Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El presidente Nicolás Maduro
anunció que renovará una vez más el Decreto de Emergencia Económica (DEE) y
aseguró que lo mantendrá activado a lo largo del año para tener a mano las respuestas
a la crisis económica. Sin embargo, las largas colas que sufre la población
demuestran que no ha habido avances concretos en la superación de la escasez,
el acaparamiento, la especulación y la inflación. Ninguna mejoría se percibe desde que este decreto fue
dictado y prorrogado.
El Gobierno afirma que están vigentes las causas que motivaron el DEE y
acusa a los enemigos de la Revolución de
provocar una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de
ingresos, como lo es el petróleo. Esta interpretación ignora el
comportamiento cíclico de los precios del petróleo que está asociado al desempeño
de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al
desarrollo de nuevos tipos de petróleo y el retorno de Irán a los mercados, así
como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.
Lo que está afectando gravemente los
ingresos fiscales y de divisas del país es
la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo subirían
indefinidamente llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero sin
ahorrar nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), tal como lo
ordena el artículo 321 de la CRBV. Y en lugar de ajustar a los nuevos precios del
petróleo el Presupuesto 2016, que fue calculado con base a 40 $/b, el gobierno
sigue gastando como si nada hubiese pasado y afirma absurdamente que aunque los
precios del petróleo lleguen a 0, el financiamiento de los programas sociales
no se verá afectado.
Aferrarse a un DEE lleno de contradicciones no
contribuirá en nada a superar la crisis. Esto ya se demostró en los primeros 120
días de vigencia del mismo. Recordemos que en el numeral 10 del artículo 2 se plantea: “Adoptar
las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la
generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, pero justo en el numeral 9 incluye una medida que aleja al inversor, al plantear
que: “el Ejecutivo Nacional podrá
requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de
distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás
establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para
garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como
otros bienes de primera necesidad”.
El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en
el texto del DEE. En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la
estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas
terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-,
en el numeral 8 plantea: “Requerir a empresas del sector
público y privado incrementar sus niveles de producción así como el
abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos
o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas
de las venezolanas y los venezolanos”.
El Gobierno insiste en atribuir estos problemas a la guerra
económica sin reconocer la responsabilidad que tienen los errores y
desviaciones de la política económica. No logra articular una eficaz estrategia
económica para reactivar la
producción nacional y por eso los 14 motores no terminan de despegar en medio
de la peor tormenta macroeconómica que el país haya sufrido. Y si no se
corrigen los graves desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y de precios,
si no se garantiza la seguridad jurídica y la paz laboral, y si no se supera el
severo racionamiento de electricidad, es imposible crear el ambiente adecuado para
estimular la inversión productiva que requiere el despegue de esos motores.
Por su inercia, pareciera que el Gobierno no logra comprender
la complejidad del problema ni cómo resolverlo. Ni siquiera el nuevo equipo
económico ha podido articular las medidas necesarias para encarar el tamaño de
la crisis. La solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar
recursos extraordinarios a proyectos que no están previstos en el presupuesto,
así como la dispensa de los requisitos y controles de rigor con el argumento de
agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones
públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la
inercia de un gobierno acostumbrado a gastar los recursos públicos sin mayores
controles por parte del Poder Legislativo. Y al inyectar desmesuradas
cantidades de dinero a una economía afectada por crecientes índices de escasez,
lo único que logra es azuzar cada vez más la inflación y agravar el enorme
malestar que socava su base de apoyo social en crecientes sectores de la
población.
En lugar de someter
al país a la inútil confrontación de poderes, el clamor nacional reclama un gran
acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para adelantar un Programa de Estabilización Económica que
permita recuperar el bienestar social. En vez de desgastar al país en esta infecunda confrontación
que lleva a negar las leyes que aprueba la Asamblea Nacional o a rechazar los
decretos que dicta el Gobierno, ambos poderes deberían estar trabajando
conjuntamente para corregir las distorsiones derivadas del régimen de cambios
múltiples, de los rígidos controles de precios que ahorcan la producción y de
los ineficientes subsidios que estimulan el contrabando de extracción.
Asimismo, deberían convenir una Agenda Legislativa Mínima para la enderezar el
rumbo económico, adecuando todas aquellas leyes que han contribuido a crear un
ambiente adverso y hostil en contra de la inversión productiva. Solo así se
podrá reactivar la producción agrícola e industrial para superar al fin los
problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida que azotan a la
población. @victoralvarezr
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