Víctor Álvarez R.
El gobierno anunció nuevas medidas económicas a fin de aliviar el impacto de
la cuarentena sobre el aparato productivo.
· Las
nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, la patente mercantil ni el Impuesto
Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.
· El IVA en vez de pagarse semanalmente
se hará con una frecuencia quincenal.
· También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para
reactivar las Pymes.
Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.
Las 305
alcaldías controladas por el chavismo suscribieron un acuerdo de armonización
tributaria con la promesa de disminuir los trámites administrativos de 600 a
30, evitar la proliferación de tributos y
establecer una franja de alícuotas mínimas y máximas para el cobro de impuestos. Entre las
medidas anunciadas está la suspensión de la gestión tributaria municipal,
pero este sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el
coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia en el precario
sistema hospitalario en cada municipio.
El gobierno
no tiene recursos para financiar un programa de compras a las Pymes. Las
finanzas públicas están quebradas porque el tamaño de la economía se ha contraído,
las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y no pagan ISLR, las
operaciones de compra venta se hacen sin exigir la factura fiscal para
ahorrarse el pago del IVA y la debacle de la industria petrolera secó los
ingresos fiscales del gobierno. Esto condena a miles de proveedores y
contratistas a esperar largos meses hasta que se les pague una factura, pero
cuando finalmente cobran el saldo pendiente se ha derretido como cubitos de
hielo por la hiperinflación. Por eso nadie quiere venderle al gobierno. Para
que un programa de compras gubernamentales funcione en un contexto
inflacionario, los pagos tienen que hacerse en dólares. De lo contrario, un
gobierno moroso -en vez de contribuir a la reactivación económica-, terminará
de quebrar lo poco que queda de aparato productivo nacional.
Para
regenerar el tejido productivo no basta simplificar los trámites. La mejor
política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones,
capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí con
una abundante oferta de buena calidad y mejores precios. Esto implica corregir
las distorsiones cambiarias, el desequilibrio monetario, el déficit fiscal y la
presión inflacionaria. Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas, razón
por la cual el BCV tiene que reducir el encaje legal para
liberar fondos que financien la actividad productiva. Exige además un nuevo
marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica
para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela.
También
se requieren políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Es necesario
eliminar las exoneraciones arancelarias indebidas y corregir la sobrevaluación
del tipo de cambio que estimulan toda clase de importaciones que desplazan y
arruinan la producción nacional.
Para
que una política de promoción de inversiones tenga impacto, deben ser
levantadas las sanciones económicas. De lo contrario, cualquier medida que anuncie el gobierno no mejorará
de forma sustancial el ambiente de inversión en el país. A Pdvsa se le debe dejar vender el petróleo y los fondos congelados en
el sistema financiero internacional deben ser liberados y administrados por la
PNUD y dirigidos a financiar la reactivación de la producción nacional de
alimentos y medicinas.
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