Víctor Álvarez R.
La
propuesta de un Pacto de Convivencia
Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una iniciativa ciudadana que promueve un ambiente de tolerancia, no violencia y
coexistencia política. El objetivo principal es evitar que la campaña electoral
se convierta en un torneo de insultos, ofensas y descalificaciones y, más bien,
predomine un debate propositivo y constructivo. La idea surge de
una amplia consulta a importantes e influyentes voces de la sociedad civil que
trabaja activamente por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en
la institución del voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías
violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del
conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder. Sobre
estos temas se basó la consulta.
Con el Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia se procura contribuir a superar el juego suma cero en el que ha quedado entrampada la lucha por el poder político en Venezuela, donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. Para lograr la convivencia pacífica ninguno de los actores políticos en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. La alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quien esté en el gobierno no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones competitivas que puede perder, y esto dificultará la alternabilidad en el poder. Desarrollando el objetivo central del Pacto, se trata de crear condiciones para la convivencia pacífica con base en un compromiso de no persecución política, independientemente del candidato que resulte ganador.
El fin del conflicto político no garantiza la
paz social y ésta solo se logrará si se erradican las causas estructurales
de la pobreza y la exclusión social. Aunque este no es el tema central del
Pacto de Convivencia, las voces consultadas, venezolanas y venezolanos de buena fe, activistas
comprometidos con una solución democrática, electoral y pacífica de la crisis
nacional, como una forma de solidarizarse
y contribuir a crear un ambiente favorable a la reparación de daños a las
víctimas-, hicieron propuestas sobre la problemática de DDHH que fueron bien
recibidas y recogidas en el tercer punto del Pacto en el que se plantea a los
candidatos: “crear una Comisión de la
Verdad dedicada a compilar y analizar las denuncias, declaraciones e
informaciones relacionadas con la violencia política y violaciones a derechos
humanos como consecuencia de la confrontación política entre febrero de 2014 y
febrero de 2024 con el objetivo de poner en primer plano a las víctimas del
conflicto, que deben ser reconocidas y reparadas a través de un proceso de
obtención de verdad y justicia”.
Incluso,
en el cuarto punto del Pacto se acompaña y respalda la necesidad de “reactivar y mantener la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a fin de contribuir a
recabar información sobre violaciones de derechos humanos, y extender el
mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
sobre la República Bolivariana de Venezuela.”
La amnistía es un tema muy
sensible que suele ser desvirtuado cuando se confunde la inmunidad por delitos
políticos que se propone, con la impunidad por violaciones a derechos humanos.
Para evitar manipulaciones malintencionadas que intentan tergiversar y enlodar el
espíritu del Pacto de Convivencia
Pacífica entre los candidatos, con base en el artículo 29 de la
Constitución en el que se establece que: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar
legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus
autoridades”, en el punto sexto del Pacto se plantea
claramente que “quedan exceptuados de la
amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa
humanidad, tal como se establece en el Estatuto de Roma. Estos casos sólo
podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria”.
Dejando esto claro, cualquier
intento por desvirtuar la iniciativa del Pacto
de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia, tergiversando
la amnistía que se propone como un pacto de impunidad, solo puede responder a
la mezquindad y mala fe que se expresa en una crítica destructiva, nada
propositiva, que solo siembra dudas y discordias, y no contribuye al espíritu
de reencuentro, perdón y reconciliación que Venezuela necesita.
Una solución digna para las víctimas del conflicto venezolano debe ocupar
un lugar prioritario en un Pacto de Convivencia Pacífica y por eso se propone a
los candidatos acordar un conjunto básico medidas para la reparación de daños a
las víctimas, entre las que se incluyen presos y exiliados políticos; torturados, heridos
y familiares de manifestantes muertos en
las protestas, migrantes y sus familiares.
El costo social del conflicto
venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la
violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares
de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En
Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los casi 8 millones
de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida
debido a la contracción de la economía, la confrontación política, la crisis de
gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. Los migrantes
venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros
países, a quienes luego se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y
asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva.
