jueves, 28 de julio de 2022

¿Qué se espera de la Economía venezolana en el segundo semestre de 2022?


Víctor Álvarez R

Desde 2014 hasta 2021, el PIB venezolano se redujo en 80 %. La normalización post-Covid, la reactivación de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional y el aumento de los precios del petróleo a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania apuntalan la reactivación de sectores productivos que estaban trabajando a solo 20 % de su capacidad. Conindustria estima que el sector manufacturero crecerá 10 % en 2022, y argumenta que puede ser mayor si se extienden a todas las zonas industriales del país los beneficios recientemente aprobados en las Zonas Económicas Especiales.

La AN aprobó modificaciones a la Ley de ZEE para incentivar inversiones privadas en los sectores de petróleo, gas, energía, petroquímica, minería y turismo. El gobierno abandona el modelo nacionalista, estatista y expropiador, y se abre a la inversión extranjera a la cual ofrece exoneraciones de impuestos y bajos salarios para que vengan a explotar los recursos naturales que el país tiene.

La apertura del mercado interno a importaciones sin arancel, el abandono de los controles de cambio y precios, la desregulación y liberalización de la economía, la privatización de la gestión y propiedad de empresas públicas mal administradas que pueden ser rentables, la promoción de exportaciones no petroleras, la apertura a la inversión extranjera, y la contratación de operadores privados para levantar la extracción de petróleo, son pasos hacia una mayor apertura y liberalización económica que marcan un giro radical en la política económica venezolana. Estos factores, aunados al repunte en los precios del petróleo, se conjugan para apuntalar la reactivación económica de Venezuela.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el IS2022, la actividad económica en Venezuela aumentó 12,3%. Para el segundo semestre, diferentes fondos de inversión, organismos internacionales y consultoras nacionales coinciden en que la economía venezolana continuará recuperándose.

Para 2022, el banco Credit Suisse estima una recuperación de 20 %; la CEPAL ubica a Venezuela entre los países de mayor crecimiento en Latinoamérica, con un pronóstico de 5 %; mientras que el FMI estima que el PIB venezolano crecerá 1,5%.

En Venezuela, la inflación seguirá siendo alta, pero menor que la de los últimos cuatro años. En junio se presentó un repunte del índice de precios por encima de un dígito, al registrar 14,5 %. La inflación acumulada en el IS2022 fue de 53,8% para una inflación anualizada entre junio de 2021 y 2022 de 170%, bastante menor que el 686,4 % de la inflación oficial calculada por el BCV para el 2021.

Independientemente de lo que pase con las sanciones, todos estos organismos internacionales coinciden en que 2022 será un año de recuperación para la economía venezolana. Conociendo lo conservadoras que son las estimaciones de la CEPAL y el FMI, este desempeño pudiera ser mejor si Venezuela recupera el mercado estadounidense y logra vender el petróleo sin descuentos y sin pagar sobreprecios a las navieras que lo transportan. Así, el país recibiría un aumento significativo de divisas que podría destinar a atender la emergencia humanitaria y repotenciar servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones e infraestructura hospitalaria, educativa y vial.

Para garantizar que los ingresos adicionales derivados de la flexibilización de las sanciones sean destinados a estos fines y administrados con transparencia, es necesario crear un Fondo Humanitario Nacional, bajo supervisión internacional.


Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica 

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viernes, 22 de julio de 2022

Emergencia humanitaria no puede esperar por acuerdos políticos

 


Víctor Álvarez R


En una reciente encuesta de Datanálisis, casi el 52% de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de las negociaciones políticas; mientras que un 20 % opina que las sanciones no se deben flexibilizar, a menos que Maduro deje el poder.

Pretender imponer en el proceso de negociación cambios totales hizo imposible avances parciales para destrancar el juego y avanzar hacia objetivos superiores. Insistir en la salida anticipada de Nicolás Maduro para convocar después una elección presidencial ha demorado la solución de la crisis nacional.

Muchos venezolanos están pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han migrado. Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana, para ellos no hay después. La gravedad de la crisis emplaza a la dirigencia política del oficialismo y de la oposición a ponerse de acuerdo en torno a un programa común que permita atender la emergencia humanitaria.

Gobierno y oposición anunciaron el reinicio de conversaciones para reimpulsar el proceso de negociación política. Aunque Miraflores prefiere una negociación directa con la Casa Blanca, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino lo convierte en el interlocutor de EEUU en la negociación de las sanciones. Por eso, el oficialismo se ve obligado a sentarse en la mesa de negociaciones con la Plataforma Unitaria y dejar a un lado la idea de reformatear el diálogo y ampliar la negociación con otros sectores de la oposición y de la sociedad civil.

La prioridad del interinato es negociar un canje de sanciones por mejores condiciones electorales, con un cronograma para comicios presidenciales y parlamentarios. Pero no se puede condicionar la atención de la emergencia humanitaria a un cambio en el mando político. Hay que romper la inercia a través de avances parciales en materia de ayuda humanitaria que no necesitan ningún canje de una cosa por otra. Se impone separar el debate político de la ayuda humanitaria y abordar con urgencia la flexibilización de sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social.

Gobierno y oposición deben estar dispuestos a asumir la corresponsabilidad de acordar y ejecutar un cuerpo básico de decisiones que permita aliviar y dar respuesta a las necesidades urgentes de la población, las cuales no pueden quedar subordinadas a la condición previa de mejorar las condiciones electorales para convocar una elección presidencial, ya que esto no es garantía de que en Venezuela se produzca un cambio de régimen.

En efecto, de presentarse dividida en las Presidenciales de 2024, la oposición terminaría vencida por un chavismo disminuido pero cohesionado, que aún puede movilizar al menos el 25 % del electorado, porcentaje más que suficiente para imponerse ante una oposición fracturada y debilitada, que no logra superar sus contradicciones internas para presentar candidaturas unitarias y capitalizar electoralmente el enorme rechazo a la gestión de gobierno.
Lo anterior explica por qué la oposición extremista -representada en ese 20% que registra la encuesta de Datanálisis- exige que Maduro deje el poder y que se excluya al chavismo de toda transición política. Así podrían encontrar un camino despejado para dirimir sus irreconciliables contradicciones y afanes de protagonismo, sin la amenaza de que Maduro y el chavismo los derrote en las urnas.

Condicionar a este tipo de exigencias la flexibilización de las sanciones para generar recursos que permitan atender la crisis social es ruin e inhumano. Los problemas que involucran la vida de la población se deben resolver sin condiciones. Solo a través de una negociación política sensata -que priorice el interés nacional y no los intereses partidistas o ambiciones personales-, será posible avanzar hacia una solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

miércoles, 13 de julio de 2022

Revista Pedagogía Económica. Año 1. Vol 8

 

Pedagogía Económica Año 1 Vol 8


Más de un tercio de los líderes empresariales y dirigentes gremiales consultados se inhiben de advertir públicamente sobre los daños colaterales no deseados que causa la sobreaplicación de las sanciones. No quieren pagar los costos reputacionales de ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa originaria de la crisis y le sirve de pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional. Prefieren mantener un bajo perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la extralimitación de las sanciones. Temen ser linchados en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de twitterlandia. Y este silencio termina afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que representan.