Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El análisis del Decreto de Emergencia Económica (DEE) que fue rechazado
por la Asamblea Nacional (AN) ayuda a revelar la orientación de la política
económica para el año 2016. Sobre esta base podremos evaluar la pertinencia y
relevancia de las medidas que impulsará el Gobierno y que pudieran estar contempladas
en otras formas de estado de excepción.
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley
de Estados de Excepción, la emergencia económica es una forma de estado de
excepción que permite al Gobierno dictar medidas que pueden sobreponerse a las
Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula
los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la
libertad económica y la propiedad privada.
El Gobierno quiso que la AN le aprobara por unanimidad
el Estado de Emergencia Económica para “adoptar las medidas que permitan atender
eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual
atraviesa la economía venezolana”. La AN negó el Decreto argumentando
que para adoptar las medidas necesarias para superar la crisis el Gobierno ya
cuenta con un marco legal vigente y, por lo tanto, no se necesita ningún
Decreto de Emergencia Económica. , sino voluntad
política para superar la inercia y romper la inacción de un equipo de gobierno
que pareciera no comprender la naturaleza de la crisis, ni sabe cómo utilizar
el importante margen de maniobra que aún tiene el Ejecutivo Nacional para
enderezar el rumbo económico del país.
El Gobierno no entiende la naturaleza de la crisis
Al analizar el alcance de las medidas
contempladas queda claro que el gobierno
no entiende la naturaleza de la crisis y se empeña en aplicar controles,
medidas administrativas y arremetidas de fiscalización, sin detenerse a
reflexionar sobre el impacto de los desequilibrios macroeconómicos y
sectoriales como verdadera causa de la crisis.
El gobierno se empeña en prolongar una
política económica basada en controles, multas y penas de cárcel que alejan la
inversión y agrava los problemas de escasez, acaparamiento y especulación.
Antes que un DEE, la superación de esta problemática impone la necesidad de
aplicar un programa básico de medidas macroeconómicas, sectoriales e
institucionales que permitan reactivar la económica y asegurar un crecimiento
estable y sostenido.
Un gobierno puede
equivocarse, pero solo ha fracasado cuando empieza a culpar a otros de sus
propios errores. En los supuestos del Decreto de Emergencia Económica se afirma
erróneamente que “las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída
abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el
petróleo”. Esta interpretación ignora que el comportamiento errático de
los precios del petróleo se debe a los altibajos de la economía mundial, al
desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos
de petróleo, así como a las tensiones bélicas entre los países del Medio
Oriente. Sin embargo, confundiendo el fenómeno con su esencia, se insiste en
los fundamentos del DEE que el colapso de los precios del petróleo está “afectando
gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo
a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019”. Lo que ha provocado esta crisis fiscal que amenaza con
quebrar las finanzas públicas es la falta de previsión. Creer que los precios
del petróleo siempre seguirían subiendo llevó a crear fondos para gastar todo
el ingreso petrolero, en lugar de alimentar el Fondo de Estabilización
Macroeconómica, tal como lo ordena el artículo 321 de la CRBV, para poder
enfrentar los tiempos de escasez.
Noruega, un país que hace 50 años era una de
las economías más pobres de Europa, pasó a ser, según las Naciones Unidas, la
más igualitaria del mundo. La explicación: el ahorro de la renta petrolera para
atender las necesidades futuras. Con el fin de financiar a largo plazo su Estado
de bienestar, Noruega deposita en el Banco Noruego de Inversiones casi toda la
renta petrolera que recauda a través de impuestos al sector petrolero, regalías
por yacimientos y dividendos por su participación mayoritaria en Statoil, la
empresa petrolera noruega. En otras palabras, el ingreso
petrolero no se gasta sino que se invierte, y el Gobierno solo puede hacer uso
de los rendimientos. Actualmente
maneja un monto superior a los 850 mil millones de dólares. Ese 4% que pudiera
lucir como un porcentaje muy bajo, cuando se calcula sobre semejante monto, se
traduce en términos absolutos en una considerable cantidad de recursos
financieros, toda vez que el Fondo no
deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para
completar el gasto del gobierno que se financia sobre todo con impuestos.
La
obstinación por evadir el control de la AN
Si algo se le ha criticado al
actual Gobierno es la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas sobre
la administración de los presupuestos
públicos. Una
y otra vez se le ha solicitado al gobierno transparencia sobre el destino y
resultados de presupuestos anuales, créditos adicionales, así como los recursos
del Fonden, Fondo Chino y otros fondos paralelos. Administrar sin facilitar
información degeneró en un estímulo perverso a la corrupción, con casos que han
estremecido a la opinión pública y que incluso fueron denunciados por
exministros y altos funcionarios del propio Gobierno.
Sin reparar en este clamor
nacional, el Gobierno solicitó un DEE para “disponer de los recursos provenientes
de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” y
“asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de
presupuestos” sin autorización previa de la AN. Esto resulta inadmisible y
activa las alarmas, toda vez que el Gobierno se propone incrementar el precio de la gasolina y la
simplificación cambiaria, decisiones que generarán recursos
extrapresupuestarios que el Gobierno pretende utilizar de forma discrecional,
sin control de la AN, y pueden convertirse en otro caldo de cultivo para que
fermenten nuevos escándalos de corrupción. @victoralvarezr
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