Panama papers y la corrupción rentista

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Esta semana el mundo entero resultó estremecido y escandalizado por la filtración de 2,6 terabytes de información que revelan las propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria que fue ocultada por jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial y conocidas figuras de las finanzas, los negocios, los deportes, el cine, el arte y la farándula.  A este escándalo los medios de comunicación lo han llamado Panama Papers o Papeles de Panamá, y se nutre de la divulgación de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que inicialmente fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el cual la difundió ampliamente a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que se encargara de analizar y difundir los casos correspondientes a cada país, cuyos implicados contrataban al bufete los servicios de asesoría para crear compañías en paraísos fiscales, ocultando su identidad y origen de los fondos.^[

La corrupción rentista

A la luz de lo que revelan los Papeles de Panamá comienzan a conocerse los casos que involucran a importantes figuras de la economía y políticas venezolanas. Es un verdadero alud de información del que irán surgiendo nuevos nombres de los viejos y nuevos ricos que nacieron al amparo de la corrupción propia de la cultura rentista.

Cuando el ingreso fiscal de una Nación proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes, los gobernantes están sometidos a una enorme presión para rendir cuentas y asegurar un uso eficiente y transparente de esos tributos. Pero cuando las arcas públicas dependen de una renta externa que no la aportan los contribuyentes, ante el desinterés e indolencia de estos últimos, los gobernantes de ese país no encuentran mayores restricciones para disponer discrecionalmente del tesoro nacional. Por lo tanto, la abundante renta derivada de la explotación de los recursos naturales termina siendo el manantial que alimenta el saqueo y apropiación indebida de los fondos públicos.

A diferencia de los impuestos que si le duelen a los contribuyentes y por cuyo uso exigen cuentas, el ingreso rentístico brinda la fuente de recursos para que el poder se ejerza sin diferenciar lo público de lo privado. Al inyectar a la circulación doméstica la cuantiosa renta que no es fruto del esfuerzo productivo interno, sino que proviene de la explotación de un recurso natural, surge y se expande un desmesurado afán por la riqueza fácil que da origen a las más variadas y asombrosas formas de corrupción.

La apropiación indebida de fondos públicos, la malversación de los presupuestos, el tráfico de influencias, el peculado de uso, el soborno, los sobreprecios, las empresas de maletín, los testaferros, las importaciones ficticias, la deuda externa fraudulenta, la fuga de capitales  y muchas otras formas de corrupción se ponen en práctica para capturar la mayor tajada de la renta que sea posible, la cual es depositada en cuentas secretas en los paraísos fiscales que ocultan la identidad de los clientes y no reparan en el origen de los fondos.

La debilidad institucional

La corrupción se exacerba ante un círculo vicioso en el que la debilidad institucional permite la concentración de poder en una sola persona, la cual a su vez se resiste a cederlo y prefiere debilitar aún más esas precarias instituciones, hasta que éstas finalmente terminan secuestradas y podridas por el burocratismo y la corrupción. Este flagelo se agrava en presencia de una abundante renta petrolera que permite disimular o tapar los enormes huecos que va dejando la corrupción.

Los gobernantes de turno -al disponer de una riqueza que no es generada por el esfuerzo productivo del país-, proceden a repartirla sin mayores exigencias ni condiciones. Los políticos populistas, en su afán por aferrarse al poder, conceden toda clase de lisonjas a los diferentes grupos de presión económica, política y social, cada uno de los cuales hilvana su mejor argumento para hacerse merecedor del mayor pedazo de la renta, ofreciendo a cambio su lealtad política y electoral. Así, los incentivos perversos del populismo rentista también corrompen la dignidad de un pueblo a través del reparto de dádivas y prebendas, exacerbando la cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo.

La corrupción florece en la debilidad institucional y se agrava por la gran discrecionalidad con la que actúa quien concentra cada vez un mayor poder. Quien administra los recursos públicos actúa sin rendir cuenta ante una débil ciudadanía que no dispone de los mecanismos institucionales para ejercer una eficaz contraloría social. En tales condiciones es imposible poner bajo el escrutinio de la ciudadanía la forma como se administran los recursos públicos. 

