Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
2013
Contenido
Luego de tres años de estabilidad en torno a los 100 $/b, en el segundo
semestre de 2014 los precios del petróleo cayeron en más del 40%. El detonante
de esta pronunciada baja es un exceso en la oferta de petróleo y una menor
demanda por la desaceleración de la economía mundial. La combinación de una
menor actividad económica global, con una mayor producción de países No-OPEP ha provocado un exceso de oferta estimada en
2 millones de barriles diarios. Si bien
los EE.UU. e Inglaterra muestran tasas de crecimiento económico positivas, la
Unión Europea no termina de recuperar un ritmo de crecimiento estable y
sostenido. China e India dan muestras de una desaceleración del ritmo de
crecimiento y Japón pareciera entrar en una nueva recesión.
Pero lo más importante en la tendencia de los precios del
petróleo a mediano y largo plazo son los cambios estructurales en la matriz
energética mundial. La difusión de las tecnologías de información mejora la
eficiencia y facilitan el cambio de la matriz energética en todo el mundo, hoy
es posible producir una tonelada de acero, de aluminio o de PIB con mucho menos
energía y eso repercutirá en la demanda futura de petróleo. En 2017, EE.UU.
pasará a ser el primer productor de crudos con su petróleo de esquisto, y la
OPEP seguirá perdiendo terreno frente a
los productores No OPEP. La economía mundial está en franca desaceleración,
incluyendo a China e India, y ni siquiera los sucesos geopolíticos de Ucrania y
el grito de guerra contra el Estados Islámico -que otrora habría desquiciado
los precios-, esta vez no han tenido ningún impacto en detener la baja en la
cotización de los crudos. En tales circunstancias, resulta poco probable
esperar un considerable rebote de los precios del petróleo en el corto plazo.
Por si fuera poco, el fortalecimiento
del dólar acentúa la drástica caída de
los precios del petróleo. La apreciación del dólar en comparación con
otras monedas de reserva afecta negativamente los ingresos de los países
exportadores de petróleo y materias primas que facturan en dólares sus
exportaciones. Un mayor poder de compra del dólar debilita el precio del
petróleo y las materias primas en el mercado internacional.
Países como Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait y Qatar están en
mejores condiciones de soportar una prolongada caída de los precios del
petróleo, toda vez que ahorraron en los tiempos de bonaza un considerable
volumen de recursos que ahora les permite encarar el comportamiento errático de
los precios del petróleo. Pero en
Venezuela, las Reservas Internacionales cayeron en torno a los $ 20.000
millones, muy por debajo del nivel óptimo estimado en $ 29.000 millones. Para
inflarlas, el Directorio del BCV incluyó monedas extranjeras de fácil
conversión en divisas, diamantes y demás piedras o metales preciosos que, en
realidad, deberían considerarse como activos de reserva, toda vez que los
mismos no aumentan la liquidez en divisas que la economía requiere.
Es muy probable que los precios del
petróleo permanezcan por debajo de 70 $/b en el primer semestre de 2015, aunque
se espera cierta recuperación en el segundo semestre del año, impulsado sobre
todo por el nivel mínimo que requieren los nuevos petróleos de esquistos para
ser rentables. Un
precio para el WTI menor a 60 $/b, perjudica y hace inviable la explotación de
altos costos de los yacimientos no convencionales.
El PIB registró
tres trimestres consecutivos de caída en el año 2014. El total de la producción
nacional de bienes y servicios en el primer trimestre cerró con una baja de
4,8%, en el segundo tuvo otra caída de 4,9% y en el tercero retrocedió 2,3%[i]. Pero esta caída del PIB no puede
ser atribuida única y exclusivamente al descalabro de los precios del petróleo,
toda vez que en el primer semestre los precios del crudo se mantuvieron cerca
de $ 100 por barril. En todo caso, la caída de los ingresos petroleros del
segundo semestre vendría a ser un catalizador de la contracción económica que
ya venía desde comienzos de 2014. Sin embargo, a pesar de que es en el tercer
trimestre cuando comienzan a derrumbarse los precios del petróleo, el ritmo en
el que retrocede el PIB en este trimestre es apenas la mitad de la caída en los
dos trimestres anteriores.
La
política económica en 2014 fue de contingencia, enfocada en combatir los problemas
de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de controles,
multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas
macroeconómicas y sectoriales.
Según el
último reporte del BCV, en el tercer trimestre 2014, a pesar de la caída del
PIB, crece
la actividad “Productores de Servicios del Gobierno General”, asociada a
servicios de salud, administración pública y defensa, enseñanza y seguridad
social que, en conjunto, crecen 2,1%, superior al crecimiento de 1,6%
registrado en el IIT. También crecen “Instituciones financieras y Seguros” y
“Comunicaciones”, con variaciones positivas de 13,2% y 4,1%, respectivamente. Pero
en el IIIT2014 se registra un nuevo descenso de las actividades de manufactura
y comercio, en -4,4% y -9,5%, respectivamente.
La caída
de las importaciones privadas en -12,3%
fue en alguna medida compensada por el aumento de las importaciones públicas en
16,5[ii].
Pero en 2015, año
de restricciones de divisas que impedirán importar, la solución estructural
para reactivar la economía y derrotar la escasez y la inflación tendrá que ser
a través de políticas que estimulen la producción. Compensar el impacto de la baja de los precios del petróleo exige una
política macroeconómica coherente con nuevas políticas agrícolas, industriales
y tecnológicas que contribuyan a reactivar el PIB.
La proyección del
Gobierno para este año quedó plasmada en el Presupuesto 2015 en el que estima
un crecimiento del PIB de 3% y una inflación entre 25%-30%, afirmando que el
tipo de cambio se mantendrá en 6,30 Bs/$. El gobierno se propone aumentar la
producción de alimentos entre 15% y 18%. Pero el reiterado incumplimiento de
las metas presupuestarias en términos de crecimiento del PIB, inflación,
precios del petróleo, reservas internacionales, tasa de cambio, etc. le resta
credibilidad a sus predicciones.
