Por: Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
La diplomacia internacional ha sido
muy lenta en la resolución del caso venezolano. Ante la urgencia de la crisis
humanitaria que azota a Venezuela, la parsimonia que caracteriza las
mediaciones de los organismos y grupos internacionales es viento a favor del
régimen, toda vez que le permite ganar tiempo y prolongarse en el poder.
La OEA ha sido la instancia internacional donde
se ha considerado con más frecuencia e intensidad la crisis venezolana. Pero
las alternativas planteadas tienen en contra la dificultad estructural
para adoptar decisiones rápidas y eficaces.
Estados Unidos busca un
procedimiento expedito para sacar a Maduro, pero ni siquiera las amenazas del uso de la fuerza al dejar
abiertas “todas las opciones” o los intereses electorales de Trump han
acelerado la definición de la crisis venezolana. De cara a su aspiración para
la reelección presidencial, el caso venezolano le puede generar a Trump efectos
contraproducentes. Si a pesar del alto perfil que ha jugado no logra separar a
Nicolás Maduro del poder, el costo político le puede resultar muy alto.
Para
salirse de la jugada con el menor costo posible, Trump seguramente proyectará
la responsabilidad a la actitud vacilante del Secretario General de la ONU, a
falta de decisión de la Unión Europea o a la ineficacia de la OEA, del Grupo de
Lima y del Grupo de Contacto que, con su falta de consenso, abortaron la
solución de fuerza que Trump incluyó al hablar de “todas sus opciones”.
El ámbito de actuación de
Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los conflictos internacionales.
Este Foro no tiene un claro mandato para intervenir en la solución de
controversias nacionales, tal asunto no está directamente contemplado en la
Carta de la Organización. Por eso, el Secretario General, Antonio Guterres, se
muestra reacio a asumir un papel activo como mediador en la crisis venezolana.
Guterres siente que esa no es su función, aunque no deja de manifestar su disposición
de ofrecer sus buenos oficios para superar la crisis venezolana.
La mediación del Secretario General
de la ONU está llamada a facilitar acuerdos políticos entre el Oficialismo y la
Oposición que abran paso a unas elecciones libres para que la ciudadanía
finalmente decida quien quiere que lo gobierne. El cambio político tiene que
ser resultado de un acuerdo entre las fuerzas en conflicto. Logrado el acuerdo
político, los órganos internacionales pueden acompañar la transición y, sobre
todo, asistir la organización y observación de las elecciones.
Tomando en cuenta las divisiones en
el seno de la comunidad internacional con respecto a la crisis venezolana, luce
difícil lograr un pronunciamiento consensuado de la Asamblea General o del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto solo sería posible si, a raíz
de la crisis nacional de Venezuela, se genera un conflicto internacional que
atente contra la paz y la seguridad de los Estados miembros. Solo en este caso
estaría planteada la intervención del Consejo de Seguridad.
El accionar de la OEA debe estar orientado por la Carta de la
Organización y por la Carta Democrática Interamericana. Pero entre los Estados miembros de
la OEA se pueden identificar al menos cinco tipos de motivaciones que impiden
una acción más efectiva para superar la crisis venezolana:
ü
La de Estados Unidos que responde a sus intereses en Venezuela y a
los intereses electorales de Trump.
ü
Países afectados socialmente por la ola migratoria y políticamente
enfrentados al gobierno venezolano.
ü
Los países del ALBA que comparten el modelo venezolano y apelan al
principio de la no intervención.
ü
Los pequeños estados del Caribe que también defienden la no
intervención porque se sienten débiles.
ü
México y Uruguay que asumen posiciones independientes y neutrales
para poder ser reconocidos como mediadores por ambas partes.
Aunque el Secretario General, Luís Almagro, ha asumido una posición de
abierta confrontación con el régimen venezolano, su beligerancia ha sido cuestionada
por los países del Caricom, Bolivia, Nicaragua y otros gobiernos que no
comparten la posición que ha asumido el Secretario General de la OEA en favor
de uno de los polos del conflicto venezolano.
