Importancia de las primarias en la solución del conflicto venezolano

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

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La Comisión Nacional de Primarias de la Plataforma Unitaria anunció que la elección de su candidato a las Presidenciales de 2024 se realizará el 22 de octubre de 2023.   

Aquellos partidos políticos que cuestionaron las condiciones electorales, llamaron a la abstención y desconocieron los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, finalmente decidieron retomar la ruta electoral. Esta decisión de participar en las Presidenciales de 2024 es un paso importante en la reorientación de la estrategia de la oposición radical que ha retomado la vía de una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

La elección de un candidato único y unitario tiene un potencial de convocatoria electoral que puede arrasar en las Presidenciales de 2024. Pero esto representa una amenaza que el régimen no se puede permitir. El oficialismo tiene claro que, de perder el poder, al día siguiente se desataría la cacería de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores, cuyas cabezas tienen una jugosa recompensa. Por eso el oficialismo apostará a atizar las contradicciones internas y la división de la oposición.

El deterioro de las condiciones electorales será la estrategia premeditada en el que la oposición no debe caer nuevamente para justificar la abstención que facilite al gobierno convertir en mayoría su decadente apoyo electoral. Solo si sus rivales se presentan divididos y sin opción es que el gobierno aceptará mejorar las condiciones electorales. Al oficialismo le interesa celebrar unas  elecciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente, pero sin poner en peligro su continuidad en el poder.

Si no se liberan los $3.200 millones congelados en el sistema financiero internacional que serían destinados a los programas sociales, el gobierno no volverá a las negociaciones en México y será muy difícil lograr el canje de flexibilización de sanciones por mejores condiciones electorales. Así, los abstencionistas tendrán renovados pretextos para llamar nuevamente a no participar en las Presidenciales de 2024, lo cual es totalmente funcional al objetivo del gobierno de preservar el poder.

Los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria han exacerbado sus contradicciones. El episodio más reciente fue la disolución del gobierno interino en medio de un fuego cruzado de acusaciones de corrupción que llevó a la defenestración de Juan  Guaidó. La Plataforma Unitaria tiene un equilibrio muy precario y cualquier desencuentro puede descalabrar esa frágil unidad. La alta conflictividad entre la dirigencia opositora hace difícil la elección de un candidato único y unitario. En el caso de los partidos que integran la Alianza Democrática -tan denostada por la Plataforma Unitaria- preferirán seguir siendo oposición en otro gobierno de Nicolás Maduro, a ser excluidos y castigados por colaboracionistas y alacranes en un eventual gobierno de la Plataforma Unitaria, tal como ya lo hizo el G-4 en la AN-2015.

La mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria postularon su respectivo precandidato. Y entre los partidos de la Alianza Democrática u otros que no forman parte de ninguna de estas coaliciones y  decidieron no participar en las primarias se cuentan al menos: Lápiz, AD, Avanzada Progresista, COPEI, Cambiemos, Primero Venezuela, MDI, Soluciones y Unión y Progreso.

Por presiones externas, la CNP decidió que las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República no serán un obstáculo para postularse en las primarias. Pero de ganar un precandidato inhabilitado, el gobierno impedirá su inscripción en las Presidenciales de 2024. Entonces, ¿De qué sirve una elección primaria si al día siguiente inhabilitan al candidato que la gane?

Si la primaria es para elegir un candidato que no pueda competir y así tener el pretexto de insistir en la misma política abstencionista y de desconocimiento del resultado electoral a la que se apeló en las Presidenciales de 2018 y en las Parlamentarias de 2020, esto no hará otra cosa que prolongar la crisis de gobernabilidad. Los partidos políticos que inscribieron precandidatos inhabilitados serán corresponsables de una nueva frustración del país descontento que verá cómo se aleja la posibilidad de una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

El gran reto es elegir a un candidato que pueda competir y motive una masiva participación del electorado. Pero la CNP está sometida a fuertes presiones por quienes pretenden perforar su autonomía para imponer una elección primaria a la medida de una estrategia política particular. El presidente de la CNP, Jesús María Casal, advirtió que “hay temas álgidos aún pendientes por decidir”. Uno de estos sigue siendo el alcance de la cooperación del CNE: ¿Se limitará solo al uso de los centros electorales? ¿Se utilizará el Registro Electoral Permanente? ¿Se utilizarán las máquinas de votación o el voto será manual? ¿Se procederá sin el apoyo del CNE?

