Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Venezuela
atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere
la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio
político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo cual implica
la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que
no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria,
sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.
Cualquier
gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde
el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves
desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para
aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero
inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los
servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no
sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una
prolongada escasez y voraz hiperinflación.
Como
se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y
un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican. Macri
heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos
tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para
corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la
decisión de sincerar las tarifas, pero la clase media urbana, las pymes y los
trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste,
el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que
abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó
las mismas.
En
Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas
de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció
generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital, la
intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para
atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota
que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social
acumulado.
La
lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos
períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del
ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará
restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.
En
este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela,
sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención
nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando
suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.
Quienes
aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista
-plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto
inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los
costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las
debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el
rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de
reformas económicas, la transición política puede ser abortada y los
desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante
hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de
corregirse se verán agravados.
La
viabilidad económica de la transición política.
Ver video YouTube https://youtu.be/SEPaDZPb-sg