Los organismos
internacionales así como agencias de calificación de riesgo pronostican para
Venezuela un 2015 con menor producción y más inflación. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) estima una caída de -1% del PIB y una inflación de
62,9%. Por su parte, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coincide con el FMI al estimar una caída
entre 0,5-1. En tanto, calificadoras de riesgo como Fitch Ratings
considera que la economía venezolana seguirá en recesión en 2015 y rebajó la calificación de la deuda externa
venezolana a niveles de probable impago[iii]. En otra tónica, la
calificadora Moody's considera que los desequilibrios fiscales no representan un peligro inmediato para la
capacidad de pago de la deuda del país, aunque la alta inflación y unas cuentas
externas impactadas por la caída de los precios del petróleo plantean riesgos
que habrá que monitorear[iv]. La mayoría de los analistas
coincide en que el año 2015 tendrá dificultades económicas, muchas de ellas
relacionadas con la administración de divisas y el tipo de cambio[v].
De no tomarse las
correcciones necesarias en la economía y especialmente en el área cambiaria, continuarán disparándose el tipo de cambio
paralelo que se ha convertido en la tasa marcadora en el proceso de formación
de los precios, sin que el gobierno haya podido pulverizarlo, tal como lo
prometió una y otra vez en años anteriores. Al momento de redactar este análisis
aún no se habían anunciado las medidas para "equilibrar la economía",
pero se espera que el Sicad II se convierta en la modalidad predominante para
la adquisición de divisas al permitir operaciones directas de compra-venta de
divisas sin la mediación del BCV. Con
inflaciones de 56.3% 3n 2013 y 70% en 2014, no es descabellado ni alarmista
pronosticar una inflación de 80% para este año electoral. Incluso, luce subestimada
si el gobierno no corrige el déficit fiscal y se empeña en financiarlo a través
de emisiones de dinero inorgánico.
Parecieran
inevitables e inminentes los ajustes económicos y es muy probable que el
gobierno los ejecute de manera disimulada y encubierta, tal como lo ha hecho
con los ajustes de precios rezagados que no son publicados en la Gaceta
Oficial, o como las devaluaciones a cuenta gotas que ha realizado a través de
los Convenios Cambiarios 30 y 32. Lo mismo tendrá que hacer con el subsidio a
los servicios públicos de electricidad, gas doméstico y agua, así como con
los ineficientes subsidios a los
alimentos y medicinas que estimulan el contrabando de extracción e impiden que
los productos lleguen al consumidor.
Lo cierto es que precios del petróleo
relativamente bajos dominarán la escena económica durante 2015. Debido al auge inflacionario y la
restricción de divisas, resulta difícil que la expansión fiscal sea suficiente
para reactivar la economía sin provocar más inflación. La disminución de los
ingresos fiscales y la propensión a financiarlo
con emisiones de dinero inorgánico, reservas internacionales muy por debajo del
nivel óptimo, la brecha cambiara que estimula la especulación y la corrupción, el
peso de los pagos de la deuda externa, la destrucción del sistema de precios
relativos, el desplazamiento del aparato productivo por más de una década de
importaciones subsidiadas y por los rígidos controles de precios,
definitivamente son los grandes retos
que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro tendrá que encarar en el año
2015.
La política económica en lugar de corregir las
causas de las distorsiones fiscales monetarias, cambiarias y de precios se
enfocó en atacar las consecuencias. El gobierno lanzó una ofensiva a través de la Ley Habilitante con el fin de
reforzar las regulaciones y controles sobre la economía. La acción más
emblemática por su inocuidad fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la
creación de la Sundde. Pero a pesar de toda la expectativa y despliegue que se
generó, luego de un año tales medidas no pudieron contener la inflación,
escasez, acaparamiento y especulación. El gobierno confundió especulación con
inflación y al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que generan la
presión alcista sobre los precios, atacó el problema con controles, multas y
penas de cárcel, como si de un delito se tratara, cuando la inflación en
realidad es causada por las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que
aún no han sido corregidas.
A lo largo
de 2014, la política económica se propuso estimular el ritmo de actividad a
través de la expansión fiscal. Esto generó un déficit fiscal en torno a 18,0% del
PIB, el cual ha sido financiado a través
de la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV. Analizando las
fuentes de este déficit, se observa que un 7% lo causa el desequilibrio fiscal
del Gobierno Central, mientras que la mayor proporción es causada por los
problemas financieros de PDVSA, lo cual explica un 11% del déficit.
Semejante desequilibrio en las cuentas
fiscales se debe a que la compañía petrolera se ha visto muy
perjudicada al ser obligada a vender la mayor proporción de sus divisas a una
tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$. En consecuencia, la cantidad de bolívares
que recibe a esta tasa de cambio tan baja no le rinde para pagar una nómina de
más de 140 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y
contratistas y transferir fondos a las misiones sociales. A esa tasa de cambio
ni siquiera puede mantener al día sus obligaciones fiscales, razón por la cual
entrega pagarés al Tesoro Nacional que luego éste intercambia por efectivo en
el BCV, propiciando un desproporcionado crecimiento de la liquidez monetaria en
un mercado con creciente escasez. Esto atiza la inflación, eleva la
demanda de divisas escasas y ensancha la brecha entre la tasa oficial y el
paralelo.
En lugar de ahorrar en tiempos de
bonanza para encarar los tiempos de escasez, el gobierno mantuvo una política
fiscal pro-cíclica con aumentos del gasto público cada vez que aumenta el
ingreso petrolero y recortes presupuestarios cuando cae el ingreso. El mandato
del artículo 321de la CRBV de activar el Fondo de Estabilización Macroeconómica
-concebido para estabilizar los gastos del Estado ante las fluctuaciones de los
ingresos ordinarios-, ha quedado como letra muerta. En ausencia de este
mecanismo amortiguador, la economía venezolana sigue expuesta a los shocks
externos que se presentan debido al comportamiento errático del mercado
petrolero.
