viernes, 27 de mayo de 2016

¿Quién le tiene miedo al Referendo Revocatorio?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El Referendo Revocatorio (RR) es la vía constitucional para resolver pacíficamente una crisis de gobernabilidad. El Gobierno debe hacer una lectura correcta de la válvula de escape que se activó en las filas de la Oposición con la recolección del 1% de las firmas. Pero el desahogo que significó esa jornada se malogra con las tajantes afirmaciones de importantes voceros del oficialismo que, sin esperar el pronunciamiento del CNE, se apresuran a sentenciar que este año no habrá RR. El Gobierno debería celebrar que la Oposición optó por la vía democrática para conquistar el poder, en lugar de obstaculizar el RR con el argumento de que se está fraguando un golpe constitucional.

Con el RR no se está armando ningún golpe constitucional. La revocatoria de los funcionarios de elección popular fue una propuesta de la Revolución Bolivariana, planteada por el propio Hugo Chávez, quien fue el primero en someterse a un RR y dejar en manos del soberano la decisión de revocar o ratificar su mandato. Y lo hizo con las encuestas en su contra y a sabiendas de que se estaba jugando la suerte de la Revolución Bolivariana. A diferencia del ejemplo que Chávez dio, Nicolás Maduro ha dicho que “el referéndum revocatorio es una opción, no una obligación”. No, el RR es un derecho político consagrado en la CRBV que el CNE está obligado a canalizar con base en el marco legal que lo rige. 

Si el pueblo revoca el mandato antes de los cuatro años, el CNE tendrá que convocar elecciones en los próximos 30 días para elegir un nuevo presidente. Pero si éste se realiza después de los 4 años, en lugar de realizar elecciones, será el Vicepresidente designado por Nicolás Maduro quien complete el período constitucional. En este contexto, vale subrayar que una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas y cronogramas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a través del voto.   

El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos, evalúe si está satisfecha con el Gobierno y, sobre esa base, decida soberanamente si lo ratifica o lo revoca. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la actual crisis de gobernabilidad económica, social y política.

El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar todos los  pasos del proceso, se obstinan en retrasarlo. Al convalidar maniobras para adelantar o demorar el RR, el CNE pondría en duda la neutralidad, diligencia y pulcritud con la que condujo esta consulta popular.

El temor a perder el RR se conjura a través de un conjunto de eficaces políticas y estrategias para erradicar la escasez, el acaparamiento, la especulación, la inflación, la inseguridad, la crisis eléctrica, el racionamiento de agua y así revertir el creciente descontento popular. Buscar pestañas en la sopa para hacer creer que la Oposición no recogió las firmas y demorar los siguientes pasos puede exacerbar la indignación de la gente y transformarla en crecientes manifestaciones de agresividad y violencia que pueden llevar al país a una crisis de gobernabilidad. Al obstaculizar el proceso se le tiende la alfombra a los violentos de lado y lado que deliran con una gran confrontación final para definir quién es quién. @victoralvarezr

El Referendo Revocatorio es la vía constitucional

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El Referendo Revocatorio (RR) es la vía constitucional que tiene la ciudadanía para resolver pacíficamente una crisis de gobernabilidad. Si bien el proceso para activar el RR opera como una válvula de escape para transformar el creciente descontento en una esperanza de solución constitucional y democrática, obstaculizarlo puede exacerbar la indignación de la gente y transformarla en crecientes manifestaciones de agresividad y violencia que pueden llevar al país al borde de una conmoción social y de una crisis de gobernabilidad de peores proporciones a la que ya estamos sufriendo.

El Gobierno debe hacer una lectura correcta de las firmas recogidas por la MUD, toda vez que la cifra sobrepasa desmesuradamente el 1% del padrón electoral de 19.572.144 votantes, equivalente a 195.721 firmas. Ponerse a buscar pestañas en la sopa para hacer creer que la Oposición no recogió las firmas requeridas revela cuál va a ser su reacción cuando se conozcan los resultados del RR. Por eso, la catarsis que significó la recolección de las firmas se tensa nuevamente con la actitud ambigua de un CNE que no le habla claro al país.

