Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Insinuar
que las empresas expropiadas podían ser devueltas o privatizadas le costó el
cargo a Miguel Pérez Abad. El ex Vicepresidente de Economía provocó la reacción
del ala dogmática al afirmar que “el Gobierno
venezolano no descarta la devolución de empresas que fueron expropiadas o de
algunas que están ocupadas temporalmente”. Desde Panamá -donde firmó el
contrato de compra de alimentos- Pérez Abad dijo que: “En los seis meses del Consejo Nacional de Economía Productiva, casos
de industrias expropiadas, algunas paralizadas o en bajo rendimiento, han sido
identificadas y hemos logrado avanzar con el sector privado para reanimar esas
industrias. En otras empresas que no son estratégicas, no son medulares y
tienen poca importancia, puede haber un plan de devolución y entrega
dependiendo del caso”.
El
primero en escarmentar con la destitución de Pérez Abad fue Eulogio del Pino. El 26 de
julio el Ministro de Petróleo planteó en la Asamblea de la Cámara Petrolera de
Venezuela (CPV) que: “Debemos ir a un nuevo
modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de
errores: creo que lo que se hizo en el Lago de Maracaibo tuvo muchos errores,
debemos reconocerlo y hemos ido a un esquema en el cual a todos aquellos
empresarios, que aún quieran continuar, vamos a devolverle sus actividades”.
Pero la reacción del ala dogmática del PSUV fue tan tajante que el Presidente de
Pdvsa de inmediato reculó y ante la presencia de Diosdado Cabello y Elías Jaua
en un acto en Falcón desdijo su discurso ante la CPV: “Han tomado unas declaraciones en un medio escuálido, las han armado y
han tratado de hacer ver que ahora estamos tratando de privatizar la industria.
¿Cómo es posible que lleguen a esos extremos? Es parte de la estrategia de
división y de generar dudas entre nuestros trabajadores petroleros, que han
sido reivindicados por esta revolución como nunca antes”.
La
reacción del ala dogmática no se hizo esperar. El primero en contestar fue
Elías Jaua, quien cuestionó a Eulogio del Pino porque sus propuestas de devolver
o privatizar las empresas públicas se alejan de las directrices del gobierno: “¿Será que olvida que hay un Plan de la
Patria aprobado por el voto popular y hecho Ley de la República? ¡Viva Chávez!”,
escribió en la red social twitter.
Rafael
Ramírez, ex Presidente de Pdvsa y actual embajador ante la ONU, quién se sintió
aludido por la autocrítica de Eulogio del Pino, también le salió al paso y
escribió: “La política petrolera de
Chávez es correcta. La nacionalización le devolvió el petróleo al pueblo. ¡Es
su legado!”.
Con su mazo dando, Diosdado Cabello fulminó
las pretensiones reformistas de Pérez Abad y Eulogio del Pino: “Nosotros
no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la Revolución ha
tomado por estar conspirando”.
El
veredicto final lo dio el Presidente Maduro, quien ratificó que se mantiene la política de control del
Estado sobre las industrias nacionalizadas: “Que nadie se
confunda, el camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle
el país a la derecha ni la oligarquía, el camino es más socialismo, más
revolución”.
El
dogma de la propiedad estatal
El intento por impulsar en Venezuela el
nuevo socialismo del siglo XXI reeditó los mismos errores que se cometieron en
el socialismo del siglo XX. La excesiva extensión de la propiedad estatal sobre
los medios de producción terminó siendo un caldo de cultivo para el fermento y
reproducción de poderosas élites burocráticas y corruptas que secuestran la
propiedad pública y la administran en su propio beneficio. Al imponer la
propiedad estatal total y absoluta sobre las empresas expropiadas, la
Revolución Bolivariana fracasó en su promesa de promover nuevas formas de
propiedad social en manos de los trabajadores directos y de la comunidad
organizada, quienes no se sienten copropietarios sociales de unas empresas que
son 100 % propiedad estatal.
Si evaluamos el desempeño de las empresas
expropiadas a la luz de los indicadores de escasez de cemento, acero, cabillas,
aluminio, atún, harina de maíz, lácteos, café, botellas, envases plásticos,
agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y la gama de productos y
servicios, obviamente que la mayoría de estas empresas no pasa la prueba. Por
el contrario, sus crecientes pérdidas representan una pesada carga para un
presupuesto nacional cada vez más deficitario debido al colapso los ingresos
fiscales.
Adicionalmente, si evaluamos su desempeño a la luz
de las nuevas relaciones sociales de producción que estas empresas estaban
llamadas a instaurar para empoderar a los trabajadores sobre los procesos de
producción, distribución y comercialización, entonces el balance es mucho peor.