Los elementos más sensibles que pueden facilitar o entorpecer la buena marcha de las primarias son la confianza en el CNE, en el Registro Electoral Permanente y en las condiciones electorales. Al CNE le critican el retraso en las depuraciones del Registro Electoral Permanente (REP) y lo acusan de permitir que en Venezuela voten hasta los muertos. Los rezagos relacionados con las depuraciones por defunción, reubicaciones por cambio de domicilio, migrantes y registro de nuevos votantes dan pie para cuestionar al CNE y esto genera desconfianza en el elector. Quienes se oponen a la asistencia técnica del CNE siembran dudas sobre el carácter secreto del voto, advierten sobre retaliaciones una vez que la identidad del elector sea revelada, y esto puede tener un efecto contraproducente al inducir una alta abstención que favorezca al oficialismo.

En dependencia de cómo se resuelvan los asuntos álgidos que están pendientes, se puede producir una implosión interna que desemboque en el lanzamiento de varias candidaturas desde la propia Plataforma Unitaria. Si a estos candidatos se suman los de la Alianza Democrática, una oposición dividida y descalificándose entre ella misma desestimulará a los electores y provocará una gran abstención que pondrá a ganar al candidato del gobierno.  

Por eso, más allá de las esperadas maniobras del gobierno para dividir y debilitar a sus adversarios, la mayor amenaza que tiene un cambio político en Venezuela se origina en las contradicciones, odios y divisiones dentro de las propias filas opositoras. El torneo de insultos entre los principales líderes de la oposición que se acusan de colaboracionistas, alacranes, corruptos y falsa oposición es totalmente funcional y útil al gobierno atravesará todos los obstáculos para evitar que sus rivales se presenten con un candidato único y unitario que pueda capitalizar electoralmente el descontento nacional para provocar un cambio en el mando político del país por la vía democrática, electoral y pacífica.

 

¿Cuánto debe ser el monto del salario mínimo y cómo pagarlo?

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

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La espiral inflacionaria sigue pulverizando el valor de la moneda nacional. Quienes ganan un salario fijo en bolívares son los principales perjudicados de esta brutal depreciación. El último aumento del salario mínimo se decretó en marzo de 2022, cuando se fijó  en 130 Bs/mes, aproximadamente 30 $/mes. Entre marzo/2022-febrero/2023 la inflación acumulada supera el 250% pero el salario mínimo no ha aumentado en bolívares y -debido a la depreciación de la moneda nacional- ha quedado reducido a solo 5,33 $/mes. O sea, 18 centavos de dólar diarios. El FMI, BM y ONU estiman que quien gana menos de dos dólares diarios (60 $/mes) está sumido en la pobreza.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), más del 90% de los hogares venezolanos es pobre al no poder adquirir la canasta básica que, además de los alimentos, incluye transporte, servicios de luz, agua, gas, vestido, calzado, educación, salud, etc. Y más del 50 % de los hogares está en condición de pobreza crítica, al no poder comprar ni siquiera la canasta alimentaria.

El artículo 91 de la Constitución establece que: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas”. Atendiendo a este mandato constitucional, el salario mínimo debería ser al menos el costo de la canasta básica y no solo el costo de la canasta alimentaria. 

¿De dónde saldrán los recursos para pagar un aumento del salario mínimo?

El gobierno responde que no hay ingresos fiscales suficientes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública al nivel de la canasta alimentaria (400 $/mes) y mucho menos al nivel de la canasta básica (700 $/mes). El sector privado argumenta que apenas está saliendo de la recesión y no podría soportar un aumento semejante que llevaría a muchas empresas a la quiebra.

Pero el salario mínimo no puede verse solo como un costo de producción más. Un salario digno es una condición básica para la sobrevivencia humana, pero también es un requisito para la reactivación económica.  Los bajos salarios limitan el consumo privado, principal componente de la demanda agregada que dinamiza la producción, mueve las ventas y hace posible la ganancia empresarial. Sostener y ampliar la recuperación económica necesita aumentar el salario mínimo al menos al nivel de lo que cuesta la canasta alimentaria y, a medida que la economía mejore, llevarlo al nivel de la canasta básica que, además de alimentos incluye vestido, calzado, educación, salud, servicios, etc.