Hay que garantizar que el RR no será entorpecido por las triquiñuelas de quienes se aferran al poder. El CNE debe garantizar el derecho al voto a la luz de lo establecido en los artículos 63, 64 y 293 de la CRBV, y 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que sea el clamor nacional el que decida si quiere que Nicolás Maduro siga en la presidencia, o prefiere ir a elecciones para designar un nuevo mandatario. El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar todos y cada uno de los  pasos del proceso, se obstinan en atravesar revisiones distintas a las estrictamente establecidas en las leyes, mucho menos si éstas validaciones pretenden ser ejecutadas por un personal ajeno al CNE. Al convalidar maniobras para adelantar o retrasar el RR y violentar los lapsos rigurosamente establecidos, el CNE pondría en duda la neutralidad, diligencia y pulcritud con la que condujo esta consulta popular.

El oficialismo quiere desalentar a los partidarios del RR argumentando que no dan los lapsos para realizarlo este año. Pero al obstaculizar el proceso le tiende la alfombra a los violentos que deliran con una gran confrontación final para definir quién es quién. Si Nicolás Maduro quiere concluir en paz su período presidencial, en lugar de ponerle trabas al RR, lo que tiene que hacer es poner en marcha un conjunto de eficaces políticas y estrategias para erradicar la escasez, el acaparamiento, la especulación, la inflación, la inseguridad, la crisis eléctrica y el racionamiento de agua y así revertir el creciente descontento popular. Pero Maduro se empeña en atribuir esta problemática única y exclusivamente a la guerra económica, sin reconocer la cuota de responsabilidad que tienen las desviaciones y errores de su política económica.

Nicolás Maduro está preso de una parálisis paradigmática que le impide tomar las medidas eficaces para frenar el acelerado deterioro de la situación económica, social y política que afecta al país. Y su inercia es agravada por una nomenklatura enquistada en el poder que ha hundido al Gobierno en un fango de incapacidades, conflictos de intereses y complicidades. Si se prolonga la inacción y estos terribles flagelos se siguen agravando, el Gobierno seguirá perdiendo el apoyo del pueblo, incluyendo las bases que se declaran de izquierda, socialistas y revolucionarias, quienes consideran que Maduro dilapidó el enorme capital político que Chávez le legó y terminó dando al traste con la esperanza que una vez la Revolución Bolivariana representó.

Ciertamente, el Gobierno luce desbordado por la grave crisis económica y cada vez más desacreditado por frecuentes casos de corrupción. Estos escándalos involucran a altos cargos que, al ser personal de confianza, deberían ser los garantes de la transparencia y pulcritud de la gestión gubernamental. Sin embargo, muchos funcionarios han sido descubiertos in fraganti en delitos de corrupción. Y otros que no han sido apresados, desertaron para entregarse como testigos protegidos y han revelado pruebas que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, cuestión que ha contribuido a desmoralizar las bases de apoyo social que sufren los estragos de la crisis económica. Sobre todo porque la gente de a pie se siente víctima de las privaciones y sufrimientos que el Gobierno atribuye a los programas de ajuste económico del FMI, pero sin que haya aplicado ningún recetario de medidas para poner fin al deterioro económico. Por el contrario, a pesar de las penurias que la atormentan, la única certeza que tiene la gente es que cada mes, cada semana, cada día, la situación se pone peor.

La creciente angustia abona la falsa expectativa de que basta con revocar a Maduro para que al día siguiente el país amanezca mejor. Pero llevará tiempo reconstruir el aparato productivo nacional en medio del colapso de los precios del petróleo, los fuertes pagos de la deuda externa y las indemnizaciones por expropiaciones que el país debe encarar si quiere recuperar la confianza y tener acceso al financiamiento internacional que necesita para reactivar la economía y superar los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida.

En lugar de embarcar al país en el desgaste de un RR, Gobierno y Oposición pudieron haber concertado una agenda de interés nacional para complementar las capacidades y recursos de los poderes ejecutivo y legislativo en función de sacar al país de la crisis. Pero la mayoría opositora en la AN prefirió lanzar un grito de guerra al Gobierno, sentenciando que en seis meses le pondría fin a su mandato. Y el Gobierno, en lugar de dar un paso táctico llamando a un Gobierno de Coalición para evitar la activación del RR, se acuarteló en una rabiosa y torpe defensa que le ha impedido rectificar y reinventarse para prolongar su esperanza de vida. Nicolás Maduro todavía tiene tiempo para convocar un Gobierno de Coalición, ya no tanto para corresponsabilizar a la Oposición en el manejo de la crisis, sino más bien para compartir con ella el mérito de haber evitado el estallido de una conmoción social y de una crisis de gobernabilidad. Pero para eso se necesita que al Gobierno y la Oposición los guíen la fortaleza de la humildad y la grandeza que solo la sabiduría otorga. ¿La tendrán?  @victoralvarezr

