viernes, 31 de julio de 2015

Del rentismo importador a la industrialización exportadora


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Los análisis superficiales explican los problemas y conflictos de­rivados del modelo extractivista-rentista como una simple adicción a las divisas subsidiadas, sin referirse al conflicto histórico entre los diferentes actores económicos, sociales y políticos por captar el mayor porcentaje del plusvalor internacional contenido en la renta petrolera. A favor de quien se oriente su distribución dependerá en gran medida del interés que representen los sujetos que logran controlar la estructura del Estado.

Los hechos concretos en Venezuela y América Latina demuestran que el extractivismo-rentista se prolonga incluso bajo gobiernos progresistas y de izquierda que, si bien han reivindicado la soberanía nacional sobre los recursos naturales, profundizan la actividad extractiva justificando que la renta obtenida se destinará a la inversión social. Y así, la suerte de nuestros pueblos se debate entre las crisis de abundancia y las crisis de escasez.

Los actuales problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación derivados de la precariedad del aparato productivo interno y de los retrasos en la liquidación de divisas para importar, renuevan la necesidad de impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo que facilite la transición sin traumas al post-extractivismo, haciendo innecesaria la explotación intensiva del petróleo que, en años de alza de los precios y auge rentístico, se traduce en una desmesurada inyección de petrodólares a la economía. Definitivamente, no hemos sabido lidiar con las crisis de abundancia para mantener bajo control las patologías inherentes al ADN de una economía rentista, razón por la cual  después de cada bonaza petrolera son más los problemas que quedan como legado que los que estructuralmente se terminan de resolver.

Obviamente no se trata de decretar arbitrariamente el fin del extractivismo, cerrando intempestivamente los pozos  petroleros y las minas, sino de planificar la reducción gradual de las actividades extractivas, a la vez que se impulsa la construcción de un nuevo modelo productivo capaz de sustituir importaciones, diversificar las exportaciones y asegurar la soberanía alimentaria y productiva. 

La conformación del PIB venezolano es muy precaria. En la última década ha caído la contribución de la agricultura y la industria, que son sectores básicos para lograr la soberanía productiva, mientras que ha subido el peso del comercio, las finanzas y los servicios, acentuando la dependencia de los suministros importados. La estructura sectorial del PIB aún está lejos de reflejar la conformación de una economía que asegure una inserción soberanía del país en la economía mundial. La agricultura apenas aporta el 4 % del PIB, cuando debería estar en al menos 12 %, si se quieren lograr los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria; la industria apenas aporta el 13 % del PIB, cuando los estándares internacionales concuerdan que la manufactura debería contribuir al menos con el 20 % del PIB para considerar que un país se ha industrializado.

Al desagregar el análisis por sectores se evidencia que la tasa de crecimiento interanual del sector manufacturero siempre ha sido menor que la del PIB, lo cual significa que la industria ha venido perdiendo importancia relativa en la conformación del producto, pasando de 18.8% en 1999 a solo 13 en el 2014. El PIB depende cada vez más del comercio y los servicios -particularmente del comercio importador y los servicios financieros-, lo cual acentúa los rasgos de una economía rentista cada vez más dependiente de las importaciones y actividades especulativas. En adelante, se impone incentivar un PIB con más calidad, sustentado en la agricultura, la industria, la construcción y el turismo como sectores que pueden sustituir importaciones, generar abundante empleo y activar nuevas fuentes de divisas.

La transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo requiere el diseño de un nuevo régimen cambiario que debe ir complementado con otras decisiones en materia de política fiscal, monetaria, de precios y sobre todo con el diseño de una política agrícola, industrial y tecnológica que permita fortalecer la calidad, productividad y competitividad del aparato productivo. La transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador comenzará a concretarse a medida que las necesidades en divisas de los diferentes sectores económicos puedan ser cubiertas por el ingreso que estos mismo generen con sus exportaciones de bienes y servicios con un creciente valor agregado nacional. De allí la importancia de avanzar hacia una nueva política cambiaria que determine el precio de la divisa en un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional y evite el fenómeno de la sobrevaluación que ha causado el sesgo anti-exportador y pro-importador de la economía venezolana. Es así como será posible impulsar la transición del rentismo importador a una nueva industrialización exportadora.

 

 

 

 

¿Cuánto pesan las indemnizaciones por expropiaciones?


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La propiedad no es una simple posesión basada en el derecho mercantil sino un sistema de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción. El socialismo del siglo XX, estatizó todos los medios de producción, deformándose en un sistema de dominación que ahogó el espíritu emprendedor, criminalizó la iniciativa empresarial,  frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando escasez, racionamiento y especulación. Las poderosas élites burocráticas derivaron en una burguesía funcional que se apropió de parte importante del plustrabajo social, ya no como propietarios de los medios de producción, sino por los privilegios asociados a sus cargos.