Cuando los ingresos fiscales son limitados, el Estado debe priorizar la protección de los sectores sociales más vulnerables. Con base en un principio de solidaridad, está llamado a aplicar impuestos que hagan posible una redistribución  progresiva del ingreso desde los sectores que más ganan hacia los que menos tienen. Pero seguimos atrapados en un círculo vicioso, toda vez que aumentar los impuestos en una economía que apenas viene saliendo de una prolongada recesión sería abortar el proceso de recuperación.

La ola de protestas de los trabajadores del sector público demanda un salario mínimo igual a la canasta alimentaria. El problema es de dónde saldrán los fondos para pagarlo. Algunas fuentes de recursos pudieran ser las siguientes:

ü  Impuesto al Débito Bancario (IDB) para pagar salario mínimo a la nómina de educación y salud.

ü  Pagar en petros el salario mínimo al resto de la nómina pública.

ü  Destinar dividendos de Citgo a crear un Fondo de Pensiones tipo Noruega para pagar a los jubilados.

ü  Aumento de gasolina para pagar salario mínimo a la nómina de alcaldías

ü  Retención en las regiones de un % del IVA para cubrir el aumento en la nómina de las gobernaciones.

Soluciones hay, veremos si hay voluntad política para aplicarlas.

¿Quiere Ud. entender en qué consiste la licencia a Chevron?

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

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El sábado 26 de noviembre, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Acto seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia que autoriza a Chevron a extraer petróleo venezolano con destino al mercado estadounidense. La secuencia de estos movimientos comprueba las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores.

El impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de los combustibles y la energía revitalizó el tema de la seguridad energética. En este contexto, la flexibilización de las sanciones pasa a ser un asunto de importancia estratégica para asegurar el control y suministro del petróleo venezolano.  

En efecto, al sancionar al petróleo ruso, la Administración Biden quiere ahora recuperar el suministro oportuno y permanente de petróleo venezolano. Con el objetivo de asegurar que toda la producción de las empresas mixtas en las que participa Chevron se destine exclusivamente al mercado estadounidense, la Licencia General N° 41 (LG41) autorizó las siguientes actividades:

·         Producción y extracción de petróleo y sus derivados.

·         Venta y exportación de estos productos, pero solo a Estados Unidos, con un derecho preferente a favor de Chevron.

·         Compra e importación de productos necesarios para realizar las actividades anteriores.

Chevron opera en Venezuela desde 1920 y actualmente tiene una participación minoritaria en cuatro empresas mixtas con Pdvsa:

Petroboscán: con 39,2% de las acciones, donde produce un tipo de crudo que se utiliza para el asfalto y es de gran interés para el plan de infraestructura de Biden.

Petropiar: con 30% de las acciones, opera un campo en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos crudos son depurados a través de costosos Mejoradores que están inactivos por las sanciones.

Petroindependencia: en la que tiene 34% de las acciones y explota uno de los mejores yacimientos de la FPO, con un gran potencial que no ha sido desarrollado plenamente.

Petroindependiente: con 25,2% de las acciones en esta empresa mixta en el Lago de Maracaibo.

Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones. A pesar del ultimátum de Trump para retirarse definitivamente de Venezuela, la compañía logró gestionar licencias para mantener sus inversiones en el país. La nueva licencia es de ejecución inmediata y permitirá un aumento de 125 mil barriles de petróleo diarios que, sumados a los 110 mil actuales, representan al menos 235 mil barriles de petróleo diarios que ayudarán a aliviar el alza en los precios de los combustibles y la energía en el mercado estadounidense. 

Según el marco legal vigente, es Pdvsa quien compra y comercializa -con carácter de exclusividad- la producción petrolera de las Empresas Mixtas. Como socio mayoritario, Pdvsa debería decidir cómo se realiza la comercialización de los crudos. Las empresas mixtas son las titulares de los derechos de exploración y producción, pero en los términos en que se publicó la LG41, Chevron se convertirá en el titular de los derechos de producción, exportación y comercialización del volumen de petróleo que se genere en las empresas mixtas en las que es accionista.

La LG41 impide a las empresas mixtas en las que participa Chevron a exportar petróleo a otros países. Tampoco pueden decidir libremente a quién venderlo: se lo tienen  que vender a Chevron. Por lo tanto, esta licencia crea una especie de monopsonio legal en el que solo hay un comprador del petróleo que produzcan las empresas mixtas en las que Chevron es accionista minoritario. Y ese único comprador es Chevron. Paradójicamente, la propia Ley Antibloqueo servirá -a quienes bloquearon a Venezuela- para desaplicar el marco legal según el cual solo Pdvsa puede exportar el petróleo venezolano.