Para el Gobierno el Referendo Revocatorio si se hace es malo, pero si no se hace es peor

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad económica que se expresa en los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, inflación, crisis eléctrica y racionamiento de agua que azotan a la población. La política oficial plagada de controles se ha convertido en caldo de cultivo para la proliferación de prácticas discrecionales y arbitrarias del burocratismo corrupto que gana cada vez más espacios en el andamiaje institucional del Estado. El Gobierno luce cada vez más desacreditado por los frecuentes casos de corrupción que involucran a altos cargos. Estos, al ser personal de confianza, debieron ser garantes de la transparencia y pulcritud de la gestión gubernamental. Sin embargo, muchos han sido descubiertos in fraganti en delitos de corrupción. Y quienes no han sido apresados, han desertado para entregarse como testigos protegidos y revelar pruebas que involucran a importantes dirigentes y funcionarios del Gobierno.

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad social que se expresa en el creciente empobrecimiento de la población. Cada vez hay más dificultades para tener acceso a los alimentos, medicinas y demás bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de una familia. La crisis hospitalaria, el colapso de los servicios de electricidad, agua y gas, la inseguridad y criminalidad atizan el descontento y malestar que se expresa en la intensificación de las protestas y saqueos a lo largo y ancho del territorio nacional, y ponen al país a las puertas de una conmoción social.

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad política que se expresa en el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado partido a favor del primero, declarando como inconstitucionales las leyes que aprueba la AN. Por eso, el nuevo parlamento no ha sido capaz de ponerle límites al Gobierno y, por el contrario, luce apabullado y arrollado por el contubernio entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El gran acuerdo que el electorado esperaba entre ambos poderes luego de las parlamentarias del 6-D no se logró debido a que desde su instalación el 5 de enero, la AN parece más preocupada por interrumpir el mandato de Nicolás Maduro que por impulsar una Agenda Legislativa Económica para salir de la crisis. La nueva directiva de la AN -en lugar de hacer un llamado a la complementación de ambos poderes en un marco de corresponsabilidad política-, optó por lanzar un grito de guerra y comenzar la cuenta regresiva de 6 meses que le pondría fin a la presidencia de Nicolás Maduro. La euforia amenazante de la Oposición y la torpeza defensiva del Gobierno se han combinado para desatar esta crisis de gobernabilidad política.

La ciudadanía habló duro el 6-D y provocó un cambio en la correlación de fuerzas con la esperanza de lograr decisiones concertadas entre los poderes ejecutivo y legislativo. El país se pronunció por un acuerdo para superar los problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida e inseguridad. A raíz de los resultados de las elecciones parlamentarios se observó una mejoría en los índices emocionales positivos de la gente, tales como la esperanza y el optimismo. Pero como ni el Gobierno ni la Oposición han sabido interpretar el clamor nacional, los electores se sienten defraudados. Sus expectativas de cambio han sido defraudadas y por eso los indicadores emocionales nuevamente se han deteriorado al incrementarse la preocupación, el malestar, la frustración, el pesimismo y la desesperanza.

La dirigencia política no logra ponerse en sintonía con las demandas de los ciudadanos. El Gobierno, en lugar de tomar los correctivos necesarios para asegurar una eficiente gestión económica que ayude a superar el desabastecimiento y alto costo de la vida, le atribuye esta problemática a la guerra económica. Por eso los estudios de Hinterlaces concluyen que Maduro ha caído en una trampa cognitiva “viviendo una fantasiosa épica revolucionaria”. Por su parte, la Oposición apuesta a la inacción del Gobierno para acelerar el deterioro económico, agravar el malestar social y potenciar su aspiración política de derrotar a Maduro en el Referendo Revocatorio.

A todas estas, el Gobierno está atrapado en un círculo vicioso. El quid de la cuestión radica en los lapsos que la nomenklatura aferrada al poder quiere demorar para ampliar su esperanza de vida, aun cuando el mandato de Nicolás Maduro sea finalmente revocado. Si el Referendo Revocatorio se realiza después de los cuatro años, esa nomenklatura se mantendrá en el poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro. Y quienes todavía no se reponen por no haber sido los escogidos para reemplazar al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle toda la responsabilidad de su derrota y de execrarlo como líder del chavismo.

En lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una nomenklatura burocratizada y corrupta que de todas formas lo terminará acusando de haber dilapidado el enorme capital político que Chávez le legó, Nicolás Maduro pudiera pasar dignamente a la historia de Venezuela como un mandatario que al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela, prefirió hacerse a un lado y renunciar para que el pueblo al que tanto ama y en el que tanto confía sea quien resuelva de manera constitucional, democrática y pacífica la crisis que azota a la Nación. Incluso, en el escenario de una renuncia, ante las dificultades que tendría la Oposición para escoger un candidato de consenso para las presidenciales que se realizarían en 30 días, el oficialismo, aún diezmado, potenciaría la opción de triunfo de su candidato al enfrentar a una Oposición dividida que dispersaría sus votos en dos o más candidaturas. 

Pero si el oficialismo decide medirse antes en las elecciones de gobernadores para retrasar el Referendo, las encuestas revelan que perdería la mayoría de las gobernaciones. Por lo tanto, si el Revocatorio se realiza después de los comicios regionales, la paliza que recibiría el oficialismo sería de tal magnitud que le quitaría respaldo y legitimidad al Vicepresidente para que concluya el período presidencial. Esto agravaría aún más la crisis de gobernabilidad y finalmente obligaría al presidente encargado a renunciar para convocar elecciones presidenciales y dejar que sea la ciudadanía la que escoja un nuevo mandatario. Para el oficialismo, el Referendo Revocatorio si se hace es malo, pero si no se hace es peor. @victoralvarezr

La (des) militarización del Gobierno

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Luego de la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones del 6-D, el presidente Maduro anunció que los militares en el gobierno regresarían a puestos de mando y a filas activas en cada componente y que sólo permanecerían los estrictamente necesarios para cargos claves. Pero en la restructuración que se hizo del gabinete se mantuvo una importante presencia de militares en los ministerios más importantes a la luz de los presupuestos y áreas que manejan: defensa, interior y justicia, alimentación; vivienda y electricidad.

El objetivo de desmilitarizar al gobierno no fue logrado por el presidente, lo cual sugiere cuál es el verdadero poder que gobierna al gobierno. Los militares que ostentan cargos públicos no regresaron a los cuarteles y no solo mantienen bajo su control ministerios clave, sino que además aumentaron su radio de influencia y acción con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). ¿Concesiones de Maduro para  contar con el apoyo que necesita o estrategia militar para ampliar su control del gobierno?

Lo cierto es que se mantiene una fuerte presencia militar en un gobierno en el que  la lógica civil ha ido perdiendo espacios de acción. Los civiles que fueron ministros de Chávez o que actualmente son viceministros y subalternos de ministros militares, saben muy bien que su estilo de gestión no es deliberante, no debaten, su cultura es la de dictar órdenes que deben ser acatadas y cumplidas sin reparo. La lógica militar basada en la subordinación y la obediencia inhibe la generación de alternativas e impide comparar los pro y contra de cada una con el fin de encontrar las mejores soluciones a una problemática que se agrava ante el permanente ensayo y error de medidas improvisadas. La presencia de militares en cargos públicos desplaza la cultura civil, tanto así que el gobierno y la militancia se organizan en estados mayores, órganos superiores, comandos, patrullas, batallones, figuras inherentes a la cultura militar en la que se ordena y obedece.

Choque de poderes: viento a favor del protagonismo militar

En América Latina, crisis de gobernabilidad como la que actualmente sacude a Venezuela suelen desembocar en golpes de estado que entronizan a los militares en el poder, quienes a través del monopolio de la fuerza aplacan los conflictos que las élites políticas no fueron capaces de resolver.

En efecto, el choque de poderes entre el Ejecutivo Nacional -que con el apoyo del TSJ anula las leyes que aprueba la AN-, y ésta -que a su vez rechaza los decretos que dicta el gobierno-, ofrece en bandeja de plata la excusa perfecta para que los militares irrumpan y terminen de dominar la escena con el pretexto de poner orden. En medio del caos generado por la incapacidad del gobierno y la oposición para concertar una agenda mínima que permita sacar al país de la crisis en la que se hunde cada vez más, los militares emergen como los salvadores de la patria, los únicos capaces de poner mano dura para rescatar a la Nación anarquizada por la ambición de las élites políticas que se obstinan en tomar el poder y gobernar, así sea sobre las ruinas del país.