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Lo que comenzó como un proceso de recuperación de empresas consideradas estratégicas o de interés nacional, derivó en una ola de estatizaciones y ocupaciones de empresas que se extendió a casi todas las actividades económicas. En este auge nacionalizador se estatizaron compañías de telecomunicaciones, de electricidad, siderúrgicas, fábricas de botellas, torrefactoras de café, empresas de lácteos, procesadoras de aceite doméstico, textileras, cementeras, briqueteras, cadenas de supermercados, empresas de servicios, operadoras de aeropuertos, bancos, etc.

Algunos casos fueron indemnizados, pero la mayoría de las expropiaciones siguen litigios y controversias legales que se han prolongado durante varios años en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial. Los recientes fallos se anuncian justo cuando los precios del petróleo están colapsados y las reservas operativas del país han caído a niveles mínimos:

·         ExxonMobil: $ 1.600 millones. De este monto hay que descontar$ 747 millones que ya fueron pagados a Exxon en febrero de 2012.

·         Gold Reserve: $ 746 millones.

·         Owens Illinois: $ 455 millones.

·         Flughafen Zürich AG/Ingeniería IDC: $ 36 millones.

·         TideWater: $ 46 millones.

A pesar de que Venezuela anunció su salida del CIADI, deberá cumplir con los fallos de procesos anteriores al 2012. Hasta ahora, el costo total de las nacionalizaciones alcanza los $ 25.554 millones, de los cuales ya se han pagado $ 12.998 millones. Quedarían por cancelar $12.556 millones. Sólo por los casos de Exxon Mobil, Gold Reserve, y Owens Illinois, Venezuela tendría que pagar este año más de $ 2.801 millones. El monto de indemnizaciones a pagar seguramente aumentará a medida que se dicten los fallos de los casos que siguen pendientes. Para 2015 se espera la decisión sobre la demanda más grande de ConocoPhillips por $ 31.000 millones.


Para ganar tiempo, Venezuela puede solicitar la revisión de las sentencias como una táctica que le permita aplazar lo más posible los pagos de las indemnizaciones. De hecho, Venezuela viene impugnando las decisiones del CIADI. Pero mientras sigan los juicios y hasta que Venezuela haya realizado el pago en su totalidad,  se acumularán intereses a la tasa que el laudo del CIADI indique, los cuales están en torno al 3,25 % anual.

La poca probabilidad de que los precios del petróleo vuelvan a los niveles de 90-100 $/b, aunado a los fuertes pagos de la deuda externa y a las necesidades de importación, plantean la necesidad y conveniencia de iniciar conversaciones con todos y cada uno de los casos, en función de lograr una solución que sea conveniente para las partes y evite el embargo de los activos de Venezuela en el exterior. Sin embargo, mientras no se produzca un acuerdo, los expropiados con seguridad buscarán el pago de las indemnizaciones en cualquier jurisdicción que pueda embargar bienes de la República, en ejecución de las sentencias del CIADI.


Para el cálculo de la disponibilidad y flujo de divisas del país, además de los pagos por indemnizaciones, es necesario estimar también los pagos de la deuda externa. Recordemos que entre 2005-2011 la estrategia de endeudamiento se concentró en la colocación de papeles en el mercado internacional, con la emisión de los bonos bolívar-dólar o convertibles en divisas. Luego se optó por el mercado interno al incrementar la oferta de títulos de Deuda Pública Nacional (DPN) y Letras del Tesoro, adquiridos por la banca pública y privada, debido al alto costo que representaba la emisión de títulos en el mercado internacional, donde Venezuela puede colocar deuda si paga tasas de interés hasta de 12,75%. Si bien tan altos rendimientos aseguraron el éxito de las colocaciones, también es cierto que incrementaron considerablemente el costo de la deuda venezolana. Esa estrategia concentró los pagos en 2015, 2016 y 2017, en cada uno de los cuales se deberá cancelar alrededor de $10.000 millones por el servicio de deuda.

En la Memoria Anual de Ministerio de Finanzas están los datos de los recursos del Fonden y el Fondo Chino, los cuales vienen sufriendo una sostenida disminución. Al cierre de 2014 el país contaba con $ 11 mil millones y en el primer trimestre de 2015 los datos indican una liquidación de un mil 600 millardos, lo cual lleva a estimar la disponibilidad en $ 9 mil 400 millones. A pesar de la contracción de las importaciones, de seguir a ese ritmo, se puede deteriorar aún más la capacidad de pago del país.

Sin reservas internacionales excedentarias ni precios exorbitantes del petróleo, Fonden no recibe ya inyecciones de recursos. Los activos de la República susceptibles de venta o titularización cayeron de $ 83 mil millones a principios de 2014 a menos de  $ 75 mil millones al final de ese año. En el primer trimestre de 2015 se intensificó el ritmo de agotamiento de estos activos, toda vez que se liquidaron $ 8 mil 400 millones.