Esas empresas terminaros secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción
que desplazaron a los trabajadores y les arrebataron su conducción. El control
obrero y la autogestión no fracasaron porque los trabajadores nunca
dirigieron esas empresas. Por lo tanto,
no se les puede responsabilizar de su fracaso.
Causas
de la bancarrota de las empresas estatizadas
Las erradas políticas económicas y una pésima
gerencia empresarial se combinaron para hacer fracasar a esas empresas. Los
severos controles de precios las obligan a vender por debajo del costo de
producción, y esto no les permite generar ingresos ni siquiera para pagar la
nómina. Por eso dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de
los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA, el gobierno
no les puede transferir más recursos.
La sobrevaluación de la tasa de cambio propició toda
clase de importaciones baratas que arruinaron la producción nacional. El propio
gobierno las quebró al obligadas a vender a los canales de comercialización
estatales al mismo precio de los productos que importa con un dólar
sobrevaluado y subsidiado.
La otra causa de la bancarrota es la pésima
gerencia. Su dirección se entregó a gente sin formación ni experiencia. Al
convertirse en un botín para la corrupción, terminaron saqueadas en la voraz pugna
entre los grupos de poder que se disputan su control. Y mientras sean un instrumento
del populismo clientelar, sus nóminas se mantendrán sobresaturadas. Así, el
desaguadero de la corrupción y los excesivos costos sentencian su inviabilidad
económica y financiera.
Se confundió
estatización con socialización
Al confundirse estatización con socialización, la propiedad
de las empresas expropiadas no pasó a manos de los trabajadores ni de las
comunidades. Al imponerse la propiedad estatal, estas empresas terminaron
secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la
corrupción. Los trabajadores fueron desplazados por esas camarillas y mafias y
por eso no se sintieron copropietarios sociales ni dolientes de esas empresas.
Aparte de las empresas que estaban productivas en
manos privadas y con la estatización terminaron quebradas, otras expropiaciones
fueron un negocio redondo que indujeron los dueños de esas industrias en complicidad
con funcionarios del gobierno. Muchas empresas estaban cerradas porque no
pudieron competir con las importaciones baratas que inundaron al país gracias
al dólar subsidiado que otorgó el propio gobierno. Pero en torno a esas empresas
obsoletas, verdadera chatarra tecnológica, se construyó un falso discurso revolucionario
que levantaba las banderas de su rescate y recuperación para generar empleo y
ponerlas a producir. Con esa farsa, se declararon de utilidad pública, se
expropiaron, sus antiguos dueños cobraron jugosas indemnizaciones y de paso se
desprendieron de un muerto que les ocasionaba grandes costos.
¿Desestatizar
o privatizar?
El error de Pérez Abad y del Pino fue proponer
la devolución o privatización de las empresas expropiadas, en lugar de impulsar
su desestatización a través de la democratización de la propiedad. Si hubiesen
promovido nuevas formas de propiedad social que empoderaran a los trabajadores y
comunidades organizadas -dejando claro que las ganancias que correspondan a la
participación accionaria del Consejo de Trabajadores o Comunas en lugar de ser
repartidos como dividendos individuales serían la fuente de financiamiento de
proyectos de interés común-, seguramente su suerte habría sido otra y hoy
tendrían la ovación y el respaldo del pueblo, aunque se echasen de enemigos a
los burócratas y corruptos que ya no podrían seguir saqueando la expresas
expropiadas.
No se trata de privatizar sino de
desestatizar a través de nuevas formas de propiedad social. La desestatización aliviará
las presiones y exigencias en cada contratación colectiva, ya que las justas reivindicaciones
y demandas comunitarias serían financiadas con la inversión social de los
dividendos que corresponden a los Consejos de Trabajadores y Comunas. De esta
forma, los trabajadores –en lugar de resistirse a la desestatización y reeditar
el clima de conflictividad laboral que se repite en las empresas estatales y privadas-,
estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y
financiero en las empresas donde sí se sienten verdaderos copropietarios
sociales.
Por
su parte, los inversionistas privados también saldrían beneficiados con esta
nueva cultura de responsabilidad laboral y despertarían interés en otros
inversionistas quienes estarían dispuestos a arriesgar sus recursos en empresas
en las que los trabajadores saben que de la paz laboral y del esfuerzo
productivo dependerá no solo el pago de sus salarios, sino también los
dividendos que se destinarán a financiar sus programas de interés laboral y
social. @victoralvarezr
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