La concentración del poder

Si la gente no tiene la posibilidad de pronunciarse y tomar decisiones en los espacios que le son cruciales para su existencia, entonces no hay vías para que se desarrolle el poder ciudadano. Por eso, un asunto clave en la construcción del poder de la gente tiene que ver con la descentralización de la toma de decisiones. Mientras éstas se concentren en una sola persona o institución que suele estar en la capital, proliferará el burocratismo y la corrupción a través de gestores que prometen acelerar el trámite a cambio del pago de una comisión.

Ningún Estado que pretende la participación activa y protagónica puede ni debe administrarlo todo. La transparencia en las decisiones requiere un nuevo marco legal e institucional que active crecientes espacios para que la ciudadanía pueda decidir de manera directa y controlar el funcionamiento eficaz de esos mecanismos de decisión que afectan su vida cotidiana. Las deformaciones burocráticas que hoy afectan al ciudadano de a pie no son solo una herencia perversa de la IV República. Si algo se debe revisar autocríticamente en Venezuela es la inercia concentradora y centralista del poder, toda vez que no sólo las decisiones estratégicas sino incluso muchas decisiones de rutina requieren la firma del Presidente, del Ministro o de algún alto funcionario que suele acumular en su escritorio montañas de carpetas que esperan por su firma.

La descentralización es la mejor arma para luchar contra el burocratismo y la corrupción, toda vez que libera a las instancias superiores y organismos nacionales de una engorrosa carga de trámites administrativos que distraen su atención de los asuntos realmente estratégicos en los que debe enfocarse. De allí la importancia de descentralizar todo lo que se pueda descentralizar, enfrentando la férrea resistencia que opone el burocratismo del poder constituido, el cual se niega a ceder espacios a la ciudadanía como expresión del poder constituyente.

Es probable que se burocratice una institución o que se corrompa la persona responsable, incluso quien inspecciona puede ser complaciente con lo mal hecho, pero la ciudadanía que se ve afectada por la ineficiencia y la corrupción no se corrompe. Al contrario, asume una actitud crítica y cada vez más exigente. Y a medida que logre fortalecer el marco legal e institucional, contará con instrumentos adecuados para ejercer una exigente contraloría social que asegure mayor transparencia y eficiencia en la gestión.

Al transferir a la ciudadanía organizada el poder de decisión, control y fiscalización de las entidades administrativas, se abren vías para una creciente participación de la comunidad en  la solución de sus propios problemas de base. De lo contrario, la participación ciudadana irremediablemente se desacreditará y se quedará como una retórica vacía que no convoca ni moviliza a nadie.

El mito de la disolución del Estado nacional

Descentralizar no quiere decir que el Estado nacional se debilita o desintegra, tal como lo persigue la descentralización neoliberal. En su afán de abrir todos los mercados al interés de las grandes corporaciones transnacionales, los fundamentalistas del mercado ven como un estorbo la soberanía que ejercen los Estados sobre su territorio. Pero la noción de descentralización que aquí reivindicamos lo que busca es fortalecer la participación y el poder ciudadano como soportes del Estado nacional. Esto más bien exige el fortalecimiento (no agigantamiento) del Estado central, para que pueda estar en condiciones de defender la soberanía nacional.

La descentralización que fortalece el poder ciudadano y popular jamás puede destruir la unidad de la Nación. Ese es el argumento de la poderosa nomenklatura que secuestra el poder y se resisten a transferir las competencias y recursos a las nuevas formas de organización ciudadana. El burocratismo se aferra al poder para manipularlo como un mecanismo de dominación y no como un instrumento de emancipación. Lo que facilita la corrupción es la exagerada concentración de poder en pocas personas o instituciones, es la discrecionalidad y arbitrariedad con la que se decide, es la falta de transparencia y la impotencia de la gente para ejercer una eficaz contraloría social. Eso sí es lo que facilita el avance de la corrupción, va minando la credibilidad del gobierno, debilita al Estado y desintegra a una Nación. @victoralvarezr