Se cierran los grifos en Cencoex y Sicad

El colapso de los precios del petróleo ha agravado la escasez de divisas. De hecho, las liquidaciones de Cencoex apenas llegaron en 2014  a $ 20.000 millones, lo que representa una caída de más 30% con respecto al año 2013, cuando se liquidaron casi $ 30 mil millones. El cupo de viajero y efectivo recibió 25% menos, al liquidar en 2014 $ 3.834 millones, en comparación con los $ 5.113 millones de 2013. Como se sabe, la reducción de las divisas a través de Cencoex ha limitado la oferta de bienes y es causa de la creciente escasez que sufre el país.


El Gobierno ha señalado que cuenta con los recursos para honrar la deuda externa y hasta ahora ha pagado puntualmente los vencimientos. Sin embargo, los títulos de deuda externa venezolana registran una caída en sus precios, llegando a ser catalogados como “bonos basura”. De los 27 que se cotizan actualmente, solo uno mantiene una cotización por encima del 50%. Y mientras no se recuperen los precios del petróleo y el país siga confrontando una severa escasez de divisas, las calificadoras de riesgo seguirán rebajando el estatus de la deuda venezolana.

A través de la reducción de las entregas de petróleo que no generan ingreso neto en divisas, del aumento de las exportaciones facturadas en efectivo, del nuevo crédito con China, de la considerable reducción de las liquidaciones al sector privado a través de Cencoex y Sicad, así como de los recortes menores a viajeros, el Gobierno busca las divisas necesarias para conjurar el riesgo de caer en default para lo que resta de 2015. Si se suman el cobro con descuento de las facturas a República Dominicana en Petrocaribe (1.900 millones) el financiamiento a CITGO  ($ 2.800 millones), los ingresos de Pdvsa más los desembolsos del nuevo préstamo chino ($ 5.000 millones) el país puede contar con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Adicionalmente y aún sin confirmación oficial, se anticipa que el BCV realizará con Citibank un swap (permuta financiera) con cargo a sus reservas de oro por $ 1.000 millones, con un interés de entre 6-7%, dejando las reservas de oro como garantía en el Banco de Inglaterra.

Lo cierto es que la capacidad de pago de Venezuela luce muy comprometida debido al descalabro del ingreso petrolero, las millardarias indemnizaciones y los fuertes pagos de la deuda soberana y los bonos de Pdvsa previstos para este año. La gran pregunta que se hace el mercado financiero internacional es si Venezuela, podrá honrar sus compromisos de deuda externa, indemnizaciones e importaciones, o priorizará uno en detrimento de otro. Lo cierto es que si Venezuela no cumple con el pago de las indemnizaciones, los expropiados tratarán de ejecutar el laudo contra los activos del país. @victoralvarezr