Viento a favor para este desenlace es el discurso de la unión cívico-militar sembrado en el imaginario popular, el cual facilitaría el apoyo ingenuo de una población que, ante tanto desorden, opta por una fuerte disciplina militar para superar el caos, sin reparar en la enorme importancia del conocimiento experto que se requiere para superar los graves problemas que la atormentan y azotan.

La procesión va por dentro

Al igual que en los demás sectores de la sociedad, al interior de la FANB hay una creciente preocupación por el recrudecimiento de la crisis económica, social y política que también repercute sobre sus hogares. La institución no quiere que sobre su conciencia e imagen se cargue la responsabilidad de reprimir el creciente descontento social que se expresa en la multiplicación de protestas, saqueos y actos violentos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cada vez son más las voces de oficiales retirados que asumen una postura crítica a la forma como se está conduciendo el gobierno. Los casos más recientes son los de Florencio Porras, Miguel Rodríguez Torres y Clíver Alcalá Cordones que se desempeñaron como gobernador, ministro y jefe de región. Incluso, entre gobernadores y alcaldes de origen militar hay mucha preocupación porque el acelerado deterioro de las condiciones de vida hará muy difícil ganar una sola gobernación o alcaldía en las próximas elecciones regionales y municipales. Por eso, muchos ven con simpatía el Referendo Revocatorio (RR) e incluso la renuncia de Maduro como un mal necesario para salvar al chavismo en las regiones.

Pero al cerrar las soluciones previstas en la CRBV resulta prácticamente imposible resolver por la vía electoral esta crisis de gobernabilidad, toda vez que la nomenklatura aferrada al poder niega la institución del RR y, sin cuidar las formas ni mucho menos respetar el pronunciamiento oficial del CNE, se apresura a sentenciar tajantemente que este año no habrá referendo. Como se sabe, si el RR  se realiza después de los 4 años, en lugar de convocar elecciones presidenciales para elegir un nuevo mandatario, será el Vicepresidente designado por Nicolás Maduro quien se encargue de la Presidencia para culminar el período constitucional. Así, la nomenklatura burocrática se mantendría en el poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro.

En efecto, quienes todavía no se reponen de no haber sido los escogidos para reemplazar al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle a Maduro toda la responsabilidad de su derrota y de execrarlo como líder del chavismo. Por eso, en lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una nomenklatura que de todas formas lo terminará acusando de haber dilapidado el enorme capital político que Chávez le legó, Nicolás Maduro pudiera pasar dignamente a la historia de Venezuela como un mandatario que -al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela-, prefirió renunciar para que sea la ciudadanía la que resuelva de manera constitucional, democrática y pacífica la crisis que castiga a la Nación. Y si no, la incapacidad de las élites políticas para superar la crisis de gobernabilidad de todas formas creará las condiciones para un mayor protagonismo militar. @victoralvarezr

Me sobra mucho mes al final del sueldo

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El Gobierno decretó que a partir del 1° de mayo el salario mínimo será de Bs. 15.051 y el bono de alimentación de Bs. 18.585. Así, el ingreso mínimo mensual llega a Bs. 33.636. Según el último estudio del CENDAS, la canasta alimentaria subió en marzo a Bs. 142.853, por lo que se requieren más de cuatro salarios mínimos para comprarla. El bono de alimentación es una compensación que no es considerada como salario y, por lo tanto, no es tomada en cuenta a la hora de calcular prestaciones, utilidades ni vacaciones. El bono al ser mayor que el salario revela cuánto se ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores que viven de un ingreso fijo.

Si bien es cierto que los dos aumentos decretados este año suman 105%, el quid está en que con una inflación de 15 % mensual, un Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado en el primer cuatrimestre de 70 % y una inflación en alimentos que ya supera en 200% en lo que va de 2016, este aumento pronto se volverá sal y agua.  Recordemos que según el INPC, la inflación acumulada durante 2015 alcanzó el 180,9% y solo en alimentos los precios se incrementaron 315%, triplicando la inflación de 102,2% registrada en 2014. Por sexto año consecutivo, la inflación en alimentos fue superior a la inflación anual promedio. Y la frecuencia de tiempo a la cual se duplican los precios es cada vez más corta e indica que cada vez estamos más cerca de un voraz proceso hiperinflacionario. 

