Víctor Álvarez R.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/clv3y
Para 2022 y 2023, las
expectativas de crecimiento económico son positivas. Las empresas apenas utilizan 25% de su capacidad instalada y con un buen programa
de reactivación pueden aumentar su producción sin tener que realizar nuevas
inversiones en maquinarias, equipos o infraestructura.
Sin embargo, se presentan
factores que frenan la reactivación
productiva, tales como la creciente presión tributaria por parte de los
gobiernos locales. A raíz de la caída de la renta petrolera, los ingresos de
las gobernaciones y alcaldías sufrieron una drástica reducción y ya no reciben la
misma cantidad de situado constitucional, que es el monto de los ingresos fiscales
ordinarios que el gobierno central debe transferir a los estados y municipios.
Esto ha forzado a gobernadores y alcaldes a incrementar considerablemente los
impuestos y tasas por el uso de bienes y servicios, papel
sellado, timbres fiscales, impuestos municipales sobre las actividades
económicas, inmuebles urbanos, circulación de vehículos, espectáculos públicos,
juegos, loterías, propaganda y publicidad comercial.
Los gremios empresariales
advierten una mayor presión tributaria sobre un aparato productivo que viene de
sufrir una prolongada contracción y apenas comienza a recuperarse. En la Encuesta de Coyuntura Industrial del Segundo Trimestre de 2022,
el 74% de las empresas afirmó que
los excesivos tributos fiscales son un factor que frena la recuperación de la
producción. Consecomercio expone que en los municipios las tasas
impositivas pasaron del 0,05% hasta 5%, un incremento de 9.900%.
La voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías ha generado una situación desordenada y caótica. Los estados invaden competencias de los municipios y viceversa, se solapan con la República encubriendo impuestos bajo la figura de timbres fiscales, se aplican cobros anticipados de IVA e ISLR que dejan a las empresas sin flujo de caja. Y todo esto frena la reactivación económica.
En
atención al llamado empresarial, el gobierno central se ha planteado limitar los cobros exorbitantes de tributos estatales y municipales, y alinearlos
con la política fiscal y tributaria nacional. Con ese fin, impulsa Ley Orgánica de Coordinación y Armonización
de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, en función de evitar la doble
tributación, la sobreimposición y
la sobrecarga fiscal que afecta la recuperación económica.
Esta Ley
establecerá parámetros y limitaciones a las potestades tributarias de los
estados y municipios, lo cual no ha sido bien recibido por los
gobernadores y alcaldes que perderán margen de maniobra para generar ingresos propios
que compensen la reducción de las transferencias que reciben del gobierno
central. En adelante, los gobiernos regionales deberán consultar al Consejo
Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en los impuestos que
cobran, así como el recálculo de tasas o alícuotas. No podrán cobrar impuestos que no estén previstos en leyes estadales u
ordenanzas municipales y se declara nulo e ineficaz cualquier cobro bajo
otros conceptos, tales como aportes, aranceles, contraprestación o sus equivalentes.
La Ley ha sido considerada por gobernadores y
alcaldes como un proyecto centralista
que -al limitar las competencias de los estados y municipios en materia
de impuestos, tasas y contribuciones que son de su competencia-, puede llevar
al quiebre técnico y desaparición de los gobiernos locales, toda vez que el
presupuesto dependerá cada vez más del situado constitucional que se ha
reducido a menos de la mitad y no es transferido oportunamente por el gobierno
central.
Para evitar que estas tensiones
entre gobierno central y gobiernos locales sirva de pretexto para calentar la
calle y regresar a una situación de conflictividad social y violencia política
que en nada contribuye a la recuperación del país, es necesario concertar en
los tres niveles de gobierno un nuevo marco legal tributario que delimite
claramente qué le corresponde a los estados y municipios. Ni tan calvo ni con
dos pelucas: es necesario construir un acuerdo ganar-ganar que ofrezca
incentivos fiscales a la reactivación económica, pero sin comprometer los
ingresos fiscales que necesitan los gobiernos locales para realizar una buena
gestión en favor de sus habitantes.
Asimismo, los ciudadanos estamos
llamados a analizar y entender que lo regalado sale caro, toda vez que las
gratuidades indebidas y los subsidios a la gasolina y servicios públicos de
electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, autopistas, etc. terminaron
financiándose con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo y causaron una
prolongada espiral hiperinflacionaria que destruyó el poder adquisitivo de las
familias y empobreció a los hogares. Si queremos buenos servicios públicos,
habrá que comenzar a pagar por ellos, pero el ajuste de las tarifas de
servicios públicos es inviable social y políticamente en un país donde el
salario mínimo no llega a 30 $/mes. Esto solo será posible si se incentiva la reactivación
de la economía para que se generen abundantes puestos de trabajo cada vez mejor
remunerados, y el ingreso de las familias permita cubrir sus necesidades
básicas y esenciales.
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