Un gobierno rentista suele apelar a la
devaluación como el mecanismo más rápido para corregir el déficit fiscal. Como
el Estado es el perceptor del mayor porcentaje del ingreso petrolero, en lugar
de optimizar el gasto, le resulta más fácil vender las divisas a un precio
mayor. El Estado automáticamente obtiene cuantiosos ingresos que le permiten
corregir el déficit, sin pagar el mayor costo político que implica disciplinar
el gasto y atacar las verdaderas causas macroeconómicas del deterioro fiscal.
La política cambiaria se utiliza así con fines fiscales, toda vez que la
devaluación es, en los hechos, un impuesto cambiario. Por esta razón, el
gobierno ha puesto en práctica una devaluación encubierta al migrar a Sicad I y
II un número creciente de rubros inicialmente presupuestados a la tasa de
Cencoex. Asimismo, los recientes Convenios Cambiarios 30 y 32 que respectivamente
autorizan a PDVSA a vender a cualquier tasa de cambio oficial el porcentaje de
divisas que debe entregar en bolívares a Fonden, así como los ingresos en
divisas derivados de los convenios de cooperación energética, constituyen ambos
una manera de sortear el déficit fiscal por la vía de la devaluación.
A pesar de que el artículo 320 de la
CRBV señala que “el BCV no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar
políticas fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor ha venido
financiando a PDVSA. Según datos oficiales, hasta noviembre de 2014 el BCV ha transferido a la
compañía petrolera Bs. 664.000 millones[vi],
sin que haya aumentado la producción. Esta política de
expansión monetaria, lejos de estimular la economía generó una mayor presión
sobre los precios, apreciación del tipo de cambio real y agotamiento de las
reservas internacionales. En consecuencia, las reformas
a la ley del BCV no arrojaron los resultados esperados.
De hecho, uno de los factores que más ha propagado la inflación ha sido la emisión de
dinero inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias. La inyección de
dinero sin respaldo en el contexto de una economía con altos índices de
escasez, no hace más que erosionar el poder de compra de la moneda nacional. Cada
vez hay más bolívares procurando comprar productos que se hacen más escasos. Los propios datos oficiales revelan
que el financiamiento a PDVSA ha sido la principal causa de la expansión
desproporcionada de la liquidez monetaria que se ha convertido en un factor
propagador de la inflación. PDVSA debe sanear sus finanzas y eso pasa por sincerar tanto
la tasa de cambio oficial como el precio de la gasolina, así como fijar límites
inquebrantables a las operaciones que el Gobierno puede hacer con el BCV.
Para recoger el exceso de liquidez que él
propio BCV genera, la autoridad monetaria ha incrementado el encaje legal, primero
de 17% a 19% y luego de 19% a 20% en octubre y diciembre de 2013, respectivamente.
Y nuevamente, en junio de 2014, lo elevó de 20 a 21.5%. Esto significa que los
bancos deben congelar el 21,5% del
dinero que captan. Obviamente, la política monetaria del BCV ha
sido contradictoria. Por eso, el exceso de liquidez no ha bajado y es
más el dinero sin respaldo que con una mano el BCV inyecta a la circulación
doméstica, que el que saca con la otra mano a través del encaje legal.
Ciertamente, un aumento del encaje de 4,5% es poco lo que puede
neutralizar ante un desmesurado aumento de la base monetaria que entre noviembre de
2013/noviembre de 2014 fue de 80 %, sin que la oferta de
bienes haya crecido en la misma proporción.
Por otra parte, la relación entre tasas activas y pasivas
fijadas por el BCV no contribuye a contener las presiones de demanda que
generan inflación. Las tasas de interés
vigentes son negativas, no compensan la inflación, penalizan el ahorro e
incentivan el consumo. Y los intentos
aislados por contener la liquidez bancaria a través de restricciones
sobre el crédito terminan anulados por una mayor emisión de dinero para
financiar el déficit fiscal.
Una vez que el gobierno comprenda que
el auge inflacionario es la inevitable consecuencia de las emisiones de dinero
inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias, quedará claro que un
paso clave para recuperar la fortaleza del bolívar, abatir la inflación y
proteger los salarios tiene que ver con la recuperación de la autonomía del
BCV, que sabiamente quedó plasmada en la Constitución de 1999. Un BCV más
independiente podrá resistir las presiones para financiar el déficit fiscal con
emisiones de dinero sin respaldo y defender de mejor manera la meta de
inflación.
La tasa de cambio equivale al monto de bolívares entregado por cada
unidad de divisa extranjera. Así, entre dos economías normales (sin la
distorsión del ingreso rentístico) la tasa de cambio suele estar determinada
por sus productividades relativas, toda vez que en su proceso de intercambio
comercial, lo que pasa de un país a otro son bienes y servicios que resultan de
sus niveles de productividad, cuya expresión monetaria es la tasa de cambio.
Ahora bien, cuando el 95 % del
ingreso en divisas proviene de una renta internacional -y no de exportar bienes
con valor agregado nacional- encontrar una tasa de cambio que exprese la
productividad de la economía real no es una tarea fácil. El Estado-propietario
recibe unos dólares del resto del mundo que no tienen una contrapartida en el
esfuerzo productivo interno, por lo que su decisión de repartirlos a través del
mercado suele cumplirse a una tasa de cambio que se fija sin tener en cuenta la
productividad real del aparato productivo. En consecuencia, un abundante ingreso rentístico tiende a sobrevaluar la moneda
nacional. Esto se concreta en una tasa oficial barata que solo se modificará en
situaciones de escasez de divisas y déficit fiscal. Por lo tanto, en la
sobrevaluación de la tasa de cambio reside uno de los mecanismos más
importantes para distribuir la renta petrolera en favor de los agentes
económicos y sociales internos.
La sobrevaluación de la tasa de
cambio permite comprar barato afuera, lo que resulta más caro adentro. A través
del intercambio desigual en el mercado de divisas, el Estado transfiere la
renta petrolera a quienes compran la divisa barata mientras dure la sobrevaluación
de la tasa de cambio. Ante un mal manejo de la política cambiaria, el
crecimiento de la agricultura e industria nacionales se ve seriamente
obstaculizado. La consecuencia no deseada es la importación ventajosa de toda
clase de bienes que inhiben y desplazan la producción nacional, perjudicando
así el logro de los objetivos de soberanía alimentaria y productiva.
