Venezuela: ¿diálogo o violencia?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Hace dos años se desató una ola de violencia para forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. En aquel entonces se comparó la situación de Venezuela con la represión desatada en Ucrania que terminó con el derrocamiento del gobierno de Yanukovich. Las noticias transmitidas por los medios internacionales intentaron convencer a la opinión pública mundial de que los estudiantes venezolanos estaban siendo salvajemente reprimidos por el Gobierno. Hasta en la ceremonia de los Premios Oscar hubo artistas que levantaron carteles de “SOS Venezuela” como parte de una campaña mediática para justificar la intervención extranjera con el pretexto de evitar la masacre de un pueblo.

De “La Salida” al “Revocatorio”

En febrero de 2014 la Oposición lucia dividida. Por un lado, la postura de Henrique Capriles -quien luego de motivar los hechos violentos de abril de 2013 para desconocer la victoria de Maduro-, finalmente se decantó por la vía electoral, llamando a acumular fuerzas para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones municipales. Pero al cantar fraude en las presidenciales de 2013, Capriles convirtió en una derrota el avance electoral sin precedentes que no había logrado ningún otro candidato de la Oposición. Cuestionó la transparencia del poder electoral y sembró dudas en sus seguidores que no fueron a votar en las elecciones municipales, facilitando así el triunfo de muchos candidatos chavistas.

Por el otro lado, la posición de Leopoldo López, quien con su consigna de “Maduro vete ya” se desmarcó de la vía electoral que retomó Capriles. Las protestas que al comienzo fueron masivas y pacíficas, quedaron reducidas a pequeños grupos violentos que alteraron la vida cotidiana y finalmente fueron rechazadas por la propia base opositora que, obstinada de tanta arbitrariedad, prefirió recuperar la tranquilidad en su vecindad. Aquella ola de violencia se concentró en 18 ciudades del país donde la Oposición había ganado las municipales y por eso varios alcaldes fueron acusados por el Gobierno de facilitar la alteración del orden público al no remover las barricadas que impedían el libre tránsito. De hecho, dos de sus alcaldes fueron enjuiciados, destituidos y encarcelados.

Si alguna lección dejó aquellos trágicos sucesos es que solo con la activación de los mecanismos constitucionales para resolver una crisis de gobernabilidad es que se puede evitar la reedición de una ola de violencia semejante que ponga al país al borde de una guerra civil. Por eso, el Gobierno debería celebrar que la Oposición optó por la vía democrática para conquistar el poder. El Referendo Revocatorio (RR) es la solución constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar el caos y reordenar al país.

Obstaculizar el RR es tender la alfombra a los grupos violentos de ambos polos que sueñan con una gran batalla final. El recrudecimiento de la violencia terminará aportando el número de muertos que serán presentados como la prueba irrefutable de la masacre que sufre el pueblo venezolano y, sobre esa base, justificar una intervención militar.

¿Derecho político o golpe constitucional?

No se puede conculcar un derecho político desvirtuándolo como parte de un “golpe constitucional”. La revocatoria de los funcionarios de elección popular fue una propuesta de la Revolución Bolivariana, planteada por el propio Hugo Chávez, quien fue el primero en someterse a un RR y dejar en manos del soberano la decisión de revocar o ratificar su mandato. Y lo hizo con las encuestas en su contra y a sabiendas de que en el RR se estaba jugando la suerte de la Revolución Bolivariana.

A diferencia del ejemplo que Chávez dio, Nicolás Maduro ha dicho que “el referéndum revocatorio es una opción, no una obligación”. No, el RR es un derecho político consagrado en la CRBV que el CNE está obligado a canalizar con base en el marco legal que lo rige. No es un elemento opcional o accesorio o en la CRBV sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha con el Gobierno y, sobre esa base, decida soberanamente si lo ratifica o lo revoca. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la actual crisis de gobernabilidad económica, social y política.

El Gobierno une a la MUD

La agenda de la MUD, inicialmente dispersa entre la Enmienda, el Revocatorio y la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a las gestiones del Gobierno para que el TSJ declarara inviable la aplicación de la Enmienda, finalmente se concentró en torno a la convocatoria del RR.

Como se sabe, su objetivo es que se realice antes de que se cumplan cuatro años de la presidencia de Nicolás Maduro para que el CNE convoque elecciones presidenciales en los 30 días siguientes. De lo contrario, el Vicepresidente quedaría encargado de culminar el período presidencial. Si este fuera el caso, se habría cambiado a un hombre más no al Gobierno, ni mucho menos al modelo económico, político y social en cuestión.

El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que gritan “Referendo YA” y pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni tampoco de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar los pasos del proceso, despliegan sus triquiñuelas y se obstinan en atravesar revisiones distintas a las estrictamente establecidas en las leyes.

Al convalidar maniobras para violentar los lapsos rigurosamente establecidos, el CNE pondría en duda la neutralidad y pulcritud con la que condujo esta consulta popular. Si finalmente se imponen las maniobras dilatorias se lapidarán las soluciones constitucionales y pacíficas y esto abonará el camino a las salidas violentas y dictatoriales. @victoralvarezr