El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro dice que: “Esta autorización impide que Pdvsa reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron. LG41 autoriza solamente la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela, y no autoriza otra actividad con Pdvsa.”  Es necesario aclarar que -a través del cobro de la regalía-, el Estado venezolano ejerce su condición de propietario de las riquezas del subsuelo. Quien cancela la regalía del 33,3%, así como el Impuesto Sobre la Renta de 50%  es la empresa mixta en la que Pdvsa es el accionista mayoritario.

La regalía es la remuneración que recibe el Estado venezolano por la liquidación de un recurso natural no renovable y quien la paga es la empresa mixta que tiene la autorización para explotar los yacimientos, no la paga directamente Chevron. Por otra parte, las empresas mixtas son las que pagan dividendos a sus accionistas. No es Chevron la que paga dividendos a Pdvsa, más bien Chevron cobra dividendos por su participación en la empresa mixta.

Una cosa es la empresa mixta que explota los yacimientos y otra cosa es Chevron como comprador del petróleo que extrae la empresa mixta. Al comprar petróleo venezolano, Chevron no tiene obligación de pagar ninguna regalía, toda vez que actúa en condición de comprador y no de productor. Por lo tanto, no hace falta prohibir a Chevron pagar regalías e impuestos a la República, ya que son las empresas mixtas a las que les corresponde hacer estos pagos.

Las sanciones petroleras causaron un considerable daño a los exportadores estadounidenses de bienes y servicios que son proveedores de Pdvsa. Las nuevas licencias favorecen a las empresas de servicios como Halliburton, Schlumberger y otras más, a las cuales se le otorgan permisos para seguir operando en Venezuela y atender las necesidades de servicios de las empresas mixtas en las que Chevron es accionista, a las cueles podrán vender piezas, repuestos, tuberías, taladros y tecnología.

Al no tener que vender el petróleo venezolano a escondidas,  la LG41 permite comercializar los crudos venezolanos con mayor transparencia y no bajo el secretismo que permite la Ley Antibloqueo. Con la reapertura del mercado petrolero de EEUU, el más grande del mundo, empiezan a superarse los impedimentos para que el petróleo venezolano pueda venderse a precios de mercado en Europa y Asia. Así se abren vías para corregir la sobreaplicación de las sanciones y para que otras empresas como Repsol y ENI retomen sus operaciones en Venezuela. Tengamos en cuenta que hay más de 40 socios de Pdvsa en las empresas mixtas que reclamarán un trato semejante al de Chevron, y como mucha razón reclamarán: o hay licencias para todos o no hay licencia para nadie.

Al vender los crudos nacionales sin los ruinosos descuentos a los intermediarios, ni los sobreprecios a las navieras que desafían las sanciones para transportar el petróleo venezolano, el país saldrá beneficiado al recibir más ingresos que podrán ser destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias venezolanas. En principio, los recursos para financiar el Acuerdo de Protección Social saldrán de la liberación de los fondos que la República tiene bloqueados en el exterior. Gobierno y oposición acordaron que esos recursos sean administrados con el apoyo de las Naciones Unidas, así como la creación de una Mesa Nacional de Atención Social para garantizar la transparencia en el uso de los fondos que estarán dirigidos principalmente a la atención en materia de salud, electricidad, alimentación, así como a los afectados por las lluvias.

En los hechos, se trata de un mecanismo de cogobierno, un ensayo de gobierno de coalición, que ojalá sea exitoso y contribuya a crear las condiciones necesarias para avanzar hacia un mayor clima de entendimiento y cooperación que permita sacar al país de la crisis y enrumbarlo por la senda del crecimiento  o y la prosperidad.

Carta Abierta a la Comisión Nacional de Primarias

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Les escribe un ciudadano de a pie, un elector más entre esos millares de venezolanos que ven con mucha expectativa la designación de un grupo de venezolanos de destacada trayectoria, íntegros y decentes, para organizar la consulta a través de la cual se decidirá quién debe ser el candidato o candidata que exprese la aspiración de cambio que tiene el país descontento, no solo con el gobierno, sino también con las diferentes corrientes de la oposición que no han sido capaces de unirse para sacar al país de la crisis en la que el gobierno nos metió.

El candidato que surja no puede ser el que unifique solo a los partidos de un sector de la oposición, esto es necesario más no suficiente; como tampoco es suficiente que se elija un candidato que una a todos los sectores de la oposición. El país descontento va mucho más allá de los seguidores de los partidos de la oposición. Por lo tanto, ese candidato único y unitario también tiene que motivar, unir y movilizar electoralmente a todo el malestar nacional, que incluye no solo a quienes están descontentos con el gobierno, sino también a quienes se sienten defraudados por el liderazgo opositor.

Entre tantos precandidatos figuran aspirantes con méritos suficientes, con propuestas concretas y viables para sacar al país de la crisis. Pero también se han postulado arribistas y trepadores, que no tienen esbozado ningún programa de gobierno, y lanzan su nombre por afán de figuración y ambición personal. Sin embargo, no puede ninguna cúpula de partidos, ni ninguna comisión electoral, arrogarse la facultad de decidir quién es un genuino opositor y quién es un farsante o alacrán. Esa decisión tiene que quedar en manos del elector, el cual decidirá con su voto, quién es un auténtico precandidato del país descontento y quién es un opositor espurio sin opción.

En un país donde el 75 % de los electores está descontento con la gestión del gobierno y se pronuncia a favor de un cambio en el mando político, la posibilidad real de capitalizar electoralmente ese enorme malestar nacional pasa por elegir una candidatura única y unitaria. Pero si en las primarias que ustedes están organizando no se permite la inscripción de los precandidatos de todas las tendencias, los bloques de la oposición que queden excluidos elegirán sus propios candidatos. Nuevamente la oposición irá dividida con candidatos de la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática, la Alternativa Popular Revolucionaria y otras candidaturas, facilitando así el triunfo del candidato oficialista, a pensar del enorme  rechazo que tiene el gobierno en las encuestas.

Como la convocatoria a las primarias de la Plataforma Unitaria se definió como un proceso lo más amplio posible y quedó abierta a la postulación de precandidatos de otras corrientes de la oposición, esto ha contribuido a generar una expectativa desmesurada en los electores de a pie que, seguramente, ha ido más allá del mandato que ustedes recibieron de organizar las elecciones primarias para un sector de la oposición y no para todas las oposiciones, entre las cuales suele haber un fuego cruzado de insultos y descalificaciones que desmotivan al elector.

Ante la posibilidad real de que se postulen varias candidaturas que dividan al país descontento -y una vez más se pierda la oportunidad de capitalizar electoralmente el malestar nacional para avanzar hacia una solución pacífica y democrática del conflicto venezolano-, me gustaría saber si la Comisión Nacional de Primarias tiene suficiente autonomía y mandato para decidir sobre las siguientes materias:

1.    El desarrollo del reglamento que heredaron, el cual luce muy escueto y debe ser perfeccionado para poder celebrar unas primarias libres y competitivas, que no reediten ni repitan la falta de condiciones y garantías electorales que tanto critica la oposición en las elecciones venezolanas.

2.    La postulación de cualquier precandidato o precandidata, independientemente del bloque de la oposición al que pertenezca, con el único requisito de que esté políticamente habilitado, para evitar que todo el esfuerzo en la organización de las primarias se pierda, al elegir un candidato que luego no pueda competir.

3.    La aceptación de precandidatos postulados por los partidos judicializados e intervenidos por el TSJ, así como la activación de filtros y mecanismos de defensa para identificar precandidatos troyanos que -una vez aceptada su inscripción-, se dediquen a sabotear y boicotear las primarias.

4.    La aprobación de un código de ética -con sanciones y multas-, para evitar descalificaciones e insultos entre los precandidatos que desestimulen y desmovilicen la masiva participación del electorado.

5.    Además del requisito de suscribir el Programa Mínimo de Gobierno acordado por la Plataforma Unitaria, la exigencia adicional a los precandidatos de presentar unos lineamientos generales que demuestren la comprensión que tienen de los principales problemas del país y sus propuestas para superarlos.

6.    La celebración de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, de tal forma que quien finalmente resulte electo o electa, cuente con el respaldo de más del 50 % de los electores que participen en las primarias.

7.    La transparencia de las fuentes de financiamiento de la Comisión Nacional para la promoción, organización y desarrollo de todas y  cada una de las fases y etapas del proceso de elecciones primarias.

8.    Los mecanismos de prevención y control a fin de impedir el uso indebido de recursos públicos de gobernaciones y alcaldías controladas por la oposición, en el financiamiento de sus respectivos precandidatos, y así evitar acusaciones de ventajismo e impugnaciones que empañen los comicios y su resultado.

9.    El apoyo técnico del CNE para organizar y auditar las diferentes fases y etapas del proceso, la organización de los centros electorales, la acreditación de los miembros y testigos de mesa, así como el escrutinio y totalización de los votos.

10. La observación nacional e internacional a lo largo de todo el proceso electoral, y no solo del acto final de votación, para refrendar y certificar que se realizaron unas elecciones libres y transparentes.

 

Amnistía general y Pacto de Convivencia

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

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En el marco del Foro de París sobre la Paz, el Presidente de Francia propició un encuentro entre los negociadores del gobierno y la oposición. Fueron testigos de esa reunión los presidentes de Colombia, Argentina y la ministra noruega de Asuntos Exteriores. El presidente de Colombia dejó ver que si EEUU no cesa la persecución judicial contra Nicolás Maduro no habrá elecciones libres en Venezuela. Recordemos que EEUU ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de delitos de narcotráfico, terrorismo y complicidad con la guerrilla colombiana. En tono de pregunta, Gustavo Petro advirtió: “¿Cómo se puede hacer una elección libre si hay un precio sobre tu cabeza medido en millones de dólares para que te maten?”.

En efecto, si el destino de Maduro -en caso de perder las Presidenciales de 2024-, es una cárcel en EEUU o La Haya, y todos sus colaboradores también serán perseguidos, el chavismo maniobrará para aferrarse al poder. En otro escenario, si la oposición se presenta dividida, le da margen de maniobra al gobierno para mejorar las condiciones electorales sin poner en riesgo su victoria y este resultado finalmente es reconocido, pero una vez legitimado en el poder el oficialismo desata un pase de factura a todos los que estuvieron involucrados con el interinato de Guaidó, la promoción de sanciones contra Venezuela, el saqueo a Monómeros y el despojo de activos de la República en el exterior, el conflicto político se exacerbará y el país se hará ingobernable.

Un cambio político en paz pasa por garantizar los derechos políticos de los que pierdan las elecciones, de tal forma que -en vez de verse forzados a responder con el mismo calibre a la persecución y ataques que reciban-, más bien puedan seguir participando en el proceso político. Sin un acuerdo de convivencia que evite una cacería de brujas a quienes resulten derrotados, el solo cambio político no asegura la paz ni la normalidad. Al contrario, puede agravar el  conflicto y hacer ingobernable al país.

La superación de la crisis no se logrará persiguiendo al rival político o tratándolo como un enemigo que debe ser exterminado. La solución electoral y pacífica tiene que garantizar los derechos políticos de los perdedores. Para poder celebrar unas elecciones libres y limpias, Petro propone el cese de la persecución judicial de EEUU, una amnistía general y un Pacto de Convivencia que asegure garantías a aquellos actores políticos que se comprometan con una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano. Esta propuesta ha sido recibida con desconfianza por un sector de la oposición, el primero en reaccionar fue el propio Gerardo Blyde en París, al decir que “no son pactables amnistías para violadores de DDHH”.

Vale preguntarse, entonces, si ante un eventual recrudecimiento de la represión del Estado ¿la oposición radical está preparada para transitar una ruta distinta a la electoral? Ya lo intentó con La Salida y las protestas violentas en 2014, las guarimbas en 2017, el fallido  Golpe de Estado del 30 de Abril de 2019, los mercenarios de la Operación Gedeón en 2020 y el frustrado intento de magnicidio. Todos esos conatos de forzar una salida violenta de Nicolás Maduro del poder fracasaron y obligaron a la oposición radical a retomar la ruta electoral.

El país está extenuado de una confrontación política estéril que ha agravado los problemas que azotan a los hogares, empresas e instituciones venezolanas. Hay mucho dolor acumulado por los muertos, heridos, perseguidos, encarcelados, exiliados y migrantes que ha dejado como saldo el conflicto. La única manera de evitar que esas cifras sigan subiendo y que ese creciente dolor se convierta en obsesión de venganza, es abrirle paso al encuentro, la reconciliación y el entendimiento nacional. Una amnistía general y un Pacto de Convivencia pudieran ser pasos de avance en esa dirección.