Ante la drástica caída de los
precios del petróleo, el anclaje cambiario y la sobrevaluación del bolívar terminaron siendo un
costoso subsidio que ya no soporta ni PDVSA ni el fisco. El régimen de cambiaos múltiples está muy distorsionado y debe ser
unificado. La existencia de cuatro tasas de cambio, tres oficiales y una paralela, estimulan la especulación cambiaria
y la fuga de capitales. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación
de exportaciones, las empresas de maletín, los “raspacupos” son estimulados por
el enorme diferencial que existe entre las diferentes tasas de cambio. La tasa oficial de 6.30 Bs/$ es un verdadero
manjar para los cazadores de renta que -en complicidad con funcionarios
corruptos- controlan y capturan buena parte de la asignación de las divisas
oficiales, sin que este subsidio cambiario se traslade al precio de venta al
público. Las distorsiones del régimen de cambios múltiples impiden que
el mayor porcentaje de los dólares preferenciales finalmente se traduzcan en
una mayor oferta de mercancías importadas, toda vez que la abismal diferencia
entre los diferentes tipos de cambios es el mayor incentivo a la especulación
cambiaria y la fuga de capitales.
La inflación, a pesar de ser
permanentemente maquillada y subestimada, alcanzará en 2014 el nivel más alto
en los últimos 15 años, en torno al 70%, incremento muy superior al 56,3%
registrado en 2013. Este auge inflacionario es la inevitable consecuencia del
desmantelamiento del aparato productivo interno y de una política fiscal
deficitaria que se financia con emisiones de dinero sin respaldo por parte del
BCV. Al subestimar el impacto que la
expansión monetaria origina en una economía signada por crecientes índices de
escasez, los precios se han desquiciado. Mucho dinero detrás de pocos bienes
conduce a que suban los precios. Lejos de lograr un aumento en el PIB, las políticas
fiscales deficitarias lo que han hecho es atizar cada vez más la
inflación.
También ha influido en el alza de los precios una devaluación
encubierta que se lleva cabo al desplazar al Sicad I y II un creciente número
de rubros inicialmente presupuestados a la tasa Cencoex de 6.30 Bs/$. Las
persistentes dificultades para tener acceso oportuno a las divisas a cualquiera
de las tasa de cambio oficial contribuye a la certeza de que más temprano que
tarde los demás rubros de Cencoex serán pasados a Sicad I y II. En estas
circunstancias, el exceso de liquidez presiona la cotización del dólar en el
mercado paralelo, dando origen a la perniciosa práctica de imponer el mismo como
base de cálculo en el proceso de formación de precios.
En un
reciente intercambio con la prensa, el Presidente Nicolás Maduro reconoció que
el contrabando de extracción alcanzó el 32% de los productos importados con
dólar preferencial o subsidiados por el gobierno nacional. Al referirse una vez
más a la “guerra económica”, denunció que los que conspiran contra la
Revolución Bolivariana pretenden “colapsar el sistema de abastecimiento de la
Nación mediante actividades de acaparamiento, especulación y caotización de
precios”[vii].
Si bien un
proceso revolucionario siempre sufrirá la reacción de los intereses que afecta,
también es necesario reconocer el impacto que han tenido los errores de
política económica en la caotización y destrucción del sistema de precios
relativos, lo cual se expresa en la irracional coexistencia de bienes muy
baratos con otros muy caros que no permiten el intercambio de equivalentes y,
por lo tanto, estimulan la especulación y el contrabando de extracción. Las más perversas distorsiones
sobre el sistema de formación de precios las genera el régimen de cambios múltiples,
los rígidos controles de precios y los subsidios que no llegan a la población.
Expliquemos como estas desviaciones y errores de la política económica caotizan
los precios.
Primero que todo es necesario entender
que el gobierno venezolano, debido a la presión inflacionaria que ejerce el
desequilibrio entre la pujante demanda y la rigidez de la oferta, recurre al
anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. La situación
hace crisis cuando cae la renta petrolera o se retrasa la liquidación oportuna
de divisas. Se activa, entonces, un mercado paralelo hacia el cual se desplaza
la demanda insatisfecha, originando una creciente brecha entre la tasa de
cambio oficial y la cotización de la divisa en el mercado ilegal. Esta última
cotización se termina convirtiendo en la tasa de cambio que se aplica para el
cálculo del precio de venta al público, incluso de los productos que se
importan a la tasa de cambio oficial. Esta práctica -a todas luces especulativa-,
termina anulando el efecto antiinflacionario de la política cambiaria, a la vez
que asegura exorbitantes ganancias a los especuladores y corruptos que resultan
favorecidos con la asignación de la divisa a la tasa preferencial, pero que
defraudan a la Nación y especulan en contra del consumidor. El nefasto régimen de
cambios múltiple es una verdadera tentación para los cazadores de rentas que
logran capturar los dólares de Cencoex y Sicad I, pero fijan los precios con
base en la cotización del dólar paralelo, obteniendo escandalosas ganancias que
son el detonante de la caotización de los precios.
El control de precios también contribuye
a agravar el problema, toda vez que al congelar
el PVP del producto final pero dejar liberados los precios de las materias
primas, insumos, maquinarias, fuerza de trabajo, etc, llega un momento en el
que los crecientes costos superan a los precios controlados y, al provocar
pérdidas, se desestimula la producción.
Finalmente,
los millardarios subsidios a productos de la canasta básica alteraran aún más los
precios relativos, lo cual estimula el contrabando de extracción, la escasez,
el acaparamiento, la especulación, la corrupción y la dolarización de la economía con base en la cotización del
mercado paralelo.
