¿Qué va a pasar en Venezuela?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

La escasez de alimentos y medicinas, la especulación e inflación, el empobrecimiento generalizado y la criminalidad desbordada azotan a la población. Las tensiones en la MUD han impedido amalgamar el creciente malestar social para convertirlo en una poderosa fuerza transformadora que permita superar la crisis económica y social. La medida de casa por cárcel otorgada a  Manuel Rosales y la firma del presupuesto por parte de Eveling Trejo de Rosales, justo cuando tribunales de cinco estados anularon el 1 % de las firmas y abortaron la recolección del 20% para activar el RR, pone bajo sospecha a UNT y acrecienta las fisuras en la MUD.

Inicialmente se creyó que el fulminante triunfo de la Oposición en las parlamentarias inmovilizaría al Gobierno y lo obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes el Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado anulada al ser declarada en desacato por el TSJ. Las torpezas tácticas de la MUD han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días contados si se activaba el RR. Sin embargo, la falta de unidad de criterios la llevó a perder un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio una excusa perfecta al Gobierno para retrasar el revocatorio para el 2017, con las consecuencias que ya todos conocemos.

A pesar de que la Oposición logró el control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la aplanadora que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario, con bajísimo respaldo popular. Al tanto de que las salas constitucional y electoral del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que en cualquier consulta para dirimir controversias el TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun así la MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que le ha tirado el oficialismo. Su peor error táctico fue incorporar a los diputados de Amazonas, cuya elección fue invalidada por el TSJ. La miopía de la dirigencia opositora convirtió este asunto en un punto de honor, cuando lo estratégico era preservar la AN para acumular fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, BCV, CGR, FGR y otros entes del Estado. Pero la reincorporación de los diputados sirvió de pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla en la práctica.  

Movilizar el descontento para calentar la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.         

Descartado un escenario violento que desemboque en una salida dictatorial, la solución negociada a la actual crisis está condicionada por parte de la Oposición a la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de las persecuciones y la represión, la autonomía de los poderes públicos y el reconocimiento de la AN para la renovación del CNE.  

Ante la barrida que sufriría el chavismo en las elecciones de gobernadores y alcaldes, otro escenario que se maneja es el de la renuncia de Maduro para convocar una mega-elección de presidente, gobernadores y alcaldes, de tal forma que el oficialismo pueda aprovechar la plataforma del gobierno central, antes de que esta caiga en manos de la Oposición. Esto fue revelado por Juan Barreto quien aseguró que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la desaparición del chavismo: “al presidente  le han recomendado que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder el Revocatorio y de perderlo con 80% podría sepultar al chavismo”.

Luego de los cambios en Argentina y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur donde cobra fuerza la aplicación de la Carta Democrática, cuestión que obligaría al presidente Nicolás Maduro a sentarse en la mesa de negociación para acordar al menos un Gobierno de Coalición. @victoralvarezr

¿No habrá más elecciones en Venezuela?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas, jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, insistió en que las irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE por la MUD “mataron” el Referendo Revocatorio y sentenció: “en el 2016, chillen, hagan lo que les dé la gana pero referendo no hay”. Con la certeza de que esta consulta se propondrá para 2017, Cabello recorre el país arengando a las bases del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como Vicepresidente y así asumir finalmente la Presidencia que Chávez le negó. Maduro ve con desconfianza tan desbordada ambición porque sabe que una vez revocado será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol caído. 

El CNE demoró más de lo debido revisando y anulando firmas hasta que finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del RR recolectaron más del 1% requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral validó el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin competencia en la materia luego lo anulan? Procedieron como una pandilla al anunciar simultáneamente su exabrupto y dejaron en evidencia que se trató de una operación planificada y ejecutada de manera concertada para impedir la recolección del 20% de las firmas y abortar así el RR. Cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y negaron a la ciudadanía su derecho constitucional a evaluar a mitad de período la gestión gubernamental, tal como lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?    

La suspensión de la recolección del 20 % de las firmas para convocar el RR y la posposición para 2017 de las elecciones de gobernadores y alcaldes acentúan la incertidumbre sobre la suerte que en adelante podrán correr los diferentes procesos electorales. El Gobierno evade someterse al escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que ha erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier subterfugio para darle largas al RR y a las elecciones de gobernadores y alcaldes. 

El Gobierno camina por el filo de la legalidad

El artículo 5 de la CRBV señala claramente que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

A través de las elecciones se expresa la soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se comete una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la Constitución.  Una suspensión del RR o un diferimiento de los comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de la CRBV y priva a la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.

El único caso en que se justifica posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural y para esto se requiere declarar un Estado de Excepción por Alarma que sea avalado por la AN y validado por el TSJ. Requisito muy fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó un Estado de Excepción y Emergencia Económica y cuenta con el respaldo incondicional del TSJ para evadir la aprobación de una AN que, en la práctica, luce disuelta al ser declarada en desacato por el TSJ.

Estallido social y hecatombe político-militar

La fuerza transformadora de la inconformidad permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. El Caracazo estalló por mucho menos que la tragedia nacional que hoy sacude a Venezuela. ¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la del 27 de Febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como la que encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?

La creciente incorporación de altos rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esa zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y municipales en las fechas que corresponde.

En la lista de espera se mantienen militares que aspiran ser colocados al mando de lucrativos negocios que les permita un retiro confortable. Lejos de estar pensando en la solución de la actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte del problema que hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja puede considerar muy grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones de gobernadores y alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están subordinados les creen expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido de sables ni conspiración de Comacates (comandantes, mayores, capitanes y tenientes).

La Oposición no termina de capitalizar el descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta de constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis que ha sufrido. En lugar de concentrar su energía en salvar el RR, ahora promueven un juicio político por abandono del cargo contra un presidente que lo que está es aferrado al poder y lo que menos quiere es abandonar la silla presidencial.

Las excusas del oficialismo lucen cada vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe sin precedentes. @victoralvarezr

Lo que en Venezuela puede pasar: escenarios ante la crisis

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

¿Qué va a pasar en Venezuela? Esta es la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, el funcionario público, el empresario nacional, el inversionista extranjero, los ministros del gobierno, los diputados a la Asamblea Nacional y hasta el propio Presidente de la República.

La crisis económica que se manifiesta a través de la escasez de alimentos y medicinas, la especulación e inflación; el desempleo y empobrecimiento generalizado de la población como consecuencia inevitable de una pésima gestión de gobierno, genera un creciente malestar social. Las tensiones en el liderazgo opositor han impedido amalgamar el malestar social para convertirlo en una poderosa fuerza transformadora, capaz de impulsar los cambios políticos que se requieren para superar la crisis económica y social. 

Si el descontento social no se expresa en una contundente crisis política que le quite el margen de maniobra que mantiene con vida al Gobierno, la actual inercia continuará. Inicialmente se creyó que el fulminante triunfo de la Oposición en las parlamentarias del 6-D sería el detonante de un conflicto de poderes que inmovilizaría al Gobierno y lo obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes, el Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado anulada al ser declarada en desacato por el TSJ, sin que pueda hacer valer los mandatos de la Constitución que la habilitan para controlar los actos del Poder Ejecutivo.

Las torpezas tácticas de la Oposición han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días contados si se activaba a tiempo el Referendo Revocatorio (RR). Sin embargo, la MUD perdió un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio una excusa perfecta al oficialismo para demorar el revocatorio para el 2017, con las consecuencias que ya todos conocemos.

Al tanto de que las salas constitucional y electoral del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que ante cualquier consulta para dirimir las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo el TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun así la dirigencia de la MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que con más audacia y malicia le ha tirado el oficialismo.

La MUD: estrategia sin táctica

El peor error táctico de la MUD fue incorporar a los diputados del estado Amazonas, cuya elección fue invalidada por el TSJ. Convirtió en un punto de honor la juramentación de los diputados de Amazonas, cuando lo estratégico era preservar la AN que ya había sido sentenciada por el Gobierno a comienzos del año. En lugar de incorporarse a la AN, estos han debido recorrer el mundo para denunciar la arbitrariedad cometida en contra de la representación indígena en el Parlamento. Pero su reincorporación sirvió de pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla para efectos prácticos, ya que ahora el Gobierno puede actuar sin pasar por el control parlamentario. A su vez, el TSJ tiene una razón adicional para declarar inconstitucionales las decisiones de la mayoría opositora en la AN.

A pesar de que la Oposición logró el control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la aplanadora con la que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario con bajísimo respaldo popular. Ni siquiera pudo impedir el tiro de gracia que significó la decisión del TSJ de declararla en desacato y disolverla en la práctica. Con tantos errores tácticos, la MUD desaprovecho la mayoría parlamentaria para acumular más fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, el BCV, la CGR y otros entes del Estado. Las torpezas cometidas por algunos factores de la MUD en su desesperación por revocar el mandato de Nicolás Maduro le ha costado muy caro a toda la Oposición y ha defraudado las expectativas de diálogo y entendimiento que tenía el electorado cuando les dio el control de la AN por abrumadora mayoría.

Escenarios ante la crisis

Movilizar el descontento para calentar la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.         

Descartado un escenario violento que desemboque en una salida militarista y dictatorial, la solución negociada a la actual crisis nacional está condicionada por parte de la Oposición a la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de las persecuciones y la represión, la autonomía de los poderes públicos y  el reconocimiento de la AN para la renovación del CNE y la reinstitucionalización del Estado. Aquí el juego está trancado a pesar de la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.

Ante la barrida que sufrirían el chavismo en las elecciones de gobernadores y alcaldes si estas se realizan después del RR, otro escenario que se maneja es el de la renuncia de Maduro para convocar una mega-elección de presidente, gobernadores y alcaldes, de tal forma que el oficialismo pueda aprovechar la plataforma del gobierno central, antes de que esta caiga en manos de la Oposición.  Este escenario fue adelantado por Juan Barreto, ex alcalde metropolitano y coordinador nacional de REDES, quien aseguró que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la desaparición del chavismo: “al presidente  le han recomendado que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente el Revocatorio y de perderlo con 80% podría sepultar al chavismo”.

Otro escenario se refiere a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, lo cual implica que el Secretario General o un Estado miembro soliciten nuevamente la convocatoria del Consejo Permanente para verificar la "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". Los estados miembros tendrían que pronunciarse en la Asamblea General o en la consulta a los cancilleres para determinar si finalmente se aplicará la suspensión de Venezuela en la OEA, lo cual terminaría en su aislamiento internacional. Luego de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur desde donde sopla viento a favor de la aplicación de la Carta Democrática, cuestión que obligaría a Maduro a sentarse en la mesa de negociación para acordar al menos un Gobierno de Coalición. @victoralvarezr

Venezuela: democracia de baja intensidad

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El CNE demoró más de lo debido revisando y anulando firmas hasta que finalmente tuvo que anunciar que los partidarios del Referendo Revocatorio (RR) recolectaron más del 1% mínimo requerido. ¿Si la máxima autoridad electoral validó el cumplimiento de este requisito cómo es que cinco tribunales sin competencia en la materia luego lo anulan? De manera grotesca procedieron como una pandilla y al anunciar su exabrupto simultáneamente dejaron en evidencia que se trató de una operación planificada y ejecutada de manera concertada para impedir la recolección del 20% de las firmas y abortar así el RR.

Cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y Originario y negaron a la ciudadanía su derecho constitucional a evaluar a mitad de período la gestión gubernamental, tal como lo establece la CRBV. ¿Eso es democracia?    

Legitimidad de origen: necesaria más no suficiente

La ruptura del orden constitucional no ocurre únicamente cuando se perpetra un golpe de estado contra un gobierno electo en las urnas. La legitimidad de origen también se pierde cuando ese mismo gobierno inicialmente electo por la mayoría luego no garantiza los derechos democráticos y constitucionales, tales como el respeto a los derechos humanos, sometimiento al estado de derecho, elecciones oportunas y transparentes, consulta popular para evaluar la gestión de gobierno, separación e independencia de los poderes públicos, transparencia en la administración del presupuesto nacional, libertad de expresión, etc.

La erosión de la legitimidad de origen se acelera cuando el oficialismo pierde el control de la Asamblea Nacional (AN) y de inmediato pone en práctica una serie de  maniobras para despojarla de sus funciones constitucionales que son usurpadas por el Tribunal Supremo de Justicia )TSJ). Cuando el oficialismo controlaba la AN, cada vez que era derrotado en una elección, aprobaba una la ley para vaciar de funciones a la institución perdida, así lo hizo con la Alcaldía Mayor de Caracas y con la Gobernación de Miranda. Luego de la derrota sufrida en las parlamentarias del 6-D, el gobierno ordenó a la AN todavía bajo su control, colonizar con magistrados pro-gobierno el TSJ, quienes tendrían la misión de vaciar de funciones a la nueva AN para debilitar su control sobre el gobierno. Así, un TSJ subordinado al Poder Ejecutivo ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y se ha pronunciado a favor del gobierno en cada controversia por la interpretación de la Constitución.

El debilitamiento de las instituciones democráticas se ha consumado con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para lograr mayorías espurias, como se hizo antes; o con la anulación judicial de la elección de diputados que ya habían sido proclamados por la máxima autoridad electoral, como se hizo más recientemente para romper la mayoría calificada de la oposición.

La desnaturalización autoritaria del gobierno se comprueba en el ensañamiento contra gobernadores y alcaldes democráticamente electos, quienes son acosados con citaciones que luego concluyen en su arbitraria destitución e inmediata sustitución a dedo por operadores del oficialismo. Por si fuera poco, el gobierno socava la democracia cuando en cada proceso electoral ordena inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos rivales que pudieran resultar ganadores.

Al someter a sus directrices al CNE, TSJ, CGR, FGR y BCV, el gobierno ha contravenido el principio básico de 'la separación e independencia de los poderes públicos'". Una y otra vez el Poder Ejecutivo le ha solicitado en tono de instrucción al Poder Judicial, no que analice, sino que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Esta  subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo ha llegado al extremo de declarar en desacato a la AN para vaciarla de funciones y anularla en los hechos.

Se descargan las baterías democráticas del gobierno

Una sociedad no es realmente libre mientras no garantiza la satisfacción de sus necesidades básicas y esenciales. Cuando la vida cotidiana se vuelve un suplicio por los azotes de la escasez, el acaparamiento y la especulación; por la inflación y alto costo de la vida; por el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; por el colapso del sistema educativo y hospitalario; por los robos, secuestro, homicidios y demás atrocidades de la criminalidad; en tales condiciones, el gobierno de turno –aun cuando haya sido electo por mayoría- demuestra su incapacidad y el mismo pueblo que lo eligió lo puede revocar y cambiar.

Con frecuencia, la mala gestión gubernamental se origina en la corrupción y despilfarro de los presupuestos públicos; en el tráfico de influencias en el nombramiento de altos cargos que terminan en manos de incapaces y corruptos; en la colonización de los demás poderes públicos que no ejercen su debido control sobre la gestión gubernamental.

El ejercicio autoritario del poder genera un creciente malestar que se expresa en la intensificación del descontento y de las manifestaciones de calle, las cuales a su vez son reprimidas. Así se criminaliza la crítica y recrudecen las persecuciones, allanamientos y encarcelamientos de quienes piensan diferente y protestan. Se desata una ola represiva que persigue y encarcela a dirigentes estudiantiles, sindicales y políticos que se le oponen; amedrenta a periodistas y medios de comunicación para que no informen la verdad; y que llega al extremo con el uso armas de fuego para reprimir manifestaciones pacíficas.

Todos estos son indicadores de la pérdida de legitimidad de un gobierno originalmente electo en las urnas pero que al degenerar en prácticas autoritarias y represivas pone en entredicho su esencia democrática. El abuso de poder llega al extremo al decretar estados de excepción que suspenden las garantías constitucionales y erosionan los derechos democráticos de la ciudadanía. Al cerrar las vías constitucionales, electorales y pacíficas para resolver la actual crisis de gobernabilidad el gobierno tiende la alfombra a los violentos y abona el camino para las salidas militaristas y dictatoriales.

Cuando tantos excesos se cometen contra los derechos constitucionales de la ciudadanía ha llegado la hora de cambiar. Un gobierno así merece ser revocado por el mismo pueblo que lo eligió.  @victoralvarezr

¿Por qué no estalla Venezuela?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El Gobierno evade someterse al escrutinio de la voluntad nacional debido a una pésima gestión que ha erosionado aceleradamente la calidad de vida y el bienestar de la gente. Su popularidad y aceptación se han derrumbado y ya no cuenta con ninguna posibilidad de éxito electoral. Por eso, el oficialismo aprieta la Constitución, se pone al borde de la ilegalidad y se vale de cualquier subterfugio para darle largas al Referendo Revocatorio (RR) y a las elecciones de gobernadores y alcaldes. 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó al extremo de afirmar que en estos momentos “la prioridad no es hacer elecciones, sino recuperar la economía”. De inmediato le hizo coro el diputado del Psuv, Edwin Rojas, quien agregó: “estamos en el contexto de un Estado de excepción y emergencia económica, estamos viviendo condiciones políticas, jurídicas y económicas que pueden hacer que las elecciones regionales se puedan restringir por la economía”. Y Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, insistió en que las múltiples irregularidades detectadas en las firmas entregadas al CNE por la MUD en mayo “mataron” el RR.

Deshilachan la Constitución: Gobierno en el límite de la legalidad

El artículo 5 de la CRBV señala claramente que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Por lo tanto, “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

A través de las elecciones se expresa la soberanía popular. Estas constituyen la principal garantía de un sistema democrático. Si las elecciones no se realizan en la fecha que corresponde se comete una grave violación de los mandatos y derechos consagrados en la Constitución.  Una suspensión del RR o un diferimiento de los comicios regionales y municipales trasgrede los mandatos de la CRBV y priva a la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales.

El único caso en que se justifica posponer las elecciones es cuando ocurre una catástrofe natural. En tales circunstancias se requiere la declaratoria de un Estado de Excepción por Alarma que sea avalado por la Asamblea Nacional (AN) y validado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Requisito muy fácil de tramitar para un Gobierno que ya decretó un Estado de Excepción y Emergencia Económica y cuenta con el respaldo incondicional del TSJ para evadir la aprobación de la AN, la cual en la práctica fue disuelta al ser declarada en desacato por el máximo tribunal del país.

¿Por qué no estalla Venezuela?

La fuerza transformadora de la inconformidad permea los intersticios de todo el país. El acelerado deterioro de las condiciones de vida pareciera más que suficiente para que se produzca un estallido social y se desencadene una hecatombe político-militar. Por mucho menos que la tragedia nacional que actualmente Venezuela está sufriendo estalló El Caracazo. ¿Por qué entonces no se produce una conmoción social semejante a la del 27 de Febrero de 1989? ¿Por qué no hay otra rebelión de los militares como la que encabezó Chávez el 4 de febrero de 1992?

La creciente incorporación de altos rangos militares en puestos claves de las empresas públicas y Poder Ejecutivo los compromete con la gestión de Gobierno. Además de la obediencia debida, se sienten cómodos en esos cargos. Han sido cooptados y quieren mantenerse en esta zona de confort. Por lo tanto, no van a presionar al Gobierno ni al CNE para que respeten la Constitución y convoquen el RR y las elecciones regionales y municipales en las fechas que corresponde.

En la lista de espera se mantienen efectivos militares que también aspiran a ser colocados al mando de lucrativos negocios que les permita un retiro próspero y confortable. Lejos de estar pensando en la solución de la actual crisis, su actitud acomodaticia los convierte en parte del problema que hay que encarar y resolver. La oficialidad media y baja puede considerar muy grave que se suspenda el RR o se posterguen las elecciones de gobernadores y alcaldes, pero mientras los mandos a los cuales están subordinados les creen expectativas de ascenso económico y social, no habrá ruido de sables ni conspiración de Comacates (comandantes, mayores, capitanes y tenientes).

Malestar social sin liderazgo político

La Oposición no termina de capitalizar el creciente descontento para convertirlo en una fuerza transformadora. Su falta de constancia y garra en la movilización de la ciudadanía, sus reacciones espasmódicas y su adicción a la comodidad mediática ralentizan la movilización social que se requiere para salvar a Venezuela de la peor crisis humanitaria que ha sufrido y ha desembocado en una diáspora de su gente.

A solo unos días para la recolección del 20% de las firmas se mantiene el temor sobre una maniobra de última hora para abortar la consulta popular. Han circulado rumores sobre una supuesta medida cautelar que prepara la Sala Constitucional del TSJ para anular la recolección de firmas prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre. Si el país no ha explotado aún ante la severa escasez de alimentos y medicinas, ante la voraz inflación que pulveriza el poder adquisitivo del ingreso familiar, ante la impune criminalidad que aterra a la ciudadanía, conculcar entre gallos y medianoche el derecho ciudadano de decidir si revoca o no el mandato presidencial, podría ser el detonante del estallido social que no termina de ocurrir.

A todas estas, aprovechando la maniobra de correr el RR para el 2017, Diosdado Cabello recorre el país arengando a las bases clientelares del oficialismo y acumulando “méritos” para ser designado como Vicepresidente y así asumir finalmente la Presidencia de la República que Chávez le negó. Nicolás Maduro ve con desconfianza y recelo esta ambición desbordada porque sabe que una vez revocado será defenestrado por el nido de alacranes que hará leña del árbol caído.  

Las excusas del oficialismo lucen cada vez más agotadas y ya no movilizan ni a sus seguidores quienes no creen en la amenaza de una intervención imperialista, ni en la guerra económica, ni en el coco del capitalismo y el espanto de la derecha. Están claros que esta crisis comenzó cuando todavía estaban altos los precios del petróleo debido a la incompetencia e ineptitud del actual Gobierno, único responsable de esta catástrofe sin precedentes. @victoralvarezr

Lecciones del rentismo: lo que Venezuela no debe olvidar

Tanto el capitalismo rentístico como el neo-rentismo socialista son expresiones distintas del mismo modelo de acumulación extractivista, sustentado en la explotación del petróleo depositado en el subsuelo.

En el debate nacional dos énfasis se distinguen en torno al destino que debe tener la renta petrolera derivada del modelo extractivista:

·         En el capitalismo rentístico, la siembra del petróleo consistió en financiar el proceso de acumulación a través de préstamos blandos a las empresas, así como la construcción de autopistas, ferrovías, puentes, centrales eléctricas y demás obras de infraestructura que requiere la actividad económica.

·         Mientras que en el neo-rentismo socialista, la siembra del petróleo se enfocó en el financiamiento de la inversión social para reducir los niveles de desempleo, pobreza y exclusión, a través de una amplia gama de misiones sociales en los campos de la alimentación, educación, vivienda, salud, etc.

El capitalismo rentístico desembocó en una desviación desarrollista que favoreció sobre todos a las empresas y contratistas que recibieron los créditos baratos y la ejecución de las grandes obras.

Mientras que el neo-rentismo socialista degeneró en prácticas populistas y clientelares para mantener la lealtad política de la gente humilde, mediatizada y sometida por las gratuidades y asignaciones de la política asistencialista.

En una apretada síntesis podemos decir que, en en capitalismo rentístico de la IV República, la renta petrolera financió las inversiones de capital para producir bienes privados; mientras que, en el neo-rentismo socialista de la V República, el énfasis se puso en la inversión social para generar servicios públicos.

El capitalismo rentístico

En la IV República un alto porcentaje del ingreso petrolero se destinó a financiar el capitalismo rentístico con préstamos a bajas tasas de interés y largos plazos; la asignación de petrodólares baratos para importar maquinarías, insumos y tecnología; así como compras gubernamentales en condiciones muy favorables para la producción nacional.

El capitalismo rentístico colapsó cuando la sobrevaluación de la tasa de cambio agotó la capacidad de absorción de la renta en actividades productivas. Un petrodólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones que desplazaron a la agricultura e industria.

La sobrevaluación reveló la estrechez del mercado interno y obstaculizó el  crecimiento hacia afuera al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

El margen para sembrar el petróleo se agotó porque los incrementos en la producción no encontraron espacio en el mercado interno, ni mucho menos en los reñidos mercados internacionales.

La industrialización no se consolidó y el país finalmente se transformó en un importador de lo que antes producía.

En lugar de esterilizar el impacto negativo de la renta petrolera, su inyección a la circulación doméstica desató una creciente demanda que no tuvo su debido respaldo en el incremento de la producción interna.

Como la sobrevaluación limita la absorción productiva de la renta, la rigidez de la oferta -aunada al incremento de la demanda-, desata una persistente inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de los salarios y empobrece a la población. 

El neo-rentismo socialista

En la V República el mayor porcentaje de los ingresos petroleros se utilizó para financiar el neo-rentismo socialista como un modelo de dominación sustentado en el uso del ingreso petrolero para financiar la inversión social y crear una red clientelar que le sirve de apoyo político. 

En la retórica del modelo se puso el énfasis en pagar la deuda social a través de políticas asistencialistas, pero se acostumbró a la población más vulnerable a vivir de gratuidades en el acceso a bienes y servicios que solo podían pagarse y sostenerse en períodos de altos precios del petróleo.

Debido a la contracción del aparato productivo interno y su incapacidad para generar empleos al ritmo de la población económicamente activa, el neo-rentismo socialista tiende a acentuar el papel empleador-clientelar del Estado.

Este modelo no generara un trabajo emancipador, toda vez que éste queda mediatizado por la lógica opresiva del Estado burocrático que funcionariza y somete a la fuerza de trabajo.

Más de lo mismo

El capitalismo rentístico y el neo-rentismo socialista son expresiones distintas del mismo modelo de acumulación extractivista. Los actores económicos, políticos y sociales se acostumbran a obtener ganancias e ingresos que no son fruto de su propia inversión ni de su trabajo productivo.

El reparto clientelar de los subsidios erosiona la dignidad del pueblo al desestimular el esfuerzo productivo que cada quien debe hacer para ganarse su sustento. Así, la dominación se logra a través de un sistema de premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores políticos, comprar la simpatía de los vacilantes y castigar o disuadir a los adversarios.

Las dos caras del extractivismo funcionan a la perfección mientras el ingreso petrolero alcanza para financiar la acumulación del capital y la inversión social. Pero al colapsar los precios del petróleo y reducirse la extracción de crudos, el gobierno de turno pierde su capacidad de mediatización y por eso entra en crisis.

El reto es preparar a Venezuela para que pueda encarar la próxima crisis de abundancia y no cometa los mismos errores. Las alternativas que vemos las abordaremos en una próxima entrega. Hasta entonces

RR: ¿pacto de cúpulas?

La revelación de las conversaciones secretas entre Gobierno y factores de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de la Oposición con el Referendo Revocatorio (RR) en 2016. Estas dudas se acrecientan al conocer que fueron excluidos de tales conversaciones otros factores de la MUD, cuyos principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.  

La MUD ha caído en cuenta que el nuevo gobierno que resulte de un RR en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará lo que queda de período constitucional. Y hasta 2019 tendrá que optar entre pagar $ 30 mil millones de deuda externa o reorientar estos fondos para reactivar la producción y vencer la escasez que azota a la población. Si un gobierno de la MUD no quiere enfrentarse al sistema financiero internacional, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las presidenciales de 2018. El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, le quita hasta las ganas de gobernar.

El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la soberanía popular evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno. Su realización o no en 2016 no puede ser el resultado de negociaciones a escondidas entre Gobierno y Oposición. Sería una burla a la Nación cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.

Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la masiva expresión de la soberanía del pueblo a través del voto.

El CNE decidió que la recolección del 20% se hará por estado del 26 al 28 de octubre. Esto obliga a lograr justo ese porcentaje en cada uno de los 24 estados, lo cual está a contrapelo de la Constitución, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.

El 20 % equivale a 3.893.128 electores. Pero no se trata solo de captar el mínimo sino de facilitar la participación de todo el padrón de 19.465.638 electores que desee manifestar su voluntad. Por eso el CNE está llamado a habilitar un número holgado de centros de votación para que la participación masiva de la ciudadanía no se convierta en un calvario. La MUD ha calculado 19.500 captahuellas en 6.500 centros de votación, pero el CNE solo aprobó 5.392 máquinas, distribuidas en 1.356 centros. En cualquiera de los cálculos, las colas serían interminables y mucha gente no podría ejercer su derecho constitucional al no poder entrar al centro de votación. Para que nadie se quede sin votar deberían activarse todos los centros electorales, mesas y captahuellas que se habilitan en cada elección presidencial.

Para complicar aún más el proceso, el CNE aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas. Este nuevo requisito es más engorroso que la anterior validación de 1%, cuando se pidió colocar solo los dedos pulgares y así dos personas en promedio validaban cada minuto. Ahora se hará más lenta la verificación, el tiempo promedio aumentará y muchos electores quedarán por fuera.

No puede ninguna burocracia institucional ni pacto de cúpulas vulnerar los derechos políticos. El RR es una prerrogativa constitucional que tiene la ciudadanía para ser garante del buen gobierno que necesita y quiere darse. No es una concesión a los caprichos de las cúpulas políticas de la Oposición, sino un derecho consagrado en la CRBV, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar la actual crisis de gobernabilidad.