Gobierno no entiende naturaleza de inflación venezolana

Para compensar el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, el Gobierno anunció el aumento número 12 en los 3 años que van del actual período presidencial. Pero un aumento de los ingresos nominales que no esté respaldado con su correspondiente aumento en la productividad y la producción, pronto se traduce en una mayor inflación que anula el aumento. Una vez más, este ajuste salarial no está asociado a incrementos en la productividad del trabajo y se realiza en una economía que sufre crecientes índices de escasez debido a que el aparato productivo no termina de reactivarse en un contexto de inseguridad jurídica, amenazas de expropiación, rígidos controles y conflictividad laboral.

El Gobierno ha fracasado en su intento de controlar el incremento sostenido y vertiginoso de los precios porque no entiende la naturaleza de la inflación venezolana. Con un déficit fiscal de más de 20 % del PIB y su financiamiento a través de emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, Venezuela se encuentra en la antesala de la hiperinflación, un fenómeno que fue entendido y superado en todo del mundo, pero aquí amenaza con empobrecer aún más a los hogares.

A su vez, el estancamiento de los precios del petróleo sentencia que las importaciones serán cada vez menores, lo cual agravará la escasez de alimentos y medicinas. La caída de la producción nacional combinada con menores importaciones se traduce en mayor escasez y grandes presiones en la formación bárbara de precios. En una economía con alta inflación de costos y de demanda, y una creciente escasez estructural, este nuevo aumento salarial incrementará la liquidez monetaria sin el correspondiente aumento de la cantidad de bienes y servicios que se pudieran comprar. Y esto presionará aún más los precios.

La tragedia es que si bien este nuevo aumento se queda corto frente a la inflación, a su vez generará más inflación porque no está respaldado con un incremento real de la productividad. Por si fuera poco, se pagará con más emisiones de dinero inorgánico, toda vez que el Gobierno tendrá que tramitar un crédito adicional cuya inyección a la circulación doméstica no encontrará el debido respaldo en una mayor oferta o producción. En consecuencia, la presión de demanda adicional que significa más dinero en una economía con menos mercancías que comprar, desembocará en una inflación mayor al incremento del salario mínimo y del bono de alimentación. Así, la tragedia de los salarios se repite, ya que cada aumento resulta insuficiente pero por la forma como se decreta y paga agrava la inflación que los pulveriza y devora.

Una vez más, este nuevo aumento salarial “será pan para hoy y hambre para mañana”, porque la consiguiente inflación lo volverá sal y agua. Pura ilusión monetaria porque las familias que viven de un ingreso fijo nominalmente ganarán más bolívares, pero realmente podrán comprar menos bienes y así buena parte de sus necesidades básicas quedará insatisfecha.

El espejismo del mayor salario mínimo

En América del Sur, los países con mayor salario mínimo son Argentina $ 489, Uruguay $ 368 y Ecuador $ 354. Mientras los más bajos los tienen Perú $ 265 y Bolivia, con $ 237. ¿A cuánto equivale el salario mínimo de Venezuela en dólares? En un régimen de cambios múltiples como el que prevalece en Venezuela, esto dependerá de la tasa de cambio a la que se calcule.  Sumando salario y bono, el ingreso nominal de los trabajadores llega a Bs. 33.636,17. Si se convierte a la nueva tasa “protegida” de 10 Bs/$, el salario mínimo llega a $ 3.363,61, el más alto de América latina. Pero si se calcula a la tasa Simadi o Dicom -que al momento de redactar este artículo estaba en 390 Bs/$-, el ingreso mínimo se reduce a $ 86 mensual. Y si el cálculo se hace con base en el dólar paralelo que rige la formación de precios en Venezuela, el ingreso nominal cae a $ 30, equivalente a un dólar diario. Si se quita el bono de alimentación y se convierte en dólares solo el monto del salario mínimo de Bs.15.05117, este queda pulverizado en solo $ 13,60 mensuales.

¿Cuál de estos cálculos retrata con más fidelidad la realidad de los hogares venezolanos si se tiene en cuenta que cada vez son más los precios que se calculan con base en el dólar Simadi y en el paralelo? Más allá de los debates sobre las metodologías para calcular el salario mínimo y la canasta alimentaria, lo cierto es que el salario real cada mes rinde menos y no alcanza para pagar todas las cuentas. En la carrera de los salarios contra la inflación, siempre salen perdiendo los salarios. A las familias que viven de un ingreso fijo les sobra mucho mes cuando se les acaba el sueldo y por eso sería mejor que no les suban más el sueldo pero que paren la inflación.  @victoralvarezr

martes, 24 de mayo de 2016

Con todo y Penzini: En Venezuela están dadas las condiciones para una hiperinflación. 02.05.16