Subordinación del BCV no rindió los resultados esperados


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La economía es un sistema que produce bienes y servicios y procura hacerlo de la manera más eficiente y al menor precio posible. Utilizando unos recursos que son escasos, los factores de producción (tierra, capital y trabajo) participan a cambio de una remuneración según el aporte que cada cual hace a la producción. La distribución primaria del ingreso ocurre en el ciclo económico en el cual los factores de producción se organizan para producir y vender una determinada oferta de bienes y servicios. La distribución primaria del ingreso suele favorecer al factor capital. Para la re-distribución secundaria, el Estado cobra impuestos según el nivel de ingresos con el fin de redistribuirlos a favor de los menos favorecidos y así corregir la inequitativa distribución inicial del ingreso.
En este contexto, cuando  se habla de la Política de Ingresos se hace referencia al conjunto de instrumentos y medidas que buscan influir directamente sobre las distintas formas básicas de ingreso: salarios, ganancias y renta de la tierra. Este conjunto de medidas se toman para incidir en la distribución del ingreso y mejorar las proporciones en las que se distribuye la riqueza entre los diferentes factores que la generan. La política de ingresos tiende a mediar en la lucha distributiva entre los factores que pujan por llevarse la mayor tajada del producto. En ella está implícita una definición de la distribución de la riqueza nacional y del poder económico, razón por la cual se sitúa en el centro del debate económico.
Pero la Política de Ingresos es mucho más que la política salarial. No se limita a fijar el salario mínimo. Tampoco se agota en los programas sociales compensatorios de ayuda a los sectores sociales rezagados o excluidos. Una visión así sería demasiado estrecha. Al alterar los niveles de sueldos, ganancias y rentas, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias repercuten de manera directa en la participación de los factores productivos en la distribución del ingreso. Por eso, la Política de Ingresos también influye en su redistribución. 
BCV: con una mano da y con la otra quita
La reforma de la Ley del BCV en 2005 que transfirió parte de las reservas internacionales al Ejecutivo, aunada a las reformas de 2009-2010 que autorizaron el financiamiento del déficit fiscal, terminó generando efectos no deseados en la distribución factorial del ingreso. El financiamiento monetario de los déficits de las empresas públicas, en el contexto de una economía estancada, no hace más que erosionar el poder de compra de la moneda nacional, ya que cada vez hay más bolívares procurando comprar productos que se hacen muy escasos.
A pesar de que el artículo 320 de la CRBV señala que “el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor ha venido financiando a Pdvsa, debido a que ésta se ha visto perjudicada por una tasa de cambio oficial que no le rinde suficientes bolívares para pagar su nómina de más de 140 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y contratistas, mantener la ayuda a las misiones sociales y cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales.  Pdvsa necesita sanear sus finanzas y eso pasa por sincerar tanto la tasa de cambio oficial como el precio de la gasolina.
En los últimos dos años uno de los factores que más ha propagado la inflación ha sido la emisión de dinero inorgánico para financiar las empresas públicas deficitarias. Al cierre de 2014, el BCV le ha transferido a Pdvsa más de Bs. 640 mil millones, sin que haya crecido de manera equivalente la producción de bienes y servicios. Los propios datos oficiales revelan que el financiamiento a Pdvsa ha sido la principal causa de la expansión de la base monetaria, convirtiéndose así en el principal factor propagador de la inflación que devora los salarios y propicia una distribución regresiva del ingreso a favor de los factores que pueden ajustar con mayor velocidad los precios.
Para drenar el exceso de liquidez que él mismo genera, el BCV incrementa el encaje legal y le cógela a los bancos un creciente porcentaje del dinero que captan. Aun así, en cifras netas la liquidez no ha bajado, toda vez que es más el torrente de dinero que con una mano el BCV inyecta a la circulación doméstica, que el que saca a cuenta gotas con la otra mano a través del encaje legal.
En un contexto de control de cambios, la creciente liquidez derivada de la monetización del déficit fiscal, presiona la cotización del dólar paralelo. Los bancos tienen en sus bóvedas cuantiosas sumas de bolívares que necesitan prestar, lo cual es aprovechado por el Ministerio de Finanzas para emitir títulos de Deuda Pública Nacional y Letras del Tesoro, la cual es comprada por los bancos. A diferencia del financiamiento monetario que supone la emisión de dinero inorgánico por parte del BCV, el financiamiento bancario permite reabsorber o reciclar esa misma liquidez. Sin embargo, la tendencia a incrementar el gasto público en un año electoral lleva al gobierno a combinar el financiamiento bancario con el financiamiento monetario, atizando las presiones inflacionarias que no contribuyen al logro de una distribución progresiva y justa del ingreso.
Los efectos no deseados de la subordinación del BCV 
Una persona no es libre mientras no tenga la existencia material garantizada. Si algo desea la mayoría de trabajadores que viven de un ingreso fijo es que el incremento salarial sea mayor que el aumento de los precios, y no al revés como ha ocurrido sobre todo en los últimos dos años, con inflaciones de 56% y 68%, muy superiores a la compensación salarial. Los trabajadores que ven como sus salarios se vuelven sal y agua, esperan un BCV que cumpla con su mandato constitucional y se comprometa a defender el poder de compra del bolívar y a derrotar la inflación, en lugar de atizarla y propagarla.
Sin embargo, el financiamiento monetario del déficit fiscal continúa. Es como si no se entendiera que el actual auge inflacionario es la inevitable consecuencia de la erosión que ha sufrido el respaldo de la moneda nacional, debido al errático manejo de las reservas internacionales y a las desmesuradas emisiones de dinero inorgánico.
El reclamo de la ciudadanía
Una ciudadanía cada vez más consciente tiene que exigirle al BCV la ejecución de una política monetaria y cambiaria que aseguren el logro del objetivo antiinflacionario y la protección de los salarios. Para un eficaz ejercicio de la contraloría social se requiere información transparente y oportuna sobre las reservas internacionales, el INPC mensual, los índices de escasez, el comportamiento del PIB, etc. hay que exigirle a las autoridades monetarias que rindan cuenta al país y expliquen periódicamente las razones del comportamiento inflacionario y del desempeño económico, así como de las medidas que es necesario adoptar para corregir cualquier desequilibrio.  
La subordinación del BCV al Ejecutivo nacional definitivamente no arrojó los resultados esperados. Un BCV más independiente será menos propenso a sacrificar la meta de inflación ante las presiones gubernamentales para financiar empresas públicas deficitarias como emisiones de dinero sin respaldo. De allí que un paso clave para recuperar la fortaleza del bolívar tiene que ver con la recuperación de la autonomía del BCV, que sabiamente quedó plasmada en los artículos 318, 319, 320 y 321 de la Constitución de 1999.