Al prolongar
las distorsiones del régimen de cambios múltiple, los controles de precios y
los ineficientes subsidios, el propio gobierno estimula los negocios
fraudulentos. Son los autogoles del gobierno los que facilitan los ataques de
los especuladores, contrabandistas y corruptos, lo cual está generando un
creciente malestar en la población. Mientras el gobierno no corte por lo sano y
corrija estas distorsiones, una y otra vez se repetirán las olas
especulativas, las cuales se verán catalizadas con cada aumento salarial o pagos
de aguinaldos y utilidades. Ante una creciente inflación que
devora el poder adquisitivo de los salarios, las personas que viven de un
ingreso fijo no quieren tener dinero y por eso se anticipan a comprar toda
suerte de bienes que se revaloricen con el tiempo. Ante la expectativa de que
todos los precios van a seguir subiendo se refuerzan las presiones de demanda y
la consiguiente escasez sirve de caldo de cultivo para que se recrudezcan las
perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. Un nefasto círculo
vicioso que solo se puede cortar si se erradica de una vez por todas los
perniciosos incentivo que ofrecen la abismal brecha entre los distintos tipos
de cambio, los rígidos controles de precios y los exagerados subsidios que
estimulan el contrabando de extracción.
Sin lugar a dudas, el auge inflacionario y la caotización de
los precios comprueban el agotamiento de los controles de cambio y de precios como
instrumentos de política antiinflacionaria y anulan la tasa oficial como
referente para formación de precios. Al confundir la inflación con la
especulación, la caotización del sistema
de precios intentó ser combatida con controles,
multas y penas de cárcel que atacan la manifestación del problema pero no
erradican sus verdaderas causas, las cuales tienen que ver con las distorsiones
que generan tanto el régimen de cambios múltiples, como los rígidos controles
de precios y los subsidios que son las verdaderas causas del contrabando de
extracción, la escasez, el acaparamiento y la especulación.
La caída de los precios del
petróleo ha generado toda clase de rumores sobre un posible default de
Venezuela. Para saber con certeza la posibilidad real de que el país incumpla sus
compromisos de deuda externa, es necesario estimar el ingreso petrolero como la
más importante fuente de divisas. Según su Informe
de Gestión, PDVSA extrajo 2.898.000 bdp en 2013, 2.905.000 en 2012 y 2.985.000
en 2011. La producción ha venido declinando y ahora los precios del petróleo
están cayendo. Para calcular el ingreso neto en divisas que recibe el país, hay
que restar el consumo interno de 750.000 bdp. Al saldo de 2.148.000 se deben
descontar los envíos a Cuba, PetroCaribe y Alba, equivalentes a 300.000 bdp. Y
a esta nueva cifra hay que deducir las entregas a China por un mínimo de
230.000 para cubrir los tramos A y B del préstamo y 100.000 para el tramo
C; aunque según el Informe de Gestión, PDVSA realmente entregó 475.000 en 2013,
449.00 en 2012 y 415.000 en 2011. Si se restan 300.000 de los acuerdos y
330.000 de China, quedan 1.518.000 bdp para exportar. A un precio de 100 $/b
por 365 días da un ingreso de $ 55 mil 400 millones. Pero a 75 $/b la cifra cae
a $ 41 mil 500 millones. Si al menos se logra el precio estimado en el
Presupuesto 2015, el ingresó será de $ 33 mil millones. ¿Alcanzará esta
cantidad para cubrir las importaciones esenciales, cancelar la deuda interna y
mantener al día los pagos de la deuda externa?. Veamos.
Existen dos tipos de bonos denominados en dólares:
los bonos soberanos de la República y los bonos de PDVSA. Las amortizaciones y
pagos de cupones para la deuda soberana en divisas y la de PDVSA superarán los $
11 mil millones anuales para los próximos tres años. Para garantizar las
importaciones esenciales que el Estado realiza, seguramente la deuda interna pendiente
con el sector privados desde la transformación de Cadivi en Cencoex una vez más
se pospondrá, sobre todo si se priorizan los pagos de la deuda externa. Las
importaciones que llegaron a su máximo de $ 59 mil millones en 2012, tendrán
que ser considerablemente reducidas, por debajo de $ 40 mil millones. Venezuela podría prorrogar el
pago de capital emitiendo nuevos bonos para cancelar el capital que debe, lo
cual liberaría cerca de $ 6 mil millones, limitándose a pagar $5 mil millones
en intereses. En
todo caso, los pagos por importaciones y deuda suman $ 51 mil millones, sin
contar los pagos por las indemnizaciones pendientes y por los fallos del CIADI.
En diciembre de 2013 la agencia S&P
rebajó la calificación de Venezuela de “B” a “B-”. Menos de un año
después, volvió a rebajar la calificación de “B-” a “CCC+”, por las
profundas distorsiones de la economía y la caída de los activos en dólares.
Subyace en esta calificación la posibilidad real de un default, lo cual se
traduce en un mayor grado de dificultad para conseguir nuevas fuentes de
financiamiento externo. El incumplimiento en el pago de la deuda soberana se
podría traducir en un embargo de las exportaciones de petróleo y esto podría
afectar la única fuente de divisas que el país tiene.
Sin lugar
a dudas, en 2015 habrá mayores restricciones en el acceso a
las divisas. Esto obligará a renegociar la deuda externa en vista de que no
resulta viable tener que cancelar $ 11.200 millones en servicio de la deuda
externa en momentos en que se registra una drástica caída de los ingresos de
divisas y la capacidad de financiamiento está prácticamente cerrada. Una opción
muy cara sería colocar
deuda en moneda extranjera con un interés superior el 16,0%. Como ya lo
apuntamos, saldar la deuda en estas condiciones implicaría posponer el pago de
la deuda privada que dejó pendiente la extinta Cadivi y sacrificar
importaciones que son esenciales para reanudar el crecimiento de la economía.
