Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Hay un creciente
clamor nacional sobre la necesidad de sincerar el precio de la gasolina, cuya
distribución “gratuita” ha degenerado en una política antipopular y antiempresarial.
El subsidio a la gasolina no es gratis, se paga a través del impuesto hiperinflacionario que recae
sobre todo en quienes viven de un ingreso fijo, pero que también afecta a las
empresas que no pueden sincronizar el ajuste de sus precios al ritmo
hiperinflacionario, y luego no pueden reponer el total de los inventarios con
los ingresos que obtienen por ventas.
La “gratuidad” de la gasolina no beneficia a
los más pobres que no tienen carro y nunca van a una estación de servicio a
llenar el tanque. Semejante subsidio arruina las finanzas de Pdvsa porque no
permite a las refinerías cubrir sus costos. Esto obliga al BCV a emitir dinero inflacionario,
el cual transfiere a Pdvsa para que pueda pagar sus nóminas. Es un estímulo
perverso al contrabando de extracción que solo beneficia a las mafias y amenaza
con dejar al país sin gasolina.
Escenarios de ajuste del precio de la gasolina
La gasolina más cara en América Latina es la
que se vende en Uruguay a 1,51 $/litro, el precio intermedio lo encontramos en
México y Brasil a razón de 1 $/L y la más barata es la de Ecuador, a 0.50 $/L. Nuestra
propuesta es ajustar la gasolina en Venezuela al precio más barato al que se
vende en América Latina, a fin de poder cubrir los costos de refinación, transporte
y comercialización, y generar un margen de ganancias que se destinará a:
1) Financiar la modernización y ampliación del transporte público en todos
y cada uno de los 335 municipios del país:
- Un porcentaje de las
ganancias se depositaría en el Fondo de Transporte Urbano Fontur (FONTUR) de
cada municipio.
- A las Cooperativas de
Transporte ya constituidas se les donarían los autobuses Yutong que actualmente
se deterioran en los cementerios de autobuses.
- Las cooperativas
solicitarían un crédito a FONTUR para la repotenciación de las unidades que
recibieron en donación.
2) Financiar un programa de subsidios directos a las familias venezolanas
para que puedan pagar –sin afectar sus bolsillos- los ajustes a las tarifas
rezagas de electricidad, agua, gas doméstico y teléfonos, lo cual permitirá:
- Generar ingresos
propios a las empresas del Estado para que puedan financiar el mantenimiento
preventivo, y así evitar el colapso total y definitivo de los servicios
públicos en todo el territorio nacional.
- Aliviar la presión
sobre el BCV de emitir dinero inorgánico, lo cual ayudará a des-acelerar la
hiperinflación y proteger los presupuestos de las familias, empresas e
instituciones venezolanas.
Para garantizar el buen
uso que se le dará a las ganancias que se generen por el aumento del precio de
la gasolina es muy importante el diseño de mecanismos de contraloría social que
aseguren la transparencia. Se pudiera pensar en juntas de administración donde
estén representados las redes de usuarios de los servicios de transporte
público, el oficialismo, la oposición y los gobiernos locales, cuya gestión
quedaría sujeta al control de la Contraloría General de la República y de la
Comisión de Contraloría de la AN, tal como lo propone el economista Francisco
Rodríguez para el Acuerdo Petrolero Humanitario. De esta forma se aseguraría que
los recursos que se obtengan no van a ser robados ni despilfarrados.
El profesor Francisco
Contreras, de la Universidad de Carabobo, ha venido trabajando “Escenarios de ajuste de precio de la
gasolina”. Las premisas son que el consumo estimado es de 0,39 litros de
gasolina diario por persona en Colombia, 0,48 en Ecuador y 1,21 en Venezuela,
mientras que el precio del combustible es de aproximadamente 0,77 $/L, 0,50 $/L
y 0.000000003 $/L, respectivamente. Semejante diferencia explica en gran medida
por qué el consumo diario de gasolina en Venezuela triplica al de Colombia y
más que duplica al de Ecuador.
El precio de
indiferencia en la frontera para erradicar el contrabando de extracción es 0,77
$/L, equivalente a 15,400 Bs/L a una tasa de cambio de 20.000 Bs/L. Pero llevar
de una vez el precio a este nivel es absolutamente inviable en un país exhausto
por la escasez, la hiperinflación y la inseguridad. Este ajuste no puede
hacerse de golpe y porrazo, toda vez que sería el pretexto perfecto para que
los extremistas y radicales que apuestan a una salida violenta, incendien la
calle.