Carta Abierta a Nicolás Maduro y Juan Guaidó

Víctor Álvarez R/@victoralvarezr

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Les escribe un ciudadano de a pie, sin ningún poder e influencia, que sencillamente está preocupado por la rapiña que amenaza los activos de PDVSA y Venezuela en el exterior. Recientemente un juez federal estadounidense presentó un plan para subastar las acciones de PDV Holding en Citgo y pagar con esos fondos la indemnización que reclama la minera canadiense Crystallex por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que dictó una sentencia favorable a la minera por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo, una compañía filial de Pdvsa que cuenta con tres refinerías en EEUU, una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores que quieren cobrar indemnizaciones y deudas que Venezuela tiene pendientes.

Aunque Citgo nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con el argumento de que la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de alter ego y sentenció el pago de la indemnización que exige Crystallex, con el remate de Citgo. Pdvsa apeló ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.

A raíz del desconocimiento de la Administración Trump a la reelección de Nicolás Maduro en las Presidenciales de 2018, y del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, los representantes del interinato son los únicos que pueden actuar legalmente a nombre de Venezuela ante las cortes de EEUU. El diario británico Financial Times y voceros de la oposición han hecho saber que el instrumento del gobierno interino no funcionó para forzar la salida de Nicolás Maduro, y que la Administración Biden se propone retirarle el apoyo a partir de enero de 2023. En consecuencia, los funcionarios designados por el interinato ya no tendrían ninguna representación ni autoridad para actuar ante los tribunales estadounidenses en defensa de los intereses de Venezuela.

Si la Casa Blanca tampoco reconoce a Nicolás Maduro como el Presidente de la República, ¿Quiénes, entonces, quedarían a cargo de la protección de los activos de la República ante las cortes de EEUU?

Acordar estrategias

Es necesario que quienes se queden al frente de Citgo cuenten con el reconocimiento y apoyo, tanto del gobierno como de la oposición. Si la junta directiva ad hoc designada por el interinato deja de ser reconocida o se queda sola y sin apoyo, no podrá actuar para proteger Citgo. De allí la urgencia de acordar una estrategia común para la defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior, comenzando por designar de mutuo acuerdo una junta directiva de Citgo que cuente con el respaldo del gobierno y la oposición. Tengamos en cuenta que el remate de las acciones no se ha concretado aún porque Citgo, paradójicamente, está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884 que -sin una autorización del Tesoro de EEUU-, impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades de Pdvsa o la República.

Los acreedores que tienen cuentas por cobrar argumentan que una decisión del Poder Judicial estadounidense, tomada por una Corte Federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Poder Ejecutivo como la OFAC. En la lista están los tenedores del Bono Pdvsa 2020 que esperan cobrar $ 1.700 millones y tienen la garantía del 50,1% de las acciones de Citgo, Conoco-Phillips con una sentencia a su favor por $ 1.200 millones, y el Fondo de Inversión que compró el 85 % de los derechos de litigio de Crystallex. La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial de EEUU ha contribuido a demorar el remate de Citgo, pero la amenaza de que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos no ha sido conjurada. De hecho, según el cronograma presentado por el juez estadounidense, en un plazo entre seis y nueve meses se tramitará el permiso ante la OFAC, la contratación de un banco de inversiones y los procedimientos de licitación para proceder al remate de las acciones a principios de 2024.

El remate de Citgo significaría la pérdida de un importante complejo refinador que se necesita para la recuperación de la industria petrolera nacional y sentaría un grave precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones y deudas pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Antes de que la Administración Biden de por concluido el reconocimiento al interinato, es necesario que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó acuerden una estrategia conjunta para evitar que la OFAC conceda el permiso para rematar las acciones de Citgo.

El interés nacional también necesita una estrategia común del gobierno y la oposición ante la Administración Biden para que la OFAC no autorice el remate de las acciones y para mantener la protección de Citgo cuando el avance de las negociaciones sobre condiciones electorales se traduzca en una flexibilización de las sanciones.

¿Hay alternativas para salvar Citgo?