El
neo-rentismo socialista es un modelo de dominación que se basa en el uso
intensivo de la renta petrolera para financiar la inversión social y crear una
red clientelar que le sirve de apoyo social. Debido
a la contracción del aparato productivo interno y su incapacidad para generar
nuevos empleos al ritmo que crece la población económicamente activa, el neo-rentismo
socialista tiende a acentuar el papel empleador-clientelar del Estado, el cual
no logra generar un trabajo realmente emancipador y liberador, toda vez que
éste queda mediatizado por la lógica opresiva del Estado burocrático que
funcionariza y somete a la fuerza de trabajo. En tales circunstancias, la
dominación se logra a través de un sistema de premios y castigos para asegurar
la lealtad de los seguidores políticos, comprar la simpatía de grupos
ambivalentes y castigar o disuadir a los adversarios.
Este
modelo confunde la sociedad con el Estado. Asume que desde el entramado
burocrático se representa y defiende el interés social, a pesar de las enormes
contradicciones que la sociedad tiene no solo con el mercado sino también con
el Estado. Al igual que el capitalismo rentístico, el neo-rentismo socialista
se sustenta en el extraordinario poder político, económico y social que
confiere el control de la renta petrolera.
El
capitalismo rentístico y el neo-rentismo socialista son expresiones distintas
del mismo modelo de acumulación extractivista. El neo-rentismo socialista
funcionó a la perfección mientras los ingresos petroleros crecieron
exponencialmente y resultaron más que suficientes para financiar la inversión
social y alimentar los canales para distribuir la renta.
Con
la reconstrucción de la OPEP, el restablecimiento de las cuotas, la
recuperación de los precios del petróleo, el pago de dividendos por parte de
las filiales de PDVSA y el considerable aumento de las regalías, el abundante ingreso
fiscal de origen postergó la necesidad de aumentar la presión fiscal sobre el
sector privado. Pero con el estancamiento de la producción petrolera y la caída
de los precios en el mercado internacional, este modelo nuevamente ha entrado
en crisis.
En lugar de ahorrar
en tiempos de bonanza para encarar los tiempos de escasez, el neo-rentismo
socialista se sustentó en una política fiscal pro-cíclica con aumentos del
gasto público cada vez que aumenta el ingreso petrolero y recortes presupuestarios
cuando cae el ingreso. Con el descalabro de los precios del petróleo este
modelo ha entrado en crisis y ya no puede sostenerse.
En circunstancias de
restricciones económicas y presupuestarias como las que plantea la actual caída
de los precios del petróleo, el gobierno ya no puede seguir gastando igual ni
mantener cuantiosos subsidios a empresas estatales que no son estratégicas.
Resulta escandaloso que en
empresas públicas secuestradas por el burocratismo y donde se reproducen los
mismos conflictos obrero-patronales de la IV República, se cancelen
millardarias sumas de dinero por concepto de bonos de productividad y hasta dividendos,
cuando lo que arrojan son cuantiosas pérdidas. Esa práctica, lejos de expresar
valores socialistas, revela la mentalidad rentista que espera que todo lo pague
el petróleo. Semejante desviación del neo-rentismo socialista solo podrá
superarse a través de nuevas formas de propiedad social bajo el control de los
trabajadores directos y de la comunidad organizada.
Superar sin traumas el
neo-rentismo socialista implica avanzar de la estatización a la socialización
de la propiedad para generar un verdadero trabajo emancipador y liberador. Este
es el mejor incentivo para mejorar el desempeño en esas empresas cuyos nuevos propietarios-accionistas
serían los trabajadores en asociación con el capital privado, para así
fortalecer su gerencia, dignificar el trabajo y transformar la cultura rentista
que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, en una
nueva cultura sustentada en el valor del trabajo, y no en las dádivas o
prebendas.
2015 comenzó con un anuncio que
sugiere el inicio de la corrección de una serie de distorsiones que -en el
contexto de las restricciones presupuestarias que surgen del descalabro de los
precios del petróleo- el país ya no puede prolongar ni soportar. El presidente
Nicolás Maduro autorizó reactivar 71
peajes que serán administrados por las gobernaciones. Esta decisión
comenzará con el cobro del peaje a los
vehículos de carga y se espera que luego sea extendida a los particulares,
pudiendo quedar exonerado el transporte público.
La orden de reactivar los peajes en
las principales vías del país revoca una decisión tomada por el Presidente Chávez
en 2008, y puede ser el inicio de la corrección de una serie de distorsiones
heredadas por el Presidente Nicolás Maduro, entre las cuales se destacan el anclaje cambiario, el
presupuesto paralelo a través de Fonden, el financiamiento del déficit fiscal
por parte del BCV, el subsidio a la gasolina y los rígidos controles de precios
que desincentivan la producción y los convenios de cooperación energética.
En un contexto de restricciones
presupuestarias, Venezuela no puede prolongar acuerdos que amenazan la
gobernabilidad económica. Esto emplaza a adecuar los acuerdos de cooperación
energética, tal como ya se hizo con el Fondo Chino. Como los pagos a China
fueron contemplados a precio de mercado y la caída de los precios obligaba a entregar una mayor
cantidad de petróleo, para mitigar este impacto a finales del año 2014 se
anunció la eliminación del cupo en barriles y la prolongación del plazo para
pagar.
Con este mismo propósito debería
procederse a la revisión de los demás acuerdos de cooperación energética. Si
asumimos que en 2015 PDVSA vende a 90 días el mismo volumen de 300.000 bdp a un
precio de 70-80 $/b, el cobro anticipado pudiera generar un ingreso aproximado
de $ 9 mil millones. Pero, si mantiene el mismo subsidio y financia el 60% a
15-20 años de plazo, recibirá en efectivo menos de $ 4 mil millones, lo cual es
sencillamente insostenible en el actual contexto de restricciones económicas y
presupuestarias. Compensar la caída de los precios del petróleo para evitar un
déficit fiscal aún mayor pasa por adecuar los convenios de cooperación
energética a las nuevas circunstancias de restricciones presupuestarias. No se
trata de interrumpir el suministro sino de cobrar en 90 o 120 días la factura
petrolera que se financia a 15-20 años de plazo
Si un lado bueno tiene la caída de la renta
petrolera es que obliga a volver la mirada hacia un modelo económico sustentado
en la agricultura, industria y construcción como los sectores que proveen los
bienes que resultan imprescindibles a la hora de satisfacer las necesidades
básicas y esenciales de la sociedad.