Por lo tanto, en vez de
seguir regalando la gasolina, hay que poner en marcha un proceso gradual de
igualación del precio con el de la frontera a través de ajustes semanales casi
imperceptibles. Este ajuste se puede comenzar con un precio base de 0,05 $/L
(1.000 Bs/L) que alimentarían el Fondo
de Transporte Urbano. Con base en este precio de partida, y a razón de un ajuste
semanal de $ 0,01, en 40 semanas (4 meses) el precio permitirá cubrir los
costos de producción que, según fuentes de Pdvsa, son de 0,45 $/L. Y, en 32
semanas más, se alcanzará el precio de indiferencia en la frontera de 0,77 $/L,
lo cual permitirá erradicar el contrabando.
Modernización del Sistema de Transporte Público
La dirigencia
política del oficialismo y la oposición tienen que superar el discurso rentista-populista que promete
gratuidades que antes las pagaba el petróleo, pero que ahora solo se pueden
pagar con la emisión de dinero inorgánico y el consiguiente impuesto hiperinflacionario.
La gratuidad de la gasolina es una política antipopular que perjudica sobre
todo a los más pobres que no tienen carro. Dejar el precio como está, arruina a
las refinerías, pone en peligro el suministro de gasolina, se paga con
hiperinflación y solo beneficia a las mafias de contrabandistas.
El sistema nacional de
transporte urbano e interurbano se está cayendo a pedazos. Ya no es solamente
un rezago en la calidad del servicio en comparación con otros países, sino el
brutal deterioro que viene sufriendo y que convierte al transporte colectivo en
una calamidad. Hasta el emblemático Metro de Caracas está convertido en una
ruina, en comparación con lo que una vez fue.
El ajuste del precio de la gasolina permitirá financiar
un Programa de Modernización y Ampliación
del Sistema de Transporte Público con beneficios que se pierden de vista:
- Generará recursos para financiar la modernización del transporte público.
- Financiará un programa de transferencias a los hogares para que –sin tener que golpear sus menguados presupuestos- puedan contribuir con el mantenimiento y mejora de los servicios públicos.
ü Un transporte colectivo de calidad permitirá la
des-automovilización de las ciudades, contribuyendo a reducir el colapso del
tráfico automotriz, la pérdida de tiempo en largas colas que atenta contra la
productividad del trabajo y, por si fuera poco, ayudará a reducir la emisión de
gases de efecto invernadero causado por la quema de combustibles fósiles.
Del diálogo político al diálogo económico
El interés por lograr
una solución política, electoral y pacífica a la crisis venezolana no se puede
centrar única y exclusivamente en la agenda política de los líderes y partidos
que aspiran tomar el poder y solo piensan en las elecciones presidenciales. La
atención a los problemas económicos que arruinan la vida de la población más vulnerable
no puede seguir postergada hasta que se convoquen unas elecciones y se elija un
nuevo presidente.
Es falso que hasta que
no se produzcan los cambios políticos no se podrán impulsar los cambios
económicos que la gente necesita. En las negociones mediadas por Oslo que
tendrán que reactivarse, y en la Mesa Nacional de Diálogo recientemente
constituida, hay que acordar medidas urgentes para aliviar la calamidad en la
que se ha convertido la vida para un porcentaje cada vez mayor de las familias,
empresas e instituciones venezolanas.
Las ambiciones
personales de los líderes y las agendas particulares de los partidos políticos tienen
que abrirle paso a la atención de los pequeños y grandes problemas que van
erosionando la vida cotidiana. Con este o con otro gobierno hay que pensar y
proponer soluciones para aliviar y superar la tragedia que sufrimos los 26 millones
de venezolanos que aquí nos quedamos y que aquí sufrimos.
Mientras se construyen
los acuerdos políticos para reinstitucionalizar el poder electoral y se crean
las condiciones para realizar elecciones libres, a tono con los estándares
internacionales, hay que acordar medidas económicas que contribuyan a resolver
problemas concretos de la vida cotidiana. Las élites políticas, en lugar de
apostar a exterminarse, están emplazadas a acordar medidas en beneficio de la
población más vulnerable. Sin afanes de protagonismo, estas acciones podrán ser
acordadas en el mecanismo de Oslo o en la Mesa Nacional. Se trata de iniciar un
esfuerzo mutuo que -en vez de generar
costos políticos para el oficialismo o la oposición- les permitirá compartir
los méritos que se deriven de haber complementado sus capacidades y recursos para
contribuir así a resolver los grandes problemas de interés nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario