Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Venezuela está cansada de
una diatriba política que la ha puesto al borde de una conmoción social y
crisis de gobernabilidad. El venezolano de a pie clama por un acuerdo nacional
que permita superar los graves problemas de
escasez, acaparamiento, especulación e inflación que lo azotan desde hace
varios años. Conseguir las cosas más elementales de la
vida cotidiana se ha convertido en una proeza de supervivencia, en una hazaña
cotidiana y la gente no quiere resignarse a semejante calamidad. Ninguna persona es
realmente libre si no tiene la existencia material garantizada.
La pobreza está asociada a la imposibilidad de tener acceso a los bienes
básicos y esenciales para la sobrevivencia humana.
En las Parlamentarias del 6-D, la ciudadanía se pronunció por el reencuentro
y la paz. Pero el Gobierno y la Oposición no escuchan a una Nación que
se pronuncia a favor del diálogo para consensuar los grandes acuerdos que
detengan el deterioro y saquen al país de la crisis. Las élites políticas -lejos
de buscar puntos de encuentro que prioricen el interés nacional-, parecen
obstinadas en exterminarse y apuestan a una gran batalla final.
Las crecientes tensiones entre el Gobierno y la Oposición
han impedido aprobar las políticas y leyes que se requieren para reactivar la
economía y erradicar la escasez. En lugar de cooperar y complementarse, ambos poderes
se sabotean su gestión. Así, mientras la Asamblea Nacional (AN) rechaza los
decretos que dicta el Poder Ejecutivo, el Gobierno le exige al Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas
por el Poder Legislativo.
Desde su
instalación, la Oposición se planteó interrumpir el mandato de Nicolás Maduro.
En respuesta, el Gobierno decretó la emergencia económica y el estado de
excepción. Pero si no se toman las urgentes medidas para enderezar el
rumbo de la economía, aun cuando la Oposición logre revocar el mandato de
Nicolás Maduro, recibirá una economía tan deteriorada que tendrá que tomar
severas medidas que agravarían la conflictividad social, y así tampoco podría gobernar.
El papel del diálogo y el consenso
A la luz del exhorto del Papa Francisco a favor del
diálogo y la paz, los diputados de la MUD y el GPP-PSUV aprobaron por
unanimidad en la AN un acuerdo para reactivar el diálogo político y construir
los grandes consensos que el país necesita.
Con el apoyo de UNASUR y la mediación de los
expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos se
promueve el diálogo entre el Gobierno y la Oposición. En ambas iniciativas se reconoce la importancia de la colaboración y
el trabajo mancomunado para resolver los problemas del país y se sustentan en
la premisa de dirimir las diferencias con base en la Constitución.
A través del diálogo será
posible consensuar un cuerpo básico de políticas y un nuevo marco legal que
estimule la inversión nacional y extranjera para sustentar la reactivación de la
producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e
inflación que agobian a la población y han puesto al país con las reservas de
petróleo más grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria.
Hacia un Gobierno de Consenso
Una postura sensata de
ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para sustentar un Gobierno de
Consenso que permita la complementación de esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo. Diálogo para alcanzar unos consensos básicos que permitan
sustentar un Programa de Estabilización
Económica con Bienestar Social y una Agenda Legislativa Mínima para la
Reactivación Productiva. Esta agenda
de interés nacional conviene al Gobierno, pero también a la Oposición, toda vez
que así ambos podrían cumplir su misión de gobernar y legislar para sanear la economía
y lograr un clima de paz y tranquilidad que aleje la amenaza de una conmoción
social.
Diálogo para dejar a un
lado los intereses parciales y sustentar un Gobierno
de Consenso, con una agenda de políticas y leyes de interés nacional que
permita concretar las políticas y estrategias que reactiven la producción
nacional de alimentos, medicinas y demás componentes de la canasta básica y
alimentaria que se requieren para satisfacer las necesidades de la población. Y
no se trata de generar consensos para convalidar un programa de shock con
políticas draconianas y antipopulares, porque -como expondremos a continuación-,
todavía queda un importante margen de maniobra para aplicar medidas que más
bien tendrían un impacto positivo sobre la mayoría de la población.
Agenda
de trabajo para un Gobierno de Consenso
Un Programa para la Estabilización Económica con
Bienestar Social se puede aplicar a través de las medidas que el Gobierno
tiene al alcance de la mano para corregir los desequilibrios fiscales,
monetarios, cambiarios y de precios. Veamos:
El equilibrio fiscal
En plena
contracción económica resulta contraproducente equilibrar la gestión fiscal a
través de una reforma tributaria con más impuestos que desincentiven la
inversión. Es posible equilibrar el Presupuesto a través de las siguientes
medidas:
ü
Para aumentar los
ingresos: unificación cambiaria para generar más bolívares por cada petrodólar,
fijar un precio justo para la gasolina, reactivar el cobro de peajes, revisar
los Acuerdos de Cooperación Energética, racionalizar el arancel de aduanas y
mejorar la recaudación de los diferentes impuestos.
ü Para reducir los gastos: sustituir
subsidios indirectos por subsidios directos a los hogares pobres, sincerar la
tarifas de servicios públicos, reprogramar el pago del componente en divisas de
las obras contratadas a Brasil, China, Irán, etc., desestatizar las empresas
expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción, reducir
el gasto militar y mejorar la eficiencia del Presupuesto Público a través de
una frontal lucha contra la corrupción.
El equilibrio
monetario
Con inflaciones de 56% en 2013,
68 % en 2014 y 180 % en 2015 y tasas de interés de apenas 10 %, nadie
quiere ahorrar en bolívares. Por eso los agentes económicos tienden a proteger
el poder de compra de sus bolívares comprando dólares, y esto presiona el dólar
paralelo. Para recuperar el valor del bolívar y derrotar la inflación basta con
cumplir el artículo 320 de la CRBV que plantea claramente que: “En el
ejercicio de sus funciones, el BCV no estará subordinado a las directivas del
Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias”: El cumplimiento de este mandato constitucional permitirá:
ü Erradicar
financiamiento monetario del déficit fiscal
ü Restaurar la
autonomía del BCV en la emisión de dinero y manejo de las reservas
internacionales
ü Retomar la
Coordinación Macroeconómica:
Las distorsiones
cambiarias
En Venezuela no existe una política
cambiaria sino un sistema discrecional de asignación de divisas. Los incentivos
perversos a la corrupción que ofrece la coexistencia de tres precios de la
divisa se erradicarían con la unificación cambiaria. Al desaparecer el dólar
paralelo que -como lo reconoce el propio gobierno-, se
impuso como la tasa marcadora en la formación de los precios, estos se calcularán
con base en una sola tasa mucho menor, el auge inflacionario se desacelerará y
muchos precios tenderán a bajar. La posterior liberación del mercado cambiario
completaría los efectos positivos que ha mostrado la tasa flexible Dicom. Para generar nuevas fuentes de divisas que compensen el colapso del
ingreso petrolero y alivien las presiones sobre el dólar paralelo se requiere:
ü
Unificación cambiaria a una tasa que exprese la
verdadera productividad de la agricultura e industria
ü
Superar el control de cambios como instrumento de
dominación política
ü
Políticas tecnológicas para fortalecer la
competitividad del sector transable
La caotización de
los precios
Los rígidos
controles de precios desestimulan la producción y generan los problemas de
escasez que atormentan a la sociedad venezolana.Para
corregir estas distorsiones y restaurar el mecanismo de formación de precios se
requiere:
ü Erradicar los incentivos
perversos que distorsionan la formación de los precios (asignación de $
preferenciales que se “desvían” y no se reflejan en el PVP)
ü Sustituir
ineficientes subsidios indirectos que no llegan a la población y estimulan
contrabando de extracción agravando la escasez
ü Restaurar los
mecanismos de mercado para la formación de precios (el Gobierno no tiene la capacidad
institucional para actualizar todos los precios)
ü Asegurar precios
que permitan recuperar los costos de producción y generar excedentes para
financiar la reproducción ampliada y remunerar la inversión.
Políticas sectoriales
En los últimos tres años, los grandes
ausentes en la Agenda de la Política Económica han sido las políticas
sectoriales, particularmente las políticas agrícola, industrial, comercial,
tecnológica y de competitividad. El Poder Ejecutivo cuenta con una amplia gama
de instrumentos para armar potentes y eficaces políticas
sectoriales, tales como: incentivos arancelarios, fiscales, financieros y
cambiarios; compras gubernamentales y suministro de insumos básicos al
sector transformador; incentivos para fortalecer capacidades tecnológicas y para la capacitación técnica y gerencial; apoyo a las exportaciones a través de la inteligencia
de mercados, promoción, financiamiento; inversiones para mejorar la
infraestructura y servicios de apoyo a la
producción. Con una combinación inteligente de estos incentivos es posible
diseñar políticas sectoriales para atraer importantes flujos de inversión para
reactivar la producción.
Agenda
Legislativa Mínima para la Reactivación
Desde su instalación el 5 de enero, la AN parece
más preocupada por interrumpir el mandato de Nicolás Maduro que por impulsar
una Agenda Legislativa Económica para salir de la crisis. El Gobierno atiza
esta confrontación
al
someter y subordinar a otros poderes públicos a las directrices del gobierno y contraviene
el principio básico de la separación e independencia de los poderes públicos.
Esta conflictividad lejos de crear un
clima de confianza para invertir en Venezuela, desincentiva y aleja al
inversor. Un clima de confianza se genera:
ü Con marco legal
claro y estable que ofrezca seguridad jurídica y garantías a las inversiones y
a la propiedad
ü Con instituciones
sólidas y transparentes que erradiquen la discrecionalidad y arbitrariedad del
burocratismo
ü Con la
reinstitucionalización del Banco Central de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia,
Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría General
de la República y Defensoría del Pueblo.
En lugar de leyes aisladas, sin una visión
de conjunto que ataque la problemática económica desde una perspectiva
coherente e integral, Gobierno y Oposición están llamados a consensuar una Agenda Legislativa
Mínima que contribuya a la reactivación productiva, la cual debería contemplar al
menos la actualización de las siguientes leyes: Ley Orgánica de Precios
Justos, Ley Promoción de Inversiones, Ley de Promoción de la PYME, Ley del
Mercado de Capitales, Ley de Pro Competencia, Ley Anti-dumping, Ley Orgánica de
Ciencia y Tecnología, Ley de Concesiones, Ley del INCE, Ley del Trabajo, Ley de
Ilícitos Cambiarios, Ley ISR, IVA, Código Orgánico Tributario y leyes que crean
los fondos parafiscales.
Un Gobierno de Consenso
permitirá complementar esfuerzos entre los poderes ejecutivo y legislativo para
aprovechar el margen de maniobra que aún tiene el país para salir de la crisis
con sus propios medios. Al tomar las medidas económicas antes mencionadas y
adecuar el marco legal, se creará un ambiente favorable a la reactivación
productiva. Esto permitirá superar los problemas de escasez, acaparamiento,
especulación e inflación, conjurar la amenaza de una conmoción social y reconstruir
la calidad de vida y bienestar de la sociedad venezolana. La clave es: diálogo
y consenso para sustentar una estrategia ganar-ganar.