La precariedad actual del aparato productivo
interno ofrece a su vez enormes oportunidades para promover la inversión extranjera
asociada a la transferencia de tecnología, la formación del capital humano, la
asistencia técnica a las Pymes venezolanas y la transformación de las
abundantes fuentes de materias primas e insumos básicos en productos de mayor
valor agregado que sustituyan ese enorme volumen de importaciones y,
además, diversifiquen la oferta
exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Las medidas para promover
inversiones que permitan la reactivación productiva traerán al debate la
revisión del marco legal, particularmente las leyes del Trabajo, Precios
Justos, Antimonopolio e, incluso, la ley del BCV. Particular atención habrá que
darse a la Ley de Promoción de Inversiones.
Venezuela cuenta con un enorme potencial para
sanear su economía. A medida que se transforme la economía rentista e
importadora en un nuevo modelo productivo exportador, la dinámica interna se
hará menos dependiente del reparto de la renta petrolera.
La caída de los precios del petróleo, al agudizar la escasez de divisas,
es al mismo tiempo una enorme oportunidad para relanzar la industrialización de
la economía venezolana. Ya no se cuenta con la abundante renta petrolera que
propició la sobrevaluación de la tasa de cambio y entronizó una prolongada
tendencia a comprarle al resto del mundo lo que bien pudiera producirse en
Venezuela. En adelante, las necesidades básicas y esenciales del consumo
interno tendrán que ser cubiertas con productos nacionales.
E efecto, los problemas relacionados con la liquidación oportuna de
divisas que restringen la capacidad de importación, deben ser vistos como una
gran oportunidad para relanzar y reimpulsar el desarrollo industrial. No hay
que esperar a que reboten los precios del petróleo y se produzca un nuevo auge
de la renta, toda vez que la abundancia de dólares es lo que ha estimulado la
tendencia a importar y posponer la industrialización de la economía venezolana,
lo cual se expresa en la inercia de comprarle al resto del mundo los productos
agrícolas e industriales que pudieran generarse internamente.
Una vez más el país sufre la paradoja de ser
un país rico en materias primas pero pobre tecnológicamente para transformarlas
en productos de mayor valor agregado. Impulsar la manufactura nacional es una
necesidad que hoy más que nunca debemos reconocer, sobre todo si tenemos en
cuenta el efecto multiplicador que el desarrollo de este sector es capaz de
ejercer sobre otras actividades económicas orientadas a generar la oferta de
bienes, servicios y empleos destinados a satisfacer las necesidades de nuestra
sociedad. Industrializar la economía venezolana es la clave para transformar el
capitalismo rentístico dependiente e importador en un nuevo modelo productivo
soberano y exportador.
Pero la industrialización no puede ser un proceso que se deje en manos
de la mano invisible del mercado, sino un esfuerzo bien planificado que asegure
la rápida reactivación de las capacidades productivas y tecnológicas que están
cerradas u operando a media máquina. En adelante, la política industrial debe
ser un componente fundamental de la política económica orientada al logro de
los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria y productiva. Además, es la
mejor manera de generar empleos verdaderamente fructíferos, cuya remuneración
tenga como contrapartida la producción de una abundante oferta de bienes y
servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del
pueblo trabajador, sin romper el equilibrio que se debe preservar entre la
oferta y la demanda para contribuir a estabilizar los precios.
Al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evita que
los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente
importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias. Importante es armonizar la
política macroeconómica con las políticas sectoriales, particularmente la
agrícola, industrial y tecnológica. El punto de partida radica en desalentar
las importaciones para favorecer la producción nacional a través de un tipo de
cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera, una
política arancelaria y tributaria que proteja el esfuerzo productivo nacional,
y una gama de incentivos fiscales y financieros para la inversión productiva y
el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas.
En Venezuela, la industrialización está llamada a ser la fuerza motriz
para impulsar la transformación de una economía rentista, que poco produce y
casi todo lo importa, en una nueva economía independiente y soberana. Es la
única estrategia posible para transformar el modelo primario-exportador que nos
condenó a ser exportadores de petróleo y materias primas, en un nuevo modelo
productivo capaz de sustituir eficientemente importaciones, diversificar la
oferta exportable y, de esta manera, ahorrar y generar nuevas fuentes de
divisas que nos hagan menos dependientes del ingreso petrolero.
Los países que han alcanzado un creciente grado de bienestar social
han reconocido la importancia de la industria como la fuerza motriz del
desarrollo económico. En su proceso de transformación productiva, el
crecimiento del sector manufacturero con frecuencia ha sido mayor que la
velocidad de crecimiento del PIB, convirtiéndose así en el sector dinamizador
del desarrollo económico, lo cual se expresa en un aumento del grado de
industrialización, es decir, de la contribución de la industria en la
conformación del PIB, en comparación con el aporte de los demás sectores
económicos. Según los indicadores internacionales, un país ha logrado su grado
de industrialización cuando el sector manufacturero aporta al menos el 20% del
PIB. En Venezuela la industria contribuye con apenas el 13 %. Sin lugar a
dudas, este el gran reto que el país tiene plateado para superar los problemas
de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar
generan en la población.
El
Presidente Nicolás Maduro anunció que en 2015
le dará prioridad a la atención del área económica[viii].
Tal es la gravedad de la crisis económica actual que la anterior idea de priorizar
la política por encima de la economía empieza a ser sustituida por la
importancia que el Primer mandatario ahora reconoce a la economía.
El
propio Presidente anunció al país su decisión de delegar las demás áreas de
gobierno para concentrase en la atención de la problemática económica. Con esta
sentencia reconoce que la economía ha pasado a ser la restricción que no era en
los tiempos de abundante renta petrolera. El dato ahora es la economía y la variable que se va a ajustar es
la política.
