Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han caracterizado al gobierno venezolano como un régimen autoritario y totalitario que controla todos los poderes públicos; como una dictadura que persigue, encarcela y tortura a sus dirigentes; como un régimen de Estado-Partido que interviene las organizaciones políticas de la oposición, les expropia sus tarjetas y símbolos e inhabilita a sus candidatos para que no puedan postularse a ninguna elección. Sin embargo, esperan de ese régimen autoritario, totalitario y dictatorial un comportamiento democrático. “No le pidas peras al horno”
Para participar en esas elecciones, la
PUD publicó un comunicado en el que exige una serie de condiciones ex
ante que -a la luz de la experiencia histórica internacional- suelen ser
más bien las condiciones ex post que se conquistan gracias a la restauración
democrática, tales como la liberación de los presos políticos, la legalización
de los partidos y devolución de sus símbolos, la reinstitucionalización de los
poderes públicos y la mejora de las condiciones electorales que permitan a
todos competir en igualdad de condiciones, con observación internacional
calificada.
La abstención
inclina la balanza a favor del régimen, borra la presencia de la oposición en
la AN y le facilita al oficialismo lograr una ventajosa correlación de
gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales municipales que no
reflejan el malestar nacional. Así, el país descontento se queda sin
representación en unas instituciones que terminan bajo el control de una
minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la abstención. Primero lo
primero, la solución electoral y pacífica del conflicto venezolano pasa por
construir una posición de poder que le haga contrapeso al gobierno y evite que
siga arrollando y pasando la aplanadora. Restaurar la democracia venezolana será
posible cuando el país descontento y políticamente organizado, acumule
suficientes fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes
públicos y obligar al gobierno a sentarse a negociar la transición. “El orden de los
tractores si altera el viaducto.”
¿Condiciones o excusas?
Los mejores
estrategas se preparan para los peores escenarios. Estaba cantado que el
oficialismo iba a convocar cuanto antes y de manera atropellada las elecciones de
2025 para dejar fuera de base a una oposición que se quedó anclada reclamando
los resultados desglosados de las Presidenciales del 28 de julio y no se preparó
con tiempo para participar con candidaturas únicas y unitarias en unos comicios
que pueden servir para recontar los votos, demostrar con quien está la
soberanía nacional ejercida a través del voto y ganar por paliza la mayoría de
los cargos en disputa.
Ciertamente,
las condiciones
electorales son cada vez más desventajosas, pero no anulan la
inigualable ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas
derivadas del enorme rechazo a los candidatos oficialistas. Sin embargo, cada
vez que la oposición no logra ponerse de acuerdo en torno a candidaturas
unitarias y se divide, para no perder ante los candidatos oficialistas apela a
la excusa del deterioro de las condiciones electorales y opta por llamar a la
abstención. Con este pretexto, los partidos de la oposición dejaron de
participar en las elecciones parlamentarias de 2005 y le entregaron al gobierno
el control total y absoluto del poder público que designa los rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), sin asumir la responsabilidad histórica que tienen al haber
llamado a la abstención que facilitó la designación de un árbitro electoral
parcializado y de un poder judicial subordinado al gobierno.
De
aquellos polvos vienen estos lodos
El cuestionado
resultado de las Presidenciales del 28 de julio anunciado por el CNE y
ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que
“dictadura no cae con votos”, que “participar en las próximas elecciones es
convalidar la farsa electoral del régimen”.
La falta de contrapesos institucionales fue una de las razones por las
cuales en las Presidenciales del 28-J el país descontento no pudo cobrar su
victoria. La oposición no solo compitió contra el ventajismo del candidato
oficialista, también compitió contra un CNE parcializado y un TSJ funcional al
gobierno, debido a la abstención que entregó al oficialismo el control de la AN,
que es el foro que designa a los rectores del CNE y a los magistrados del TSJ,
de cuya autonomía e imparcialidad depende la convocatoria a elecciones
competitivas, limpias y transparentes.
Cuando
la oposición retomó la ruta electoral, logró recuperar espacios de poder que
nuevamente se perdieron al reincidir en la abstención. Así, la oposición pasó
de la contundente victoria en las Parlamentarias de 2015, a las consecutivas
derrotas en las Regionales de 2016, las Municipales de 2017, las Parlamentarias
de 2020, y en las Megaelecciones de 2021. En estos procesos la oposición se
abstuvo o se presentó dividida, facilitó el triunfo de los candidatos
oficialistas y perdió importantes espacios de resistencia y lucha institucional
que -además de ser el contrapeso institucional del gobierno-, constituyen la
plataforma para la organización y movilización política del país descontento.
Las
elecciones de 2025 representan una extraordinaria oportunidad para lograr una
correlación de fuerzas favorable en la AN, que es el foro donde se designan los
rectores del CNE y los magistrados del TSJ, avanzar en la
reinstitucionalización de los poderes públicos, y contar con un poder electoral
imparcial y un poder judicial que actúe con independencia y autonomía. Pero hay
que ser más coherentes en la estrategia electoral. No se puede participar en
las elecciones presidenciales para luego llamar a la abstención en las
parlamentarias, regionales y municipales, desmantelando la maquinaria electoral
que fue creada y desmovilizando a los electores, para luego regresar a
participar en las siguientes elecciones, sin capacidad organizativa para
competir en desventajosas condiciones. Al desandar el camino electoral, el
terreno perdido no se recupera en la próxima elección. Para acumular fuerzas de
manera creciente y sostenida hay que participar en todos y cada uno de los
procesos electorales que se convoquen.
La
restauración de la democracia será de abajo hacia arriba
María
Corina Machado y Edmundo González Urrutia argumentan que elegir diputados,
gobernadores y alcaldes no resuelve el problema de fondo; es decir, la ilegitimidad del gobierno central.
Afirman que, hasta que no se cobre
la victoria electoral en las Presidenciales del 28-J, no tiene sentido
participar en ninguna otra elección porque esto equivale a pasar la página y
normalizar un gobierno ilegítimo, sin respaldo popular. Desde su perspectiva,
el conflicto político solo se resuelve de arriba hacia abajo, con la
toma del gobierno central y por eso
restan importancia a cualquier otra elección.
En Venezuela, la restauración de la democracia venezolana no se va a producir de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba. Con el férreo control económico, político, social, militar y territorial que ha logrado el gobierno, no hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana. Esto solo será posible cuando el país descontento pueda construir una posición de fuerza que sea reconocida y respetada por las fuerzas armadas y policiales venezolanas, y esto pasa por ganar la mayoría de los 3.300 cargos públicos en disputa en las elecciones de 2025 para convertirlos en una gran plataforma nacional de resistencia y lucha institucional que le ponga freno a la deriva autoritaria y totalitaria del régimen.
Les escribe un ciudadano de a pie, un elector más entre esos millones de venezolanos que ven con mucha expectativa la convocatoria a unos comicios en los que se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 260 legisladores regionales, 2.471 concejales municipales, y 277 diputados a la AN, sin que todavía se sepa cuáles son los candidatos únicos y unitarios que presentarán los diferentes partidos de la Plataforma Unitaria Democrática PUD para capitalizar electoralmente el enorme rechazo a los candidatos oficialistas, ganar por paliza la mayoría de los 3.300 cargos en disputa, y construir una posición de fuerza que sea reconocida y respetada por las fuerzas armadas y policiales venezolanas, y así avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano.
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