Víctor Álvarez R.
El fiscal
de la Corte penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó
órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su
ministro de Defensa, Yoav
Gallant; así como de Yahya Sinwar, líder de
Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar, y de Ismail Haniyeh, jefe del
buró político de Hamás, acusados todos de crímenes lesa humanidad. Recordemos
que en marzo de 2023, la CPI
también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y
contra varios comandantes militares rusos acusados de crímenes de guerra.
La responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la
actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su
representación, y también por la omisión e incumplimiento de su deber de
investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han
agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los
mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad
de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de
los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina
la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano
internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su
jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber
de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las
investigaciones y dictámenes contra el Estado se deben a que las víctimas no
han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.
En este contexto, las
órdenes de captura contra los mandatarios de Rusia e Israel demuestran que la CPI no es un tigre de papel,
que puede actuar con firmeza y rapidez y todo esto remueve y exacerba los
temores de los gobernantes y funcionarios que son investigados por la CPI.
La reinstitucionalización del Poder Judicial
Atendiendo al principio de
complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales
encuentren razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay
que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial para que pueda
investigar con independencia y autonomía las responsabilidades individuales por
violación de derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad.
Con este fin, hay que acordar
la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los concursos de
credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y magistrados
que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez años, o
cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Estos
avances indicarían a la CPI y otros organismos internacionales que los
tribunales nacionales ya están en capacidad de desarrollar adecuadamente las
investigaciones para que se sepa la verdad, haga justicia, reparen los daños,
no se reedite la tragedia y se salve la memoria.
¿Qué desean quienes han estado durante 25 años en la
oposición?
Desean lograr la
alternabilidad en el poder y presionarán para que la toma de posesión no tenga
que esperar del 29-J hasta el 10-E. Pero sin garantías de no persecución esto
no será posible y la alternabilidad en el poder tampoco puede ser a cualquier
precio. Para no caer en la impunidad mientras se
fortalece el Poder Judicial habrá que acordar mecanismos de Justicia Transicional con apoyo
internacional. En estas instancias se puede determinar qué hechos, en qué casos
y quiénes pueden ser susceptibles de medidas especiales de sobreseimiento,
indulto, reducción de la condena o fin de la acción penal. En este proceso
deben quedar excluidas las violaciones a DDHH que comprometen
la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal
internacional individual por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En
cualquier caso, el
beneficio de las medidas excepcionales estará condicionado al esclarecimiento
de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y
la memoria histórica.
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