Claves de la actualización del modelo económico cubano


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Cuba promulgó la Ley de Inversión Extranjera N° 118 con el objetivo de captar un creciente flujo de inversiones extranjeras y sobre esta base impulsar su precaria economía. A pesar de no representar ninguna alteración profunda en el sistema económico bajo control del Estado, esta ley constituye un paso muy importante en la actualización de su modelo económico. Ante la urgente necesidad de recibir capitales que le permitan enfrentar su crónica insuficiencia de inversión productiva y los problemas de escasez y racionamiento que durante más de medio siglo han castigado a su población, Cuba cambia de paradigma y decide otorgar ventajas sin precedentes a los inversionistas extranjeros.

Además del turismo, se espera que estas inversiones contribuyan a mejorar los servicios públicos, la infraestructura y la producción agrícola, minera e industrial. Con esta Ley, Cuba reconoce la importancia de la inversión extranjera para la transferencia tecnológica, la generación de empleos y la capacitación técnica y gerencial, todo lo cual contribuirá a diversificar la actividad económica local. De allí su determinación de mejorar el clima de inversiones a través de atractivos incentivos fiscales, así como estabilidad y paz laboral.

Con la promulgación de esa Ley, La Habana tiene el reto de alcanzar un grado de aceptación de las condiciones que ha fijado. La posibilidad real de tener acceso a las fuentes de financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y mercados para sus productos está estrechamente vinculada a la credibilidad de los incentivos y condiciones que sea capaz de ofrecer y cumplir para atraer nuevas y crecientes inversiones. Esto pasa por honrar oportunamente sus compromisos financieros con la comunidad internacional y crear un ambiente en el que coexista armónicamente la propiedad estatal y mixta con las ventajosas oportunidades que ahora ofrece a  la inversión extranjera.

Principios rectores

Los principios rectores de la actualización del modelo económico cubano deslindan campos para que los mecanismos del mercado puedan operar. Estos conceptos deberán regir las relaciones entre el Consejo de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). En tal sentido se plantea:

·        Separar las funciones estatales de las empresariales y aumentar las atribuciones de la empresa en el uso eficiente de los recursos.

·        Los OACE solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones que únicamente realizan funciones de carácter empresarial.

·        Las Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar a las OSDE, con el fin de exigir eficiencia y cumplimiento de la legislación.

·        Preparación de todos los dirigentes que llevan a la práctica la reorganización institucional para evitar errores por incompetencia e impericia.

·        Crear condiciones para la unificación monetaria y cambiaria a fin de restablecer el valor del peso cubano, sus funciones como dinero y la medición correcta de los resultados económicos.

·        Perfeccionamiento del sistema de salarios, pensiones y otros ingresos para garantizar que cada cual reciba un salario acorde con su trabajo.

·        Gradualidad en el proceso para evitar improvisaciones y contramarchas.

Lecciones para Venezuela

El 95% de las divisas que entran a Venezuela son generadas por la factura petrolera de Pdvsa. Pero con el colapso de los precios del petróleo este ingreso se desplomó a la mitad y en adelante la oferta de divisas seguirá dependiendo de la menguada renta petrolera y de la precaria disponibilidad del BCV, el cual ha visto caer el nivel de reservas internacionales a su nivel más bajo en la última década.

Difícilmente los inversionistas extranjeros encuentren otro país con una tasa de cambio más favorable que la del Simadi, un verdadero estímulo cambiario para hacer rendir sus divisas en moneda local. En adelante, obtendrán más bolívares por cada dólar, lo cual va a disminuir la cantidad de divisas que necesitan para cubrir los gastos domésticos.

Pero bajo un régimen de cambios múltiples (Cencoex, Sicad, Simadi) un asunto que hay que aclarar es la tasa de cambio a la cual los inversionistas extranjeros podrán repatriar los dividendos. Para las nuevas inversiones sería Simadi, pero si esta tasa se aplica a los dividendos pendientes de inversiones anteriores, las pérdidas cambiarias serían considerables, toda vez que al entrar al país convirtieron sus divisas a tasa Cadivi-Cencoex, mientras que para salir o remitir dividendos tendrían que comprar las divisas a la tasa Simadi, 30 veces más caras. Y ante tal falta de claridad e inseguridad cambiaria nadie va a invertir en Venezuela. Por eso Cuba corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.

La tasa Simadi constituye un poderoso incentivo que mejorará sustancialmente el flujo de caja en bolívares de los actuales inversionistas extranjeros. Sin embargo, este incentivo cambiario es necesario más no suficiente. La inversión no fluirá en la escala que el país necesita mientras no se logre estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, transparencia y flexibilidad en los controles, paz laboral, así como disponibilidad de insumos básicos, infraestructura y servicios de calidad para la inversión productiva.

