Pedagogía Económica y Electoral

Carta Abierta a la Comisión Nacional de Primarias

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Les escribe un ciudadano de a pie, un elector más entre esos millares de venezolanos que ven con mucha expectativa la designación de un grupo de venezolanos de destacada trayectoria, íntegros y decentes, para organizar la consulta a través de la cual se decidirá quién debe ser el candidato o candidata que exprese la aspiración de cambio que tiene el país descontento, no solo con el gobierno, sino también con las diferentes corrientes de la oposición que no han sido capaces de unirse para sacar al país de la crisis en la que el gobierno nos metió.

El candidato que surja no puede ser el que unifique solo a los partidos de un sector de la oposición, esto es necesario más no suficiente; como tampoco es suficiente que se elija un candidato que una a todos los sectores de la oposición. El país descontento va mucho más allá de los seguidores de los partidos de la oposición. Por lo tanto, ese candidato único y unitario también tiene que motivar, unir y movilizar electoralmente a todo el malestar nacional, que incluye no solo a quienes están descontentos con el gobierno, sino también a quienes se sienten defraudados por el liderazgo opositor.

Entre tantos precandidatos figuran aspirantes con méritos suficientes, con propuestas concretas y viables para sacar al país de la crisis. Pero también se han postulado arribistas y trepadores, que no tienen esbozado ningún programa de gobierno, y lanzan su nombre por afán de figuración y ambición personal. Sin embargo, no puede ninguna cúpula de partidos, ni ninguna comisión electoral, arrogarse la facultad de decidir quién es un genuino opositor y quién es un farsante o alacrán. Esa decisión tiene que quedar en manos del elector, el cual decidirá con su voto, quién es un auténtico precandidato del país descontento y quién es un opositor espurio sin opción.

En un país donde el 75 % de los electores está descontento con la gestión del gobierno y se pronuncia a favor de un cambio en el mando político, la posibilidad real de capitalizar electoralmente ese enorme malestar nacional pasa por elegir una candidatura única y unitaria. Pero si en las primarias que ustedes están organizando no se permite la inscripción de los precandidatos de todas las tendencias, los bloques de la oposición que queden excluidos elegirán sus propios candidatos. Nuevamente la oposición irá dividida con candidatos de la Plataforma Unitaria, la Alianza Democrática, la Alternativa Popular Revolucionaria y otras candidaturas, facilitando así el triunfo del candidato oficialista, a pensar del enorme  rechazo que tiene el gobierno en las encuestas.

Como la convocatoria a las primarias de la Plataforma Unitaria se definió como un proceso lo más amplio posible y quedó abierta a la postulación de precandidatos de otras corrientes de la oposición, esto ha contribuido a generar una expectativa desmesurada en los electores de a pie que, seguramente, ha ido más allá del mandato que ustedes recibieron de organizar las elecciones primarias para un sector de la oposición y no para todas las oposiciones, entre las cuales suele haber un fuego cruzado de insultos y descalificaciones que desmotivan al elector.

Ante la posibilidad real de que se postulen varias candidaturas que dividan al país descontento -y una vez más se pierda la oportunidad de capitalizar electoralmente el malestar nacional para avanzar hacia una solución pacífica y democrática del conflicto venezolano-, me gustaría saber si la Comisión Nacional de Primarias tiene suficiente autonomía y mandato para decidir sobre las siguientes materias:

1.    El desarrollo del reglamento que heredaron, el cual luce muy escueto y debe ser perfeccionado para poder celebrar unas primarias libres y competitivas, que no reediten ni repitan la falta de condiciones y garantías electorales que tanto critica la oposición en las elecciones venezolanas.

2.    La postulación de cualquier precandidato o precandidata, independientemente del bloque de la oposición al que pertenezca, con el único requisito de que esté políticamente habilitado, para evitar que todo el esfuerzo en la organización de las primarias se pierda, al elegir un candidato que luego no pueda competir.

3.    La aceptación de precandidatos postulados por los partidos judicializados e intervenidos por el TSJ, así como la activación de filtros y mecanismos de defensa para identificar precandidatos troyanos que -una vez aceptada su inscripción-, se dediquen a sabotear y boicotear las primarias.

4.    La aprobación de un código de ética -con sanciones y multas-, para evitar descalificaciones e insultos entre los precandidatos que desestimulen y desmovilicen la masiva participación del electorado.

5.    Además del requisito de suscribir el Programa Mínimo de Gobierno acordado por la Plataforma Unitaria, la exigencia adicional a los precandidatos de presentar unos lineamientos generales que demuestren la comprensión que tienen de los principales problemas del país y sus propuestas para superarlos.

6.    La celebración de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, de tal forma que quien finalmente resulte electo o electa, cuente con el respaldo de más del 50 % de los electores que participen en las primarias.

7.    La transparencia de las fuentes de financiamiento de la Comisión Nacional para la promoción, organización y desarrollo de todas y  cada una de las fases y etapas del proceso de elecciones primarias.

8.    Los mecanismos de prevención y control a fin de impedir el uso indebido de recursos públicos de gobernaciones y alcaldías controladas por la oposición, en el financiamiento de sus respectivos precandidatos, y así evitar acusaciones de ventajismo e impugnaciones que empañen los comicios y su resultado.

9.    El apoyo técnico del CNE para organizar y auditar las diferentes fases y etapas del proceso, la organización de los centros electorales, la acreditación de los miembros y testigos de mesa, así como el escrutinio y totalización de los votos.

10. La observación nacional e internacional a lo largo de todo el proceso electoral, y no solo del acto final de votación, para refrendar y certificar que se realizaron unas elecciones libres y transparentes.