Y no podía ser de
otra manera. En esta nueva crisis de la economía rentista, la oferta de dólares
ya no crece a una velocidad mayor que la demanda de divisas. La otrora
abundante renta petrolera se ha tornado en una severa escasez de divisas y esto
sentencia el descalabro del modelo rentista que todo lo resolvió a fuerza de
petrodólares. Estimular la inversión nacional y extranjera para reactivar la
economía obligará a una revisión y adecuación del rígido sistema de controles que
inhibió la producción nacional. Solo una nueva lógica de inversión productiva generará
trabajo digno, estable y bien remunerado que es la mejor manera de ganarle la
batalla al desempleo, la pobreza y la exclusión social.
2014 fue uno de los pocos años en los que no hubo
elecciones ni de presidente, ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de
parlamentarios. Un ambiente político despejado era el mejor viento a favor para
recuperar el clima de sana gobernabilidad que conviene al interés nacional.
Pero se fue el año 2014 y no se tomaron las medidas necesarias para recuperar
los equilibrios macroeconómicos que se necesitan para reactivar la economía.
En 2015 habrá elecciones
parlamentarias. Adoptar medidas para estabilizar la economía en medio de un
ciclo electoral resulta complejo por el costo político que se le atribuye. La
creencia limitante es que a los ajustes macroeconómicos, a las medidas de
cambio estructural y a la erradicación de las prácticas clientelares, se les
atribuye un costo político que el gobierno no está dispuesto a
pagar en la antesala de las elecciones parlamentarias. Así, la racionalidad
económica queda subordinada a la lucha por el poder. Ganar las elecciones
presidenciales, parlamentarias o regionales siempre será la prioridad. Si
se pierden los comicios, otros serán los que controlen el reparto y uso de la
renta.
Pero no ajustar la economía empeorará los problemas
de escasez, acaparamiento y especulación. Ante la evidencia cada vez más clara
de que estos flagelos son causados por los errores de política económica, los
mismos no podrán seguir siendo atribuidos a la “guerra económica”. Eso ya no es
creíble por la población y el gobierno no debería insistir más en ese pretexto,
a riesgo de provocar una crisis de gobernabilidad con un creciente descontento
social que en cualquier momento puede explotar. Las descomunales colas
en los supermercados en enero confirman el agotamiento de los inventarios y
sentencian el colapso de los controles
de cambio y de precios. Los anaqueles solo podrán llenarse si se
corrigen las distorsiones macroeconómicas y se aplica una eficaz política de
reactivación industrial que permita compensar lo que ya no se puede importar.
En la primera etapa de la
política social bolivariana prevaleció una orientación asistencialista, toda
vez que resultaba urgente desactivar la bomba de tiempo social heredada de la
IV República. La inversión social de la renta petrolera permitió aliviar los
estragos de la pobreza, pero sin tener muy claro que las compensaciones
tendrían un carácter temporal ni que deberían ser sustituidas por nuevos
programas orientados a profundizar la inserción de la población pobre y excluida al sistema educativo y de capacitación
productiva.
La clave de una política social que
contribuya a transformar la mentalidad rentista en una nueva cultura del
trabajo radica en transformar las asignaciones permanentes y sin condiciones en
un incentivo temporal, sujeto al logro de metas para elevar el nivel educativo y la capacitación
técnica, como fundamento para el desarrollo de proyectos productivos que hagan
posible la inserción de los excluidos en la construcción de un nuevo modelo
productivo liberador. El poco peso de la economía
social en el PIB y en la Población Económicamente Activa indica que la política
social de carácter asistencialista y compensatoria no ha contribuido a este
propósito. Esto impone una profunda revisión y rectificación de una política
social que, si bien ha aliviado las condiciones de los hogares pobres a través
de una amplia gama de gratuidades y subsidios, no ha erradicado las causas
estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.
La política social asistencialista y
compensatoria no ofreció antes, ni podrá ofrecer nunca, una solución estructural
a la problemática del desempleo, la pobreza y la exclusión social. La
prolongación incondicional de las compensaciones, lejos de erradicar sus causas,
por el contrario exacerban la cultura rentista que pretende vivir
indefinidamente de ingresos que no son fruto del trabajo. Las medidas compensatorias
crean inercias que condicionan su evolución a largo plazo y las asignaciones se
vuelven “derechos inalienables”,
comprometiendo cuantiosos recursos que tendrían mejores resultados si fuesen
destinados a la capacitación técnica y al financiamiento de proyectos
productivos.
La reinvención de las misiones sociales implica que la compensación se mantendrá pero será
coyuntural e irá desapareciendo a medida que el aumento del nivel educativo, la
capacitación técnica y el financiamiento a proyectos productivos faciliten la inclusión
social en el sistema económico, de tal forma que los
favorecidos dejen de depender de las asignaciones de las misiones y puedan
satisfacer sus necesidades a partir de su propio esfuerzo productivo. A través
de la creación de millares de empresas comunales y de propiedad social, bajo el
control de los trabajadores y la comunidad, se facilitará la incorporación de
los excluidos en la producción de los bienes y servicios que resultan
imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.
De allí la
importancia de repensar y reinventar las misiones que nacieron con una orientación
asistencialista y compensatoria para impulsar su salto cualitativo, cuyo nuevo
principio rector debe ser: “De cada quien según su capacidad y a cada cual
según su trabajo”. A la luz de este principio socialista, las
asignaciones quedarán condicionadas al logro de metas en materia de estudio y
capacitación técnica, superando la cultura rentista que pretende vivir de
ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo y así abrirle paso a una
nueva cultura sustentada en el valor del trabajo.
NOTAS
[i] http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf
[ii] http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso301214.pdf
[iii] http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/fitch--economias-de-venezuela-y-argentina-seguiran.aspx
[iv] http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/moodys--desajuste-fiscal-de-venezuela-no-plantea-r.aspx
[vi] http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp
[vii] http://www.correodelorinoco.gob.ve/caracas/maduro-si-se-rompen-fronteras-racionalidad-iremos-al-pueblo/
