Víctor
Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Las
cuentas secretas que se han descubierto en Suiza, Andorra y ahora en Panamá
no deben quedarse como un escándalo más que involucra a importantes
personalidades de la economía, la política, la literatura, los deportes y la
farándula mundial. Para Venezuela no se trata simplemente de una maniobra para
evadir impuestos, sino de una estrategia para camuflar y lavar el dinero de la
corrupción.
A la luz de los Papeles de Panamá, comienzan a conocerse los casos que
involucran a importantes figuras de la economía y políticas venezolanas. De
este caudal de información irán surgiendo nuevos nombres de los viejos y nuevos
ricos que nacieron al amparo de la corrupción propia de la cultura rentista.
La impunidad promueve antivalores
La
corrupción es la principal causa de la ineficiencia del presupuesto público,
toda vez que un enorme torrente de recursos se pierde por el desaguadero de las
adjudicaciones directas, la sobrefacturación, los sobreprecios, el contrabando
y la apropiación indebida de fondos públicos. Esto vuelve sal y agua los fondos
que se destinan a financiar los programas sociales y las obras de interés
nacional.
El
Gobierno no actúa con firmeza y mucho menos con eficacia para combatir y
derrotar la corrupción. Los frecuentes casos de altos gerentes de Pdvsa,
Abastos Bicentenario, Conviasa, militares y funcionarios de ministerios y
empresas públicas revelan hasta donde han penetrado las mafias de corruptos que
proliferan en el caldo de cultivo de la impunidad. El silencio cómplice en
tantos casos de corrupción que han escandalizado a la Nación termina
implantando los antivalores que van corrompiendo a toda la sociedad. Solo
una batalla frontal contra la corrupción y un castigo implacable a sus
responsables podrán erradicar este terrible flagelo que erosiona la integridad
ética y moral del país.
¿A quién le duele el
desfalco de la renta petrolera?
Cuando el ingreso fiscal de una Nación proviene de los impuestos que pagan
los contribuyentes, los gobernantes están sometidos a una enorme presión para
rendir cuentas y asegurar un uso eficiente y transparente de esos tributos.
Pero cuando las arcas públicas dependen de una
renta externa que no la aportan los contribuyentes, su desinterés e indolencia es
aprovechado por los gobernantes que no encuentran mayores restricciones para
disponer discrecional y arbitrariamente del tesoro nacional. La abundante renta
derivada de la explotación de los recursos naturales termina siendo el
manantial que alimenta el saqueo de las mafias que asaltan y secuestran los
poderes públicos.
A
diferencia de los impuestos que si le duelen a los contribuyentes y por cuyo
uso exigen cuentas, el ingreso rentístico brinda la fuente de recursos para que
el poder se ejerza sin diferenciar lo público de lo privado. Al inyectar a la circulación doméstica la cuantiosa
renta que no es fruto del esfuerzo productivo interno, sino que proviene de la
explotación de un recurso natural, surge y se expande un desmesurado afán por
la riqueza fácil que da origen a las más variadas y asombrosas formas de
corrupción.
La apropiación indebida de fondos públicos, la malversación de los presupuestos,
el tráfico de influencias, el peculado de uso, el soborno, los sobreprecios,
las empresas de maletín, los testaferros, las importaciones ficticias, la deuda
externa fraudulenta, la fuga de capitales y muchas otras formas de corrupción
se ponen en práctica para capturar la mayor tajada de la renta que sea posible,
la cual es depositada en cuentas secretas en Suiza, Andorra, Panamá y los
paraísos fiscales que ocultan la identidad de los clientes y no reparan en el
origen de los fondos.
La debilidad
institucional
La corrupción se exacerba ante un círculo
vicioso en el que la debilidad institucional permite la concentración de poder
en una sola persona, la cual a su vez se resiste a cederlo y prefiere debilitar
aún más esas precarias instituciones, hasta que éstas finalmente terminan
secuestradas y podridas por el burocratismo y la corrupción. Este flagelo se agrava en
presencia de una abundante renta petrolera que permite disimular o tapar los
enormes huecos que va dejando la corrupción.
Los gobernantes, al disponer de una renta que no proviene
de los impuestos que pagan los contribuyentes, proceden a repartirla sin mayor
transparencia. Los políticos populistas, en su afán por aferrarse al poder, conceden toda
clase de dádivas a los diferentes grupos de presión económica, política y
social, cada uno de los cuales teje su mejor argumento para hacerse merecedor
del mayor pedazo de la renta, ofreciendo a cambio su lealtad política y
electoral. Así, los incentivos perversos del populismo rentista también corrompen la dignidad de un pueblo a través
del reparto de lisonjas y prebendas, exacerbando la cultura rentista que
pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo.
La corrupción florece en la debilidad
institucional y se agrava por la gran discrecionalidad con la que actúa quien
concentra cada vez un mayor poder. Quien administra los recursos públicos actúa
sin rendir cuenta ante una débil ciudadanía que no dispone de los mecanismos institucionales
para ejercer una eficaz contraloría social. En tales condiciones, es imposible poner
bajo el escrutinio de la ciudadanía la forma como se administran los recursos
públicos.
Si la gente no tiene la posibilidad de
pronunciarse y tomar decisiones en los espacios que le son cruciales para su
existencia, entonces no hay vías para que se desarrolle el poder ciudadano. Por
eso, un
asunto clave en la lucha contra la arbitrariedad y la corrupción tiene que ver
con la descentralización de la toma de decisiones. Ningún Estado que pretenda
la participación activa y protagónica puede ni debe administrarlo todo. La
transparencia en las decisiones requiere un nuevo marco legal e institucional
que active crecientes espacios para que la ciudadanía pueda decidir de manera
directa y controlar el funcionamiento eficaz de esos mecanismos de decisión que
afectan su vida cotidiana. @victoralvarezr