Hasta la Cuba comunista lo ha reconocido en su nueva Ley de Inversión Extranjera. La dirigencia cubana asume a la inversión extranjera no como el invasor imperialista que restaurará el capitalismo sino como un socio estratégico en la actualización del modelo económico de la Revolución. Con ese fin, ofrece incentivos fiscales, seguridad jurídica, servicios de calidad y paz laboral en sus zonas especiales de desarrollo. Adicionalmente, reforma y abre a la inversión extranjera la empresa estatal socialista, corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.

El canje de Cuba por Venezuela

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La política de apertura y distensión de Obama hacia Cuba tiene en EE.UU. poderosos enemigos internos, particularmente en la fracción republicana en el Congreso, quienes cuestionan lo que consideran una grave debilidad y entrega de Obama. La oposición de los republicanos se radicalizará con el fin de lograr ostensibles compensaciones a cambio del levantamiento formal del embargo a Cuba.

En efecto, como  el reinicio de las relaciones diplomáticas no significa el fin automático del bloqueo contra Cuba -el cual es un mandato de las leyes Torricelli y Helms-Burton que solo pueden ser derogadas por el Congreso-, Obama quiere despejar la oposición de los republicanos que controlan la mayoría parlamentaria a cambio de sanciones más severas contra Venezuela.

De allí que no se pueda descartar de plano que la declaración de Venezuela como “amenaza extraordinaria e inusual” sea el preámbulo de sanciones más severas que cierren el margen de actuación del gobierno de Venezuela. En adelante, Washington no desaprovechará ningún pretexto para aplicar las sanciones que esta declaración permite contra un país que ha sido declarado “amenaza extraordinaria e inusual”. Sobre todo si por esa vía logra el apoyo parlamentario que necesita para derogar las leyes que soportan el bloqueo económico a Cuba.

A medida que se desmonte el Bloqueo, el gobierno cubano no podrá justificar los errores de las políticas internas. Por esta razón, Cuba acelera la modernización de su modelo económico. El parlamento cubano aprobó un nuevo marco legal para la inversión extranjera y los ministros del gobierno han desplegado una intensa actividad por países de Europa y Asia para promover las nuevas oportunidades de inversión. Esto también ha influido en la decisión de los EE.UU. que -para no terminar desplazados por las inversiones europeas o asiáticas- han dado el paso de normalizar las relaciones diplomáticas y propiciar un mayor flujo de inversiones para aprovechar las oportunidades que la isla ofrece en la extracción de níquel, energía, infraestructura y turismo.

Si con el petróleo a 90 $/b en Venezuela ha habido escasez de divisas, al caer a menos de 60 $/b -que es el precio estimado en el Presupuestado 2015- los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación se agravarán. Para evitar un creciente malestar social en un año electoral, el gobierno tendrá que adecuar los acuerdos de cooperación energética a las nuevas restricciones presupuestarias. Ante tal escenario, Cuba podría dejar de recibir 100 mil barriles diarios de petróleo y esto tendría un impacto semejante al que sufrió la isla en 1991, cuando colapsó el bloque socialista y dejó de recibir el 100% del petróleo que le enviaba la URSS.

Sin energía el descalabro de la economía cubana fue inevitable y engendró una severa crisis social que se expresó en el éxodo de miles de cubanos en pequeñas balsas artesanales que con frecuencia naufragaban en las aguas del Mar Caribe. Una crisis semejante es la que ahora el gobierno de Raúl Castro quiere evitar. Al revisar los convenios de cooperación energética, Cuba recibirá un volumen decreciente de petróleo y esto gradualmente se traducirá en menos médicos y técnicos, que es lo que a cambio envía Cuba a Venezuela.

A EE.UU. le ha preocupado sobremanera la influencia y liderazgo que Venezuela ha ejercido en la nueva integración latinoamericana. Ahora que los precios del petróleo se han desplomado, Washington saca cuentas y tiene la certeza de que Venezuela no podrá mantener al mismo nivel los convenios de cooperación energética y poco a poco irá recortando el suministro y adecuando las condiciones de pago a las actuales restricciones presupuestarias. Por eso se anticipa y para ir montando la escena, el Secretario de Estado, John Kerry, advierte que "Si Petrocaribe llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela, podríamos acabar con una grave crisis humanitaria en nuestra región". Así, el gobierno de los EE.UU. se propone aprovechar la debacle de los precios del petróleo para neutralizar la "petro-diplomacia bolivariana" y su gran influencia en los países que forman parte de PetroCaribe, el Alba, Unasur y la Celac.

