados y, como nadie produce para perder, se desincentiva la producción  e inevitablemente estallan los problemas de desabastecimiento y escasez.

El nuevo esquema de precios de la gasolina no le permitirá a Pdvsa cubrir los costos de producción ni mucho menos generar un excedente para alimentar el Fondo de Misiones Sociales. Si se ajustan por inflación los últimos datos oficiales sobre los costos de refinación, transporte y comunicación de la gasolina, estos no bajan de 9 Bs/litro, lo que quiere decir que 1 o 6 Bs/litro Pdvsa seguirá soportando un ruinoso subsidio que deteriora sus finanzas. Mientras la diferencia de precios entre el mercado interno y los países vecinos sea superior a 150 veces, se mantendrán los incentivos perversos al contrabando de extracción que, según las propias denuncias del Ministerio de Petróleo y Pdvsa, superan los 100 mil barriles diarios. Estos siniestros incentivos se hubiese podido erradicar aplicando un ajuste escalonado en tres semestres: en el primero el precio sería equivalente al 50% del precio promedio en dólares de los países vecinos, el cual sería convertido en bolívares a la nueva tasa de 10 Bs/$; en el segundo se elevaría al 75% y en el tercer trimestre al 100 %, ya que solo así se desestimularía el contrabando de extracción. A lo largo del ajuste, las ganancias que se obtengan del nuevo precio de la gasolina serán invertidas en la modernización del sistema de transporte público, de tal forma que los principales beneficiarios sean los sectores populares que hasta no se han beneficiado para nada del escandaloso subsidio a la gasolina.

El nuevo Sistema de Divisas es otro saludo a la bandera y no resuelve los problemas financieros de Pdvsa ni representa un incentivo para la inversión extranjera o la repatriación de capitales. Si a 25 $/b de 159 litros de petróleo a Pdvsa se le obliga a vender su ingreso en divisas a 10 $/b, solo recibirá 250 bolívares por barril de petróleo. O sea, apenas 1,57 Bs/litro de petróleo. Los bolívares que obtiene Pdvsa al vender su ingreso en divisas a una tasa tan baja no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, pagar las deudas con proveedores, ni para transferir recursos a las misiones sociales. Por eso se endeuda con el BCV que es obligado a imprimir enormes cantidades de dinero sin respaldo. Y, al ser estos inyectados a una economía con creciente escasez de bienes, lo que se hace es agravar la inflación.

El aumento de sueldos y bonos de alimentación otra vez terminará siendo “pan para hoy y hambre para mañana”. Pura ilusión monetaria, ya que este aumento rápidamente quedará convertido en sal y agua por la voracidad inflacionaria y, aunque nominalmente ganen más bolívares, lo trabajadores que viven de un ingreso fijo podrán comprar menos bienes.

Los 14 motores no podrán ni siquiera despegar mientras no se corrija la turbulencia macroeconómica y cesen los gritos de guerra contra la inversión privada nacional y extranjera, la cual no vendrá al país bajo un clima de inseguridad jurídica y conflictividad laboral. @victoralvarezr