domingo, 24 de septiembre de 2023

¿Cuál de los precandidatos reune las cualidades para ser el presidente de la transición política en Venezuela?

 

Víctor Álvarez R.

Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto. Quienes quieran movilizar y capitalizar electoralmente el malestar nacional no pueden ser figuras desprestigiadas, con malos antecedentes, ni personas arrogantes, soberbias y prepotentes, poseídas por revanchismos y afanes de venganza. Por el contrario, debe contar con la fortaleza de la humildad para poder escuchar y canalizar las diferentes alternativas y propuestas para sacar al país de la crisis.

Los malos candidatos no motivan a nadie ni contribuyen a superar  la abstención. Para vencer la apatía electoral, hay que postular buenos candidatos con un programa de gobierno sensato y viable que revitalice la esperanza, motive y movilice al elector.

En la Sección Primera del Capítulo II de la Constitución Nacional se establece que el Presidente o Presidenta de la República debe reunir, entre otras tantas, al menos las siguientes cualidades:

Ser Jefe de Estado: Lo que quiere decir que debe tener la convicción y voluntad de unir al país en torno a un proyecto común que interprete el clamor nacional, y ser capaz de gobernar sin sectarismos para todos los venezolanos y no solo para quienes votaron por él. En vez de seguir removiendo odios y afanes de venganzas, debe ser un promotor del reencuentro y la reconciliación de un país extenuado por la larga y destructiva confrontación entre el gobierno y la oposición.

Ser Jefe de Gobierno: como puede nombrar y remover a los funcionarios que le permiten la Constitución y las leyes, debe ser capaz de escoger a los mejores talentos del país, independientemente de su filiación política, que estén dispuestos a comprometerse con el Proyecto Nacional, complementando sus conocimientos y capacidades en un equipo de alto desempeño que comprenda la complejidad de la problemática nacional y tenga clara las acciones que se deben ejecutar para superar los problemas que castigan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Ser Comandante en Jefe de la Fuerza Armada: Para lo cual debe contar con ascendencia ética y moral, liderazgo político y apoyo popular. Debe inspirar respeto, reconocimiento, respaldo y tener claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición, dado el alto grado de poder económico acumulado e identificación política con el chavismo. Debe ofrecerle incentivos a la institución armada para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Ser Jefe de la Hacienda Pública: Debe ser capaz de administrar con transparencia y probidad las finanzas públicas, recuperar la industria petrolera para generar las divisas e ingresos fiscales que la reconstrucción nacional necesita, y construir un nuevo acuerdo nacional a fin de rentabilizar las reservas petroleras a través de la creación de fondos para ahorrar e invertir la renta, cuyos rendimientos serán utilizados como fuente de recursos complementarios del Presupuesto Nacional.

Formular y dirigir el Plan de Desarrollo Nacional: en función de corregir los desequilibrios macroeconómicos que contraen la actividad económica y generan inflación, crear un clima de seguridad jurídica y confianza para estimular la inversión productiva, generadora de empleo estable y bien remunerado que contribuya a recuperar el poder adquisitivo de los hogares y encauzar al país por la senda de la paz política y la prosperidad económica.

Los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos entre los dirigentes políticos que siguen hundidos en una destructiva diatriba que no los conecta con las necesidades del elector. Los candidatos del país descontento tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, de buena trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a votar.

Venezuela se juega su estabilidad y prosperidad en el próximo ciclo electoral en el que se escogerá al Presidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Los ciudadanos venezolanos debemos estar conscientes del enorme poder de cambio y transformación que juntos podemos lograr si ejercemos masivamente nuestros derechos civiles y políticos de votar y votar bien. 


viernes, 15 de septiembre de 2023

¿Cumple Venezuela con los estándares internacionales de los procesos electorales?

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

A partir del 1 de enero de 2024, Venezuela entrará en un año de elecciones presidenciales. El CNE y los órganos subalternos del poder electoral están llamados a planificar con tiempo la logística de todos los pasos del proceso electoral, y no solo los correspondientes al día de las elecciones.

Los ciudadanos debemos estar conscientes de las diferentes fases y  etapas del proceso electoral y contar con la información sobre los candidatos postulados, sus propuestas, la ubicación de los centros de votación y la mesa en la que nos corresponde votar. La información y educación electoral es fundamental. Sin embargo, muy poco sabemos del proceso electoral venezolano y muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de cuáles son nuestros derechos políticos y electorales.

