miércoles, 20 de febrero de 2019

Carta Abierta a la Unión Europea y Cruz Roja Internacional: por una solución política y pacífica a la crisis venezolana


Por:Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Estimados embajadores de la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional: como ustedes habrán podido observar, en Venezuela las élites políticas apuestan a exterminarse, al todo o nada. Extremistas de ambos lados esperan la gran batalla final en la que aspiran vencer e imponer a su adversario una rendición humillante e incondicional. Con su obstinada actitud, pueden desencadenar una ola de violencia con su espiral de odio y afán de venganza que luego resulta muy difícil sofocar.
De la emergencia humanitaria a la catástrofe humanitaria
El 23 de febrero es una fecha crítica. El Gobierno de Nicolás Maduro no acepta la ayuda humanitaria y ha dado órdenes para no dejarla pasar. Su ingreso puede tener efectos totalmente contraproducentes. ¿Cómo reaccionará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando la operación entre a territorio venezolano? ¿Reprimirán o apoyarán? ¿Se mantendrán leales a Maduro o cerrarán filas con Guaidó? ¿Fijarán posición como una sola Fuerza o se producirán escisiones en sus diferentes componentes? ¿Respaldará el pueblo la operación?
En las fronteras con Colombia y Brasil se conforma un ejército paralelo integrado por mercenarios, paramilitares y desertores de la FANB, el cual tendría la misión de emplazar a los soldados a dejar  pasar la caravana. ¿Y si la FANB se niega? ¿Qué ocurrirá? ¿Si finalmente los militares se voltean esto garantiza un país pacificado? En Venezuela hay centenares de colectivos armados y grupos paramilitares, además de las facciones del ELN y disidentes de las FARC que operan en territorio nacional. ¿Cómo responderán los colectivos armados? ¿Se convertirán en una fuerza subversiva capaz de desestabilizar al nuevo Gobierno?
La ayuda humanitaria no puede ser un pretexto para forzar una confrontación con la FANB. Si la operación pisa suelo venezolano sin estar previamente convenida con el Gobierno de Maduro, su ingreso sería un acto muy temerario, una provocación extrema al régimen. Si la FANB reprime su ingreso, esta acción serviría para justificar ante la opinión pública internacional una posterior invasión militar.
Pero ésta invasión puede no ser tan quirúrgica como se ha dicho. Los excesos que se cometan llevarían al país a una situación cada vez más violenta, al extremo de desembocar en una guerra civil que nos lleve de la emergencia humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria. La migración por razones económicas sería ampliamente superada por la diáspora de venezolanos que huirían masivamente del horror de la violencia y de la guerra.
Tensar el conflicto interno con una operación de ayuda humanitaria significa un temerario reto para un Gobierno acorralado que no va a reaccionar con inteligencia y lucidez y puede reprimir salvajemente como ya ha demostrado que puede hacerlo.  Mientras la única opción que se le ofrezca a Maduro sea que escoja el país donde se quiere exiliar o la cárcel de Guantánamo donde pagará condena perpetua, optará por mantenerse al borde de guerra. Ante esa alternativa, preferirá la narrativa de una invasión extranjera que lo convierta en “mártir de una agresión imperialista”. Si a Maduro y al alto mando militar no se le ofrece una salida aceptable y viable, una cruenta confrontación puede estallar.
Pero esto no significa impunidad. La transición pacífica implica coexistencia entre lo viejo y lo nuevo y esto pasa por hacer unas concesiones temporales a la élite gobernante para que se abra a un Gobierno de Coalición en el que no serán perseguidos. Una vez reinstitucionalizados los poderes públicos, entre ellos el TSJ y todo el Poder Judicial, la justicia será activada para que ningún delito quede impune. Esta espera siempre será menos traumática para la sociedad que el costo en vidas humanas, heridos, desaparecidos, desplazados y refugiados que suelen dejan como saldo los escenarios de violencia prolongada y guerra.
Estimados embajadores de la Unión Europea y Cruz Roja Internacional, hay que insistir en una solución política para que el país quede pacificado y pueda recuperar rápidamente su gobernabilidad. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de las élites políticas que apuestan a exterminarse desemboque en una guerra civil que ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.
La alternativa de un Gobierno de Coalición
La solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela no es “quítate tú para ponerme yo”, sino la coexistencia pacífica y la cohabitación en un mismo Gobierno de las fuerzas ahora en pugna. En ese Gobierno de Coalición no podrían estar Maduro ni su camarilla, ni tampoco sería un chavista quien lo presida. Eso es políticamente y psicológicamente inviable porque la mayoría del país no quiere a Maduro y no aceptaría su presencia en un Gobierno de Coalición. Además, el país no está dividido en dos partes iguales. De ser el 60% en la correlación de fuerzas, el chavismo duro ha quedado reducido a no más de 25%, pero buena parte de éste está armado. Por lo tanto, no puede ser subestimado como actor político y, más bien, hay que desarmarlo y pacificarlo. Para evitar la cacería de brujas que enguerrille al país y desate una espiral de violencia, es necesario el reconocimiento del chavismo como fuerza política, toda vez que todavía controla gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales, concejos  municipales y mantiene fuerte influencia en la fuerza armada. Por lo tanto, antes de perseguirlo y empujarlo de una vez a la oposición o a la resistencia armada, es preferible lograr su respaldo y neutralizarlo en la fase de transición. Esto es posible si se reconoce su presencia como actor político, se le garantizan sus derechos políticos y se le reconoce su espacio en la vida política nacional. Así, la fuerza política y social chavista, en vez de oponerse y sabotear desde un primer momento al nuevo Gobierno, formaría parte de la transición y apoyaría la gestión de un Gobierno de Coalición, cuya misión en el período de transición será aplicar las reformas económicas y reinstitucionalizar el país para poder convocar unas elecciones generales limpias y transparentes, de tal forma que quien resulte electo reciba una economía saneada, poderes públicos depurados y un país pacificado que se pueda gobernar.
Si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. En vez de endurecer las sanciones económicas y financieras que terminan repercutiendo sobre la población, la mediación internacional puede ofrecer incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición que sería apoyado por la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional. El intercambio de incentivos económicos y financieros por compromisos para sanear la economía y democratizar al país será mucho más eficaz que endurecer las sanciones. Los incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición deben incluir el levantamiento de las sanciones financieras internacionales, inversiones extranjeras, refinanciamiento de la deuda externa, financiamiento fresco internacional y asistencia humanitaria.
La Unión Europea y la Cruz Roja Internacional pueden hacer una oferta creíble al Oficialismo y la Oposición, siempre y cuando estos incentivos sean a cambio de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a aplicar las reformas económicas necesarias, restituir las funciones de la Asamblea Nacional, aprobar el marco legal  que garantice seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes, con observación internacional de todo el proceso electoral, convocatoria de elecciones parlamentarias en el 2020 y elecciones presidenciales en diciembre de 2021, así como garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones.
Cumplido este proceso, quien resulte electo recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar. La reconciliación nacional es clave para la paz. Sin paz no hay gobernabilidad. @victoralvarezr

