Víctor Álvarez R.
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Para 2022 y 2023, las
expectativas de crecimiento económico son positivas. Las empresas apenas utilizan 25% de su capacidad instalada y con un buen programa
de reactivación pueden aumentar su producción sin tener que realizar nuevas
inversiones en maquinarias, equipos o infraestructura.
Sin embargo, se presentan
factores que frenan la reactivación
productiva, tales como la creciente presión tributaria por parte de los
gobiernos locales. A raíz de la caída de la renta petrolera, los ingresos de
las gobernaciones y alcaldías sufrieron una drástica reducción y ya no reciben la
misma cantidad de situado constitucional, que es el monto de los ingresos fiscales
ordinarios que el gobierno central debe transferir a los estados y municipios.
Esto ha forzado a gobernadores y alcaldes a incrementar considerablemente los
impuestos y tasas por el uso de bienes y servicios, papel
sellado, timbres fiscales, impuestos municipales sobre las actividades
económicas, inmuebles urbanos, circulación de vehículos, espectáculos públicos,
juegos, loterías, propaganda y publicidad comercial.
Los gremios empresariales
advierten una mayor presión tributaria sobre un aparato productivo que viene de
sufrir una prolongada contracción y apenas comienza a recuperarse. En la Encuesta de Coyuntura Industrial del Segundo Trimestre de 2022,
el 74% de las empresas afirmó que
los excesivos tributos fiscales son un factor que frena la recuperación de la
producción. Consecomercio expone que en los municipios las tasas
impositivas pasaron del 0,05% hasta 5%, un incremento de 9.900%.
La voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías ha generado una situación desordenada y caótica. Los estados invaden competencias de los municipios y viceversa, se solapan con la República encubriendo impuestos bajo la figura de timbres fiscales, se aplican cobros anticipados de IVA e ISLR que dejan a las empresas sin flujo de caja. Y todo esto frena la reactivación económica.