Como se sabe, Venezuela exporta 100.000 barriles diarios a los países de Petrocaribe por un monto de más de 4.000 millones de dólares. De esa factura, 40 % se paga en bienes y servicios y el 60% se financia a 15-20 años a 2% de interés. Esa política de cooperación tan solidaria y generosa fue imperceptible para la población venezolana en un contexto de altos precios del petróleo y abundancia de divisas. Pero ahora que los precios del petróleo han colapsado y el ingreso petrolero se ha reducido a un tercio del que había cuando se lanzó el acuerdo de cooperación energética, el país ya no puede soportar el sacrificio que representa recibir como parte de pago mercancías que se pueden producir internamente y posponer a 20 años el cobro de las divisas que necesita para cubrir el componente importado, pagar la deuda externa y las indemnizaciones pendientes por las expropiaciones realizadas.

Para debilitar y dar al traste con este programa de integración energética, EE.UU. ha ofrecido a los países de Centroamérica y Caricom compensar las dificultades de PetroCaribe con un programa de cooperación energética, pero a cambio de un mayor aislamiento internacional del gobierno de venezolano. Sin importar las consecuencias que pueda tener sobre Petrocaribe, Guyana ha iniciado la exploración de un bloque marítimo cuya zona superior está claramente en aguas territoriales venezolanas. La posición de Caricom en la tensa relación de Venezuela con Guyana será la prueba de fuego para definir hasta qué punto este esquema de cooperación energética está consolidado y no puede ser vulnerado.

En respuesta a este afán por aislar a Venezuela, el país está recibiendo un creciente apoyo internacional a través del Movimiento de los Países No Alineados y de los gobiernos latinoamericanos que forman parte de la Aba y Unasur, el cual seguramente será ratificado en los marcos de la Celac y en la Próxima Cumbre de las Américas, prevista para el mes de abril en Panamá. La presencia de Unasur como facilitador del diálogo y distensión nacional hoy más que nunca es necesaria para impedir la desestabilización contra un gobierno que ha sido uno de los principales promotores de la nueva integración latinoamericana que hoy pretende ser debilitada y desarticulada.

¿Por qué Cuba promueve la inversión extranjera?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Despojado de “ideas obsoletas”, como las calificara el propio Raúl Castro, el gobierno cubano despliega una intensa campaña internacional para promover su nueva Ley de Inversiones Extranjeras y los incentivos que ofrece la isla para atraer capitales que le permitan superar más de medio siglo de bloqueo y auto-bloqueo económico. La Habana asume que la posibilidad real de tener acceso a las fuentes de financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y mercados para sus productos está estrechamente vinculada a los incentivos que sea capaz de ofrecer para atraer nuevas y crecientes inversiones.

Promover inversiones extranjeras es la vía que ha escogido el gobierno cubano para aumentar la producción y superar los crónicos problemas de escasez y racionamiento que a lo largo de más de medio siglo han azotado a su población. La vanguardia revolucionaria asume a la inversión extranjera no como el invasor imperialista que restaurará el capitalismo sino como un socio estratégico en la actualización del modelo económico de la Revolución. Con ese fin, ofrece incentivos fiscales, seguridad jurídica, servicios de calidad y paz laboral en sus zonas especiales de desarrollo. Adicionalmente, reforma y abre a la inversión extranjera la empresa estatal socialista, corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.

Lecciones para Venezuela

El 95% de las divisas que entran a Venezuela son generadas por la factura petrolera de Pdvsa. Pero con el colapso de los precios del petróleo este ingreso se desplomó a la mitad y en adelante la oferta de divisas seguirá dependiendo de la menguada renta petrolera y de la precaria disponibilidad del BCV, el cual ha visto caer el nivel de reservas internacionales a su nivel más bajo en la última década.

En este contexto de restricciones de divisas, se perfilan nuevas oportunidades para compensar la baja del ingreso petrolero. Difícilmente los inversionistas extranjeros encuentren otro país con una tasa de cambio más favorable que la del Simadi, un verdadero estímulo cambiario para hacer rendir sus divisas en moneda local. Con incrementos de precios de 56% y 68 % en los últimos dos años, el anclaje cambiario a 6,30 y 12 obligaba a los inversionistas extranjeros a traer más divisas para poder cubrir los crecientes costos nacionales, y eso castigaba la inversión. En adelante, obtendrán más bolívares por cada dólar, lo cual va a disminuir la cantidad de divisas que necesitan para cubrir los gastos domésticos.

Bajo un régimen de cambios múltiples (Cencoex, Sicad, Simadi) un asunto que hay que aclarar es la tasa de cambio a la cual los inversionistas extranjeros podrán repatriar los dividendos. Para las nuevas inversiones sería Simadi, pero si esta tasa se aplica a los dividendos pendientes de inversiones anteriores, las pérdidas cambiarias serían considerables, toda vez que al entrar al país convirtieron sus divisas a tasa Cadivi-Cencoex, mientras que para salir o remitir dividendos tendrían que comprar las divisas a la tasa Simadi, 30 veces más caras. Y ante tal falta de claridad e inseguridad cambiaria nadie va a invertir en Venezuela. Por eso Cuba corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.

Siendo la tasa de cambio una relación entre dos monedas -en este caso del bolívar frente al dólar-, a medida que aumente la oferta de divisas privadas, la tasa Simadi tenderá a bajar y estabilizarse en torno a la tasa de cambio implícita que surge de dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales (LM2/RI), que está en torno a 100 Bs/$, la mitad de la tasa Simadi y apenas un 25 % del umbral al que ha llegado el dólar paralelo. Esto dependerá en gran medida de que el gobierno corrija el déficit fiscal y elimine su financiamiento monetario a través de desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo. Adicionalmente, para aliviar las presiones sobre el mercado cambiario de quienes no quieren ahorrar en bolívares que se derriten bajo el fuego de la inflación, se requiere aumentar las tasas de interés para estimular el ahorro y evitar que este torrente de bolívares se desplace a la especulación cambiaria.

La tasa Simadi constituye un poderoso incentivo que mejorará sustancialmente el flujo de caja en bolívares de los actuales inversionistas extranjeros. Sin embargo, este incentivo cambiario es necesario más no suficiente. La inversión no fluirá en la escala que el país necesita mientras no se logre estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, transparencia y flexibilidad en los controles, paz laboral, así como disponibilidad de insumos básicos, infraestructura y servicios de calidad para la inversión productiva. Hasta Cuba lo ha reconocido en su nueva Ley de Inversión Extranjera.

Venezuela ante la normalización de las relaciones Cuba-EE.UU


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Si con el petróleo a 90 $/b en Venezuela ha habido escasez de divisas, al caer a menos de 60 $/b -que es el precio estimado en el Presupuestado 2015- los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación se agravarán. Para evitar un creciente malestar social en un año electoral, el gobierno tendrá que adecuar los acuerdos de cooperación energética a las nuevas restricciones presupuestarias. Ante tal escenario, Cuba podría dejar de recibir 100 mil barriles diarios de petróleo y esto tendría un impacto semejante al que sufrió la isla en 1991, cuando colapsó el bloque socialista y dejó de recibir el 100% del petróleo que le enviaba la URSS.

Sin energía el descalabro de la economía cubana fue inevitable y engendró una severa crisis social que se expresó en el éxodo de miles de cubanos en pequeñas balsas artesanales que con frecuencia naufragaban en las aguas del Mar Caribe. Una crisis semejante es la que ahora el gobierno de Raúl Castro quiere evitar. Al revisar los convenios de cooperación energética, Cuba recibirá un volumen decreciente de petróleo y esto gradualmente se traducirá en menos médicos y técnicos, que es lo que a cambio envía Cuba a Venezuela.

Al anunciar la decisión, Obama reconoció que el empeño por aislar a Cuba durante más de 50 años, lejos de doblegar la Revolución, estimuló la solidaridad con el pueblo cubano y la condena de los EE.UU. en la ONU. A medida que se desmonte el Bloqueo, el gobierno cubano no podrá justificar los errores de las políticas internas. Por esta razón, Cuba acelera la modernización de su modelo económico. El parlamento cubano aprobó un nuevo marco legal para la inversión extranjera y los ministros del gobierno han desplegado una intensa actividad por países de Europa y Asia para promover las nuevas oportunidades de inversión. Esto también ha influido en la decisión de los EE.UU. que -para no terminar desplazados por las inversiones europeas o asiáticas- han dado el paso de normalizar las relaciones diplomáticas y propiciar un mayor flujo de inversiones para aprovechar las oportunidades que la isla ofrece en la extracción de níquel, energía, infraestructura y turismo.

Como  el reinicio de las relaciones diplomáticas automáticamente no significa el fin del bloqueo, el cual es un mandato de las leyes Torricelli y Helms-Burton que solo pueden ser derogadas por el Congreso, Obama profundizará las negociaciones con los republicanos que controlan la mayoría parlamentaria para levantar las sanciones contra Cuba, a cambio de sanciones más severas contra Venezuela. Al fracaso de la diplomacia estadounidense de evitar las reiteradas condenas al Bloqueo, se suma también la preocupación de Washington por la influencia que Venezuela ha ejercido en la integración latinoamericana a través de la palanca petrolera. Ahora que los precios del petróleo se han desplomado y Venezuela no podrá mantener al mismo nivel los convenios de cooperación energética, el gobierno de los EE.UU. se propone neutralizar la "petro-diplomacia bolivariana" y su gran influencia sobre los países que forman parte de PetroCaribe, el Alba, Unasur y la Celac.