Víctor Álvarez R.
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El pasado 11 de octubre, el juez federal estadounidense, Leonard Stark, presentó
un plan para subastar las acciones de Citgo
y pagar con esos fondos a Crystallex la indemnización que reclama a Venezuela por
la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.
Crystallex llevó el caso al Centro
International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que dictó una sentencia favorable a la minera
canadiense por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada
la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte
civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo.
Aunque Pdvsa nunca
tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la
República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter
ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos
propiedad del deudor moroso. Como la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación
del principio de alter ego.
Pdvsa apeló ante la Corte de Apelaciones
de Filadelfia pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.
El remate de las
acciones no se ha concretado porque Citgo aún está protegida por la Orden
Ejecutiva 13.884, que impide
a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar
propiedades, sin una autorización del Tesoro de EEUU. De acuerdo al cronograma presentado
por el juez Stark, esta venta podría concretarse a principios de 2024.
El plan establece un plazo de seis meses para gestionar el permiso
ante la OFAC, la contratación de un banco de inversiones y un lapso de
nueve meses para ejecutar los procedimientos de licitación y venta.
Citgo es un conglomerado de tres refinerías de Pdvsa en EEUU con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de la República que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, las indemnizaciones que reclaman por las expropiaciones de sus inversiones en Venezuela.