Víctor Álvarez
R. / @victoralvarezr
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica
El sábado 26 de noviembre, el gobierno de
Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y
firmaron un Acuerdo para la Protección Social del
Pueblo Venezolano. Acto
seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia que autoriza a Chevron a
extraer petróleo venezolano con destino al mercado estadounidense. La
secuencia de estos movimientos comprueba las negociaciones directas entre la
Casa Blanca y Miraflores.
El impacto de la guerra en Ucrania sobre
los precios de los combustibles y la energía revitalizó el tema de la seguridad
energética. En este contexto, la flexibilización de las sanciones pasa a ser un
asunto de importancia estratégica para asegurar el control y suministro del
petróleo venezolano.
En efecto, al sancionar
al petróleo ruso, la Administración Biden quiere ahora recuperar el suministro
oportuno y permanente de petróleo venezolano. Con el objetivo de asegurar que
toda la producción de las empresas mixtas en las que participa Chevron se destine
exclusivamente al mercado estadounidense, la Licencia General N° 41 (LG41) autorizó las
siguientes actividades:
·
Producción y extracción de petróleo y sus derivados.
·
Venta y exportación de estos productos, pero solo a Estados Unidos, con
un derecho preferente a favor de Chevron.
·
Compra e importación de productos necesarios para realizar las
actividades anteriores.
Chevron opera
en Venezuela desde 1920 y actualmente tiene una participación minoritaria en cuatro empresas
mixtas con Pdvsa:
Petroboscán: con
39,2% de las acciones, donde produce un tipo de crudo que se
utiliza para el asfalto y es de gran interés para el plan de infraestructura de
Biden.
Petropiar: con
30% de las acciones, opera
un campo en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos crudos son depurados a
través de costosos Mejoradores que
están inactivos por las sanciones.
Petroindependencia:
en la que tiene 34% de las acciones y explota uno de los mejores yacimientos
de la FPO, con un gran potencial que no ha sido desarrollado plenamente.
Petroindependiente:
con 25,2% de las acciones en esta empresa mixta en el Lago de
Maracaibo.
Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido
aprovechar debido a las sanciones. A pesar del ultimátum de Trump para
retirarse definitivamente de Venezuela, la compañía logró gestionar licencias
para mantener sus inversiones en el país. La nueva licencia es de ejecución
inmediata y permitirá un aumento de 125 mil barriles de petróleo diarios que,
sumados a los 110 mil actuales, representan al menos 235 mil barriles de
petróleo diarios que ayudarán a aliviar el alza en los precios de los combustibles
y la energía en el mercado estadounidense.
Según
el marco legal vigente, es Pdvsa quien compra y comercializa -con carácter de
exclusividad- la producción petrolera de las Empresas Mixtas. Como socio mayoritario, Pdvsa debería decidir
cómo se realiza la comercialización de los crudos. Las
empresas mixtas son las titulares de los derechos de exploración y
producción, pero en los términos
en que se publicó la LG41, Chevron se convertirá en el titular de los derechos
de producción, exportación y
comercialización del volumen de petróleo que se genere en las empresas
mixtas en las que es accionista.
La LG41 impide a las empresas mixtas en
las que participa Chevron a exportar petróleo a otros países. Tampoco pueden
decidir libremente a quién venderlo: se lo tienen que vender a Chevron. Por lo tanto, esta
licencia crea una especie de monopsonio legal en el que solo hay un comprador
del petróleo que produzcan las empresas mixtas en las que Chevron es accionista
minoritario. Y ese único comprador es Chevron. Paradójicamente, la propia Ley
Antibloqueo servirá -a quienes bloquearon a Venezuela- para desaplicar el marco
legal según el cual solo Pdvsa puede exportar el petróleo venezolano.
El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro dice
que: “Esta autorización impide que Pdvsa
reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron. LG41 autoriza solamente la
actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela, y no
autoriza otra actividad con Pdvsa.” Es necesario aclarar que -a través del cobro de la
regalía-, el Estado venezolano ejerce su condición de propietario de las
riquezas del subsuelo. Quien cancela la regalía del 33,3%, así como el Impuesto
Sobre la Renta de 50% es la empresa
mixta en la que Pdvsa es el accionista mayoritario.
La
regalía es la remuneración que recibe el Estado venezolano por la liquidación
de un recurso natural no renovable y quien la paga es la empresa mixta que
tiene la autorización para explotar los yacimientos, no la paga directamente Chevron.
Por otra parte, las empresas
mixtas son las que pagan dividendos a sus accionistas. No es Chevron la que paga
dividendos a Pdvsa, más bien Chevron cobra dividendos por su participación en
la empresa mixta.
Una
cosa es la empresa mixta que explota los yacimientos y otra cosa es Chevron como
comprador del petróleo que extrae la empresa mixta. Al comprar petróleo venezolano,
Chevron no tiene obligación de pagar ninguna regalía, toda vez que actúa en
condición de comprador y no de productor. Por lo tanto, no hace falta prohibir a Chevron pagar regalías e
impuestos a la República, ya que son las empresas mixtas a las que les
corresponde hacer estos pagos.
Las
sanciones petroleras causaron un considerable daño a los exportadores
estadounidenses de bienes y servicios que son proveedores de Pdvsa. Las
nuevas licencias favorecen a las empresas de servicios como Halliburton,
Schlumberger y otras más, a las cuales se le otorgan permisos para seguir
operando en Venezuela y atender las necesidades de servicios de las empresas
mixtas en las que Chevron es accionista, a las cueles podrán vender piezas, repuestos, tuberías,
taladros y tecnología.
Al no tener que vender el petróleo venezolano a
escondidas, la LG41 permite comercializar
los crudos venezolanos con mayor transparencia y no bajo el secretismo que
permite la Ley Antibloqueo. Con
la reapertura del mercado petrolero de EEUU, el más grande del mundo, empiezan
a superarse los impedimentos para que el petróleo venezolano pueda venderse a
precios de mercado en Europa y Asia.
Así se abren vías para corregir la sobreaplicación de las sanciones y para que
otras empresas como Repsol y ENI retomen sus operaciones en Venezuela. Tengamos
en cuenta que hay más de 40 socios de Pdvsa en las empresas mixtas que
reclamarán un trato semejante al de Chevron, y como mucha razón reclamarán: o hay licencias para todos o no hay licencia
para nadie.
Al vender los crudos nacionales sin los ruinosos
descuentos a los intermediarios, ni los sobreprecios a las navieras que desafían
las sanciones para transportar el petróleo venezolano, el país saldrá
beneficiado al recibir más ingresos que podrán ser destinados a mejorar las
condiciones de vida de las familias venezolanas. En principio, los recursos para
financiar el Acuerdo de Protección Social saldrán de la liberación de los
fondos que la República tiene bloqueados en el exterior. Gobierno y oposición
acordaron que esos recursos sean administrados con el apoyo de las Naciones
Unidas, así como la creación de una Mesa Nacional de Atención Social para garantizar
la transparencia en el uso de los fondos que estarán dirigidos principalmente a la atención en materia de
salud, electricidad, alimentación, así como a los afectados por las lluvias.
En los hechos, se trata de un
mecanismo de cogobierno, un ensayo de gobierno de coalición, que ojalá sea
exitoso y contribuya a crear las condiciones necesarias para avanzar hacia un
mayor clima de entendimiento y cooperación que permita sacar al país de la
crisis y enrumbarlo por la senda del crecimiento o y la prosperidad.
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