Víctor
Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Agroisleña fue expropiada en 2010 mediante
el decreto 7.700 en el que estableció “la adquisición forzosa de los bienes
muebles, inmuebles y bienechurías”. La compañía ha planteado que los accionistas del Grupo Agroisleña
esperan el pago de la justa compensación económica por la expropiación, de
acuerdo con lo establecido en las leyes venezolanas. Recientemente el Ministro
de Agricultura Productiva y Tierras anunció
su disposición a reunirse con
representantes de Agroisleña para discutir aspectos legales sobre el
litigio, anticipando que no se trata de una devolución, sino de analizar el litigio.
Ante la inoperancia y falta de
producción de las empresas estatales, para superar los graves problemas de
escasez que azotan a la población, en voz baja voceros del oficialismo han
planteado devolver a sus propietarios las empresas expropiadas. Este espíritu autocrítico
pasa por reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de
empresas que eran productivas, Sin embargo, en el numeral 8 del decreto de Emergencia
Económica que la AN acaba de rechazar, el Gobierno planteó sin ningún pudor
autocrítico “Requerir a empresas del sector
público y privado incrementar sus niveles de producción así como el
abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos
o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas
de las venezolanas y los venezolanos”.
Estatizar
no es socializar
Estatizar no es socializar, ni mucho menos
democratizar la propiedad. Las expropiaciones no rindieron los resultados que
el Gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el
burocratismo y el pseudosindicalismo que se aliaron para sabotear e impedir la
participación de los trabajadores directos en la dirección y gerencia de esas
empresas. Sin comprender las razones que llevaron al colapso del socialismo del
siglo XX, se repitió el error de expropiar y estatizar, creyendo que de esa
forma se estaba socializando y democratizando la propiedad de empresas
productivas. Pero una
vez expropiadas, terminaron secuestradas quebradas por el burocratismo, el
pseudosindicalismo y la corrupción.
Con el fin de rescatar esas empresas y aliviar
la pesada carga que representan para la gestión fiscal, el gobierno más bien
tendría que ofrecer a la inversión nacional y extranjera un porcentaje de
participación accionaria en las empresas expropiadas y estatizadas que tienen
potencial de recuperación, acompañando el riesgo que representa esta inversión
con un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios,
compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación
productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e
innovativas, etc.
La
participación de los trabajadores
La democratización de la propiedad de estas
empresas debe contemplar la participación de los trabajadores en todos sus
niveles gerenciales, administrativos y operativos. Así, los dividendos que
correspondan a su participación accionaria, en lugar de ser repartidos como
dividendos individuales, serán la fuente de financiamiento de proyectos de
interés común que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa,
aliviando así las exigencias de los trabajadores en cada contratación
colectiva, que en gran medida quedarían cubiertas con la inversión laboral de
este porcentaje de ganancias.
Este proceso se
puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la
cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación
accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de
política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación de
las empresas desestatizadas y socializadas, más no privatizadas. La Bolsa
Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos
en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva
del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.
Como contrapartida al financiamiento blando
que recibiría de la banca pública, la empresa emitiría por un valor equivalente
el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores,
dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al
porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como
dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a
pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo
sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa
(comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el
financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su
calidad de vida y grado de bienestar de los trabajadores y sus familias, tales
como las micromisiones sociales: Mercal para los trabajadores de la empresa,
Misión Salud para toda su nómina, Misión Vivienda para quienes aún no tengan
casa o apartamento propio, Misión Ribas para los que deseen terminar su
bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus
estudios universitarios, etc.. Esto aliviará la carga fiscal que representa la
política social, la cual tendría un carácter menos asistencialista y compensatorio,
y quedaría cada vez más vinculada al esfuerzo productivo de los beneficiaros de
estos programas sociales.
De esta forma, los trabajadores –en lugar de
reeditar el clima de conflictividad que se repite tanto en las empresas
estatales como en las privadas-, estarían cada vez más interesados en mejorar
el desempeño económico y financiero de sus propias empresas, toda vez que –al
convertirse en copropietarios sociales de las mismas- asegurarían que el
porcentaje de las ganancias correspondiente a su participación accionaria sea
la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los
trabajadores de la empresa. @victoralvarezr
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