Alineado con los sectores más
radicales de la oposición venezolana, Almagro continúa desplegando una intensa
actividad para lograr el cese de la usurpación. Pero hasta ahora, lo que se ha
evidenciado es que la Secretaría General no tiene fuerza suficiente para lograr
resultados concretos, como tampoco la tienen otros órganos de la OEA relacionados con derechos humanos.
En la UE se impone el principio de respaldo
a la democracia y de repudio al régimen de Maduro. Pero también la política exterior de la Unión Europea
hacia América Latina que se diferencia de la política abiertamente
injerencista de la Administración Trump. Las intervenciones de Mike Pence, Mike
Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio y Mario Díaz Balart plantean
que el único diálogo que se debe realizar en Venezuela es para
determinar cómo será la salida de Maduro del poder.
La UE prefiere una solución
política que evite una espiral de violencia civil y la desestabilización de la
región, con sus consecuencias sobre la geopolítica mundial. Influye en la UE la
necesidad de proteger la integridad física y los intereses económicos de las
colonias europeas en Venezuela, en especial las de España, Italia y Portugal
que son las más numerosas.
En la UE no ha sido fácil concertar
a todos sus miembros para endurecer las sanciones económicas y financieras.
Hasta ahora ha aplicado sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro,
pero es muy cauta a la hora de arreciar las sanciones, sobre todo si tienen un
impacto negativo sobre la población.
Al igual que la ONU y la OEA, la UE
también ha demostrado ser una organización poco ágil para poder generar los
consensos y medidas urgentes que requiere la superación de la crisis
venezolana.
Ante la
parálisis institucional e ineficacia de la OEA para lograr una solución a la
crisis venezolana, se conformó el Grupo de Lima con el fin de provocar un cambio político en
Venezuela. La actuación de este Grupo de Lima en gran medida es motivado por la
nueva orientación política de América Latina en la que han perdido espacio e
influencia los gobiernos de izquierda y revolucionarios.
Sin embargo, sus acciones se agotan
en los pronunciamientos diplomáticos, carece de fuerza para aplicar sanciones
contundentes y, en su última declaración, dejó claro que no participará en una
operación militar internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Fue concebido por la UE aunque
también está integrado por países latinoamericanos. Tiene como objetivo lograr
una posición común entre interlocutores internacionales con capacidad de
influir en el diseño de una solución pacífica y democrática a la crisis
venezolana.
Este Grupo tiene poco margen de maniobra
toda vez que el régimen de Maduro utiliza el diálogo para someter al escarnio
público a los líderes de la Oposición que participan en las conversaciones con
el Gobierno. Sin embargo, por su bajo perfil puede aportar a una solución a que conjure la
amenaza de una intervención militar.
El Grupo de Contacto se estableció
un plazo de 90 días y si en este lapso no logra resultados concretos, entonces
se disuelve. En este lapso se propone contribuir a crear condiciones para que
los ciudadanos venezolanos determinen su futuro a través de elecciones libres,
sometidas a verificación internacional.
Ningún foro tiene capacidad real
para poner solucionar la crisis
A la luz de los hechos concretos,
ni la ONU, ni la OEA, ni la UE, ni el Grupo Lima, ni el Grupo de Contacto han
demostrado contar con la capacidad para lograr una solución política y
electoral a la crisis venezolana. Incluso, la resolución que se sometió en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ingresar la ayuda humanitaria
y convocar elecciones libres fue vetada por Rusia y China.
Ante el poder de veto que ejercen
las grandes potencias, la actuación de los foros y mecanismos internacionales
son muy poco efectivos. Mientras tanto, la escasez, la hiperinflación, el colapso generalizado de
todos los servicios públicos y la inseguridad azotan cada vez más a los
hogares, empresas e instituciones y recrudecen la diáspora de millares de
venezolanos que ya no pueden seguir esperando por las gestiones de la
diplomacia internacional.