Existen otras alternativas para salvar Citgo y proteger los activos de la República en el exterior, desde solicitar a la ONU una Resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que sufre una crisis migratoria, hasta la creación de un Fondo Humanitario Nacional en el que se depositen los fondos de Pdvsa y la República que están congelados debido a las sanciones económicas. Un antecedente es caso de Irak, luego del derrocamiento de Sadam Hussein, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 para proteger los activos que Irak ha utilizado en su reconstrucción. Otro antecedente es el Fondo Afgano, al que EEUU transfirió $ 3.500 millones que estaban congelados para atender la emergencia social.

Para garantizar que los recursos que Pdvsa y la República tienen congelados en el exterior sean destinados a financiar programas sociales y a repotenciar servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, gobierno y oposición pueden acordar la creación de un Fondo Humanitario Venezolano, el cual funcionaría bajo supervisión internacional de organismos como el PNUD, OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos.

Estas son las preocupaciones, reflexiones y propuestas de un ciudadano de a pie, una voz más de esa sociedad civil que busca ser escuchada y espera de su dirigencia política acuerdos concretos que contribuyan a aliviar los graves problemas que afectan a la sociedad venezolana. 

 Gobernaciones y alcaldías deberían cobra un impuesto a la gasolina

Víctor Álvarez R/@victoralvarezr

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A raíz del colapso de la renta petrolera se redujo drásticamente el situado constitucional, que es el monto de los ingresos fiscales ordinarios que el gobierno central debe transferir a los estados y municipios. Esto ha forzado a gobernadores y alcaldes a incrementar los impuestos, tasas, papel sellado, timbres fiscales, impuestos a las actividades económicas y comerciales, inmuebles urbanos, circulación de vehículos, espectáculos públicos, juegos, loterías, propaganda y publicidad comercial.

Tal es la necesidad de generar ingresos fiscales que los estados invaden competencias de los municipios y viceversa, encubren impuestos bajo la figura de timbres fiscales, y aplican cobros anticipados de IVA e ISLR que dejan a las empresas sin flujo de caja. Los gremios empresariales se han quejado de la voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías. El Gobierno central y la Asamblea Nacional han considerado la multiplicación y alza de tributos como una actuación desordenada y caótica de los gobiernos locales que puede perjudicar la reactivación económica.

Con el argumento de evitar la doble tributación, la sobreimposición y la sobrecarga fiscal que frene la recuperación económica, el Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo promueven la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Esta Ley establecerá parámetros y limitaciones a las potestades tributarias de los estados y municipios, y los gobiernos regionales deberán consultar al Consejo Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en los impuestos que cobran, así como el recálculo de tasas o alícuotas.

Por estas razones no ha sido bien recibida por los gobernadores y alcaldes, los cuales argumentan que perderán margen de maniobra para generar ingresos propios que compensen la reducción de las transferencias del gobierno central. Cuestionan que se trata de una Ley centralista que limita las competencias de los estados y municipios en materia de impuestos, tasas y contribuciones que son de su exclusiva competencia y su aprobación puede llevar al quiebre técnico y desaparición de los gobiernos locales. A fin de armonizar los objetivos de reactivación económica con la necesidad de los gobiernos locales de generar ingresos fiscales, hay que buscar medidas compensatorias que

hagan posible un acuerdo gana-ganar entre los tres niveles de gobierno, el aparato productivo y los trabajadores, consumidores y hogares venezolanos.

Para compensar la reducción del Situado Constitucional y los menores ingresos a los que lleva la Ley de Armonización Tributaria, el país debería debatir la conveniencia y viabilidad de autorizar a los estados y municipios el cobro de un impuesto indirecto a la gasolina, cuya recaudación sería destinada al financiamiento de planes, programas y proyectos de interés regional y local.

Seguir subsidiando la gasolina no favorece a los sectores de menores ingresos que no tienen

vehículo propio, nunca van a una estación de servicio a llenar un tanque y se ven obligados a

desplazarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente. Este subsidio se traduce en la pérdida de cuantiosos ingresos fiscales que bien pudieran destinarse a mejores fines. El déficit que genera en las cuentas de Pdvsa se paga con emisiones de dinero inflacionario que empobrece a los hogares. Sustituir este subsidio por un impuesto a la gasolina que puedan cobrar las gobernaciones y alcaldías en las estaciones de servicio que están en su territorio puede ser una fuente de los ingresos fiscales compensatorios que necesitan para financiar, por ejemplo el mantenimiento de la vialidad de los estados y municipios o la repotenciación del sistema de transporte público local.