Las normas ISO sobre procesos electorales nos ofrecen una amplia gama de definiciones y condiciones que nos pueden ayudar a entender con más claridad si el sistema de gestión electoral venezolano está a tono con los estándares internacionales. ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La mencionada norma define una serie de estándares internacionales para procesos electorales entre los cuales se destacan los siguientes:

ü  Registro Electoral: Reconoce la importancia de un registro de electores actualizado, en el que queden identificados todos los ciudadanos que pueden ir a votar,

ü  Registro de las organizaciones políticas y de los candidatos: Que deben cumplir con los requisitos legales para poder postularse y ser elegidos.

ü  Logística electoral: Establece la necesidad de una planificación y organización estricta para asegurar el éxito del proceso electoral.

ü  Sufragio: a través del cual el ciudadano ejerce su derecho de elegir un candidato u organización política y generar la evidencia documentada que sirva luego para verificar el voto de cada elector.

ü  Recuento y declaración de resultados: Es el conteo de votos y el poder electoral es el único autorizado de anunciar los resultados oficiales.

ü  Educación electoral: Proceso de información, sensibilización y capacitación de votantes, organizaciones políticas y candidatos sobre el proceso electoral, registro de votantes y participación.

ü  Fiscalización del financiamiento de las campañas electorales: Establece reglas para la financiación transparente de las campañas, evitando el financiamiento ilegal con fondos de la corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, etc.

ü  Resolución de conflictos electorales: Con canales y vías adecuadas para la gestión de cualquier queja recibida o generada en el proceso electoral.

Sin lugar a dudas, la implementación de un sistema de calidad en el poder electoral venezolano, según la norma ISO, es una tarea pendiente y sería de gran utilidad para que los electores, organizaciones políticas y la opinión pública nacional e internacional certifiquen la transparencia y legalidad de los procesos electorales, la validez de los resultados y la legitimidad de los ganadores.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/87p3h

Norma ISO 54001: Una referencia para saber cuáles son los estándares internacionales de los procesos electorales

Víctor Álvarez R. 

Con mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares internacionales de los procesos electorales. 

ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La confianza en la institución del voto y en el poder electoral es un sustento clave del sistema político democrático en el que la soberanía nacional es ejercida a través del voto y se elige para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y cuenta con el mejor programa de gobierno.

Esta norma comienza por señalar que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con los estándares internacionales.

A fin de poder ejercer los derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e intereses.

La legitimidad de desempeño del poder electoral se construye antes, durante y después de la elección. La emisión y recuento de los votos son los momentos culminantes de un largo proceso que debe estar debidamente gestionado para que refleje fielmente la voluntad del electorado. Cuando todo el proceso electoral se realiza de manera transparente y precisa, aumenta la confianza en las elecciones, se aceptan los resultados finales y se proclama a los ganadores, sin menoscabo de procesar las quejas y apelaciones electorales que eventualmente pudieran presentarse.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/nypkf

viernes, 8 de septiembre de 2023

La industrialización antiinflacionaria

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

El próximo jueves 14 de septiembre estaré junto al nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, en el Foro Empresas, Economía y Futuro: Perspectivas 2023, organizado por la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA) que preside Freddy Lujano. En este artículo quiero adelantar algunas de las ideas que desarrollaré en ese evento.

¿A cuánto llegará la inflación en 2023?

2023  comenzó con una fuerte presión inflacionaria: 39,4 % en enero y 15,4% en febrero. Desde marzo a julio los registros mensuales fueron de solo un dígito: 4,2% en marzo, 2,5% en abril, 7,5% en mayo, 8,5% en junio y 7,2% en julio. Pero en agosto subió de nuevo a dos dígitos con un registro de 13,6%.


Con el 13,6% de agosto, la inflación acumulada en lo que va de año llegó a 144,6%; y la anualizada de agosto a agosto fue de 422%. De mantenerse esta tendencia, la inflación de 2023 superará el 234% registrado en el año 2022.



El costo del ajuste fiscal lo están pagando sobre todo los empleados de la nómina de funcionarios públicos y jubilados cuyos salarios y pensiones permanecen congelados.  Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial.

La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento de los servicios públicos y en la desinversión en los sistemas públicos de educación y salud. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos. Obligan a paradas no programadas de la producción y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Desequilibrios macroeconómicos mantienen presiones inflacionarias