lunes, 4 de febrero de 2019

Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición


Por: Víctor Álvarez R.
 Premio Nacional de Ciencias
El nuevo gobierno que resulte electo en unas presidenciales derivadas de un  eventual acuerdo político entre Gobierno y Oposición, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela.
Para empezar, tendría que levantar los controles de cambio y de precios, cuyo impacto inicial sería un aumento en los precios represados. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual no sería bien recibido en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción, y reactivar el cobro de peajes para repotenciar la infraestructura vial.
Será necesario también iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica  una considerable reducción de las abultadas nóminas.
El nuevo gobierno tendría que acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones y responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa.  
Por si fuera poco, ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos, insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato productivo.
El costo social y político de las medidas económicas
Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar.
A la mayoría de estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN.  Nadie quiere arrancar su gestión enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.
Por lo tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.
Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición
Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social impone superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros  rápidamente habrá perdido su credibilidad. Pero con una producción de petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo.
El cálculo político indica que sería mejor convocar las nuevas presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar. Para evitar esta tragedia es necesario abrirle paso a un Gobierno de Coalición que se dediquen a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales que permitan convocar nuevas presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba un país que se pueda gobernar.
El clamor nacional vería con buenos ojos un Gobierno de Coalición conformado por sectores democráticos y moderados del Oficialismo y la Oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de colaboracionistas con el Gobierno o de haber entregado la Revolución. Este acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:
1.    Concertación previa del Programa de Reformas Económicas
2.    Concertación previa de la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
3.    Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
4.    Refinanciamiento de la deuda externa
5.    Nuevo financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso
6.    Inversiones extranjeras para reactivar la economía
7.    Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
8.    Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
9.    Renovación del Consejo Nacional Electoral como un árbitro imparcial
10. Observación internacional de todo el proceso electoral
11. Liberación de los presos políticos
12. Garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones