RR: ¿pacto de cúpulas?

La revelación de las conversaciones secretas entre Gobierno y factores de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de la Oposición con el Referendo Revocatorio (RR) en 2016. Estas dudas se acrecientan al conocer que fueron excluidos de tales conversaciones otros factores de la MUD, cuyos principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.  

La MUD ha caído en cuenta que el nuevo gobierno que resulte de un RR en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará lo que queda de período constitucional. Y hasta 2019 tendrá que optar entre pagar $ 30 mil millones de deuda externa o reorientar estos fondos para reactivar la producción y vencer la escasez que azota a la población. Si un gobierno de la MUD no quiere enfrentarse al sistema financiero internacional, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las presidenciales de 2018. El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, le quita hasta las ganas de gobernar.

El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la soberanía popular evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno. Su realización o no en 2016 no puede ser el resultado de negociaciones a escondidas entre Gobierno y Oposición. Sería una burla a la Nación cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.

Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la masiva expresión de la soberanía del pueblo a través del voto.

El CNE decidió que la recolección del 20% se hará por estado del 26 al 28 de octubre. Esto obliga a lograr justo ese porcentaje en cada uno de los 24 estados, lo cual está a contrapelo de la Constitución, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.

El 20 % equivale a 3.893.128 electores. Pero no se trata solo de captar el mínimo sino de facilitar la participación de todo el padrón de 19.465.638 electores que desee manifestar su voluntad. Por eso el CNE está llamado a habilitar un número holgado de centros de votación para que la participación masiva de la ciudadanía no se convierta en un calvario. La MUD ha calculado 19.500 captahuellas en 6.500 centros de votación, pero el CNE solo aprobó 5.392 máquinas, distribuidas en 1.356 centros. En cualquiera de los cálculos, las colas serían interminables y mucha gente no podría ejercer su derecho constitucional al no poder entrar al centro de votación. Para que nadie se quede sin votar deberían activarse todos los centros electorales, mesas y captahuellas que se habilitan en cada elección presidencial.

Para complicar aún más el proceso, el CNE aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas. Este nuevo requisito es más engorroso que la anterior validación de 1%, cuando se pidió colocar solo los dedos pulgares y así dos personas en promedio validaban cada minuto. Ahora se hará más lenta la verificación, el tiempo promedio aumentará y muchos electores quedarán por fuera.

No puede ninguna burocracia institucional ni pacto de cúpulas vulnerar los derechos políticos. El RR es una prerrogativa constitucional que tiene la ciudadanía para ser garante del buen gobierno que necesita y quiere darse. No es una concesión a los caprichos de las cúpulas políticas de la Oposición, sino un derecho consagrado en la CRBV, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar la actual crisis de gobernabilidad.