La mayoría de los migrantes venezolanos está
en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia
que representan para los trabajadores locales, y por la presión que ejercen
sobre los servicios públicos y sociales. La reparación de daños a los migrantes es clave
para el reencuentro y la reconciliación nacional.
Los migrantes
venezolanos
tienen diferente calificación técnica y profesional, pero la mayoría apenas
sobrevive desempeñando otros oficios. Y el país los necesita para su
reconstrucción. Muchos de ellos estarían dispuestos a regresar si encuentran
incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener sus
familias.
El Pacto de Convivencia Pacífica contempla un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e
Institucionales que
se puede llevar a cabo a través de una acción conjunta entre el gobierno
saliente y el gobierno entrante en el lapso que va desde la fecha de las
elecciones presidenciales hasta la toma
de posesión. De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social-, ganará tiempo al recibir
una economía desbloqueada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su
reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
La viabilidad económica de la
gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla antes de la toma de
posesión y comienza por levantar todas las sanciones económicas, recuperar los
activos de la República bloqueados en el exterior, tener acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI, recuperar
las reservas del BCV que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, gestionar
la reestructuración y rebaja de la deuda externa, lograr la reinserción de Venezuela en
los mercados financieros internacionales, así como la promoción y búsqueda de
inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el
aparato productivo.
En 2022 Citgo, filial de Pdvsa en EEUU, generó
ganancias por $ 2.800 millones y en 2023 reportó $ 2.000 millones de ganancias
netas, con una liquidez que supera los $ 4.000 millones. Sin embargo, ni un
solo dólar de las ganancias generadas por esa empresa que es de todos los
venezolanos se ha destinado a pagar la deuda social. Pero Citgo está en peligro
de ser rematada en EEUU y los candidatos a la Presidencia están llamados a
gestionar ante la Administración Biden la protección de la compañía más
importante que Venezuela tiene en el exterior, la cual se necesitará para la
reconstrucción nacional.
Por esta razón, en el punto décimo cuarto del Pacto
se plantea que -con base en el levantamiento de las sanciones económicas y la
recuperación de los fondos de la República bloqueados en el exterior-, se
impulsará la creación
de un Fondo de reparación de daños a las
víctimas del conflicto cuyas compensaciones podrán ser cubiertas con los
rendimientos del Fondo. La gestión del Fondo se hará con la activa
participación y supervisión de las organizaciones no gubernamentales de defensa
de los derechos humanos y las organizaciones de las víctimas del conflicto.
Independientemente de quien resulte
ganador en las Presidenciales del 28J, la viabilidad económica de la
gobernabilidad poselectoral en Venezuela emplaza a los candidatos a la
Presidencia a gestionar ante la Administración Biden la extensión de la licencia que
impide el remate de Citgo, a cambio de destinar parte de sus ganancias a financiar
la repatriación voluntaria de los migrantes venezolanos que estén dispuestos a
reconstruir su vida en Venezuela, financiando los siguientes incentivos:
* Asignación de 500 $/mensual
(costo de la canasta alimentaria) durante un año para repatriar 50.000 familias
(50 x 12 x 50.000 = $ 300 millones)
* Créditos en condiciones
preferenciales de montos, tasas de interés, plazos y garantías para la
adquisición de taxis y otros emprendimientos productivos.
* Préstamos hipotecarios en
condiciones preferenciales para la adquisición de vivienda y subvenciones para
equipamiento del hogar.
* Becas para hijos de migrantes en
educación primaria, media y superior.
* Seguro de hospitalización, cirugía
y maternidad.
*Exoneración de impuestos sobre la
renta por tres años.
Aunque no es el objetivo central del Pacto de Convivencia Pacífica entre los
candidatos a la Presidencia –objetivo que ya fue explicado en detalle al
comienzo de este artículo-, la iniciativa es muy sensible a la problemática de
los DDHH y los daños a las víctimas del largo conflicto político venezolano que
deben ser reconocidas y reparadas a través de un proceso de obtención de verdad
y justicia, y de la creación de un Fondo de Reparación de Daños.
Escuche la propuesta completa en el nuevo podcast
de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/jkbqe
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